Todos recuerdan muy bien la época de la pandemia en la que los colombianos salían a los balcones a aplaudirles a los médicos por su labor y esfuerzo. Pues bien, ahora el gobierno de Gustavo Petro pareciera querer lanzar a esos mismos médicos por el balcón que tanto le gusta: el de su presidencia. Un buen ejemplo de eso es lo que está pasando con el Hospital Regional del Magdalena Medio, a donde el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo llegó a decirle a los galenos y al equipo administrativo, con la patanería y vulgaridad que siempre lo ha caracterizado, que la institución tenía que liquidarse sin ni siquiera tomarse la delicadeza de estudiar los informes del plan de saneamiento que su gerente Ana María Martínez le puso sobre la mesa.
Una deuda que recibió en 12 mil millones de pesos y que para el mes de octubre de este año se preveía que llegara a los 3 mil millones, logrando la total viabilidad financiera de la institución. Y no los leyó porque la intervención forzosa del hospital y la separación ilegal de la gerente como administradora del mismo ya estaba planeada junto con el séquito que lo acompañó a Barrancabermeja el día 7 de junio.
Intervención planificada
Este gobierno se ha caracterizado por destruir todo lo que es viable y acabar con el sistema de salud del país para imponer sus rancias añoranzas socialistas. Llevan dos años demostrando con su ineptitud y falta de conocimiento administrativo, que están a punto de convertirse en el peor de los desastres políticos en la historia de la nación. Lo que pasó en el puerto petrolero es una acción premeditada que se encamina a la liquidación de la institución médica para imponer a la fuerza una Red Integrada en Salud que se apropie de todo el sistema hospitalario departamental y, de esa forma, repartirlo como parcelas burocráticas a los integrantes y amigos del Pacto Histórico en medio de las mismas prácticas corruptas que tanto rechazan en sus discursos.
La historia aquí es que el agente especial interventor Luis Torres Castro, integrante del Polo Democrático en Santander y acérrimo patrocinador de la campaña política del Senador Ivan Cepeda, es propietario de una sociedad comercial prestadora de servicios de salud denominadaQ-Salud S.A.S., la cual fue constituida a través de la escritura pública 2290 del 16 de septiembre de 2009 de la Notaría Octava de Bucaramanga, la cual el día 27 de diciembre de 2023 decidió reformar sus estatutos para agregarle a su objeto social dos actividades más: la salud pública del orden nacional, departamental y municipal y proyectos de ejecución en contaminación del aire en espacios cerrados e higiene en aspectos físicos y biológicos.
En conclusión: reformar estatutos para atender hospitales e instituciones médicas. Posterior a la aprobación de estos cambios, el día 8 de abril de 2024 Luis Torres Castro renuncia a la representación legal de su propia empresa siendo reemplazado en su cargo por Marlon Fernando Acevedo Ruiz. Dos meses después, el día 7 de junio de 2024, Torres Castro caminó por los pasillos del Hospital de Barrancabermeja en compañía del ministro de salud inspeccionando sus instalaciones y, según dos funcionarios, advirtiendo que muy pronto él sería el gerente. Advertencia que se cumplió fielmente de conformidad con la Resolución de la Superintendencia de Salud que ordenó con fecha del 2 de julio actual la toma y posesión de los bienes, haberes y negocios de la entidad.
Una toma hostil
La resolución de intervención habla de la posibilidad jurídica de un recurso de reposición, lo cual no fue respetado ya que una vez notificado el acto el agente interventor se apropió del cargo pisoteando el debido proceso que ellos mismos notificaron, con el estilo propio de lo que mejor saben hacer.
La visita del ministro a la ciudad de Barrancabermeja no estuvo precedida por su interés en la moralidad pública, sino en los negocios de la salud que ya estaban planificados, hasta el punto de tener el inmenso descaro de llegar acompañado con quien hoy hace las veces de interventor y títere de un gobierno que utilizará esta estrategia para someter emocionalmente al ex subdirector de la Unidad Nacional de Riesgos Sneyder Pinilla y controlar de esta forma las acusaciones contra el gobierno al interior de la Fiscalía General de la Nación.
Un triste papel el que llega a desempeñar Luis Torres Castro en Barrancabermeja, pero más triste aún la actitud de los dirigentes santandereanos que lo acompañan en este clarísimo acto de abuso de poder y miserableza política. Ya veremos con qué cara nos va a salir el Polo Democrático, la senadora Gloria Flórez Schneider y el concejal de Bucaramanga Jorge Florez Herrera cuando comience el desastre.