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El Cerrejón del Chucurí

Mientras los bumangueses marchan por las avenidas de la capital reclamando el respeto por el Páramo de Santurbán, los habitantes de San Vicente de Chucurí hoy están condenados a la inminente explotación de Carbón en 1.949 hectáreas de tierra al interior de su territorio, sin la menor esperanza de que un “alto comisionado” abogue por sus derechos. Si bien es cierto que la comunidad venía reclamando desde el año 2011 la posibilidad de que dicha explotación no se diera, nada pudieron hacer ante ese poder del Estado que cree representar indefectiblemente los intereses de la sociedad. 

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Y si no, pregúntenselo a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tuvo el cinismo de proclamar en el encuentro de Neomundo que había escuchado en muchísimas mesas que los santandereanos queremos minería. Yo no se si el problema de la señora Ramírez sea de oído o de inteligencia, pero lo que si nos dejó claro a los santandereanos es que no tiene ni idea en dónde está parada.

La CAS al servicio de la destrucción

mauricio aguilar

Durante la intensa discusión entre los Aguilar y los Tavera por el control de la Corporación Ambiental de Santander, gran parte de los periodistas y opinadores escribieron sobre lo importante que resultaba para dichos clanes los procesos de contratación de esa entidad, pero ninguno de ellos tuvo en cuenta lo importante que resultaría tener el control de la dirección al momento de conceder ciertas licencias ambientales que permanecen engavetadas por razones que la gente del común desconoce.

Una de esas licencias es la concerniente a la “explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles” en el municipio de San Vicente de Chucurí, dentro del contrato de concesión No FLL-082 celebrado en su momento entre el INGEOMINAS y David Enrique Moreno Comas, socio del abogado santandereano Fernando Gómez Franco (ex gerente de la empresa de energía de Bogotá), quienes le cedieron el cien por ciento (100%) de las acciones a la sociedad minera Keystone Minería Ltda, la cual terminó transfiriendo todos sus derechos y obligaciones a la sociedad Colcco S.A., la cual a través de Jorge Manuel Castellanos en su calidad de representante legal, logró que la Procuraduría Delegada Para Asuntos Ambientales en cabeza del procurador Diego Fernando Trujillo, interviniera ante la CAS para obtener en el menor tiempo posible la licencia ambiental que les permita el inicio de las obras de explotación en el municipio. 

Una solicitud que encuentra sus fundamentos en los incumplimientos que la corporación ambiental ha cometido procesalmente en la expedición de esta licencia, lo cual resulta imperdonable, porque ese tiempo que se han tomado para retrasar la expedición del acto administrativo, debieron habérselo tomado para construir una defensa técnica que impidiera el daño ambiental que se va a cometer en la región. Los habitantes de San Vicente se relajaron en su lucha pensando que podían enfrentar la situación con la viabilidad que el Tribunal Administrativo de Santander le otorgó a la consulta popular, pero se les olvidó que la sentencia 095 del 2018 de la Corte Constitucional desbarajustó el principio de autonomía territorial cuando escrituró que dicha consulta, no es el mecanismo de participación ciudadana para definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación del subsuelo o de recursos naturales.

La empresa Colcco S.A. está dispuesta a llevarse por delante a quien sea, y al primero que va a embestir se llama Alexcevith Acosta, el reciente director de la CAS que tendrá en sus manos la difícil decisión de permitirles iniciar la destrucción ambiental de San Vicente de Chucurí, con la venia de Eduardo José Amaya Lacouture, el vicepresidente de titulación de la Agencia Nacional de Minería que detestan en el Quindío por pretender destruir el paisaje cultural cafetero al permitir exploraciones de oro y plata. ¿Esperaban algo distinto del Gobierno de Duque en Santander?

16 Altos Comisionados en la Asamblea de Santander

diputados

Lo único que se necesita para defender el medio ambiente de una región es la voluntad política de sus gobernantes, porque al tenerla se ponen todos los recursos con los que se cuenta a disposición de esa lucha. Por eso mismo Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo, alcalde de San Vicente de Chucurí, está en mora de presentarse ante la CAS con sus abogados para solicitar copia del expediente 048 de 2012 y conocer de primera mano la solicitud efectuada por la Procuraduría General de la Nación en favor de la celeridad del trámite, y poder así comenzar a gestionar una nueva audiencia pública que les permita detener el desastre, o en el peor de los casos preparar a su pueblo para afrontarlo. 

En esta tarea resulta importante la intervención de los 16 “Altos Comisionados para la defensa del medio ambiente” escogidos por los santandereanos a través del voto popular, porque es la duma departamental donde el pueblo espera que se defiendan sus intereses. En esta tarea es fundamental la vocería del diputado Chucureño Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez y los representantes del Magdalena Medio, ya que la Serranía de los Yariguíes será en últimas la gran afectada con esta explotación minera. La comunidad de San Vicente los necesita, y es ahora cuando deben actuar de forma mancomunada con la misma gallardía con la que el día miércoles 19 de febrero de 2020 se defendieron de los ataques mediáticos a su dignidad. El departamento no necesita la creación de cargos burocráticos para defender de forma indistinta cada uno de sus recursos, lo único que necesita es que ustedes cumplan con sus obligaciones constitucionales y nos demuestren que verdaderamente les interesamos como sociedad.

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Minesa: la especulación financiera de una mina inviable.

Quienes recorren el Páramo de Santurbán, desconocen que gran parte de esa tierra le ha dado de comer a muchas familias en las ciudades de Toronto y Montreal en Canadá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Curitiva en Brasil, Dubái, Abu Dabi y Catar en los Emiratos Arabes, y a una que otra en Londres, New York, Lima y Bogotá.

Lo triste de todo esto es que no lo ha hecho en la misma medida para las familias de California, Charta, Suratá, Tona y Vetas, porque la fuerza de los campesinos aún no ha podido equipararse con la arrogancia de un presidente que comió a manteles con los árabes y con la estupidez de otro que le dio por nombrar en temas ambientales a un economista.

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Familias empobrecidas

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La discusión que se ha suscitado alrededor de las 80.000 mil hectáreas pertenecientes a la estrella fluvial de Santurbán, orbita alrededor de la defensa del agua con la cual se surten más de dos millones de personas, pero dentro de la indignación que produce el perder algo tan valioso como lo es ese recurso, a muchos se les ha olvidado la suerte de las familias que habitan ese territorio.

Nadie sabe en que momento los límites de la ciudad de Bucaramanga se extendieron hasta la Laguna La Pintada o la Cuchilla El Curro, y mucho menos cuál fue el acto administrativo por medio del cual los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga comenzaron a “negociar” el destino social de los habitantes de Vetas. 

Nadie pone en duda la importancia que tiene este tema para la capital del departamento, pero lo mínimo que debe respetarse es la idiosincrasia y la autonomía territorial de los demás municipios afectados en el debate ambiental. El gran conglomerado urbano exige la inviolabilidad del Parque Regional de Santurbán y una extensa delimitación del páramo en beneficio de las futuras generaciones del área metropolitana, pero nadie le responde a las familias de “allá arriba” acerca de cuánto están dispuestos a pagar en servicios ambientales para hacer más equitativa sus reclamaciones. 

¿Cuánto dinero estarán dispuestos a pagar los bumangueses en su recibo de agua para adquirir de sus propietarios esos ecosistemas de páramo? ¿Qué soluciones se les está brindando a las familias de ese territorio para que entreguen sus tierras al servicio de los municipios que de ellas se benefician y se las quiten a los intereses mineros internacionales? Hasta el día de hoy no he visto en ninguna marcha una pancarta que reclame por esta situación, y ya va siendo hora de que nos sentemos a pensarlo.

El papel del “Alto Comisionado”

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El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Para defender los intereses de un pueblo no hace falta un título real y mucho menos resulta necesario tanto renombre en la tierra que vio nacer a Los Comuneros, que no eran otra cosa más que campesinos cultivadores de tabaco quienes con la sola fuerza de su espíritu terminaron obteniendo la independencia para este país.

Por lo tanto, defender los intereses de los bumangueses y los demás santandereanos no requiere una administración pública desgastándose políticamente por defender un cargo, aquí lo que se necesita es a un hombre o a una mujer que defienda con integridad por encima de sus aspiraciones económicas o intereses personales, los derechos de una comunidad que está viendo como atacan su futuro desde las mismas entrañas del gobierno nacional. 

El papel que debe ejecutar quien aspire a llamarse “defensor del páramo”, debe comenzar por explicarle a la ciudadanía por qué hasta el día de hoy no se ha dicho nada del Programa de Trabajos y Obras (PTO) sobre las 380 hectáreas del título minero 0095-68 como parte esencial del Proyecto de Interés Nacional de la Agencia Nacional de Minería. De la misma forma es esencial que la ciudadanía conozca que Minesa tiene la obligación de presentar un plan de gestión social para la Zona Soto Norte, pero nada de ello se ha dicho en ninguna de las reuniones sobre el páramo. 

Quien esté a cargo de representar los intereses del ecosistema, debe conocer con profundidad jurídica no solo el contrato de concesión, sino también, los otrosí en los que se deja por fuera de la ecuación economica en materia de tributación el hallazgo de metales como el cobre, el plomo, el estaño y el manganeso, porque en esos documentos solo se estipula el hallazgo del oro y la plata, lo cual beneficia enormemente a la minera dado que dentro de las exigencias de Ingeominas se encuentra la obligación de presentar la proyección de precios de los diferentes tipos de sustancia mineral y metales beneficiados, y al no estar estos consagrados dentro de la relación contractual, es el país quien tiene que sentarse a observar como le roban literalmente sus recursos. Quienes nos representan ¿han hablado de eso? Aquí lo que necesitamos son acciones técnicas y jurídicas serias en vez de videitos para instagram.

El oro que núnca se sacará

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El fundamento de esta aseveración encuentra su razón de ser en que ninguna de ellas es una empresa de explotación, ya que no son otra cosa más que fondos de inversión cuyo objetivo principal es aumentar su fortuna. Si estas compañías mantienen la imagen de ser propietarias de una mina que a futuro producirá miles de millones de dolares, mantendrán en el tiempo una sólida garantía financiera para hacer negocios en cualquier parte del mundo, lo cual podría malograrse si al momento de entrar en la tierra la expectativa de obtener las ganancias anunciadas se disminuyen. 

La explotación de oro en Santurbán requiere de un complejo proceso de ingeniería con unas especificaciones técnicas únicas en el mundo, que conducen indefectiblemente a pensar en la imposibilidad de llevarlo a cabo de forma efectiva. Asumir esta visión es calificar a Santurbán como uno de los posibles juegos financieros especulativos más macabros de Suramérica, donde la compañía canadiense GreyStar Resources (hoy Eco Oro), la compañía brasilera OgXm y ahora la Sociedad Minera de Santander de propiedad de la compañía arabe Mubadala Investment, han sido las más grandes beneficiadas.

Es el típico juego arábigo de hacerle creer a la gente que detrás de la puerta está el tesoro, y aquí la puerta se llama Páramo de Santurbán y el tesoro no es otra cosa más que los resultados de la normativa canadiense NI 43101, la cual le indica a los mercados internaciones la cantidad de oro que tenemos en esta tierra. Comenzar a explotar es un verdadero riesgo no solo para el medio ambiente de la región, sino también para los intereses económicos de Minesa.

Por eso siempre será mejor esperar la oferta de otro inversionista que les de el dinero que consideren conveniente por la vaca que día a día siguen engordando. Y si no lo creen así, analicen con tiempo la operación financiera por medio de la cual la empresa Canadiense Continental Gold le vendió el proyecto Buriticá (Antioquia) al refinador chino Zijin Mining Group Company Limited, un proyecto que tampoco ha comenzado a explotarse.

El ingles Edward Bulwer-Lytton escribió que “la pluma es más poderosa que la espada”, y es por eso que llama poderosamente la atención que desde hace algún tiempo varios funcionarios del Ministerio de Minas y Energía de la ciudad de Bogotá se encuentren adelantando especializaciones en la Universidad Industrial de Santander, lo cual les permite tener un valioso tiempo adicional en la región donde deben concentrar su trabajo institucional a través de la pluma con sus conceptos y escritos oficiales. ¡Que gran entrega por el servicio público! De ahí que no se sepa que es más peligroso: si la presencia de estos funcionarios en la ciudad, o las disidencias de las farc que en su papel de galafardos vienen extrayendo oro en las noches dentro las minas ya existentes sin que Minesa se haya pronunciado al respecto a pesar de existir denuncias sobre esto en la ciudad de Bogotá.

Actores armados en la zona

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El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Haga clic para Tweet

Por todo lo anterior, los alcaldes de los municipios afectados y los funcionarios del área metropolitana involucrados en las actividades sociales y administrativas del Páramo de Santurbán deben comprender que la defensa del mismo no puede basarse en una campaña de redes sociales, sino en el trabajo serio y profesional de un equipo de personas que conozcan del tema para poder interrumpir jurídicamente los avances que viene logrando Minesa ante la Agencia Nacional de Mineria, el Ministerio de Minas y el Anla. Si no se buscan las personas más capacitadas para ello, la minera seguirá riéndose en la cara de todos los santandereanos.

Leo Caricaturista
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Periodistas al servicio de Minesa.

Minesa, ese lobo feroz de la región que todos los santandereanos quieren cazar, ha tenido la inteligencia de encontrar pastores que lo sepan ocultar. Para nadie es un secreto que la opinión pública es el principal enemigo de esta compañía minera, ya que durante todos estos años ha sido la única “autoridad” capaz de detener el apetito voraz de ese animal insaciable. Por eso su principal enemigo no es el gobierno sino la gente.

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Es esta misma gente la que cada día escucha periodistas hablando en la radio, ven la presentación de noticias, leen columnas de opinión y confian en periodicos que orientan diariamente los temas de la ciudad con sus llamativos titulares, desconociendo que algunos de ellos trabajan desde hace mucho tiempo para los intereses de los árabes (Mubadala Investment Company)

¿Cómo funciona?

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La sociedad minera cuenta con los servicios de una empresa denominada IG CONSULTORES S.A.S. domiciliada en la Oficina 603 de la Carrera 5 No 71 – 45 de la ciudad de Bogotá, la cual se encuentra representada por Claudia Inés Martínez Cepeda y Blanca Inés Cepeda de Martínez, quienes tienen a su cargo a varios profesionales en comunicaciones que se encargan de “fichar” los periodistas que tengan influencia en la opinión pública y los medios de comunicación que les puedan ayudar a mejorar la imagen de la compañía que representan. Dentro de sus clientes se encuentran Camacol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y Bancoldex, siendo esta última una de las entidades que componen la Holding financiera denominada Grupo Bicentenario, formalizada por el ministro Alberto Carrasquilla a través del decreto ley 211 de 2019, una de las medidas que fueron incluidas en el llamado “paquetazo” que motivó las protestas sociales que viene viviendo el país desde el mes de noviembre de 2019. 

Así que si se trata de escándalos, IG CONSULTORES es experta en mitigar los “efectos no deseados en el relacionamiento con las comunidades”. Es por eso, que al contratar los servicios de quienes tienen influencia con sus opiniones en la región, comienzan un proceso de transformación de las percepciones y realidades en los ciudadanos, en aras de aumentar la reputación de las empresas que los contratan a traves de un modelo personalizado dependiendo de la gravedad del asunto y la idiosincracia de las regiones. 

De ahí surgen los eventos talleres que en el caso particular tratan sobre la minería, las cápsulas mediaticas sobre Minesa llenas de imágenes de niños, ancianos y mujeres, la pavimentación de vías, las fiestas navideñas y las actividades sociales en los sectores más desfavorecidos que les permitan ganarse la confianza de la comunidad, pues como ellos mismos lo indican en su portafolio de servicios,

saber contar una historia significa ir más allá de la simple narración de los hechos, saber contar una historia significa mover las fibras de la audiencia”.

¿ENTIENDEN LA MANIPULACIÓN?

¿Quiénes son los pregoneros?

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IG CONSULTORES denomina a los pregoneros como la conexión entre el emisor y su audiencia, ellos son quienes transmiten los mensajes clave, escuchan y analizan el entorno. Por eso no es raro encontrar que la compañía Minesa tuvo dentro de sus empleados a Juan Camilo Montoya, hoy en día rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su papel en Minesa era ser director de sostenibilidad, el cual tenía a su cargo la estrategia de penetración social en el departamento. 

Su vinculación con la Andi, la Cámara de Comercio y los grandes empresarios de la ciudad, lo convertía en una presa interesante para el lobo. Y así fue como a partir de ahí comenzaron a vincular a la compañía a personas como Carolina Rueda Barrios, Eliza Avendaño Mendoza y Heidy Pierina Ovalle Pisciotti como gerente de relaciones corporativas de la empresa, que son el últimas las caras visibles de la compañía. Lo interesante aquí no son ellas, pues al fin y al cabo han venido cumpliendo un trabajo profesional de acuerdo con sus competencias. Lo verdaderamente interesante son aquellos que trabajan para la compañía pero no le dan la cara la sociedad.

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De esas personas deberían hablarnos IG CONSULTORES y MINESA, para que los santandereanos sepamos de una buena vez cuales son los periodistas que reciben honorarios de la compañía minera, en aras de poderlos ver, escuchar y leer con las debidas prevenciones en medio de lo importante que significa el pertenecer a una sociedad bien informada. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Desde cuando fueron reclutados? ¿Qué intereses defienden? ¿Qué silencios ejecutan? Ya es hora de revelarlos a la opinión pública, por el bien de los intereses de toda una región.

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Invias

La insensatez del Invías

Einstein decía que habían dos cosas que eran infinitas: el universo y la estupidez humana, que no es otra cosa más que la falta de entendimiento para comprender las cosas. Lo que está pasando en el anillo vial que conduce del municipio de Floridablanca al municipio de Girón es una buena representación de este postulado. Si bien es cierto que el Instituto Nacional de Vías en Santander está sujeto al cumplimiento de una orden judicial dictada como medida cautelar dentro de la acción popular interpuesta en su contra por la Defensoría del Pueblo Regional Santander (Ver anexo), dicha orden no estableció en ninguno de sus apartes la instalación de bandas reductoras de velocidad como ÚNICA opción para la seguridad de los peatones, y mucho menos conminó a sus funcionarios al incumplimiento del Decreto 2157 del 2017 en las actuaciones que debían acometer. 

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Esta normatividad obligaba al INVÍAS a elaborar un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres como mecanismo de planeación en la ejecución de las obras hechas sobre la infraestructura existente en el anillo víal, que pudieran generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Hoy en día todas las autoridades del país desconocen este decreto, y ni que decir de las autoridades judiciales, quienes en medio de sus decisiones no ven más allá de lo evidente.

LA RESPONSABILIDAD DE MARVAL

Reductores anillo

El problema comenzó con un urbanismo mal planificado, pues no hay que desconocer que las 300 oficinas construidas por la sociedad Marval en el Eco Parque Empresarial Natura, lugar donde se ubicaron las bandas reductoras, son en parte las generadoras del problema, así como lo fue para Bucaramanga la falta de bahías vehiculares en el exterior del Centro Comercial El Cacique. Si a la constructora le faltó responsabilidad, al alcalde municipal le faltaron pantalones para exigir la construcción de un puente peatonal que evitara la complicación que hoy en día se vive. 

El tiempo de traslado entre un municipio y otro pasó de 15 minutos a 50 minutos en el peor de los casos, y quienes intentan esquivar la congestión vehicular yéndose por las vías de Cañaveral, terminaron por atrofiar la reducida movilidad de sus habitantes quienes ya no saben qué más hacer para salir de sus viviendas y de sus trabajos. Una problemática que el mismo INVÍAS ayudó a empeorar en el Centro Comercial Caracolí cuando ordenó el cierre de la salida que allí existía para que el Hotel Sonesta se “apropiara” de una calle en uno de los sectores de más congestión del área metropolitana.

¿QUÉ PASÓ EN EL CLUB CAMPESTRE?

club campestre

No es la primera vez que el INVÍAS genera situaciones incómodas para la ciudadanía sin siquiera haber socializado sus actuaciones, pues no hay que olvidar las medidas de seguridad que tienen en caos la salida de Piedecuesta hacía Bogotá en el sector Los Colorados, donde la fila generada por un semáforo puede llegar a alcanzar los cuatro kilómetros los fines de semana. Los funcionarios del Instituto no tardarán en manifestar que estas cosas son circunstancias normales dentro de la organización vial de la ciudad, pero tendrán que esforzarse un poquito más junto con la CDMB, cuando traten de explicar las razones del por qué se construyó de forma autorizada las bases del puente del tercer carril a la altura de la empresa TCC, dentro del cauce de la quebrada Río Frío, bases que sirvieron para el represamiento de una gran cantidad de material de arrastre la madrugada del martes 28 de enero, que a la postre terminó explayándose en el campo de golf del Clúb Campestre gracias al aumento de la corriente sobre el margen occidental de la autopista a Bucaramanga (ver foto). 

Ni el constructor, interventor o la misma autoridad ambiental repararon en el daño, y el municipio, donde hoy su exalcalde de forma oportunista aprovecha la tragedia para sustentar la ilegitimidad de un POT que solo llama a engaños, alertaron sobre la inconveniencia de esas bases edificativas, como tampoco lo hicieron con las bases que se construyeron dentro del cauce de la quebrada Zapamanga en el sector de Cañaveral. La administración pública de Floridablanca debería informar sobre las acciones que se tomaron en el año 2019 en materia de limpieza de dichas quebradas, para que los ciudadanos conozcamos si el dinero para el cuidado ambiental solo se utilizó para aumentarle las cuentas bancarias a Miller Castaño y Petrolabin. ¿Qué pasó con las alertas tempranas? ¿Qué pasó con el deber de proteger los bienes de los contibuyentes? ¿Qué obras se hicieron en los últimos cuatro años que sirvan para ponerle la cara a los habitantes de Piedra del Sol y Santa Coloma? Se sigue a la espera de estas respuestas.

puente

El problema comenzó con un urbanismo mal planificado, pues no hay que desconocer que las 300 oficinas construidas por la sociedad Marval en el Eco Parque Empresarial Natura, son en parte las generadoras del… Haga clic para Tweet

LA DEUDA CON CAÑAVERAL

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Por ahora los habitantes de Floridablanca seguirán viendo la improvisación al interior de su alcaldía municipal, donde el mandatario ni siquiera ha podido presentar de forma pública su gabinete, y mucho menos la hoja de ruta de sus acciones administrativas, las cuales al parecer comenzaron pateando pelotas en Chile. Mientras encuentra el camino, el sector de Cañaveral seguirá esperando el día en el que “su alcalde” se ponga al frente de la problemática de movilidad que existe en el sector donde se pagan unos de los impuestos más altos del municipio, y donde se ha recibido menos inversión social. 

Los residentes de esta zona no aguantan más improvisaciones como las generadas por el INVÍAS, las cuales terminan indefectiblemente afectando a toda el área metropolitana. Por eso es que el alcalde en un buen gesto de responsabilidad, debería comenzar por la compra de una parte del terreno del Centro Comercial Caracolí, para generar sobre este la bahía de parqueo para los taxis y particulares que evite la congestión en un tercer carril que se construyó para contribuir con la solución, y no para ser parte del inmenso problema que ya existía. Comencemos por algo.

Contraloria

Un tigre suelto en la Contraloría de Santander.

Un gatito de apellido Ariza

Diego Ariza

Diego Frank Ariza Pérez es el perfecto funcionario público que todo político sueña tener a su lado, porque tiene la inmensa capacidad de guardar silencio frente a todo lo que perjudique la imagen de su patrón. Prueba de ello fue la inutilidad que demostró la Contraloría Departamental de Santander durante el periodo de gobierno de Didier Alberto Tavera Amado, quien al día de hoy se encuentra ante la Fiscalía General de la Nación, dando explicaciones sobre unos posibles actos de corrupción que el minúsculo contralor no encontró dignos de ser denunciados.

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Al señor Ariza no le importó que los niños de las veredas más apartadas de nuestro departamento no encontraran una ración de comida después de recorrer dos horas de camino entre su casa y la escuela, o que los jugos en algunos colegios se prepararan con las frutas desechadas por los vendedores de las plazas de mercado. Pues bien, fue esa misma desidia lo que llevó a que varios actores sociales del departamento denunciaran la situación ante las autoridades, porque si fuera por él, al día de hoy la contratación del PAE sería modelo de contratación pública en Colombia.

Y lo que muy pocas personas se han percatado, es que el contrato que tiene al exgobernador en problemas es el de una sola vigencia, y aún quedan por revisar tres más. Con más pena que gloria sera recordado su paso por el ente de control, donde aún se pueden encontrar sobre los expedientes, las huellas dejadas por el gatito que sonaba su cascabel cada vez que el poder político le rascaba la cabeza.

La elección para su reemplazo

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Desde el primer día en que se conoció la lista de las personas que ocuparon los primeros lugares para ocupar el cargo de Contralor Departamental, me opuse rotundamente a la aspiración de Pablo Díaz Barrera por considerar un despropósito que pudiera llegar a ser escogido por los diputados, dado que su hermano Carlos había sido director del Indersantander y posteriormente había ejercido como Secretario de Infraestructura, lo cual lo conduciría a tener que declararse impedido en un casi 50% de la contratación departamental.

Así que su renuncia fue bien recibida de mi parte. Sin embargo, su salida revivió las aspiraciones de Carlos Fernando Pérez, un economísta cercano a los afectos del padre del Gobernador Mauricio Aguilar, quien ahora está a la espera de que los diputados cercanos al nuevo gobierno, terminen dándole los votos necesarios para ocupar el cargo del gato que se fue. Muchos creen que esto es un favorecimiento para el gobernador, pero si se analizan bien las cosas, el cargo al que aspira el señor Pérez, el doctor Edgar Higinio Villabona y el contralor Hernándo Medina, no es como lo pintan.

Un Tigre detrás de Didier Tavera

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Si se analizan bien las cosas, quien llegue al cargo de Contralor, solo podrá auditar de forma inmediata los procesos de contratación del año 2019, y de forma discrecional los procesos de contratación de cinco años atrás, dado que la gobernación solo podrá comenzar a contratar fuertemente después de la aprobación del plan de desarrollo del 2020, donde la gran mayoría de las obras tendrán plazos superiores a un año, y su auditoría se llevará a cabo quizás en el año 2022, fecha para la cual ya estará en el cargo un Contralor diferente al de esta elección dado que esta misma es de transición y solo durará dos años. 

Por eso es un grandísimo error creer que el próximo Contralor de Santander será el gatito de Mauricio Aguilar. Aquí el que debe comenzar a ponerle veladoras a la virgen es Didier Tavera, porque cualquiera de los tres que llegue al cargo comenzará por la auditoría de la contratación departamental del último año, y todos los demás años anteriores. Así que el verdadero trabajo del nuevo Contralor, será convertirse en el tigre que revuelque verdaderamente los expedientes que su antecesor archivó por conveniencia, y nos cuente la verdad sobre todas esas obras que aún no se han auscultado, y las que se entregarán en el año en curso, como lo es el intercambiador de Fátima, el intercambiador de Papi Quiero Piña, el clarísimo robo del Parque de la Familia y el Parque del Parapente, obras que se fundamentaron en actos administrativos firmados en su momento por el diputado Mauricio Mejía Abello en calidad de Secretario de Infraestructura.

Muchos creen que esto es un favorecimiento para el gobernador, pero si se analizan bien las cosas, el cargo al que aspira el señor Carlos Fernando Pérez, no es como lo pintan. Haga clic para Tweet

LO QUE ESTÁ EN EL FOSO

Didier foso

Llegue quien llegue, bien sea el independiente doctor Medina, el señor Villabona, o Carlos Fernando Pérez, ninguno de ellos será motivo de incomodidad para el gobernador Aguilar en razón a las vigencias que tendrá que revisar (2019 y 2020). Pero lo que si esperamos todos los ciudadanos, es ver al nuevo Contralor de Santander dándonos resultados frente a la contratación de Didier Tavera para conocer de una buena vez por todas que fue lo que pasó en Idesan, qué es lo que se esconde detrás del contrato de las cámaras con Emtel S.A., de qué forma se ejecutaron las obras en el municipio de Cimitarra, y quienes fueron los actores políticos que se beneficiaron con la construcción de la transversal de Malpaso, entre otras más. Tendrán que salir muchas cosas a la luz, y solo espero que se tenga el compromiso para hacerlo.

Carlos Alberto Román Ochoa, el sucesor de un sueño llamado Girón

El pago de una deuda social

Durante muchos años los habitantes del Barrio La Victoria en la ciudad de Bucaramanga, vieron caminar por sus calles a miles de niños gironeses llevados de la mano por sus padres para ver los alumbrados de navidad, ya que en Girón lo único que se podía ver en diciembre era el alumbrado público.

Por eso me llena de alegría el poder escribir estas letras mientras observo a los niños de ese barrio bumangues, recorrer ahora el alumbrado navideño del pueblito colonial, con lo cual su alcalde John Abiud Ramírez Barrientos, puede irse tranquilo sabiendo que la historia le reconocerá el haberle pagado a la sociedad una deuda de inclusión social que se tenía desde hace más de treinta años. Hoy Girón es un municipio que sirve como ejemplo de gestión y compromiso público en el Departamento, porque pasó de estar en las estadísticas de la administración pública, a vivir su propia existencia como ciudad poniéndose el ropaje del progreso y la dignificación.

Hoy en día los gironeses son conscientes de la importancia de su territorio, de su futuro como sociedad, y sobre todo, del gran esfuerzo que hizo su actual administración para demostrar que cuando se sueña se puede. Y ese es precisamente el reto que le espera a Carlos Alberto Román Ochoa: continuar con un sueño llamado Girón

El camino a seguir

El camino no será fácil, y por ello tendrá que enfocarse desde el primer día de su gobierno en fortalecer los niveles de recaudo y control del gasto para evitar el riesgo en el incumplimiento de futuras obligaciones contractuales, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de disminuir el indicador de sostenibilidad, que es en últimas lo que le dará a su mandato la capacidad de inversión y la autonomía de endeudamiento, para poder continuar con el nivel de progreso en materia de infraestructura que le deja su predecesor.

El crecimiento de Girón no puede parar, y por eso será necesaria la expedición de un nuevo POT que contenga una reglamentación seria para los constructores de la región, y acabar así con la fiesta de circulares al interior de la Secretaría de Planeación, la cual fue muy bien aprovechada por los urbanizadores piratas amigos del ex secretario de planeación Oscar Alberto León Chacón, a quien espero que el concejo municipal le sepa investigar todas las licencias ilegales que expidió a escondidas para favorecer sus propios intereses personales. 

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Tareas inaplazables

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De la misma forma, tendrá que encaminar sus esfuerzos a liderar un proceso constructivo de forma organizada en el embalse de Topocoro para que dicha zona no termine convirtiéndose en una tragedia ambiental de grandes proporciones. La pavimentación de las calles del sector industrial debe ser una prioridad si se quiere avanzar en materia de competitividad, y para ello podrá utilizar el mecanismo administrativo de obras por impuestos, no sin antes revisar la propiedad de esos terrenos para aplicar sin temor las respectivas declaratorias de utilidad pública. El área metropolitana espera la consolidación efectiva del parque de Palogordo ubicado entre el anillo vial externo y la transversal de Ruitoque Alto como el lugar más importante de recreación pasiva en el municipio. Es mucho lo que hay por hacer, pero estoy seguro que con disciplina y dedicación va a ser capaz de lograrlo. Buena suerte señor Alcalde.

Próxima columna: Mario José Carvajal, la esperanza de Piedecuesta. 

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Didier Tavera

Querido Didier, te metiste en un problema

Hace seis meses manifesté que una de las causas por las cuales el Departamento de Santander ocupaba el primer lugar en materia de corrupción, era la falta de compromiso del gobierno de Didier Tavera para evitar que los dineros públicos se quedaran en manos de los peores contratistas de Colombia.

Desde ese día hasta hoy, nada ha cambiado, y una muestra de ello son los más de 14 mil millones de pesos que pasaron por las arcas de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para ir a parar a las cuentas de la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Didier Tavera

La licitación pública que nunca fue

Durante los meses de febrero y marzo del año 2017, la Gobernación de Santander decidió celebrar un convenio de cooperación por un valor de 14.100 millones de pesos (No 883 del 5 de abril de 2017) para llevar a cabo su proyecto de innovación ciudadana, extendiéndole una invitación a cuatro empresas para que presentaran sus propuestas con fundamento en un presupuesto previamente establecido por el ente territorial.

Tres de las cuatro empresas invitadas (INFOTIC S.A.S., ERT E.S.P., ETB E.S.P. y EMTEL E.S.P.), fueron descartadas del proceso por sobrepasar el valor establecido en la invitación, y solo una de ellas, EMTEL E.S.P., cumplió con el presupuesto fijado gracias a que generosamente decidió no cobrar un solo peso por el manejo administrativo del proyecto. Lo que genera extrañeza no es el convenio en sí mismo, sino la contratación que EMTEL E.S.P. hace con la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A. a tan solo un mes de haberse firmado el convenio (Contrato 163 de 2017 del 2 de mayo de 2017), por un valor de 10.941 millones de pesos.

EMTEL-SEDE

Y es aquí donde surge la primera pregunta: ¿Dónde están los más de 3.159 millones de pesos de diferencia entre el convenio y el contrato?

Si al final de este asunto la empresa EMTEL E.S.P. tuvo que contratar un tercero porque no podía cumplir con las obligaciones estipuladas en el convenio, entonces la cooperación entre entidades fue una mentira, y aquí lo único que se hizo fue firmar un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Gobernación de Santander, para evadir probablemente una licitación pública y permitir que los dineros del proyecto fueran a parar en manos de un particular como lo es Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Y eso en cualquier parte de este país, no es otra cosa más que un posible delito de celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales, y un indebido interés en la celebración de contratos. 

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Dineros públicos en riesgo de perderse

Didier tavera-2

Si los anteriores delitos mencionados, llegaron a cometerse por parte del gobierno departamental, serán las autoridades competen tes las que así lo determinen, pero los dineros públicos destinados para este proyecto, son del interés propio de la ciudadanía en general, y por eso es que en conjunto con este escrito, he presentado una denuncia formal en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la Nación, porque si hay algo que haya aprendido en este último año, es que el Estado es a quien menos le importan los actos de corrupción que terminamos pagando los ciudadanos.

Después de haberse firmado el convenio con EMTEL E.S.P, la compañía de telecomunicaciones UNE EPM S.A., terminó de forma unilateral el contrato para la comercialización del servicio de televisión que tenía vigente con esa empresa, por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales, algo que ya se había repetido con la empresa Transmilenio en la capital de la República, en donde la instalación de unas cámaras de reconocimiento facial, condujeron a que la personería de Bogotá destituyera e inhabilitara por doce años a Ricardo Ramírez Moreno, exsubgerente técnico del fondo de vigilancia y seguridad del distrito capital.

La decisión señala que la sanción se dio “por suscribir un convenio (880 de 2014) para la instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para Transmilenio en diciembre de 2014, por más de $7.753 millones, que no se pudo activar”. ¡Y a que no adivinan cual fue la empresa que subcontrató EMTEL E.S.P para la ejecución del contrato en Bogota! Pues si, la misma: Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Los tahúres de la Gobernación

Didier-fandiño

El as bajo la manga del gobierno departamental en todo este juego pareciera llamarse Inversiones Tecnológicas de América S.A. Esta empresa, de la cual pocas personas se acuerdan, se ganó la licitación por más de 8.000 millones de pesos “para el fortalecimiento de la conectividad digital en las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander”, en compañía de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniería S.A.S., con quien conformó la Unión Temporal denominada Conexión Santander.

Haber participado en otra licitación en el departamento no hubiese sido de buen recibo, ya que sus integrantes fueron objeto de delicados señalamientos durante ese proceso contractual, y por eso debió resultarles mucho más grato el haber sido contratados por EMTEL E.S.P. de forma privada. En primer lugar, porque a pesar de ser un proceso de bienes y servicios, no tuvieron que licitar para quedarse al final con más del 77% de los dineros del convenio, y en segundo lugar, porque quien los contrataría sería un socio de vieja data.

Una muy buen jugada para una mano de naipes que solo podrá concluir cuando más de un funcionario termine preso, si es que la fiscalía se apresura a recopilar las pruebas en este entramado contractual.

La inexistente Contraloría de Santander

contraloría

Diego Frank Ariza es quizás uno de los funcionarios más pusilánimes que ha tenido la Contraloría de Santander en toda su historia, y solo el tiempo será el que se encargue de demostrar que su paso por la institución no fue más que un saludo a la bandera.

Tan es así, que nadie en la Contraloría Departamental se ha pronunciado sobre las inconsistencias encontradas por la Auditoría efectuada por parte del ingeniero Julián Correa y Diana Milena Ospino, funcionarios adscritos a la Contraloría General de la República, quienes manifiestan que los 300 canales de banda ancha que debían contratarse por un valor superior a los 2.664 millones de pesos, se excluyeron del proyecto a cambio de instalar 84 kilómetros de fibra óptica que hasta el día de hoy nadie ha visto, y sobre los cuales el contratista tampoco ha sido capaz de mostrar los soportes de compra de dicho material, poniendo en riesgo la sostenibilidad a futuro del proyecto.

Pero lo más grave, es que la auditoría encontró que el plazo del convenio especial de cooperación No 883 de 2017, se encuentra vencido desde el día 16 de junio de 2019, sin que se encuentre un documento formal que dé cuenta de alguna prorroga para la entrega en operación de la plataforma tecnológica, motivo por el cual se logró determinar que la gestión en la ejecución del proyecto es ineficiente e ineficaz, consolidándose así una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por un valor superior a los 14.938 millones de pesos.

Una observación sobre la cual el señor Ariza hará lo que mejor sabe: guardar silencio.

Con el agua hasta el cuello

Didier-río

El señor Didier Tavera dejará la Gobernación de Santander con unos serios problemas por resolver, y será Mauricio Aguilar quien con su equipo de trabajo y un nuevo contralor departamental, tendrá que actuar en debida forma para proteger los recursos de los santandereanos involucrados en casos como este. Por ahora, lo único que esperan los ciudadanos, es que los medios de comunicación recuerden que los aplausos se reservan siempre hasta el final de la función.

Próxima columna: El niño de las uñas largas.

Didier-Fandiño

La Central de Espionaje de Didier Tavera

Didier-Fandiño

Por las calles de Bucaramanga transitan todos los días más de tres mil quinientos abogados en el ejercicio de su profesión, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de reclamarle con vehemencia al gobernador Didier Tavera, el haber auspiciado que se vulnerara el derecho a la intimidad de todos los santandereanos.

El inicio de la historia

Para el año 2017, la Gobernación de Santander puso sus ojos en el documento CONPES 3582 del año 2009, y decidió interpretar a su conveniente acomodo el concepto de participación ciudadana alrededor de la ciencia y la tecnología, con lo cual suscribió tres convenios con las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de Pamplona y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. El objetivo del gobierno nacional era que los colombianos generaran propuestas de innovación en materia de tecnologías digitales, un cometido que se ha venido logrando con la existencia de aplicaciones como las de Rappi, Tappsi, Hogaru o 1doc3.

Iniciativas que están sustentadas en el capital privado y que terminan redundando en beneficio de la sociedad gracias al aporte de esas empresas. Pero como en el gobierno de Didier Tavera todo es al revés, decidieron tomar ese objetivo gubernamental para acomodarlo a sus propios intereses. Para los que aún siguen creyendo que la ejecución de esos convenios están encaminados a la instalación de 900 cámaras en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja por motivos de seguridad, me permito informarles que según el acta número 002 del día 19 de julio de 2017 de la secretaría del interior de la Gobernación, la misma policía le informó a su grupo de telemática que dichos dispositivos cumplen un fin investigativo distinto a los de seguridad física. Así que si usted es de esos ciudadanos que aún creen en las nobles intenciones de este gobierno en materia de vigilancia, lo invito a que analicemos juntos la letra pequeña de los convenios que le dieron vida a un unicornio llamado “laboratorio ciudadano”

Equipo Barranca

La letra que ningún periodista lee

Miles de veces hemos escuchado en nuestra vida sobre la importancia de leer la letra pequeña, y a pesar de las advertencias, aún seguimos sin hacerlo. Dado que el ritmo diario en materia periodística no permite detenerse con más profundidad en los hechos que son noticia, los ciudadanos no pueden conocer todo lo que en algún momento puede llegar a afectarlos, y eso es precisamente lo que sucede con el proyecto denominado “innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación del comportamiento social apoyado en tic en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja”. ¿No entendieron nada? ¡No se preocupen!, se los voy a resumir de la siguiente forma: “Nos van a espiar mediante un programa de computación para que algunos funcionarios puedan comercializar nuestros datos y patrones de conducta sin ninguna autorización legal”. ¿Ahora si me hice entender? Esta deducción se obtiene al leer los estudios previos del convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander y las Unidades Tecnológicas:

La disponibilidad de la información recopilada en una plataforma abierta permitirá a terceros desarrollar aplicaciones en el ámbito de la industria digital, con los efectos colaterales nada desdeñables de obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de la información a terceros”.

Esta es la letra pequeña que todos los periodistas deberían leer antes de salir a aplaudirle a este gobierno propuestas que atentan contra las libertades de todos los ciudadanos, y sobre todo, que vulneran flagrantemente la ley de protección de datos en Colombia (Ley 1581 de 2012) y el derecho a la intimidad que tienen las personas en el desarrollo diario de sus actividades.

¿Efectos colaterales nada desdeñables?

Al honorable equipo jurídico de la gobernación de Santander, se le olvida que los efectos colaterales se llaman “colaterales” porque en la gran mayoría de los casos algo resulta adverso a lo que se inicialmente se pretendía. Así como cuando los afectados por los secuestros de la guerrilla crearon un mecanismo de defensa privado que terminó “colateralmente” transformándose en un fenómeno paramilitar.

Así que observar en los estudios previos que le dan nacimiento a un proceso contractual superior a los 18.000 millones de pesos, que pueden llegar a existir “efectos colaterales nada desdeñables”, es una inmensa sandez que más valía no haberse escriturado nunca, y menos cuando a las personas que piensan vincular al proyecto de observación se les denomina “red de cooperantes” (Aquí están los integrantes de la red).

Los convenios administrativos

El primer convenio que le da vida a todo esto es el número 879 del 05 de abril de 2017 por un valor de $3.341.080.647 entre la Gobernación de Santander y la Unidades Tecnológicas de Santander, para “apoyar el desarrollo de los objetivos” del proyecto líneas arriba ya mencionado; el segundo de ellos es el número 883 del 05 de abril de 2017 por un valor de $14.100.234.210 millones de pesos entre la Gobernación de Santander y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para “la ejecución del componente tecnológico del proyecto de innovación que aquí se trata”, y el tercer convenio es el número 885 de 2017 del mismo 05 de abril de 2017 entre la Gobernación de Santander y la Universidad de Pamplona, por un valor de $1.058.000.000 para la interventoría en todos sus aspectos de los dos convenios anteriores.

Hasta aquí van 18.500 millones para un proyecto que solo muy pocos lo entienden técnicamente, y dentro de esos pocos se encuentra el ingeniero de sistemas Omar Lengerke Pérez, rector de las UTS.

Didier-Lengerke

¿Existen intenciones ocultas en la rectoría de las UTS?

Vamos por partes. Si existe alguien que entienda la verdadera dimensión de un proyecto de investigación de comportamiento en la ciudad, ese es Lengerke, y por eso no deja de ser preocupante que se le quiera ocultar a la ciudadanía la adquisición de un software especializado de analítica de video, que no es otra cosa más que inteligencia artificial capaz de identificar de forma específica a alguien en particular al interior de la ciudad en el momento que se estime conveniente.

Esto ya no es una película de ciencia ficción, es la realidad. Los defensores del proyecto dirán que es una ayuda importante a la hora de resolver un delito o ayudar a las autoridades a capturar un delincuente, pero quizás no se han puesto a pensar que esa base de datos será capaz de identificar en las calles a las parejas homosexuales con el riesgo de que las ciudadanos sean posteriormente clasificados por sus gustos sexuales, sin que nadie les garantice que algún grupo homofóbico no tendrá acceso a esa información.

Y si se quiere algo peor, tengan en cuenta que quien maneje la central de información de este proyecto, podrá saber en tiempo real el sitio exacto donde se encuentra una persona del común, pero también podrá ubicar con exactitud al alcalde de Bucaramanga, a un empresario, a un veedor, o a un dirigente sindical. ¡Unos efectos colaterales nada desdeñables! ¿verdad señor gobernador? Por eso es tan importante hacerse la siguiente pregunta: ¿A quién se le ocurrió poner en el convenio la comercialización de la información de los ciudadanos? ¿A usted señor Lengerke?

El Gobernador que vendió a los santandereanos

La imagen de una persona es un dato de carácter personal que requiere una serie de protocolos para su tratamiento, pero a los santandereanos les van a robar sus patrones de conducta desde que salen de su casa hasta que regresan a ella, y esta es la hora en que no se sabe quienes se van a beneficiar realmente de este espionaje.

Por eso no deja de ser sorprendente que los periodistas locales estén aplaudiendo la instalación de las renombradas 900 cámaras, y no tengan ni la menor idea de dónde se alojarán los datos que se van a recoger con ellas, quiénes los van a manejar, y quiénes los van a comercializar. Están vendiendo la vida de los ciudadanos y nadie se ha dado cuenta.

Didier Tavera

Emtel, una empresa de dudosa reputación

La empresa encargada del componente tecnológico para analizar las vidas de los ciudadanos en el departamento, es la cuestionada Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., responsable en gran medida del encarcelamiento del alcalde de Popayán a raíz de la celebración de un convenio interadministrativo en el cual fue otra empresa la que terminó ejecutando el contrato (Quipux S.A.S.), de la misma forma que está pasando en este caso, pues debe darse a conocer que Emtel E.S.P. no es quien está al frente de la ejecución del convenio con la Gobernación de Santander, sino una empresa privada denominada Inversiones Tecnológicas de América S.A., con quien Emtel E.S.P. suscribió un contrato por casi 11.000 millones de pesos para ejecutar las mismas actividades por las cuales se hizo el convenio interadministrativo.

Muchos podrían decir que lo que hizo Didier Tavera, fue celebrar un convenio para omitir la obligación de adelantar un proceso licitatorio, porque al final de cuentas terminó entregándosele a un particular. Una situación por la cual también podría irse preso, pero de una manera mucho más rápida que con el PAE.

Y eso sin descontar la gran preocupación que debería causar el hecho de que Emtel E.S.P. haya sido embargada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y que según la calificadora de valores Value and Risk, tenga una calificación BB (Doble B menos) en su capacidad de pago. Otro contratista más de esos que le encanta al “gobierno que nos une”.

¿Contratos amañados?

La responsabilidad de las UTS en este asunto va más allá de ser una simple receptora de los dineros departamentales, pues uno de los primeros contratos que se celebraron con los dineros del convenio, fue con la empresa Aprendizaje Interactivo S.A.S. (Contrato 2597 de 2018) representada por Ricardo Caro Aponte, por un valor superior a los 390 millones de pesos para diseñar la estrategia en la gestión de la información, empresa que presenta más de tres direcciones en la ciudad de Bogotá sin que se sepa cual de ellas sea la real (ver direcciones).

El segundo contrato se ejecutó con la Fundación Faceit (Contrato 2426 del 13 de noviembre de 2019) por un valor superior a los 858 millones de pesos para implementar una estrategia de apropiación de contenidos en Big Data y Open Data para la creación de aplicaciones, pero lo curioso de esto, es que su equipo de trabajo son las siguientes personas: Fabio Alberto Cortes Gómez, Sandra Patricia Gutiérrez, Leandro Silva Garavito y Fabián Ricardo Caro Aponte, quienes resultan ser toda la cúpula directiva de la primera empresa que se contrató: Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Cúpula directiva de Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Sandra Patricia Gutierrez

Sandra Patricia Gutiérrez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Leandro Silva

Leandro Silva

Fabián Ricardo Caro

Fabián Ricardo Caro

Dentro de las obligaciones que tiene la Fundación para con las UTS, está la de llevar a cuatro integrantes del laboratorio ciudadano a la ciudad de Barcelona – España los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019, para asistir al congreso mundial de ciudades inteligentes. Sería bueno preguntarle al rector Lengerke quienes fueron esos 4 afortunados.

Hasta el día de hoy se han contratado 34 personas naturales en el desarrollo del proyecto de innovación por un valor de $690.575.200 (ver listado), en donde solo los contratos de 10 personas representan el 62% de esos dineros, dentro de las cuales se encuentran Andrea María Navarrete Mogollón, fundadora del movimiento Mujeres Bici-bles, Claudia Milena Salinas Calderón, ex candidata al concejo de Bucaramanga por el partido conservador en el año 2015, y John Manuel Delgado Nivia, ex secretario de desarrollo de Santander en el gobierno de Richard Aguilar y hoy director del laboratorio de cultura ciudadana, quien es la persona más beneficiada quedándose con el 20% de la contratación.

Lengerke y comediante

¡Señores diputados despiértense!

La contratación del proyecto de innovación con la puesta en funcionamiento de las 900 cámaras, tiene un agravante mucho peor: incumple la ley de protección de datos personales. Para entender el asunto se consultó con un experto en el manejo de protección de datos y propiedad intelectual, quien manifestó lo siguiente respecto a los convenios celebrados: “La Gobernación de Santander se encuentra en estado de violación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, porque en su calidad de responsable de la información no está cumpliendo las siguientes obligaciones legales: 1. No cuenta con una Política de Protección de Datos. 2. No tiene un Aviso de Privacidad que dé a conocer la referida política. 3. No tiene registradas todas las bases de datos personales de la Gobernación en el Registro nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. No ha adoptado un Manual de Políticas y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley. 5. No ha designado una persona o área responsable de la atención de PQR´s de los titulares de datos personales. 6.  No ha identificado los “Encargados” de datos personales, calidad que en principio pueden estar ostentando las UTS, EMTEL SA ESP y los “cooperantes” en el proyecto. 7. No ha verificado que los “encargados” de sus datos personales estén cumpliendo la Ley de protección de datos. 8. No ha definido las responsabilidades de la Gobernación, en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 9. No ha definido las responsabilidades de los “encargados” en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 10.  No ha identificado si hay Transmisión o Transferencia Internacional de datos, y si ello se hace a destinos seguros. 11. No ha establecido los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos de los titulares de los datos vinculados en el proyecto. 12. No ha hecho una “evaluación de impacto de datos personales” al tratamiento de los datos que se recolectarán con ocasión del proyecto. 13. No ha establecido un programa de gestión y manejo de violaciones de seguridad vinculada con el proyecto. 14. No ha establecido los mecanismos para impedir el acceso no autorizado de terceros a los datos personales vinculados con el proyecto. 15. No ha establecido un sistema de auditorías de cumplimiento de hábeas data de los “encargados”. 16. No ha precisado las actividades que los “aliados del proyecto”, “la comunidad académica”, “agentes comunitarios” y “cooperantes”, realizarán en relación con los datos personales vinculados con el proyecto”.

Vistas así las cosas, no puede entenderse cómo una institución pública que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones propias en materia de ley de protección de datos personales, vaya a ser capaz de brindarle seguridad jurídica a los datos personales de una sociedad entera.

reunión

¿Van a seguir aplaudiendo?

La información de una persona hoy en día resulta ser más importante que la persona misma, y por eso es que saber lo que hace un ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta se convierte en una oportunidad de negocio que de conformidad con los estudios previos del proceso contractual, terminará favoreciendo económicamente a algunos, pero pondrá en riesgo la vida de muchos otros.

Para nadie es un secreto que en la ciudad de Barrancabermeja conviven lideres sociales y desmovilizados de los grupos armados, quienes al igual que los ciudadanos de a pie, terminarán siendo identificados por el software perteneciente a este convenio, el cual indicará las pautas de comportamiento de cada uno de ellos incluyendo a que sitios asisten, con quienes se hablan y a que colegio llevan a sus hijos. Esta es una situación muy delicada como para que los periodistas salgan a decirle a los ciudadanos que se pueden quedar tranquilos con la instalación de las cámaras.

Este es un momento propicio para que los grupos sociales como la comunidad LGTBI, los movimientos sindicales, los estudiantes universitarios, los lideres sociales, los veedores ciudadanos, los reinsertados y los desplazados por la violencia, presenten su voz de protesta ante la inminente vulneración de sus libertades civiles. Si esta información fuera manejada por la policía y los demás organismos de seguridad del Estado, la responsabilidad sería evidente. Pero al día de hoy lo único que sabemos es que la manejarán los directivos de una institución educativa que para muchos está controlada políticamente por una familia: Los Tavera.

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magda amado una lucha contra la mezquindad

Magda Milena Amado, una lucha contra la mezquindad

“Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria”.

Borges

Con la cruz a cuestas

Usted no necesita ser un periodista con ínfulas de fiscal para saber si una persona intenta minarle con mentiras el espíritu, o le está hablando con la verdad. Lo único que se requiere es tener un poco de humanidad entre las venas para entender las razones por las cuales actúan de una u otra forma los seres humanos. Y precisamente por eso me senté a dialogar con la ex contralora de Bucaramanga, porque mi humanidad me indicó, tal cual lo pronunció Borges, que éramos voces de una misma penuria. Todas las personas que se atreven a ser funcionarios públicos, son conscientes que la sociedad los señalará sin importar que sus acciones sean justas o valederas, pero lo que nunca alcanzan a dimensionar, es que sus jueces naturales puedan terminar siendo reemplazados por los medios de comunicación, bajo la sombra de la mezquindad o el mal agradecimiento, especialmente en aquellos casos donde esos funcionarios han sido los artífices de los premios periodísticos que cuelgan en su pared. ¿Cierto Eneas?

magda amado una lucha contra la mezquindad

Muestras del deber cumplido

Después de haber sido la secretaria general de las unidades tecnológicas, su llegada a la Contraloría se consolida después de una importante reunión con tres prohombres que ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar. Ese apoyo fue fundamental para obtener políticamente los votos necesarios en su elección ante el concejo municipal, pero no fue un yugo para dominarla en el ejercicio de sus funciones, lo cual terminó descontrolando a todos aquellos que pensaron que iba a ser un contraloría de bolsillo. Su primer golpe de opinión lo tuvo en el año 2012 cuando estalló el escándalo de la secretaría de desarrollo social, teniendo como mano derecha a Eneas Claudio Navas Uribe, quien con el transcurrir del tiempo terminaría convirtiéndose también en la siniestra. Para el 2013 comenzaron las auditorias  en el Imebu, el Pae, las basuras y el puente de la novena, ayudando a que la incomodidad hacia su trabajo se hiciera más evidente no solo en los concejales, sino en todo el gobierno mismo.

Foto 2 columna Magda

Llegado el 2014, sus esfuerzos los dirigió a las megaobras sustentadas en las contribuciones por valorización, momento en el cual tuvo que despedir por razones de deslealtad a un hombre al que jamás debió haber ayudado. Fue así como entonces llegaron en el 2015 las “investigaciones” periodísticas, y junto con ellas, el ya acostumbrado asesinato moral que encontraría su mayor estado de éxtasis con el linchamiento de Luis Francisco Bohórquez.

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Los delatores sin moral

Quienes se aprestaron para señalar las posibles faltas de Amado no fueron los cardenales de la santa iglesia católica, sino aquellos que se vieron afectados por las investigaciones adelantadas por la funcionaria, como en el caso de Oscar Uriel Arrieta Roa, ex gerente de la EMAB a quien la ex contralora lo investigó por un contrato con la empresa Proactiva Chicamocha en el cual el 95% de las ganancias de la relación contractual era para el privado, lo que la llevó a interponer una acción popular que salvó gran parte del patrimonio público de los bumangueses, lo cual al día de hoy nadie agradece. Otro de los que estuvo muy presto a colaborar con los periodistas fue el auditor regional de Bucaramanga Jaime Parra Sánchez, a quien su indignación institucional se le acabó en el periodo de Jorge Gómez Villamizar, ya que se la había gastado toda en las auditorias a Amado, y en una que otra visita a los demás contralores y al mismo Argemiro Castro, quien no debe recordarlo con mucho afecto.

Foto 3 columna Magda

Y para rematar la desgracia, aparece en el panorama Jorge Gómez Toloza, quien teniendo represados al interior de la contraloría municipal varios procesos a punto de prescribir, solicitó unas vacaciones en la cuales su reemplazo decidió emitir los fallos administrativos sobre los que Gómez no se había apersonado. A Magda Amado se le criticó mediáticamente esta situación, lo cual condujo a que fuera investigada por la Procuraduría, sin que nadie haya dicho al día de hoy que todas esas investigaciones fueron archivadas en favor de la ex contralora, al encontrarse que todos los fallos expedidos estaban ajustados a la ley. Así que la máxima que aquí se aplica, es vilipendiar funcionarios, y no retractarse jamás por las equivocaciones que se cometan, porque la mezquindad de quienes así actúan, siempre se sobrepondrá a la ética periodística.

Su camino no ha sido fácil, y lo único que espera, es que cese el odio en el corazón de algunas personas, y la sociedad pueda darse cuenta de que los periodistas no son jueces, y que los titulares no hacen… Haga clic para Tweet

Para las verdades el tiempo

Al día de hoy han sido archivados todos los procesos que se abrieron en contra de la ex contralora con ocasión de las “revelaciones” hechas por los medios de comunicación. No existen fallos por corrupción, enriquecimiento ilícito u otra acusación alguna. Las sanciones pecuniarias por dichas denuncias desaparecieron porque se estableció la inexistencia de faltas disciplinarias en el proceder de la funcionaria. El único proceso que permanece latente, corresponde a una posible omisión al debido proceso dentro de la investigación que Amado adelantó en contra del funcionario que tenía represadas las actuaciones investigativas sobre la Emab, el cual ni siquiera al día de hoy tiene firmeza jurídica ya que se encuentra en apelación. Y si es verdad que el principio de la igualdad existe en este país, deberá concluir en un simple llamado de atención, tal cual sucedió con un proceso exactamente igual en contra de Rolando Noriega interpuesto por el mismo quejoso en la misma procuraduría segunda de vigilancia, sanción que curiosamente no ha sido registrada aún en los sistemas de la entidad. El camino de esta funcionaria no ha sido fácil, pero tanto ella como su familia, lo único que esperan es que cese el odio en el corazón de algunas personas, y la sociedad pueda darse cuenta de que los periodistas no son jueces, y que los titulares no hacen tránsito a cosa juzgada.

Próxima Columna: Informe especial.

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la injusta crucificción de camilo rincón leon

La injusta crucifixión de Camilo Rincón León

Camilo
Uno de los más claros asesinatos morales por parte del periodismo en esta ciudad, fue el perpetrado contra Camilo Iván Rincón León, un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Desde el mismo día de su posesión, este funcionario decidió oponerse al facilismo que existe a la hora de contratar en el sector público, algo que en vez de consagrarlo como funcionario modelo, terminó contradictoriamente siendo el principal motivo de su crucifixión, por lo cual resulta cierto que en este país los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos.
Un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Haga clic para Tweet

El inicio de esta historia

Cuando la Gobernación suscribió con el Indersantander el convenio de cooperación No 1512 de 2012 por un valor superior a los 2.087 millones de pesos, respecto de la participación del departamento en los juegos nacionales y paranacionales de ese mismo año en los departamentos de Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca, el señor Alexander Duarte Hernández, miembro de la cúpula de directivos beneficiados con los créditos del IDESAN, y cuota política de Luis Alberto Gil, celebró un convenio con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, para que se encargara de la inversión de gastos de los deportistas.
Hasta ahí no hay ningún problema, pero los inconvenientes comenzaron cuando Rincón León asumió la dirección del instituto y se dio cuenta, gracias a los informes de interventoría de la secretaría de educación departamental, presentados por la señora Genny Rocío Gómez Guerrero, que dicha corporación en su calidad de contratista, no había soportado con la debida facturación más de 868 millones de pesos. Una razón más que suficiente para que tomara la decisión de liquidar unilateralmente el convenio por el incumplimiento a las obligaciones pactadas. Esta situación no fue de buen recibo en algunos particulares dados sus propios intereses, pero Rincón León no se amilanó ante las presiones, y decidió mantenerse en su posición frente al asunto. Una posición que le terminarían cobrando tiempo después, cuando con ocasión de los juegos nacionales del 2015, fue acusado disciplinariamente de tres cargos a saberse: falta de competencia, detrimento patrimonial conforme al informe de la Contraloría General de Santander y la imposición de unas presuntas condiciones que limitaron la participación y la libre concurrencia de oferentes.
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Un fusilamiento mediático

Para quienes son más periodistas que abogados, los cargos impuestos a Rincón León son demasiado útiles a la hora de promocionar titulares, pero lastimosamente son muy complejos para explicárselos al común de las personas, quienes al no asimilar la filosofía de la norma, terminan recriminando socialmente a los funcionarios señalados; y todas aquellas noticias mal estructuradas, acaban dando sus frutos en el escritorio del juzgador. Rincón León logró demostrar fehacientemente dentro del proceso disciplinario que se le adelantó, que sí tenía competencia legal, que no hubo detrimento patrimonial alguno porque jamás se llevó a cabo la auditoria contable, presupuestal y financiera, así como también, que el proceso licitatorio no fue limitado en ninguna de sus etapas contractuales, lo cual es precisamente el motivo de la lucha que adelanta para demostrar que sus argumentos fueron intencionalmente omitidos en el procedimiento.
Cualquier abogado que lea el documento que contiene los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Regional de Santander y la delegada para la moralidad pública en contra de Camilo Rincón, encontrará fácilmente la falsa e indebida motivación, la falta e indebida valoración probatoria y la incoherencia jurídica con la que se juzgó este caso, sin dejar de lado la falta de técnica procesal que tuvieron los funcionarios responsables en este asunto. Una decisión que más temprano que tarde tendrá que ser revocada por la procuraduría, o en su defecto, anulada por la jurisdicción contenciosa.

El papel de la contraloría departamental

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, a Rincón León se le apareció en el camino el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien en mi opinión es uno de los funcionarios públicos que mejor aplica el principio de la realidad invertida, o lo que algunos llaman: “el mundo al revés”. Aparte de estar defendiéndose del proceso del año 2015, a Camilo Rincón le toca ahora defenderse de un proceso de responsabilidad fiscal con radicado 2016-123, abierto con ocasión de la denuncia que él mismo presentó en contra del convenio de cooperación celebrado con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, la cual tenía como fin salvaguardar el patrimonio del Indersantander en más de 868 millones de pesos de dineros públicos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin aparecer gracias a la inoperancia de funcionarios como Kelly Paola Restrepo Amaya y Diego Armando Aparicio Quiñonez, quienes al parecer extraviaron las llaves del cajón donde guardaron estas investigaciones, aún a pesar de que el periodista Carlos Julio Castellanos hizo pública esta situación en su segmento denominado “El Enjambre” hace ya cuatro años en el canal TRO.

El extraño comportamiento del contralor Ariza

Lo anterior es el colmo de la intrepidez de una contraloría que resulta muy efectiva a la hora de mirar por el retrovisor, pero que al momento de dirigir su mirada al frente, no le molesta encontrarse con un vidrio panorámico totalmente empañado que le impide ver lo que pasa en el actual gobierno, como en el caso de IDESAN, el PAE, los sobrecostos de los viajes en helicóptero, el CAI fluvial, y los sobrecostos en las obras de infraestructura por mencionar algunos temas que pareciera que no existieran para el señor Ariza. De ahí que al contralor haya que recordársele que en vez de estar persiguiendo a los denunciantes, debería concentrarse en buscar a los ladrones, tarea que en el caso del convenio de los juegos nacionales del 2012, le podría ser muy útil la ayuda del director comercial del Idesan, Alexander Duarte Hernández.

¿Dónde está la plata?

Quienes conocen la trama contractual del departamento en materia deportiva, manifiestan que la corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI está muy ligada a los intereses profesionales del señor Jorge Enrique Gómez Celis, el cual aparece como apoderado judicial de esta persona jurídica en los trámites ante la procuraduría judicial, por la situación aquí enunciada. De ahí que los santandereanos estemos esperando que con la ayuda de este ex representante a la cámara, se nos aclare en donde están los 868 millones de pesos que presuntamente se cobraron sin facturas, y que al día de hoy superan los más de 1.200 millones en razón de su indexación. Por ahora, Camilo Rincón seguirá buscando demostrar su inocencia respecto de los hechos del 2015, mientras el contralor Ariza lo investiga por habérsele ocurrido denunciar los posibles hechos de corrupción del 2012 bajo la administración de uno de los directivos del IDESAN que ostenta préstamos a su favor con el dinero de todos los ciudadanos. Definitivamente este si es el mundo al revés.
Adenda: felicito a los más de73.788 florideños que le demostraron a Héctor Mantilla y a todos los partidos que avalaron a Miguel Moreno, el más claro y contundente rechazo a su politiquería. Comienza un nuevo gobierno con muy poca legitimidad.
Próxima Columna: Mauricio y los Aguilar

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