Han transcurrido más de tres décadas desde que el narcotráfico infiltró a fondo la sociedad bumanguesa, inyectando sus dineros ilícitos para erigir los cimientos de gran parte del desarrollo urbanístico y comercial que hoy define a la ciudad. Esos mismos 30 años han sido testigos de la negativa de sus gobernantes a reconocer que el tejido social ha sido erosionado por una cultura que destruyó el ideal de hacer empresa a través del esfuerzo, debilitando las bases de un verdadero progreso para la región y su gente. Ninguno de los últimos planes de desarrollo propuestos por los alcaldes han reconocido este problema en sus líneas de acción, dejando que el microtráfico sea la actividad más importante dentro de la economía popular. Un negocio que mueve más de 300 millones de pesos diarios en las comunas del norte y la periferia de la ciudad donde el 98% del mismo es manejado por Oscar Camargo Ríos, alias Pichi, es una clara muestra que la guerra contra la delincuencia al día de hoy es un completo fracaso.
Algunos querrán consolidar la narrativa de que la culpa es del alcalde Jaime Andrés Beltrán, pero nadie puede olvidar que para el año 2018 se llegaron a incautar más de 260.000 dosis de drogas en el área metropolitana y en el año 2023 en un solo operativo se incautaron 42.000 más, valoradas en 200 millones de pesos. En ese mismo año fueron capturadas 3.500 personas por tráfico de drogas y muchas de ellas corrieron con la misma suerte que alias Pichi, porque el sistema judicial colombiano en toda su integridad adolece de deficiencias estructurales que no son culpa de los gobernantes ni de su cuerpo policial, como lo es la congestión judicial, las deficiencias en la recolección de pruebas, la corrupción de algunos funcionarios y el uso excesivo de medidas sustitutivas sin la vigilancia debida. Esas deficiencias son responsabilidad del gobierno nacional y es solo a ellos a quienes les corresponde subsanarlas, pero lo que sí deben hacer los gobernantes locales es consolidar su presencia en los barrios promoviendo programas sociales para generar oportunidades económicas, culturales, deportivas y educativas, especialmente en los sectores más vulnerables.
El Plan Candado del alcalde Beltrán no puede seguir siendo la única estrategia de su mandato porque si ella falla, fracasará todo su gobierno. Su relación comunicacional con los ciudadanos ha mejorado mucho, pero es indiscutible que los programas sociales tienen un atraso más que preocupante y las denuncias por una posible corrupción en diferentes estamentos de la ciudad ya comenzaron a llamar la atención, como por ejemplo tener de asesora en la gerencia de Isabu a la persona que convirtió al Banco Inmobiliario de Floridablanca en la entidad más desprestigiada de Santander. Ya no hay tiempo para improvisar, ya es hora de demostrar.