Oscar Jahir Hernandez

hector cartel

Héctor Mantilla Rueda, el niño de las uñas largas

Un gobierno transtornado

Hector potrero

El mismo día que el joven alcalde de los florideños le contestó a Alfonso Pineda Chaparro, que una de las razones por las cuáles se le criticaba, era porque muy seguramente estaban enamorados de él, tuve la oportunidad de dialogar del tema con una sicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana que conoció de cerca al mandatario durante los primeros semestres de su carrera, y esta es la transcripción literal de la apreciación que me dio:

Hector gafas

“Héctor Guillermo Mantilla Rueda, es uno de los ejemplos más claros de lo que significa el transtorno histriónico de personalidad en una persona. Esto es algo que se produce en la infancia debido a una baja autoestima y la inseguridad que puede generar el hecho de tener un mal aspecto físico.

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Esta patología hace que las personas busquen permanentemente la aprobación y la confianza de los demás (Síndrome de Wendy) sin que les importe traicionarlas tiempo despues, llegando incluso a culpar a los que están a su alrededor de sus propios fracasos y desengaños. Son personas excesivamente vulnerables ante las críticas, manipuladores en extremo con la gran capacidad de victimizarse ante los demás, así sea creando mentiras sobre circunstancias que nunca han sucedido en la realidad, pero que son capaces de recrearlas en su cerebro para mostrarlas como una verdad.

Y en materia sentimental, estas personas estan expuestas a la manipulación permanente de sus parejas sin que eso les importe, hasta el punto de rechazar a su propia familia con tal de no perder el ser amado, lo cual les significaría una derrota muy difícil de superar. Son esa clase de personas que en materia política pueden llegar a hacer pactos con el mismo diablo, pero públicamente se muestran como unos santos para no perder el reconocimiento y la aceptación que les alimenta el ego trastornado”.

hector saltando

Son esa clase de personas que en materia política pueden llegar a hacer pactos con el mismo diablo, pero públicamente se muestran como unos santos para no perder el reconocimiento y la aceptación que les… Haga clic para Tweet

Solo quienes conocen de cerca a Mantilla podrían decir si lo anterior es cierto, pero como la intención de este artículo no es dejar las cosas a medias, decidí buscar a algunos de ellos para que me dieran su opinión, y todos me respondieron que la apreciación era correcta.

Jamás me atrevería a escribir sobre el aspecto físico de una persona y los problemas que eso le hubiese podido crear en su infancia o adolescencia, y mucho menos me referiría a la vida sentimental de alguien, pero respecto a su vida pública resulta ineludible explicar las razones por las cuales considero que floridablanca tuvo durante estos últimos cuatro años al político más hipócrita de Santander.

Mentira tras mentira

hector cartel

Promulgar que quienes lo critican seguramente están enamorados de él, no es la dosis argumentativa más alta que hubiese podido llegar a producir, pues debe recordarse que a Diego García (Diego Caricatura) lo denunció manifestando respecto al dibujo, entre otras cosas, que él sí era peludito, pero que ya no era gordito.

¡Hágame el favor! Sus rasgos infantiles de personalidad son superables, pero lo que no se puede concebir es la manera como genera golpes de opinión de forma pública, saliendo posteriormente a corregirlos en lo privado, siendo esto una táctica rastrera propia de quienes no tienen la altura para enfrentar debates serios.

En un programa con el periodista Juvenal Bolívar dio unas declaraciones en contra de la diputada Ángela Hernández, que la encausaron en un posible delito de tráfico de influencias, pero cuando llegó el momento de ir a poner la cara en el Tribunal Administrativo para sostener lo que había dicho, reculó de la manera más cobarde al no poder demostrar con pruebas sus aseveraciones, por lo cual la procuraduría pidió rechazar las pretensiones del demandante (Radicado 68001233300020100060900). 

Públicamente le manifestó a una comunidad que las empresas Marval y Urbanas se habían quedado con unas áreas de cesión del municipio, y que no las entregaban por el poder que tenían, pero cuando se le conminó a que hablara sobre esas áreas de cesión, volvió a recular dejando a su paso la posible comisión del delito de prevaricato por omisión al no cumplir con las funciones administrativas de recuperar dichos terrenos.

En un viaje hecho a Cuba, presentó una ponencia sobre ordenamiento territorial, y salió a mostrar la constancia de asistencia manifestando la mentira de que era un premio que le habían entregado por el brillante POT que damnificó a tantos florideños y enriqueció de forma absurda a urbanizadores piratas, a los mismos constructores que tanto criticaba, y a su propia familia.

Cuatro años sin cortarse las uñas

El haber llegado a la alcaldía de Floridablanca le sirvió para complacer los intereses económicos de sus patrocinadores de campaña, a quienes no solo terminó dándoles los más grandes contratos de la administración (Serinb Ltda, Conyser Ltda, Jorge Humberto Arguello Beltrán “El Bachiller”, Miller Castaño-Petrolabin, Óscar Mauricio Moreno-MR Ingenieros, entre otros), sino también ayudándolos a cambiarles el uso de suelo sobre terrenos rurales que sin tener siquiera una vía de primer orden, los transformó a urbanos con todo el daño que eso representa para la municipalidad.

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Los excesivos dineros adicionales dados a los dos intercambiadores viales no solo reflejan la pésima planeación de las obras de infraestructura en su gobierno, sino también, muestra el embargo que sufrió su mandato a favor de sus patrocinadores de campaña, en el caso específico del intercambiador de Fátima, donde sus contratistas ¡ terminarón apoyando a su sucesor, el cual una vez se posesione tendrá que darles otro adicional más como contraprestación al apoyo entregado a su campaña, tal y como lo muestra la fotografia tomada en la Finca Las Peñitas de propiedad de la representante a la Cámara Nubia López, favorecida con los cambios de uso de suelo en el sector de Ruitoque Alto.

Pero ella no fue la única, porque como bien lo dijo el exrepresentante Fredy Anaya, también hay que hablar de los grandes constructores que se beneficiaron por la expedición de este acuerdo, como es el caso de la familia Gómez propietaria de la Constructora Sumas, la cual valorizó uno de sus terrenos en más de 100 mil millones de pesos gracias a los cambios que contradictoriamente tanto se criticaron desde la misma presidencia de Camacol, la cual aún sigue permaneciendo en sus manos. Valga decir que según el certificado de tradición y libertad número 300-420985, Mantilla adquirió en el mes de junio de 2018 el apartamento 1904 en el Edificio La Torre Espinoza en Cañaveral, edificado por la misma constructora a la cual él mismo acusaba de construir esperpentos de más de 30 pisos sin planificación alguna. ¿Adivinan cual?: Constructora Sumas.

Un POT mal manejado

Hector carrito

Lo anterior es solo un escaso porcentaje explicativo de las travesuras de un niño que salió de su casa saltando con alegría al despacho de la alcaldía municipal, y quien solo meses después terminó convertido en el gato Michín de la política santandereana. ¿O es que nadie se dio cuenta que dentro de lo que aprobaron los honorables concejales, estuvo el cambio de uso de suelo de unos terrenos de propiedad de la familia de Mantilla en inmediaciones del Barrio La Cumbre, que pasaron de zona verde a expansión urbana para la exclusiva construcción de un centro comercial, por donde curiosamente tienen proyectado construir la estación de un teleférico ofrecido en campaña por Miguel Angel Moreno? ¿Nadie lo vio? ¿Todos callados? Los beneficios no solo fueron para los contratistas y políticos corruptos, sino para su propia familia, la misma que gracias a la conectante C1-C2 siguen acrecentando el valor de sus bienes. Con razón su silencio.

Miguel moreno-fredy

Ahora nos enfrentamos a una etapa más dentro de este proceso, como lo es la revisión ante el Tribunal Superior Administrativo de Santander, donde un personaje del gobierno nacional llamado Alberto Castillo Castañeda presentó un documento vergonzoso que los florideños tendremos que coadyuvar con nuestros propios escritos, para demostrar la falta de rigurosidad técnica y jurídica que llevó a la ruina a cientos de familias que ni siquiera se han dado cuenta de la gravedad del asunto.

Me sigo manteniendo firme en que no existen las condiciones para ese cambio de uso de suelo, porque a nadie, excepto a una minuscula mujer, se le ocurre pensar que dos empresas de servicios públicos de “propiedad” de los mismos dueños de los terrenos favorecidos, nos van a contar la verdad a través respuestas a derechos de petición. El POT de Floridablanca es ilegal, y si la justicia para los ciudadanos en este país existe, debe caer.

Bajo las enaguas de la madrina

Durante cuatro años Mantilla se ha escondido bajo la sombra que le provee la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, pues como el mismo lo manifiesta en reuniones privadas, mientras ella esté en el gobierno nada le pasará. Pero el poder es efímero, y la vida es demasiado irónica como para pensar que no llegará el día en que el sol termine alumbrándolo por detrás, y la sociedad entera pueda conocer realmente la negra personalidad que se esconde en un hombre investido por la mentira y la falsedad de todas y cada una de sus acciones.

Ya llegará el tiempo para saber qué mandados eran los que hacían en esa administración el señor Germán Aponte y el señor Martín Parra, o por qué se siguió contratando a la esposa de su tío Ignacio Rueda (Tío Nacho) después de conocerse que había presentado diplomas falsos, en vez de presentar las respectivas denuncias ante la fiscalía.

Martha Lucia

Algún día nos enteraremos a qué acuerdo correspondían los dineros cobrados por el concejal José Alexander Esparza (El Guache), defendido con tanto ahínco por el abogado Carlos Arturo Rojas. Sabrémos de qué forma incidió su poder para que todos los concejales que estuvieron en su contra se quemaran no en las urnas, sino en la registraduría.

Y terminaremos sabiendo si los contratos dados a Orlando Bayona Chinchilla (El Ambuila de Las Gachas) le pertenecían a su esposa Daniela Mecón Millán (hermana de un urbanizador pirata dueño de bodegas en miami), quien tantos secretos guarda junto con Oscar Javier Vanegas Carvajal en la Curaduría Primera de Floridablanca. Toda una sucia historia que la vicepresidenta no le podrá contener por siempre.

Próxima Columna: Carlos Alberto Román, el sucesor de un sueño llamado Girón

Didier Tavera

Querido Didier, te metiste en un problema

Hace seis meses manifesté que una de las causas por las cuales el Departamento de Santander ocupaba el primer lugar en materia de corrupción, era la falta de compromiso del gobierno de Didier Tavera para evitar que los dineros públicos se quedaran en manos de los peores contratistas de Colombia.

Desde ese día hasta hoy, nada ha cambiado, y una muestra de ello son los más de 14 mil millones de pesos que pasaron por las arcas de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para ir a parar a las cuentas de la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Didier Tavera

La licitación pública que nunca fue

Durante los meses de febrero y marzo del año 2017, la Gobernación de Santander decidió celebrar un convenio de cooperación por un valor de 14.100 millones de pesos (No 883 del 5 de abril de 2017) para llevar a cabo su proyecto de innovación ciudadana, extendiéndole una invitación a cuatro empresas para que presentaran sus propuestas con fundamento en un presupuesto previamente establecido por el ente territorial.

Tres de las cuatro empresas invitadas (INFOTIC S.A.S., ERT E.S.P., ETB E.S.P. y EMTEL E.S.P.), fueron descartadas del proceso por sobrepasar el valor establecido en la invitación, y solo una de ellas, EMTEL E.S.P., cumplió con el presupuesto fijado gracias a que generosamente decidió no cobrar un solo peso por el manejo administrativo del proyecto. Lo que genera extrañeza no es el convenio en sí mismo, sino la contratación que EMTEL E.S.P. hace con la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A. a tan solo un mes de haberse firmado el convenio (Contrato 163 de 2017 del 2 de mayo de 2017), por un valor de 10.941 millones de pesos.

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Y es aquí donde surge la primera pregunta: ¿Dónde están los más de 3.159 millones de pesos de diferencia entre el convenio y el contrato?

Si al final de este asunto la empresa EMTEL E.S.P. tuvo que contratar un tercero porque no podía cumplir con las obligaciones estipuladas en el convenio, entonces la cooperación entre entidades fue una mentira, y aquí lo único que se hizo fue firmar un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Gobernación de Santander, para evadir probablemente una licitación pública y permitir que los dineros del proyecto fueran a parar en manos de un particular como lo es Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Y eso en cualquier parte de este país, no es otra cosa más que un posible delito de celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales, y un indebido interés en la celebración de contratos. 

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Dineros públicos en riesgo de perderse

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Si los anteriores delitos mencionados, llegaron a cometerse por parte del gobierno departamental, serán las autoridades competen tes las que así lo determinen, pero los dineros públicos destinados para este proyecto, son del interés propio de la ciudadanía en general, y por eso es que en conjunto con este escrito, he presentado una denuncia formal en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la Nación, porque si hay algo que haya aprendido en este último año, es que el Estado es a quien menos le importan los actos de corrupción que terminamos pagando los ciudadanos.

Después de haberse firmado el convenio con EMTEL E.S.P, la compañía de telecomunicaciones UNE EPM S.A., terminó de forma unilateral el contrato para la comercialización del servicio de televisión que tenía vigente con esa empresa, por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales, algo que ya se había repetido con la empresa Transmilenio en la capital de la República, en donde la instalación de unas cámaras de reconocimiento facial, condujeron a que la personería de Bogotá destituyera e inhabilitara por doce años a Ricardo Ramírez Moreno, exsubgerente técnico del fondo de vigilancia y seguridad del distrito capital.

La decisión señala que la sanción se dio “por suscribir un convenio (880 de 2014) para la instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para Transmilenio en diciembre de 2014, por más de $7.753 millones, que no se pudo activar”. ¡Y a que no adivinan cual fue la empresa que subcontrató EMTEL E.S.P para la ejecución del contrato en Bogota! Pues si, la misma: Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Los tahúres de la Gobernación

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El as bajo la manga del gobierno departamental en todo este juego pareciera llamarse Inversiones Tecnológicas de América S.A. Esta empresa, de la cual pocas personas se acuerdan, se ganó la licitación por más de 8.000 millones de pesos “para el fortalecimiento de la conectividad digital en las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander”, en compañía de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniería S.A.S., con quien conformó la Unión Temporal denominada Conexión Santander.

Haber participado en otra licitación en el departamento no hubiese sido de buen recibo, ya que sus integrantes fueron objeto de delicados señalamientos durante ese proceso contractual, y por eso debió resultarles mucho más grato el haber sido contratados por EMTEL E.S.P. de forma privada. En primer lugar, porque a pesar de ser un proceso de bienes y servicios, no tuvieron que licitar para quedarse al final con más del 77% de los dineros del convenio, y en segundo lugar, porque quien los contrataría sería un socio de vieja data.

Una muy buen jugada para una mano de naipes que solo podrá concluir cuando más de un funcionario termine preso, si es que la fiscalía se apresura a recopilar las pruebas en este entramado contractual.

La inexistente Contraloría de Santander

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Diego Frank Ariza es quizás uno de los funcionarios más pusilánimes que ha tenido la Contraloría de Santander en toda su historia, y solo el tiempo será el que se encargue de demostrar que su paso por la institución no fue más que un saludo a la bandera.

Tan es así, que nadie en la Contraloría Departamental se ha pronunciado sobre las inconsistencias encontradas por la Auditoría efectuada por parte del ingeniero Julián Correa y Diana Milena Ospino, funcionarios adscritos a la Contraloría General de la República, quienes manifiestan que los 300 canales de banda ancha que debían contratarse por un valor superior a los 2.664 millones de pesos, se excluyeron del proyecto a cambio de instalar 84 kilómetros de fibra óptica que hasta el día de hoy nadie ha visto, y sobre los cuales el contratista tampoco ha sido capaz de mostrar los soportes de compra de dicho material, poniendo en riesgo la sostenibilidad a futuro del proyecto.

Pero lo más grave, es que la auditoría encontró que el plazo del convenio especial de cooperación No 883 de 2017, se encuentra vencido desde el día 16 de junio de 2019, sin que se encuentre un documento formal que dé cuenta de alguna prorroga para la entrega en operación de la plataforma tecnológica, motivo por el cual se logró determinar que la gestión en la ejecución del proyecto es ineficiente e ineficaz, consolidándose así una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por un valor superior a los 14.938 millones de pesos.

Una observación sobre la cual el señor Ariza hará lo que mejor sabe: guardar silencio.

Con el agua hasta el cuello

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El señor Didier Tavera dejará la Gobernación de Santander con unos serios problemas por resolver, y será Mauricio Aguilar quien con su equipo de trabajo y un nuevo contralor departamental, tendrá que actuar en debida forma para proteger los recursos de los santandereanos involucrados en casos como este. Por ahora, lo único que esperan los ciudadanos, es que los medios de comunicación recuerden que los aplausos se reservan siempre hasta el final de la función.

Próxima columna: El niño de las uñas largas.

Didier-Fandiño

La Central de Espionaje de Didier Tavera

Didier-Fandiño

Por las calles de Bucaramanga transitan todos los días más de tres mil quinientos abogados en el ejercicio de su profesión, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de reclamarle con vehemencia al gobernador Didier Tavera, el haber auspiciado que se vulnerara el derecho a la intimidad de todos los santandereanos.

El inicio de la historia

Para el año 2017, la Gobernación de Santander puso sus ojos en el documento CONPES 3582 del año 2009, y decidió interpretar a su conveniente acomodo el concepto de participación ciudadana alrededor de la ciencia y la tecnología, con lo cual suscribió tres convenios con las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de Pamplona y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. El objetivo del gobierno nacional era que los colombianos generaran propuestas de innovación en materia de tecnologías digitales, un cometido que se ha venido logrando con la existencia de aplicaciones como las de Rappi, Tappsi, Hogaru o 1doc3.

Iniciativas que están sustentadas en el capital privado y que terminan redundando en beneficio de la sociedad gracias al aporte de esas empresas. Pero como en el gobierno de Didier Tavera todo es al revés, decidieron tomar ese objetivo gubernamental para acomodarlo a sus propios intereses. Para los que aún siguen creyendo que la ejecución de esos convenios están encaminados a la instalación de 900 cámaras en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja por motivos de seguridad, me permito informarles que según el acta número 002 del día 19 de julio de 2017 de la secretaría del interior de la Gobernación, la misma policía le informó a su grupo de telemática que dichos dispositivos cumplen un fin investigativo distinto a los de seguridad física. Así que si usted es de esos ciudadanos que aún creen en las nobles intenciones de este gobierno en materia de vigilancia, lo invito a que analicemos juntos la letra pequeña de los convenios que le dieron vida a un unicornio llamado “laboratorio ciudadano”

Equipo Barranca

La letra que ningún periodista lee

Miles de veces hemos escuchado en nuestra vida sobre la importancia de leer la letra pequeña, y a pesar de las advertencias, aún seguimos sin hacerlo. Dado que el ritmo diario en materia periodística no permite detenerse con más profundidad en los hechos que son noticia, los ciudadanos no pueden conocer todo lo que en algún momento puede llegar a afectarlos, y eso es precisamente lo que sucede con el proyecto denominado “innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación del comportamiento social apoyado en tic en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja”. ¿No entendieron nada? ¡No se preocupen!, se los voy a resumir de la siguiente forma: “Nos van a espiar mediante un programa de computación para que algunos funcionarios puedan comercializar nuestros datos y patrones de conducta sin ninguna autorización legal”. ¿Ahora si me hice entender? Esta deducción se obtiene al leer los estudios previos del convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander y las Unidades Tecnológicas:

La disponibilidad de la información recopilada en una plataforma abierta permitirá a terceros desarrollar aplicaciones en el ámbito de la industria digital, con los efectos colaterales nada desdeñables de obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de la información a terceros”.

Esta es la letra pequeña que todos los periodistas deberían leer antes de salir a aplaudirle a este gobierno propuestas que atentan contra las libertades de todos los ciudadanos, y sobre todo, que vulneran flagrantemente la ley de protección de datos en Colombia (Ley 1581 de 2012) y el derecho a la intimidad que tienen las personas en el desarrollo diario de sus actividades.

¿Efectos colaterales nada desdeñables?

Al honorable equipo jurídico de la gobernación de Santander, se le olvida que los efectos colaterales se llaman “colaterales” porque en la gran mayoría de los casos algo resulta adverso a lo que se inicialmente se pretendía. Así como cuando los afectados por los secuestros de la guerrilla crearon un mecanismo de defensa privado que terminó “colateralmente” transformándose en un fenómeno paramilitar.

Así que observar en los estudios previos que le dan nacimiento a un proceso contractual superior a los 18.000 millones de pesos, que pueden llegar a existir “efectos colaterales nada desdeñables”, es una inmensa sandez que más valía no haberse escriturado nunca, y menos cuando a las personas que piensan vincular al proyecto de observación se les denomina “red de cooperantes” (Aquí están los integrantes de la red).

Los convenios administrativos

El primer convenio que le da vida a todo esto es el número 879 del 05 de abril de 2017 por un valor de $3.341.080.647 entre la Gobernación de Santander y la Unidades Tecnológicas de Santander, para “apoyar el desarrollo de los objetivos” del proyecto líneas arriba ya mencionado; el segundo de ellos es el número 883 del 05 de abril de 2017 por un valor de $14.100.234.210 millones de pesos entre la Gobernación de Santander y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para “la ejecución del componente tecnológico del proyecto de innovación que aquí se trata”, y el tercer convenio es el número 885 de 2017 del mismo 05 de abril de 2017 entre la Gobernación de Santander y la Universidad de Pamplona, por un valor de $1.058.000.000 para la interventoría en todos sus aspectos de los dos convenios anteriores.

Hasta aquí van 18.500 millones para un proyecto que solo muy pocos lo entienden técnicamente, y dentro de esos pocos se encuentra el ingeniero de sistemas Omar Lengerke Pérez, rector de las UTS.

Didier-Lengerke

¿Existen intenciones ocultas en la rectoría de las UTS?

Vamos por partes. Si existe alguien que entienda la verdadera dimensión de un proyecto de investigación de comportamiento en la ciudad, ese es Lengerke, y por eso no deja de ser preocupante que se le quiera ocultar a la ciudadanía la adquisición de un software especializado de analítica de video, que no es otra cosa más que inteligencia artificial capaz de identificar de forma específica a alguien en particular al interior de la ciudad en el momento que se estime conveniente.

Esto ya no es una película de ciencia ficción, es la realidad. Los defensores del proyecto dirán que es una ayuda importante a la hora de resolver un delito o ayudar a las autoridades a capturar un delincuente, pero quizás no se han puesto a pensar que esa base de datos será capaz de identificar en las calles a las parejas homosexuales con el riesgo de que las ciudadanos sean posteriormente clasificados por sus gustos sexuales, sin que nadie les garantice que algún grupo homofóbico no tendrá acceso a esa información.

Y si se quiere algo peor, tengan en cuenta que quien maneje la central de información de este proyecto, podrá saber en tiempo real el sitio exacto donde se encuentra una persona del común, pero también podrá ubicar con exactitud al alcalde de Bucaramanga, a un empresario, a un veedor, o a un dirigente sindical. ¡Unos efectos colaterales nada desdeñables! ¿verdad señor gobernador? Por eso es tan importante hacerse la siguiente pregunta: ¿A quién se le ocurrió poner en el convenio la comercialización de la información de los ciudadanos? ¿A usted señor Lengerke?

El Gobernador que vendió a los santandereanos

La imagen de una persona es un dato de carácter personal que requiere una serie de protocolos para su tratamiento, pero a los santandereanos les van a robar sus patrones de conducta desde que salen de su casa hasta que regresan a ella, y esta es la hora en que no se sabe quienes se van a beneficiar realmente de este espionaje.

Por eso no deja de ser sorprendente que los periodistas locales estén aplaudiendo la instalación de las renombradas 900 cámaras, y no tengan ni la menor idea de dónde se alojarán los datos que se van a recoger con ellas, quiénes los van a manejar, y quiénes los van a comercializar. Están vendiendo la vida de los ciudadanos y nadie se ha dado cuenta.

Didier Tavera

Emtel, una empresa de dudosa reputación

La empresa encargada del componente tecnológico para analizar las vidas de los ciudadanos en el departamento, es la cuestionada Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., responsable en gran medida del encarcelamiento del alcalde de Popayán a raíz de la celebración de un convenio interadministrativo en el cual fue otra empresa la que terminó ejecutando el contrato (Quipux S.A.S.), de la misma forma que está pasando en este caso, pues debe darse a conocer que Emtel E.S.P. no es quien está al frente de la ejecución del convenio con la Gobernación de Santander, sino una empresa privada denominada Inversiones Tecnológicas de América S.A., con quien Emtel E.S.P. suscribió un contrato por casi 11.000 millones de pesos para ejecutar las mismas actividades por las cuales se hizo el convenio interadministrativo.

Muchos podrían decir que lo que hizo Didier Tavera, fue celebrar un convenio para omitir la obligación de adelantar un proceso licitatorio, porque al final de cuentas terminó entregándosele a un particular. Una situación por la cual también podría irse preso, pero de una manera mucho más rápida que con el PAE.

Y eso sin descontar la gran preocupación que debería causar el hecho de que Emtel E.S.P. haya sido embargada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y que según la calificadora de valores Value and Risk, tenga una calificación BB (Doble B menos) en su capacidad de pago. Otro contratista más de esos que le encanta al “gobierno que nos une”.

¿Contratos amañados?

La responsabilidad de las UTS en este asunto va más allá de ser una simple receptora de los dineros departamentales, pues uno de los primeros contratos que se celebraron con los dineros del convenio, fue con la empresa Aprendizaje Interactivo S.A.S. (Contrato 2597 de 2018) representada por Ricardo Caro Aponte, por un valor superior a los 390 millones de pesos para diseñar la estrategia en la gestión de la información, empresa que presenta más de tres direcciones en la ciudad de Bogotá sin que se sepa cual de ellas sea la real (ver direcciones).

El segundo contrato se ejecutó con la Fundación Faceit (Contrato 2426 del 13 de noviembre de 2019) por un valor superior a los 858 millones de pesos para implementar una estrategia de apropiación de contenidos en Big Data y Open Data para la creación de aplicaciones, pero lo curioso de esto, es que su equipo de trabajo son las siguientes personas: Fabio Alberto Cortes Gómez, Sandra Patricia Gutiérrez, Leandro Silva Garavito y Fabián Ricardo Caro Aponte, quienes resultan ser toda la cúpula directiva de la primera empresa que se contrató: Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Cúpula directiva de Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Sandra Patricia Gutierrez

Sandra Patricia Gutiérrez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Leandro Silva

Leandro Silva

Fabián Ricardo Caro

Fabián Ricardo Caro

Dentro de las obligaciones que tiene la Fundación para con las UTS, está la de llevar a cuatro integrantes del laboratorio ciudadano a la ciudad de Barcelona – España los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019, para asistir al congreso mundial de ciudades inteligentes. Sería bueno preguntarle al rector Lengerke quienes fueron esos 4 afortunados.

Hasta el día de hoy se han contratado 34 personas naturales en el desarrollo del proyecto de innovación por un valor de $690.575.200 (ver listado), en donde solo los contratos de 10 personas representan el 62% de esos dineros, dentro de las cuales se encuentran Andrea María Navarrete Mogollón, fundadora del movimiento Mujeres Bici-bles, Claudia Milena Salinas Calderón, ex candidata al concejo de Bucaramanga por el partido conservador en el año 2015, y John Manuel Delgado Nivia, ex secretario de desarrollo de Santander en el gobierno de Richard Aguilar y hoy director del laboratorio de cultura ciudadana, quien es la persona más beneficiada quedándose con el 20% de la contratación.

Lengerke y comediante

¡Señores diputados despiértense!

La contratación del proyecto de innovación con la puesta en funcionamiento de las 900 cámaras, tiene un agravante mucho peor: incumple la ley de protección de datos personales. Para entender el asunto se consultó con un experto en el manejo de protección de datos y propiedad intelectual, quien manifestó lo siguiente respecto a los convenios celebrados: “La Gobernación de Santander se encuentra en estado de violación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, porque en su calidad de responsable de la información no está cumpliendo las siguientes obligaciones legales: 1. No cuenta con una Política de Protección de Datos. 2. No tiene un Aviso de Privacidad que dé a conocer la referida política. 3. No tiene registradas todas las bases de datos personales de la Gobernación en el Registro nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. No ha adoptado un Manual de Políticas y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley. 5. No ha designado una persona o área responsable de la atención de PQR´s de los titulares de datos personales. 6.  No ha identificado los “Encargados” de datos personales, calidad que en principio pueden estar ostentando las UTS, EMTEL SA ESP y los “cooperantes” en el proyecto. 7. No ha verificado que los “encargados” de sus datos personales estén cumpliendo la Ley de protección de datos. 8. No ha definido las responsabilidades de la Gobernación, en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 9. No ha definido las responsabilidades de los “encargados” en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 10.  No ha identificado si hay Transmisión o Transferencia Internacional de datos, y si ello se hace a destinos seguros. 11. No ha establecido los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos de los titulares de los datos vinculados en el proyecto. 12. No ha hecho una “evaluación de impacto de datos personales” al tratamiento de los datos que se recolectarán con ocasión del proyecto. 13. No ha establecido un programa de gestión y manejo de violaciones de seguridad vinculada con el proyecto. 14. No ha establecido los mecanismos para impedir el acceso no autorizado de terceros a los datos personales vinculados con el proyecto. 15. No ha establecido un sistema de auditorías de cumplimiento de hábeas data de los “encargados”. 16. No ha precisado las actividades que los “aliados del proyecto”, “la comunidad académica”, “agentes comunitarios” y “cooperantes”, realizarán en relación con los datos personales vinculados con el proyecto”.

Vistas así las cosas, no puede entenderse cómo una institución pública que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones propias en materia de ley de protección de datos personales, vaya a ser capaz de brindarle seguridad jurídica a los datos personales de una sociedad entera.

reunión

¿Van a seguir aplaudiendo?

La información de una persona hoy en día resulta ser más importante que la persona misma, y por eso es que saber lo que hace un ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta se convierte en una oportunidad de negocio que de conformidad con los estudios previos del proceso contractual, terminará favoreciendo económicamente a algunos, pero pondrá en riesgo la vida de muchos otros.

Para nadie es un secreto que en la ciudad de Barrancabermeja conviven lideres sociales y desmovilizados de los grupos armados, quienes al igual que los ciudadanos de a pie, terminarán siendo identificados por el software perteneciente a este convenio, el cual indicará las pautas de comportamiento de cada uno de ellos incluyendo a que sitios asisten, con quienes se hablan y a que colegio llevan a sus hijos. Esta es una situación muy delicada como para que los periodistas salgan a decirle a los ciudadanos que se pueden quedar tranquilos con la instalación de las cámaras.

Este es un momento propicio para que los grupos sociales como la comunidad LGTBI, los movimientos sindicales, los estudiantes universitarios, los lideres sociales, los veedores ciudadanos, los reinsertados y los desplazados por la violencia, presenten su voz de protesta ante la inminente vulneración de sus libertades civiles. Si esta información fuera manejada por la policía y los demás organismos de seguridad del Estado, la responsabilidad sería evidente. Pero al día de hoy lo único que sabemos es que la manejarán los directivos de una institución educativa que para muchos está controlada políticamente por una familia: Los Tavera.

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magda amado una lucha contra la mezquindad

Magda Milena Amado, una lucha contra la mezquindad

“Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria”.

Borges

Con la cruz a cuestas

Usted no necesita ser un periodista con ínfulas de fiscal para saber si una persona intenta minarle con mentiras el espíritu, o le está hablando con la verdad. Lo único que se requiere es tener un poco de humanidad entre las venas para entender las razones por las cuales actúan de una u otra forma los seres humanos. Y precisamente por eso me senté a dialogar con la ex contralora de Bucaramanga, porque mi humanidad me indicó, tal cual lo pronunció Borges, que éramos voces de una misma penuria. Todas las personas que se atreven a ser funcionarios públicos, son conscientes que la sociedad los señalará sin importar que sus acciones sean justas o valederas, pero lo que nunca alcanzan a dimensionar, es que sus jueces naturales puedan terminar siendo reemplazados por los medios de comunicación, bajo la sombra de la mezquindad o el mal agradecimiento, especialmente en aquellos casos donde esos funcionarios han sido los artífices de los premios periodísticos que cuelgan en su pared. ¿Cierto Eneas?

magda amado una lucha contra la mezquindad

Muestras del deber cumplido

Después de haber sido la secretaria general de las unidades tecnológicas, su llegada a la Contraloría se consolida después de una importante reunión con tres prohombres que ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar. Ese apoyo fue fundamental para obtener políticamente los votos necesarios en su elección ante el concejo municipal, pero no fue un yugo para dominarla en el ejercicio de sus funciones, lo cual terminó descontrolando a todos aquellos que pensaron que iba a ser un contraloría de bolsillo. Su primer golpe de opinión lo tuvo en el año 2012 cuando estalló el escándalo de la secretaría de desarrollo social, teniendo como mano derecha a Eneas Claudio Navas Uribe, quien con el transcurrir del tiempo terminaría convirtiéndose también en la siniestra. Para el 2013 comenzaron las auditorias  en el Imebu, el Pae, las basuras y el puente de la novena, ayudando a que la incomodidad hacia su trabajo se hiciera más evidente no solo en los concejales, sino en todo el gobierno mismo.

Foto 2 columna Magda

Llegado el 2014, sus esfuerzos los dirigió a las megaobras sustentadas en las contribuciones por valorización, momento en el cual tuvo que despedir por razones de deslealtad a un hombre al que jamás debió haber ayudado. Fue así como entonces llegaron en el 2015 las “investigaciones” periodísticas, y junto con ellas, el ya acostumbrado asesinato moral que encontraría su mayor estado de éxtasis con el linchamiento de Luis Francisco Bohórquez.

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Los delatores sin moral

Quienes se aprestaron para señalar las posibles faltas de Amado no fueron los cardenales de la santa iglesia católica, sino aquellos que se vieron afectados por las investigaciones adelantadas por la funcionaria, como en el caso de Oscar Uriel Arrieta Roa, ex gerente de la EMAB a quien la ex contralora lo investigó por un contrato con la empresa Proactiva Chicamocha en el cual el 95% de las ganancias de la relación contractual era para el privado, lo que la llevó a interponer una acción popular que salvó gran parte del patrimonio público de los bumangueses, lo cual al día de hoy nadie agradece. Otro de los que estuvo muy presto a colaborar con los periodistas fue el auditor regional de Bucaramanga Jaime Parra Sánchez, a quien su indignación institucional se le acabó en el periodo de Jorge Gómez Villamizar, ya que se la había gastado toda en las auditorias a Amado, y en una que otra visita a los demás contralores y al mismo Argemiro Castro, quien no debe recordarlo con mucho afecto.

Foto 3 columna Magda

Y para rematar la desgracia, aparece en el panorama Jorge Gómez Toloza, quien teniendo represados al interior de la contraloría municipal varios procesos a punto de prescribir, solicitó unas vacaciones en la cuales su reemplazo decidió emitir los fallos administrativos sobre los que Gómez no se había apersonado. A Magda Amado se le criticó mediáticamente esta situación, lo cual condujo a que fuera investigada por la Procuraduría, sin que nadie haya dicho al día de hoy que todas esas investigaciones fueron archivadas en favor de la ex contralora, al encontrarse que todos los fallos expedidos estaban ajustados a la ley. Así que la máxima que aquí se aplica, es vilipendiar funcionarios, y no retractarse jamás por las equivocaciones que se cometan, porque la mezquindad de quienes así actúan, siempre se sobrepondrá a la ética periodística.

Su camino no ha sido fácil, y lo único que espera, es que cese el odio en el corazón de algunas personas, y la sociedad pueda darse cuenta de que los periodistas no son jueces, y que los titulares no hacen… Haga clic para Tweet

Para las verdades el tiempo

Al día de hoy han sido archivados todos los procesos que se abrieron en contra de la ex contralora con ocasión de las “revelaciones” hechas por los medios de comunicación. No existen fallos por corrupción, enriquecimiento ilícito u otra acusación alguna. Las sanciones pecuniarias por dichas denuncias desaparecieron porque se estableció la inexistencia de faltas disciplinarias en el proceder de la funcionaria. El único proceso que permanece latente, corresponde a una posible omisión al debido proceso dentro de la investigación que Amado adelantó en contra del funcionario que tenía represadas las actuaciones investigativas sobre la Emab, el cual ni siquiera al día de hoy tiene firmeza jurídica ya que se encuentra en apelación. Y si es verdad que el principio de la igualdad existe en este país, deberá concluir en un simple llamado de atención, tal cual sucedió con un proceso exactamente igual en contra de Rolando Noriega interpuesto por el mismo quejoso en la misma procuraduría segunda de vigilancia, sanción que curiosamente no ha sido registrada aún en los sistemas de la entidad. El camino de esta funcionaria no ha sido fácil, pero tanto ella como su familia, lo único que esperan es que cese el odio en el corazón de algunas personas, y la sociedad pueda darse cuenta de que los periodistas no son jueces, y que los titulares no hacen tránsito a cosa juzgada.

Próxima Columna: Informe especial.

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Foto familia Aguilar

Mauricio y los Aguilar

Foto familia Aguilar

Los despachos oficiales del alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander, están separados tan solo por una distancia de cien metros lineales, lo cual debe ser un motivo más que suficiente para que dichos mandatarios entiendan lo corto que es el sendero que deben transitar para trabajar por el progreso de esta región. Personalmente tengo mis dudas frente al manejo administrativo que Mauricio Aguilar le pueda llegar a dar al departamento, pero no por ello voy a perder la esperanza de que su llegada a la gobernación sea una nueva oportunidad para que este territorio reciba lo que se merece.

Los ciudadanos poco a poco han ido anunciado el interés de vigilar de cerca esta nueva administración, como es el caso del ex alcalde Rodolfo Hernández, quien ya mencionó unos nombres que pueden saltar a la palestra pública con todas las implicaciones que ello conlleva. De mi parte me abstendré de hacer señalamientos personales previos sobre cualquier persona, hasta que sus acciones tengan alguna incidencia con el interés público. Pero no por ello voy a dejar de apoyar a quienes señalen hacia las sombras para descubrir los intereses que allí se ocultan.

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Lo que le espera a Mauricio no es nada fácil, pero si logra entender que los Aguilar son una cosa, y que él por si mismo es otra, podrá comenzar a construir un legado que honre el hecho de su propia existencia. Es obvio que no podrá desligarse del todo de su familia, pues sería absurdo desconocer que los más de 16 años que su padre lleva haciendo política por Santander es el fundamento que lo tiene donde está. Por eso es que aseverar con tanta vehemencia que los más de 380 mil votos de Mauricio son producto de la maquinaria, no solo resulta un despropósito, sino también, una falta de respeto hacia aquellas personas que depositaron su voto por convicción o por cariño. Podemos no estar de acuerdo con su llegada al poder, pero quien así lo decidió fue el pueblo, y en el marco de nuestros derechos constitucionales esa decisión se acata y se respeta.

Podemos no estar de acuerdo con su llegada al poder, pero quien así lo decidió fue el pueblo, y en el marco de nuestros derechos constitucionales esa decisión se acata y se respeta. Haga clic para Tweet

Serán cuatro años en los que los santandereanos esperaremos que se saque a la luz pública lo que Diego Frank Ariza como contralor de Santander no pudo hacer, siempre con la esperanza puesta en que el nuevo gobierno no termine convirtiéndose en un encubridor más a la manera en que lo fue el procurador general Fernando Carrillo Flórez frente a todas y cada una de las actuaciones de un hombre que como él mismo lo dice, aprendió a gatear entre fajos de billetes. Más de 616 mil personas que anhelaban una opción diferente a la de Aguilar, estarán pendientes de que sus actuaciones sean propias de la dignidad que se ganó.

Foto Mauricio-Didier

Por eso quiero atreverme desde esta tribuna, a invitar al gobernador electo para que se siente con su familia y reconozcan que para gobernar, es necesario reunirse con sus mismos contradictores, no solo para apaciguar los ánimos y despejar el camino, sino también, para rescatar las buenas ideas que se quedaron en la contienda electoral, junto con las que anhelamos los ciudadanos desde hace muchos años, como lo es la creación del gran Parque Central de Bucaramanga que conecte al parque Antonia Santos con la Plaza de Mercado Central, integrando al proyecto el Centro Cultural del Oriente, el parque Centenario y las manzanas catastrales necesarias para la ejecución de una obra que más que un proyecto de infraestructura urbana, debería ser un legado ambiental para las generaciones futuras. Ya tendremos tiempo para hablar de ello, así como también de sus 14 proyectos turísticos para Santander.

Próxima Columna: Magda Milena Amado, una lucha contra la mezquindad.

la injusta crucificción de camilo rincón leon

La injusta crucifixión de Camilo Rincón León

Camilo
Uno de los más claros asesinatos morales por parte del periodismo en esta ciudad, fue el perpetrado contra Camilo Iván Rincón León, un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Desde el mismo día de su posesión, este funcionario decidió oponerse al facilismo que existe a la hora de contratar en el sector público, algo que en vez de consagrarlo como funcionario modelo, terminó contradictoriamente siendo el principal motivo de su crucifixión, por lo cual resulta cierto que en este país los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos.
Un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Haga clic para Tweet

El inicio de esta historia

Cuando la Gobernación suscribió con el Indersantander el convenio de cooperación No 1512 de 2012 por un valor superior a los 2.087 millones de pesos, respecto de la participación del departamento en los juegos nacionales y paranacionales de ese mismo año en los departamentos de Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca, el señor Alexander Duarte Hernández, miembro de la cúpula de directivos beneficiados con los créditos del IDESAN, y cuota política de Luis Alberto Gil, celebró un convenio con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, para que se encargara de la inversión de gastos de los deportistas.
Hasta ahí no hay ningún problema, pero los inconvenientes comenzaron cuando Rincón León asumió la dirección del instituto y se dio cuenta, gracias a los informes de interventoría de la secretaría de educación departamental, presentados por la señora Genny Rocío Gómez Guerrero, que dicha corporación en su calidad de contratista, no había soportado con la debida facturación más de 868 millones de pesos. Una razón más que suficiente para que tomara la decisión de liquidar unilateralmente el convenio por el incumplimiento a las obligaciones pactadas. Esta situación no fue de buen recibo en algunos particulares dados sus propios intereses, pero Rincón León no se amilanó ante las presiones, y decidió mantenerse en su posición frente al asunto. Una posición que le terminarían cobrando tiempo después, cuando con ocasión de los juegos nacionales del 2015, fue acusado disciplinariamente de tres cargos a saberse: falta de competencia, detrimento patrimonial conforme al informe de la Contraloría General de Santander y la imposición de unas presuntas condiciones que limitaron la participación y la libre concurrencia de oferentes.
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Un fusilamiento mediático

Para quienes son más periodistas que abogados, los cargos impuestos a Rincón León son demasiado útiles a la hora de promocionar titulares, pero lastimosamente son muy complejos para explicárselos al común de las personas, quienes al no asimilar la filosofía de la norma, terminan recriminando socialmente a los funcionarios señalados; y todas aquellas noticias mal estructuradas, acaban dando sus frutos en el escritorio del juzgador. Rincón León logró demostrar fehacientemente dentro del proceso disciplinario que se le adelantó, que sí tenía competencia legal, que no hubo detrimento patrimonial alguno porque jamás se llevó a cabo la auditoria contable, presupuestal y financiera, así como también, que el proceso licitatorio no fue limitado en ninguna de sus etapas contractuales, lo cual es precisamente el motivo de la lucha que adelanta para demostrar que sus argumentos fueron intencionalmente omitidos en el procedimiento.
Cualquier abogado que lea el documento que contiene los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Regional de Santander y la delegada para la moralidad pública en contra de Camilo Rincón, encontrará fácilmente la falsa e indebida motivación, la falta e indebida valoración probatoria y la incoherencia jurídica con la que se juzgó este caso, sin dejar de lado la falta de técnica procesal que tuvieron los funcionarios responsables en este asunto. Una decisión que más temprano que tarde tendrá que ser revocada por la procuraduría, o en su defecto, anulada por la jurisdicción contenciosa.

El papel de la contraloría departamental

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, a Rincón León se le apareció en el camino el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien en mi opinión es uno de los funcionarios públicos que mejor aplica el principio de la realidad invertida, o lo que algunos llaman: “el mundo al revés”. Aparte de estar defendiéndose del proceso del año 2015, a Camilo Rincón le toca ahora defenderse de un proceso de responsabilidad fiscal con radicado 2016-123, abierto con ocasión de la denuncia que él mismo presentó en contra del convenio de cooperación celebrado con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, la cual tenía como fin salvaguardar el patrimonio del Indersantander en más de 868 millones de pesos de dineros públicos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin aparecer gracias a la inoperancia de funcionarios como Kelly Paola Restrepo Amaya y Diego Armando Aparicio Quiñonez, quienes al parecer extraviaron las llaves del cajón donde guardaron estas investigaciones, aún a pesar de que el periodista Carlos Julio Castellanos hizo pública esta situación en su segmento denominado “El Enjambre” hace ya cuatro años en el canal TRO.

El extraño comportamiento del contralor Ariza

Lo anterior es el colmo de la intrepidez de una contraloría que resulta muy efectiva a la hora de mirar por el retrovisor, pero que al momento de dirigir su mirada al frente, no le molesta encontrarse con un vidrio panorámico totalmente empañado que le impide ver lo que pasa en el actual gobierno, como en el caso de IDESAN, el PAE, los sobrecostos de los viajes en helicóptero, el CAI fluvial, y los sobrecostos en las obras de infraestructura por mencionar algunos temas que pareciera que no existieran para el señor Ariza. De ahí que al contralor haya que recordársele que en vez de estar persiguiendo a los denunciantes, debería concentrarse en buscar a los ladrones, tarea que en el caso del convenio de los juegos nacionales del 2012, le podría ser muy útil la ayuda del director comercial del Idesan, Alexander Duarte Hernández.

¿Dónde está la plata?

Quienes conocen la trama contractual del departamento en materia deportiva, manifiestan que la corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI está muy ligada a los intereses profesionales del señor Jorge Enrique Gómez Celis, el cual aparece como apoderado judicial de esta persona jurídica en los trámites ante la procuraduría judicial, por la situación aquí enunciada. De ahí que los santandereanos estemos esperando que con la ayuda de este ex representante a la cámara, se nos aclare en donde están los 868 millones de pesos que presuntamente se cobraron sin facturas, y que al día de hoy superan los más de 1.200 millones en razón de su indexación. Por ahora, Camilo Rincón seguirá buscando demostrar su inocencia respecto de los hechos del 2015, mientras el contralor Ariza lo investiga por habérsele ocurrido denunciar los posibles hechos de corrupción del 2012 bajo la administración de uno de los directivos del IDESAN que ostenta préstamos a su favor con el dinero de todos los ciudadanos. Definitivamente este si es el mundo al revés.
Adenda: felicito a los más de73.788 florideños que le demostraron a Héctor Mantilla y a todos los partidos que avalaron a Miguel Moreno, el más claro y contundente rechazo a su politiquería. Comienza un nuevo gobierno con muy poca legitimidad.
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Oscar Jahir Hernandez

Otro día normal en la CDMB

El pasado viernes 18 de octubre, ante el despacho del gobernador Didier Tavera, se presentó la renuncia del señor Gilberto Mendoza Ardila en su calidad de Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, con lo cual se abrió un campo de especulaciones que tendrán que aclararse en el devenir del tiempo.

El solo hecho que Mendoza cuente con la asesoría de un penalista como Rodrigo Javier Parada Rueda, le asegura a esta historia un desarrollo bastante interesante. Quizá esto apenas comienza, y con el transcurrir de los días ya estamos viendo en la trastienda a personas como el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien debería esclarecer los motivos por los cuales se designaron equipos auditores conformados por funcionarios con relaciones crediticias en la entidad que iban a vigilar (ver anexo 1), lo cual si bien es cierto no es un delito en si mismo, una situación como estas no tiene una buena presentación.

A la escena también están llamados varios diputados, los cuales se siguen resguardando en un silencio que solo ha sido interrumpido por la proposición de control político presentada por Luis Eduardo Díaz Mateus, apoyada por Mario Antonio Cárdenas, YolandaVargas Hernández y el mismo Humberto Rangel Lizcano, a quien se le abona el deseo por esclarecer su situación (ver anexo 2).

Sin embargo, se diga lo que se diga, renuncie quien renuncie, y se demuestre lo que se demuestre, aquí nada va a pasar, porque así como la justicia no opera, a la mayoría de los ciudadanos tampoco les importa.

Escuchar en los pasillos de la Gobernación que la CDMB se la repartieron entre los Tavera y Fredy Anaya es algo que no solo produce escozor... Clic para tuitear

Escuchar en los pasillos de la Gobernación que a la CDMB se la repartieron entre los Tavera y Fredy Anaya, “respetando” un compromiso político anterior que incluía el manejo presupuestal del EMPAS y la ESANT, es algo que no solo produce escozor, sino una gran extrañeza al observar que la sociedad asume con normalidad una cosa semejante.

Y traigo a colación el tema de la corporación ambiental, porque quizás nadie ha caído en la cuenta de lo importante que resulta la elección del señor Juan Carlos Reyes Nova para uno de los implicados en el escándalo del IDESAN, como lo es el señor Fabián Rolando Mendoza (Ver anexo 3), esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel, quien a través de la resolución 528 del 01 de noviembre de 2018 obtuvo la reestructuración de un crédito en la suma de 1.827 millones de pesos junto con Ramiro Meneses González (Ver anexo 4), el exfuncionario de la corporación ambiental que hoy funge como candidato por el centro democrático a la alcaldía de Los Santos, quien siendo representante legal de la Corporación Tecnológica para el manejo del agua y saneamiento (Nit830508995-6) (Ver anexo 5), obtuvo un convenio de asociación en la CDMB por valor de $1.138.819.970 millones de pesos para “brindar apoyo a las familias afectadas por la declaratoria del parque natural regional Santurban”, empresa que en su momento también fue representada por Mary Andrea Pimentel Mendieta (Ver anexo 6), miembro activo actual del consejo directivo que en representación de las ONG’s terminó votando a favor del nuevo director (Ver anexo 7), y de quien bien vale la pena informar que ha sido contratista en la ESANT bajo la dirección de Mónica Paola Monsalve Monroy, funcionaria muy cercana a Tavera (Ver anexo 8).

Y así es como todo queda entre amigos. Se ganan los contratos en una entidad pública, y somos los ciudadanos los que terminamos con nuestros impuestos financiando las obligaciones de los contratistas a través de prestamos cuestionados, quienes después pasan a integrar las juntas directivas que escogen los títeres del poder, sin importar que antes de impartir su voto, hayan sido multados en la misma entidad por incumplimiento en sus contratos (Ver anexo 9). Pero mientras tanto, todos nosotros seguimos creyendo que las cosas van a cambiar. Feliz día electoral señoras y señores.

Adenda: Señor alcalde Danny Ramírez, ¿usted está en la disposición de hacer públicos los informes de actividades de la contratista Cindy Katherine Castañeda Galvis, quien lleva más de tres años al interior de la secretaría de planeación de Piedecuesta sin que nadie sepa a que se dedica? (Ver anexo 10).

Adenda: Señor alcalde Danny Ramírez, ¿usted está en la disposición de hacer públicos los informes de actividades de la contratista Cindy Katherine Castañeda Galvis, quien lleva más de tres años al interior de la secretaría de planeación de Piedecuesta sin que nadie sepa a que se dedica? (Ver anexo 10).

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Así se robaron el IDESAN

A la memoria de José Vicente Arenas Paredes

El único lugar en el mundo, donde los políticos son capaces de robarse un banco sin que la ciudadanía se de cuenta, se llama Bucaramanga. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, es una entidad del orden departamental que tiene como objetivo financiar con créditos los proyectos de infraestructura, medio ambiente, desarrollo tecnológico, vivienda y otros más, que pretendan desarrollar los municipios y los miles de santandereanos que a través de pequeñas o medianas empresas aspiren a fortalecerse con la ayuda del gobierno. Esa es por lo menos la fachada que el Gobernador Didier Tavera y sus funcionarios nos muestran, pero la realidad que ocultan es otra muy diferente.

LA PLANEACIÓN DEL ABSURDO

Desde el año 2014, el Ministerio de Hacienda ordenó mediante los decretos 1117 de 2013 y 2463 de 2014, que el IDESAN tenía que ser vigilado por la Superfinanciera, si lo que quería era seguir captando dinero de los entes territoriales, situación que fue informada a la Asamblea Departamental por parte del gerente Gilberto Mendoza Ardila, de conformidad con lo manifestado en el acta No 04 del 22 de noviembre de 2016 del consejo directivo del instituto, para lo cual se procedió a reformar los estatutos. Ya entrados en gastos, la duma departamental no solo no acató los lineamientos de la superintendencia, sino también, decidieron desplegar toda su creatividad y terminaron ampliando las actividades de prestación de servicios a fin de proyectar nuevas posibilidad de negocio, pero lo que nadie sabía, era que los negocios que se iban a desarrollar eran los que beneficiarían a los diputados, sus familiares y amigos, y gran parte de funcionarios de alto nivel de la Gobernación y de la Contraloría Departamental.

UN “BANCO” AL SERVICIO DE LOS DIPUTADOS

La transformación de los estatutos a través de la ordenanza 08 del 28 de marzo de 2017, le entregó una patente de corzo a la gerencia de la entidad, la cual se sustentó en una absurda interpretación jurídica, por medio de la cual se creyeron estar facultados para otorgarle prestamos a cualquier particular que vaya a solicitar un crédito, con lo cual, una institución que estaba destinada para financiar al sector público, terminó convertida en una entidad de prestamos para los privados.

Y ¿quiénes son estos? Pues nada más y nada menos que los mismos diputados que aprobaron esos estatutos, dentro de los cuales se encuentran Edgar Suárez Gutiérrez, a quien le prestaron 73 millones de pesos con la simple presentación de un certificado de ingresos expedido por la secretaría de la corporación, y la firma de dos fiad ores: su esposa, la señora Paola Andrea Meléndez Díaz, y el diputado Humberto Rangel Lizcano, quien también tiene un préstamo de la entidad, teniendo como fiador a Edgar Suárez. Un “yo con yo” sobre el cual no se exigió ninguna garantía real que respaldara la deuda, con un plan de pagos sin soporte alguno que permita tener alertas de incumplimiento, más el agravante de que los señores diputados resultan ser los encargados de ejercer el control político al gerente que les firma sus propios prestamos.

Con la creación de esta línea de crédito a la cual decidieron llamar “Banca de  Inversión”, ya han prestado más de 12 mil millones de pesos, dentro de los cuales deben contabilizarse los 25 millones de pesos para el diputado José de Jesús Villar Torres, los 10 millones de Jorge Arenas Pérez y los 1.827 millones entregados en el 2017 a Fabián Rolando Méndez, esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel, el cual vale la pena dilucidar.

LOS ENREDOS DE MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO

La primera persona que apoyó a la diputada Ángela Hernández cuando esta se opuso al gasto desmedido en la contratación de Maluma en el municipio de Floridablanca, fue Marggy Carolina, ya que “no podían aceptar que los recursos públicos se gastaran en un concierto”, pero contradictoriamente nunca se opuso a que el IDESAN le hiciera prestamos por más de 1.800 millones de pesos a su esposo, el abogado Fabián Rolando Méndez.

Este crédito fue desembolsado el día 16 de agosto de 2017, y sin haber pagado durante más de un año un solo peso de sus obligaciones, el gerente de la entidad de forma muy generosa, como jamás lo habría hecho cualquier banco en el país, le reestructuró el crédito (No 16-014-02) por 360 días más, sin importarle para nada el riesgo financiero que representaba el señor Méndez, quien adquirió dos lotes por valor de 48.000 millones de pesos a la compañía Ferticol S.A. en el municipio de Barrancabermeja, cuando Andrés Solano Aguilar, el director administrativo y financiero de los últimos 25 años en IDESAN, estaba al frente de la empresa de fertilizantes. Solano es el cerebro que maneja a su antojo los dineros de la entidad, hasta el punto de viabilizarle un crédito por casi 7.000 millones a la compañía Global Project Business en marzo de 2019, con el cual presuntamente se pagó el crédito inicial del señor Méndez, quien hasta ese momento presentaba un nuevo atraso en sus cuotas.

No deja de ser curioso que al interior de la entidad, un crédito se cancele con otro crédito, pero más curioso resulta aún, que hayan personas que aseguran que Fabián Rolando le entregó un carro Mercedes Benz al señor Solano, dentro del “giro normal de sus negocios”. Ante esta situación, la diputada Rangel ha guardado un profundo silencio, así como también lo guardó cuando se le pidieron explicaciones acerca de la compra del lote 58 del Conjunto Valle de Rocas en Ruitoque por un valor de 405 millones de pesos en noviembre de 2016, el cual fue adquirido por la constructora e inversiones Méndez Rangel y Cía siendo ella la representante legal, predio que fue vendido tan solo nueve meses después a uno de los hijos del ex congresista Fredy Anaya, el mismo que tiene el aval para la alcaldía de Bucaramanga por el partido que representa la diputada.

Desentrañar esto no es nada fácil, y el silencio seguirá prevaleciendo en todas y cada una de sus actuaciones, porque si hay algo que caracterice a la señora Rangel, es callar ante las ilegalidades, como la que de haber construido su casa en Ruitoque sin ninguna clase de licencia urbanística, y la de haber vulnerado los derechos laborales de los obreros que la edificaron, quienes hasta el día de hoy esperan con humildad que les pague por su trabajo.

PRESTAMOS GRAVEMENTE IRREGULARES

Los encargados de estudiar las solicitudes de créditos al interior del IDESAN, consideraron que era normal prestarle 2.500 millones de pesos a la empresa Greas Inversiones de Cundinamarca para la construcción de unas cabañas (Resolución 133 del 28 de febrero de 2018), bajo la garantía hipotecaria del 50% de un lote en el cual finalmente no se construyó nada, y el representante legal de dicha compañía se desapareció. Al día de hoy no se han cancelado los créditos, lo cual terminó afectando los estados financieros de la entidad, y que según algunos funcionarios de la gobernación, ya rondan en una perdida operacional cercana a los 1.300 millones de pesos hasta el mes de abril del presente año. Al IDESAN se lo están robando y nadie dice nada.

EL COLMO DE LOS COLMOS

Como si todo lo anterior no fuera poco, a la cúpula directiva le pareció una brillante idea otorgarle un préstamo por valor de 4.000 millones de pesos a la empresa Proyectos y Construcciones Santander (Primer desembolso Resolución 313 del 12 de julio de 2018, y segundo desembolso Resolución 448 del 04 de octubre de 2018), manejada por quien probablemente pueda llegar a ser el urbanizador pirata más grande del área metropolitana, el señor Gerardo Sánchez Gómez, a quien el municipio de Girón lo denunció ante la fiscalía por los delitos de urbanización ilegal y captación masiva e ilegal de dinero. Las garantías de este crédito resultan ser un pagaré. Así como lo leen: un pagaré. Título firmado por quien negocia lotes ilegales y sin uso de suelo habilitante en el área metropolitana, el cual no lo  han hecho efectivo, aún cuando se observan indicadores de falta de pago de hasta cuatro meses de atraso.

RESPONSABLES DEL DESCALABRO

El primer funcionario llamado a responder por esta barbaridad, no puede ser otro más que el Gobernador Didier Tavera, quien es a la postre el que nombra al gerente y a los cinco miembros del consejo directivo. El segundo llamado a dar la cara es el gerente de la entidad, el señor Gilberto Mendoza Ardila, a quien no le pueden pasar por la nariz el elefante sin que se de cuenta de todas estas irregularidades. El tercero es el director financiero y administrativo, Andrés Solano Aguilar, el verdadero cerebro detrás de todas las presuntas operaciones regulares e irregulares que allí se pueden estar cometiendo.

El cuarto es su director comercial Jairo Duarte, el hombre de las relaciones cordiales para valorar las intenciones de quienes hoy no pagan una sola cuota de sus deudas. El quinto es el director jurídico de la entidad, el abogado Hermes Rico Charry, quien hoy debería estar respondiendo por los estudios de títulos y garantías reales recibidas en el marco de los créditos, y el sexto indiscutiblemente que tiene que ser el revisor fiscal Mario Saavedra Mejía, a quien nada le ha parecido irregular estos últimos años en esta entidad. Un verdadero convidado de piedra. Por último, los miembros de la junta directiva son tan responsables como los mismos diputados, o es que ¿a alguien se le hace normal que los encargados de ejercer el control político sobre una entidad, estén recibiendo créditos financieros de la institución que tienen que vigilar? 

SI EL GERENTE NO RENUNCIA, ES PORQUE DIDIER TAVERA LO RESPALDA Haga clic para Tweet

La estructura organizacional del IDESAN establece en estricto orden la existencia de un gerente, un asesor comercial, un encargado de la gestión financiera, un jurídico, un tesorero y la persona encargada de los inventarios. Pues bien, miren para lo que les sirve su organización, que más que administrativa, ya parece delictiva: 

Gilberto Mendoza (Gerente) tiene un préstamo por un valor de $142.300.000 para pagar un crédito de vivienda con una tasa anual del 3% y un plazo de 240 meses, el cual le fue aprobado por el director fi nanciero Andrés Solano, quien firmó como gerente encargado (Resolución 285 de 2017). 

 Andrés Solano, tiene dos créditos aprobados por Gilberto Mendoza (Gerente) por valor de $55.000.000 p ara pagar otro crédito que ya tenía en la misma entidad y un excedente para libre inversión. Es decir, aparte de que se atreve a pedir un crédito para pagar el crédito que ya debe, el IDESAN le entrega más dinero para que lo invierta en lo que guste (Resolución 355 de 2017). Unido a este, tiene otro crédito por valor de $179.600.000 para vivienda con un plazo de 240 meses y el mismo cómodo interés anual del crédito del gerente (Resolución 315 de 2018). 

De la misma forma el abogado Hermes Fernando Rico Charry tiene dos prestamos, uno por valor de $75.200.000 para compra de cartera de Credifinanciera (Resolución 189 de 2017) y otro más por valor de $179.600.000, ¡adivinen para qué! (Resolución 152 de 2018)

Hay que contar dentro de este recuento, al señor Jairo Alexander Duarte Hernández, quien tiene un préstamo por valor de $10.000.000 (Resolución 585 de 2017).

 De la baraja también hay que mostrar el crédito que tiene Benjamín Eduardo Herrera Jaimes por un valor de $11.700.000 (Resolución 0116 del 15 de febrero de 2018), y otro más por $170.000.000 para la compra de vivienda (Resolución 427 del 25 de septiembre de 2018)

De conformidad con la Resolución 147 de 2018, hasta la secretaria de contabilidad de la entidad, la señora Claudia Liliana Rico Rangel, tiene un crédito por $130.000.000 para vivienda a una tasa inferior a la ofrecida por cualquier entidad financiera del país. ¿Y ella es la encargada de llevar los libros financieros? Sin palabras.  

 Y por último, de todos los directivos, no podían dejar sin participar de esta repartija de prestamos, a la señora Cecilia Benilda Virviescas Bonnet, encargada de Planeación e Inventarios, quien tiene un préstamo por un valor aprobado de $60.000.000 para compra de cartera de la misma entidad y libre inversión a una tasa del 3% a 48 meses (Resolución 270 del 03 de junio de 2018).

Y AÚN HAY MÁS

La gran mayoría de los créditos personales por libranza se han entregado a funcionarios de la gobernación y de la contraloría, lo cual ya de por si es grave, pues si llega a ser cierto que en Santander existe un contralor de bolsillo, lo sería aún más si la gran mayoría de los funcionarios de esa entidad gozan de la mermelada de IDESAN. Aquí les dejo unos casos interesantes para analizar:

Trabaja en la Oficina de Control Financiero de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $25.000.000 para libre inversión (Resolución 350 de 2017).

Trabaja como asesor del gobernador y tuvo un crédito por valor d e $11.700.000 destinado para pagar un crédito anterior (Resolución 124 de 2018).

Trabaja como Secretario de Desarrollo de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $29.500.000 para libre inversión, habiendo sido miembro de la junta directiva del IDESAN (Resolución 255 de 2017).

Quien hoy se presenta como la renovación de la política en Santander, trabajó como director de competitividad de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $29.500.000 para libre inversión (Resolución 254 de 2017). 

De conformidad con los decretos del Ministerio de Hacienda, para el mes de diciembre de 2018, el IDESAN ya no podría tener un solo peso captado de los municipios y de la Gobernación de Santander, pero todos los anteriores responsables, se inventaron la cuenta 290201 llamada “Recursos recibidos en administración y/o convenios”, para esquivar la norma fiscal.

Con esta maniobra se quedaron con 83.175 millones de pesos que tenían que haberle devuelto a la entidades territoriales, y se burlaron de la forma más ramplona del gobierno nacional. Pero ni aún así han logrado explicar por que por primera vez en la toda la historia del instituto, se presentan perdidas por más de 1.300 millones de pesos, acrecentadas por el sostenimiento del Parque Nacional del Chicamocha y el Cristo del Santísimo, donde el IDESAN debe pagar los impuestos que allí se generan, las depreciaciones de los bienes, el mantenimiento de los teleféricos y el pago de los seguros, sin que le queden los respectivos dividendos, pues es de conocimiento público que estos mismos se van para la corporación Panachi, donde uno de los mayores clanes políticos de la región es quien ejerce el control. Y del parque acuático de Panachi es mejor ni hablar, porque si llega a ser verdad que las piscinas se están hundiendo, lo mejor es que comiencen a contratar abogados. 

Señor Gobernador: ¿Usted cree que el IDESAN puede ser manejado con transparencia y responsabilidad, cuando todos los directivos de la misma tienen deudas personales por un monto superior a los mil millones de pesos con la entidad financiera que dirigen? Como ciudadano del común le pido de la forma más respetuosa frente a la dignidad que usted representa, que tome una decisión inmediata frente a esta delicadísima denuncia.

Esta es nuestra tierra, estos son nuestros gobernantes, políticos y funcionarios públicos. Y estos somos nosotros, los que seguimos eligiendo a los mismos sinvergüenzas que permiten el indebido manejo de los dineros públicos y nos condenan a vivir en la miseria mientras ellos se enriquecen sin pena alguna. ¿Y mis amigos de la Fiscalía? ¿Aquí tampoco van a hacer nada? ¡Ya va siendo hora señores!

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Oscar Jahir Hernandez

¡Que pena con los costeños!

Esta columna es un llamado de atención para mostrar como en muchas ocasiones existe información que no se publica, y no por ello se tiene que acusar a las personas de haber solicitado dinero por reservársela, y mucho menos poner en entredicho su honorabilidad.
Los santandereanos nos acostumbramos a leer las noticias de corrupción que involucran a nuestros políticos y gobernantes, pero somos desconocedores de los actos bochornosos que cometen los integrantes de las familias más prestantes de nuestra sociedad. La explicación de eso radica en que algunos clanes se sienten a gusto cometiendo asesinatos morales de puertas para afuera, pero jamás sacrifican a uno de los suyos de puertas para adentro.

Por eso no me causó ninguna extrañeza que los medios locales (excepto Héctor Gómez Cabariq) no hubiesen reseñado la captura de Juan Pablo Montoya Prada en la ciudad de Bogotá, a quien señalan de hacer parte de una red de lavado de activos, según la fiscalía general de la nación. El hecho es entendible si se tiene en cuenta que Juan Pablo es sobrino del ex rector de la UNAB Alberto Montoya Puyana, y primo de Juan Felipe Montoya Muñoz, socio fundador de una de las compañías transportadoras más grandes del país, la cual también se vio involucrada con su representante Javier Prada Sánchez en un confuso entramado judicial con la Sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta, donde se develó un presunto abuso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y corrupción privada, por amañar presuntamente licitaciones y servicios de transporte no prestados, situación que viene siendo aclarada en debida forma por parte de esta empresa, la cual resulta ser directa competidora en la prestación de sus servicios con la sociedad Copetran, dueña del terreno en Girón donde la Constructora Valderrama se apresta a construir las instalaciones administrativas de dicha compañía.

 

Foto de Juan Pablo Montoya solicitado por la fiscalía.

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Esta incomoda situación también se suma a las relaciones societarias que mantienen las empresas de la familia del señor Montoya Muñoz con Eduardo Salazar Yusti, recordado en Barranquilla por haber hecho parte de la firma consultora The Breakthroung Group, acusada de manejos irregulares para el año 2013 en materia de contratación al interior de Bancoldex. Por eso en Barranquilla, donde muchas familias han tenido que sufrir el descalabro económico de Grama Construcciones y las consecuencias de la situación jurídica de Juan Pablo, no se explican el mutismo de los empresarios santandereanos ante la necesidad de responder por sus acciones.
La intención aquí no es poner en entredicho las relaciones comerciales de una familia, y mucho menos la forma en que lleguen a superar sus penosas dificultades. Pero si es un llamado de atención para mostrar cómo en muchas ocasiones existe información que no se publica, y no por ello se tiene que acusar a las personas de haber solicitado dinero por reservársela, y mucho menos poner en entredicho su honorabilidad. Aunque les cueste creerlo, es un derecho de todos los colombianos, y se conoce como libertad de opinión.
Próxima Columna: Me abstengo de mencionar el nombre para que no interfiera con su investigación. Los espero el próximo jueves con algo mucho peor que el PAE departamental.
Oscar Jahir Hernandez

La Corrupción en los Centros Vida

Razón tiene el candidato a la alcaldía de Floridablanca Miguel Ángel Moreno, cuando manifiesta que una de las cosas con las cuales no se puede estar de acuerdo en el gobierno de Héctor Mantilla es con el manejo que se le dio a los Centros Vida.

Las administraciones públicas de todo el país siempre se han preocupado por este tema, pero a la sociedad en general le importa muy poco lo que sucede allí adentro. Son cientos de millones de pesos los que cada año se mueven alrededor de un Centro Vida en todos los municipios del Departamento, y si bien es cierto que existen personas y fundaciones que desarrollan sus labores con amor y compromiso, no se puede negar que detrás de esto existe mucha gente que ha encontrado el nicho perfecto para robarse los dineros públicos, a sabiendas de que las condiciones de vulnerabilidad en las viven estos ancianos, les conceden el silencio necesario para que nadie se de cuenta de lo que hacen.

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Un ejemplo de esos es Piedecuesta, donde sus habitantes se cansaron de denunciar que la mamá del actual alcalde, la señora Martha Rojas Quintero, al parecer maneja uno de esos centros con todos sus familiares a bordo. Pero esta clase de cosas no son importantes para la prensa, y mucho menos para las entidades de control, más interesadas en escándalos que tengan una mayor envergadura, que en la probable “muerte” de una anciana a la que decidieron desconectarle el oxigeno (Video 1 y 2).

Video 1.

Video 2

 

Estas cosas no le importan a la gente porque no la afectan en el diario vivir, y eso es una clara muestra de lo enferma que está nuestra humanidad.

Nunca veremos medios de comunicación inmersos en una investigación seria acerca de lo que pasa con estos centros, y mucho menos cuando los alcaldes terminan contratando a los familiares de algunos periodistas a quienes en nada les importa esta miserableza, ya que se sienten más a gusto con el amarillismo de sus titulares y el vacío de sus contenidos. (Video 3)

Video 3.

La atención de nuestros ancianos necesita una reingeniería institucional como la que se hizo en el actual gobierno de Girón, donde sus centros vida pasaron de ser la caja menor de los corruptos en la época de Héctor Josué Quintero, a ser el único lugar donde muchos ancianos hoy logran sentirse útiles para la sociedad. El problema no es el tiempo de los convenios señores candidatos, es la calidad del servicio que allí se presta. (Video 4)

Video 4.

Contrato

Próxima Columna: ¡Qué pena con los costeños!