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Minesa: la especulación financiera de una mina inviable.

Quienes recorren el Páramo de Santurbán, desconocen que gran parte de esa tierra le ha dado de comer a muchas familias en las ciudades de Toronto y Montreal en Canadá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Curitiva en Brasil, Dubái, Abu Dabi y Catar en los Emiratos Arabes, y a una que otra en Londres, New York, Lima y Bogotá.

Lo triste de todo esto es que no lo ha hecho en la misma medida para las familias de California, Charta, Suratá, Tona y Vetas, porque la fuerza de los campesinos aún no ha podido equipararse con la arrogancia de un presidente que comió a manteles con los árabes y con la estupidez de otro que le dio por nombrar en temas ambientales a un economista.

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Familias empobrecidas

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La discusión que se ha suscitado alrededor de las 80.000 mil hectáreas pertenecientes a la estrella fluvial de Santurbán, orbita alrededor de la defensa del agua con la cual se surten más de dos millones de personas, pero dentro de la indignación que produce el perder algo tan valioso como lo es ese recurso, a muchos se les ha olvidado la suerte de las familias que habitan ese territorio.

Nadie sabe en que momento los límites de la ciudad de Bucaramanga se extendieron hasta la Laguna La Pintada o la Cuchilla El Curro, y mucho menos cuál fue el acto administrativo por medio del cual los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga comenzaron a “negociar” el destino social de los habitantes de Vetas. 

Nadie pone en duda la importancia que tiene este tema para la capital del departamento, pero lo mínimo que debe respetarse es la idiosincrasia y la autonomía territorial de los demás municipios afectados en el debate ambiental. El gran conglomerado urbano exige la inviolabilidad del Parque Regional de Santurbán y una extensa delimitación del páramo en beneficio de las futuras generaciones del área metropolitana, pero nadie le responde a las familias de “allá arriba” acerca de cuánto están dispuestos a pagar en servicios ambientales para hacer más equitativa sus reclamaciones. 

¿Cuánto dinero estarán dispuestos a pagar los bumangueses en su recibo de agua para adquirir de sus propietarios esos ecosistemas de páramo? ¿Qué soluciones se les está brindando a las familias de ese territorio para que entreguen sus tierras al servicio de los municipios que de ellas se benefician y se las quiten a los intereses mineros internacionales? Hasta el día de hoy no he visto en ninguna marcha una pancarta que reclame por esta situación, y ya va siendo hora de que nos sentemos a pensarlo.

El papel del “Alto Comisionado”

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El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Para defender los intereses de un pueblo no hace falta un título real y mucho menos resulta necesario tanto renombre en la tierra que vio nacer a Los Comuneros, que no eran otra cosa más que campesinos cultivadores de tabaco quienes con la sola fuerza de su espíritu terminaron obteniendo la independencia para este país.

Por lo tanto, defender los intereses de los bumangueses y los demás santandereanos no requiere una administración pública desgastándose políticamente por defender un cargo, aquí lo que se necesita es a un hombre o a una mujer que defienda con integridad por encima de sus aspiraciones económicas o intereses personales, los derechos de una comunidad que está viendo como atacan su futuro desde las mismas entrañas del gobierno nacional. 

El papel que debe ejecutar quien aspire a llamarse “defensor del páramo”, debe comenzar por explicarle a la ciudadanía por qué hasta el día de hoy no se ha dicho nada del Programa de Trabajos y Obras (PTO) sobre las 380 hectáreas del título minero 0095-68 como parte esencial del Proyecto de Interés Nacional de la Agencia Nacional de Minería. De la misma forma es esencial que la ciudadanía conozca que Minesa tiene la obligación de presentar un plan de gestión social para la Zona Soto Norte, pero nada de ello se ha dicho en ninguna de las reuniones sobre el páramo. 

Quien esté a cargo de representar los intereses del ecosistema, debe conocer con profundidad jurídica no solo el contrato de concesión, sino también, los otrosí en los que se deja por fuera de la ecuación economica en materia de tributación el hallazgo de metales como el cobre, el plomo, el estaño y el manganeso, porque en esos documentos solo se estipula el hallazgo del oro y la plata, lo cual beneficia enormemente a la minera dado que dentro de las exigencias de Ingeominas se encuentra la obligación de presentar la proyección de precios de los diferentes tipos de sustancia mineral y metales beneficiados, y al no estar estos consagrados dentro de la relación contractual, es el país quien tiene que sentarse a observar como le roban literalmente sus recursos. Quienes nos representan ¿han hablado de eso? Aquí lo que necesitamos son acciones técnicas y jurídicas serias en vez de videitos para instagram.

El oro que núnca se sacará

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El fundamento de esta aseveración encuentra su razón de ser en que ninguna de ellas es una empresa de explotación, ya que no son otra cosa más que fondos de inversión cuyo objetivo principal es aumentar su fortuna. Si estas compañías mantienen la imagen de ser propietarias de una mina que a futuro producirá miles de millones de dolares, mantendrán en el tiempo una sólida garantía financiera para hacer negocios en cualquier parte del mundo, lo cual podría malograrse si al momento de entrar en la tierra la expectativa de obtener las ganancias anunciadas se disminuyen. 

La explotación de oro en Santurbán requiere de un complejo proceso de ingeniería con unas especificaciones técnicas únicas en el mundo, que conducen indefectiblemente a pensar en la imposibilidad de llevarlo a cabo de forma efectiva. Asumir esta visión es calificar a Santurbán como uno de los posibles juegos financieros especulativos más macabros de Suramérica, donde la compañía canadiense GreyStar Resources (hoy Eco Oro), la compañía brasilera OgXm y ahora la Sociedad Minera de Santander de propiedad de la compañía arabe Mubadala Investment, han sido las más grandes beneficiadas.

Es el típico juego arábigo de hacerle creer a la gente que detrás de la puerta está el tesoro, y aquí la puerta se llama Páramo de Santurbán y el tesoro no es otra cosa más que los resultados de la normativa canadiense NI 43101, la cual le indica a los mercados internaciones la cantidad de oro que tenemos en esta tierra. Comenzar a explotar es un verdadero riesgo no solo para el medio ambiente de la región, sino también para los intereses económicos de Minesa.

Por eso siempre será mejor esperar la oferta de otro inversionista que les de el dinero que consideren conveniente por la vaca que día a día siguen engordando. Y si no lo creen así, analicen con tiempo la operación financiera por medio de la cual la empresa Canadiense Continental Gold le vendió el proyecto Buriticá (Antioquia) al refinador chino Zijin Mining Group Company Limited, un proyecto que tampoco ha comenzado a explotarse.

El ingles Edward Bulwer-Lytton escribió que “la pluma es más poderosa que la espada”, y es por eso que llama poderosamente la atención que desde hace algún tiempo varios funcionarios del Ministerio de Minas y Energía de la ciudad de Bogotá se encuentren adelantando especializaciones en la Universidad Industrial de Santander, lo cual les permite tener un valioso tiempo adicional en la región donde deben concentrar su trabajo institucional a través de la pluma con sus conceptos y escritos oficiales. ¡Que gran entrega por el servicio público! De ahí que no se sepa que es más peligroso: si la presencia de estos funcionarios en la ciudad, o las disidencias de las farc que en su papel de galafardos vienen extrayendo oro en las noches dentro las minas ya existentes sin que Minesa se haya pronunciado al respecto a pesar de existir denuncias sobre esto en la ciudad de Bogotá.

Actores armados en la zona

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El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Haga clic para Tweet

Por todo lo anterior, los alcaldes de los municipios afectados y los funcionarios del área metropolitana involucrados en las actividades sociales y administrativas del Páramo de Santurbán deben comprender que la defensa del mismo no puede basarse en una campaña de redes sociales, sino en el trabajo serio y profesional de un equipo de personas que conozcan del tema para poder interrumpir jurídicamente los avances que viene logrando Minesa ante la Agencia Nacional de Mineria, el Ministerio de Minas y el Anla. Si no se buscan las personas más capacitadas para ello, la minera seguirá riéndose en la cara de todos los santandereanos.

Leo Caricaturista
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Los concejales del “Rodolfismo”

Una esperanza democrática

Una de las mayores virtudes políticas que se puede tener en la vida es la paciencia, pero esa es precisamente la que menos tienen los dirigentes. Los cambios sociales no se dan por generación espontanea, y tampoco se construyen de un día para otro. La historia de una ciudad se edifica paso a paso sobre la base de los sueños, el trabajo y la esperanza de cada uno de sus ciudadanos, todo lo cual termina uniéndose para convertirse en el alma de lo que más nos mantiene unidos como nación: nuestra democracia.

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La negociación del poder

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La principal característica de nuestro sistema político es la insatisfacción permanente, y por eso es que a nadie le resulta fácil gobernar, porque la única manera de resolver los conflictos cotidianos que surgen por la falta de consensos, es negociar. Muchas personas creen que la negociación en política favorece exclusivamente los intereses de los integrantes de los partidos o movimientos que representan el sentir de los ciudadanos, pero no es así. 

En el ejercicio del poder se negocia el destino de una ciudad, el fortalecimiento de las instituciones públicas y el devenir de un pueblo. La única manera de alcanzar objetivos en lo público es la negociación, y por eso a nadie debe extrañarle lo que está sucediendo en el Concejo de Bucaramanga, donde los diversos grupos que lo componen, buscan por medio de acuerdos la solución a los problemas que se tienen en la ciudad.

Es indiscutible que cada uno de los partidos busca posicionarse de la mejor forma en el ejercicio del poder, y es por eso que la unión de algunos se transforma en unas mayorías que terminan imponiendo su criterio por encima del de los demás. Pero eso siempre será mejor que la imposición de la fuerza y el voluntarismo, y por eso es que los concejales nuevos tienen que comenzar a extender los lazos del respeto y el compañerismo.

La tarea apenas comienza

La liga de gobernantes anticorrupción, como movimiento político, representa para muchas personas un nuevo aire al interior de la corporación, pero sobre todo, la más clara muestra de que cualquier ciudadano puede llegar al poder, y es ahí donde radica precisamente la fuerza que no pueden perder en su interior.

Tendrán que comenzar a consolidar una voz propia, mostrar una independencia que se fundamente en los valores que la formaron, y sobre todo, aprender la mecánica institucional al interior del concejo para lograr sus objetivos. La campaña ya pasó, y son los intereses de la ciudad los que ahora deben estar por encima de las diferencias políticas.

La campaña ya pasó, y son los intereses de la ciudad los que ahora deben estar por encima de las diferencias políticas. Haga clic para Tweet

No más peleas

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El desprecio entre compañeros y las acusaciones injustificadas, abren heridas que si bien es cierto siempre sanan, se tardan su tiempo, y ese tiempo lo perdemos todos. La obligación que tienen para con la ciudad Antonio Vicente Sanabria Cancino, Silvia Viviana Moreno Rueda, Marina de Jesús Arevalo Durán y Luisa Fernanda Balesteros Cañizales, es la de construir consensos, y la de los demás concejales, es reconocer que estos mismos representan un sentir ciudadano que sigue creyendo en la visión que tiene de la política el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez.

Es un buen momento para despojarse de odios y mesianismos, y comenzar a trabajar unidos por un mismo objetivo en el marco del respeto y la valoración por el otro. De mi parte pondré lo que me corresponda ante esta nueva etapa, y espero que cada uno de los actores políticos haga lo mismo para alcanzar la grandeza que solo les sabrá reconocer la historia.

Adenda: Señor Gobernador Mauricio Aguilar, ¿Usted ya tomó medidas sobre el convenio de las cámaras de vigilancia?

Próxima Columna: La Gran Estafa del Banco Inmobiliario de Floridablanca.

Didier-Fandiño

La Central de Espionaje de Didier Tavera

Didier-Fandiño

Por las calles de Bucaramanga transitan todos los días más de tres mil quinientos abogados en el ejercicio de su profesión, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de reclamarle con vehemencia al gobernador Didier Tavera, el haber auspiciado que se vulnerara el derecho a la intimidad de todos los santandereanos.

El inicio de la historia

Para el año 2017, la Gobernación de Santander puso sus ojos en el documento CONPES 3582 del año 2009, y decidió interpretar a su conveniente acomodo el concepto de participación ciudadana alrededor de la ciencia y la tecnología, con lo cual suscribió tres convenios con las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de Pamplona y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. El objetivo del gobierno nacional era que los colombianos generaran propuestas de innovación en materia de tecnologías digitales, un cometido que se ha venido logrando con la existencia de aplicaciones como las de Rappi, Tappsi, Hogaru o 1doc3.

Iniciativas que están sustentadas en el capital privado y que terminan redundando en beneficio de la sociedad gracias al aporte de esas empresas. Pero como en el gobierno de Didier Tavera todo es al revés, decidieron tomar ese objetivo gubernamental para acomodarlo a sus propios intereses. Para los que aún siguen creyendo que la ejecución de esos convenios están encaminados a la instalación de 900 cámaras en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja por motivos de seguridad, me permito informarles que según el acta número 002 del día 19 de julio de 2017 de la secretaría del interior de la Gobernación, la misma policía le informó a su grupo de telemática que dichos dispositivos cumplen un fin investigativo distinto a los de seguridad física. Así que si usted es de esos ciudadanos que aún creen en las nobles intenciones de este gobierno en materia de vigilancia, lo invito a que analicemos juntos la letra pequeña de los convenios que le dieron vida a un unicornio llamado “laboratorio ciudadano”

Equipo Barranca

La letra que ningún periodista lee

Miles de veces hemos escuchado en nuestra vida sobre la importancia de leer la letra pequeña, y a pesar de las advertencias, aún seguimos sin hacerlo. Dado que el ritmo diario en materia periodística no permite detenerse con más profundidad en los hechos que son noticia, los ciudadanos no pueden conocer todo lo que en algún momento puede llegar a afectarlos, y eso es precisamente lo que sucede con el proyecto denominado “innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación del comportamiento social apoyado en tic en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja”. ¿No entendieron nada? ¡No se preocupen!, se los voy a resumir de la siguiente forma: “Nos van a espiar mediante un programa de computación para que algunos funcionarios puedan comercializar nuestros datos y patrones de conducta sin ninguna autorización legal”. ¿Ahora si me hice entender? Esta deducción se obtiene al leer los estudios previos del convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander y las Unidades Tecnológicas:

La disponibilidad de la información recopilada en una plataforma abierta permitirá a terceros desarrollar aplicaciones en el ámbito de la industria digital, con los efectos colaterales nada desdeñables de obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de la información a terceros”.

Esta es la letra pequeña que todos los periodistas deberían leer antes de salir a aplaudirle a este gobierno propuestas que atentan contra las libertades de todos los ciudadanos, y sobre todo, que vulneran flagrantemente la ley de protección de datos en Colombia (Ley 1581 de 2012) y el derecho a la intimidad que tienen las personas en el desarrollo diario de sus actividades.

¿Efectos colaterales nada desdeñables?

Al honorable equipo jurídico de la gobernación de Santander, se le olvida que los efectos colaterales se llaman “colaterales” porque en la gran mayoría de los casos algo resulta adverso a lo que se inicialmente se pretendía. Así como cuando los afectados por los secuestros de la guerrilla crearon un mecanismo de defensa privado que terminó “colateralmente” transformándose en un fenómeno paramilitar.

Así que observar en los estudios previos que le dan nacimiento a un proceso contractual superior a los 18.000 millones de pesos, que pueden llegar a existir “efectos colaterales nada desdeñables”, es una inmensa sandez que más valía no haberse escriturado nunca, y menos cuando a las personas que piensan vincular al proyecto de observación se les denomina “red de cooperantes” (Aquí están los integrantes de la red).

Los convenios administrativos

El primer convenio que le da vida a todo esto es el número 879 del 05 de abril de 2017 por un valor de $3.341.080.647 entre la Gobernación de Santander y la Unidades Tecnológicas de Santander, para “apoyar el desarrollo de los objetivos” del proyecto líneas arriba ya mencionado; el segundo de ellos es el número 883 del 05 de abril de 2017 por un valor de $14.100.234.210 millones de pesos entre la Gobernación de Santander y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para “la ejecución del componente tecnológico del proyecto de innovación que aquí se trata”, y el tercer convenio es el número 885 de 2017 del mismo 05 de abril de 2017 entre la Gobernación de Santander y la Universidad de Pamplona, por un valor de $1.058.000.000 para la interventoría en todos sus aspectos de los dos convenios anteriores.

Hasta aquí van 18.500 millones para un proyecto que solo muy pocos lo entienden técnicamente, y dentro de esos pocos se encuentra el ingeniero de sistemas Omar Lengerke Pérez, rector de las UTS.

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¿Existen intenciones ocultas en la rectoría de las UTS?

Vamos por partes. Si existe alguien que entienda la verdadera dimensión de un proyecto de investigación de comportamiento en la ciudad, ese es Lengerke, y por eso no deja de ser preocupante que se le quiera ocultar a la ciudadanía la adquisición de un software especializado de analítica de video, que no es otra cosa más que inteligencia artificial capaz de identificar de forma específica a alguien en particular al interior de la ciudad en el momento que se estime conveniente.

Esto ya no es una película de ciencia ficción, es la realidad. Los defensores del proyecto dirán que es una ayuda importante a la hora de resolver un delito o ayudar a las autoridades a capturar un delincuente, pero quizás no se han puesto a pensar que esa base de datos será capaz de identificar en las calles a las parejas homosexuales con el riesgo de que las ciudadanos sean posteriormente clasificados por sus gustos sexuales, sin que nadie les garantice que algún grupo homofóbico no tendrá acceso a esa información.

Y si se quiere algo peor, tengan en cuenta que quien maneje la central de información de este proyecto, podrá saber en tiempo real el sitio exacto donde se encuentra una persona del común, pero también podrá ubicar con exactitud al alcalde de Bucaramanga, a un empresario, a un veedor, o a un dirigente sindical. ¡Unos efectos colaterales nada desdeñables! ¿verdad señor gobernador? Por eso es tan importante hacerse la siguiente pregunta: ¿A quién se le ocurrió poner en el convenio la comercialización de la información de los ciudadanos? ¿A usted señor Lengerke?

El Gobernador que vendió a los santandereanos

La imagen de una persona es un dato de carácter personal que requiere una serie de protocolos para su tratamiento, pero a los santandereanos les van a robar sus patrones de conducta desde que salen de su casa hasta que regresan a ella, y esta es la hora en que no se sabe quienes se van a beneficiar realmente de este espionaje.

Por eso no deja de ser sorprendente que los periodistas locales estén aplaudiendo la instalación de las renombradas 900 cámaras, y no tengan ni la menor idea de dónde se alojarán los datos que se van a recoger con ellas, quiénes los van a manejar, y quiénes los van a comercializar. Están vendiendo la vida de los ciudadanos y nadie se ha dado cuenta.

Didier Tavera

Emtel, una empresa de dudosa reputación

La empresa encargada del componente tecnológico para analizar las vidas de los ciudadanos en el departamento, es la cuestionada Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., responsable en gran medida del encarcelamiento del alcalde de Popayán a raíz de la celebración de un convenio interadministrativo en el cual fue otra empresa la que terminó ejecutando el contrato (Quipux S.A.S.), de la misma forma que está pasando en este caso, pues debe darse a conocer que Emtel E.S.P. no es quien está al frente de la ejecución del convenio con la Gobernación de Santander, sino una empresa privada denominada Inversiones Tecnológicas de América S.A., con quien Emtel E.S.P. suscribió un contrato por casi 11.000 millones de pesos para ejecutar las mismas actividades por las cuales se hizo el convenio interadministrativo.

Muchos podrían decir que lo que hizo Didier Tavera, fue celebrar un convenio para omitir la obligación de adelantar un proceso licitatorio, porque al final de cuentas terminó entregándosele a un particular. Una situación por la cual también podría irse preso, pero de una manera mucho más rápida que con el PAE.

Y eso sin descontar la gran preocupación que debería causar el hecho de que Emtel E.S.P. haya sido embargada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y que según la calificadora de valores Value and Risk, tenga una calificación BB (Doble B menos) en su capacidad de pago. Otro contratista más de esos que le encanta al “gobierno que nos une”.

¿Contratos amañados?

La responsabilidad de las UTS en este asunto va más allá de ser una simple receptora de los dineros departamentales, pues uno de los primeros contratos que se celebraron con los dineros del convenio, fue con la empresa Aprendizaje Interactivo S.A.S. (Contrato 2597 de 2018) representada por Ricardo Caro Aponte, por un valor superior a los 390 millones de pesos para diseñar la estrategia en la gestión de la información, empresa que presenta más de tres direcciones en la ciudad de Bogotá sin que se sepa cual de ellas sea la real (ver direcciones).

El segundo contrato se ejecutó con la Fundación Faceit (Contrato 2426 del 13 de noviembre de 2019) por un valor superior a los 858 millones de pesos para implementar una estrategia de apropiación de contenidos en Big Data y Open Data para la creación de aplicaciones, pero lo curioso de esto, es que su equipo de trabajo son las siguientes personas: Fabio Alberto Cortes Gómez, Sandra Patricia Gutiérrez, Leandro Silva Garavito y Fabián Ricardo Caro Aponte, quienes resultan ser toda la cúpula directiva de la primera empresa que se contrató: Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Cúpula directiva de Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Sandra Patricia Gutierrez

Sandra Patricia Gutiérrez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Leandro Silva

Leandro Silva

Fabián Ricardo Caro

Fabián Ricardo Caro

Dentro de las obligaciones que tiene la Fundación para con las UTS, está la de llevar a cuatro integrantes del laboratorio ciudadano a la ciudad de Barcelona – España los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019, para asistir al congreso mundial de ciudades inteligentes. Sería bueno preguntarle al rector Lengerke quienes fueron esos 4 afortunados.

Hasta el día de hoy se han contratado 34 personas naturales en el desarrollo del proyecto de innovación por un valor de $690.575.200 (ver listado), en donde solo los contratos de 10 personas representan el 62% de esos dineros, dentro de las cuales se encuentran Andrea María Navarrete Mogollón, fundadora del movimiento Mujeres Bici-bles, Claudia Milena Salinas Calderón, ex candidata al concejo de Bucaramanga por el partido conservador en el año 2015, y John Manuel Delgado Nivia, ex secretario de desarrollo de Santander en el gobierno de Richard Aguilar y hoy director del laboratorio de cultura ciudadana, quien es la persona más beneficiada quedándose con el 20% de la contratación.

Lengerke y comediante

¡Señores diputados despiértense!

La contratación del proyecto de innovación con la puesta en funcionamiento de las 900 cámaras, tiene un agravante mucho peor: incumple la ley de protección de datos personales. Para entender el asunto se consultó con un experto en el manejo de protección de datos y propiedad intelectual, quien manifestó lo siguiente respecto a los convenios celebrados: “La Gobernación de Santander se encuentra en estado de violación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, porque en su calidad de responsable de la información no está cumpliendo las siguientes obligaciones legales: 1. No cuenta con una Política de Protección de Datos. 2. No tiene un Aviso de Privacidad que dé a conocer la referida política. 3. No tiene registradas todas las bases de datos personales de la Gobernación en el Registro nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. No ha adoptado un Manual de Políticas y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley. 5. No ha designado una persona o área responsable de la atención de PQR´s de los titulares de datos personales. 6.  No ha identificado los “Encargados” de datos personales, calidad que en principio pueden estar ostentando las UTS, EMTEL SA ESP y los “cooperantes” en el proyecto. 7. No ha verificado que los “encargados” de sus datos personales estén cumpliendo la Ley de protección de datos. 8. No ha definido las responsabilidades de la Gobernación, en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 9. No ha definido las responsabilidades de los “encargados” en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 10.  No ha identificado si hay Transmisión o Transferencia Internacional de datos, y si ello se hace a destinos seguros. 11. No ha establecido los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos de los titulares de los datos vinculados en el proyecto. 12. No ha hecho una “evaluación de impacto de datos personales” al tratamiento de los datos que se recolectarán con ocasión del proyecto. 13. No ha establecido un programa de gestión y manejo de violaciones de seguridad vinculada con el proyecto. 14. No ha establecido los mecanismos para impedir el acceso no autorizado de terceros a los datos personales vinculados con el proyecto. 15. No ha establecido un sistema de auditorías de cumplimiento de hábeas data de los “encargados”. 16. No ha precisado las actividades que los “aliados del proyecto”, “la comunidad académica”, “agentes comunitarios” y “cooperantes”, realizarán en relación con los datos personales vinculados con el proyecto”.

Vistas así las cosas, no puede entenderse cómo una institución pública que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones propias en materia de ley de protección de datos personales, vaya a ser capaz de brindarle seguridad jurídica a los datos personales de una sociedad entera.

reunión

¿Van a seguir aplaudiendo?

La información de una persona hoy en día resulta ser más importante que la persona misma, y por eso es que saber lo que hace un ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta se convierte en una oportunidad de negocio que de conformidad con los estudios previos del proceso contractual, terminará favoreciendo económicamente a algunos, pero pondrá en riesgo la vida de muchos otros.

Para nadie es un secreto que en la ciudad de Barrancabermeja conviven lideres sociales y desmovilizados de los grupos armados, quienes al igual que los ciudadanos de a pie, terminarán siendo identificados por el software perteneciente a este convenio, el cual indicará las pautas de comportamiento de cada uno de ellos incluyendo a que sitios asisten, con quienes se hablan y a que colegio llevan a sus hijos. Esta es una situación muy delicada como para que los periodistas salgan a decirle a los ciudadanos que se pueden quedar tranquilos con la instalación de las cámaras.

Este es un momento propicio para que los grupos sociales como la comunidad LGTBI, los movimientos sindicales, los estudiantes universitarios, los lideres sociales, los veedores ciudadanos, los reinsertados y los desplazados por la violencia, presenten su voz de protesta ante la inminente vulneración de sus libertades civiles. Si esta información fuera manejada por la policía y los demás organismos de seguridad del Estado, la responsabilidad sería evidente. Pero al día de hoy lo único que sabemos es que la manejarán los directivos de una institución educativa que para muchos está controlada políticamente por una familia: Los Tavera.

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magda amado una lucha contra la mezquindad

Magda Milena Amado, una lucha contra la mezquindad

“Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria”.

Borges

Con la cruz a cuestas

Usted no necesita ser un periodista con ínfulas de fiscal para saber si una persona intenta minarle con mentiras el espíritu, o le está hablando con la verdad. Lo único que se requiere es tener un poco de humanidad entre las venas para entender las razones por las cuales actúan de una u otra forma los seres humanos. Y precisamente por eso me senté a dialogar con la ex contralora de Bucaramanga, porque mi humanidad me indicó, tal cual lo pronunció Borges, que éramos voces de una misma penuria. Todas las personas que se atreven a ser funcionarios públicos, son conscientes que la sociedad los señalará sin importar que sus acciones sean justas o valederas, pero lo que nunca alcanzan a dimensionar, es que sus jueces naturales puedan terminar siendo reemplazados por los medios de comunicación, bajo la sombra de la mezquindad o el mal agradecimiento, especialmente en aquellos casos donde esos funcionarios han sido los artífices de los premios periodísticos que cuelgan en su pared. ¿Cierto Eneas?

magda amado una lucha contra la mezquindad

Muestras del deber cumplido

Después de haber sido la secretaria general de las unidades tecnológicas, su llegada a la Contraloría se consolida después de una importante reunión con tres prohombres que ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar. Ese apoyo fue fundamental para obtener políticamente los votos necesarios en su elección ante el concejo municipal, pero no fue un yugo para dominarla en el ejercicio de sus funciones, lo cual terminó descontrolando a todos aquellos que pensaron que iba a ser un contraloría de bolsillo. Su primer golpe de opinión lo tuvo en el año 2012 cuando estalló el escándalo de la secretaría de desarrollo social, teniendo como mano derecha a Eneas Claudio Navas Uribe, quien con el transcurrir del tiempo terminaría convirtiéndose también en la siniestra. Para el 2013 comenzaron las auditorias  en el Imebu, el Pae, las basuras y el puente de la novena, ayudando a que la incomodidad hacia su trabajo se hiciera más evidente no solo en los concejales, sino en todo el gobierno mismo.

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Llegado el 2014, sus esfuerzos los dirigió a las megaobras sustentadas en las contribuciones por valorización, momento en el cual tuvo que despedir por razones de deslealtad a un hombre al que jamás debió haber ayudado. Fue así como entonces llegaron en el 2015 las “investigaciones” periodísticas, y junto con ellas, el ya acostumbrado asesinato moral que encontraría su mayor estado de éxtasis con el linchamiento de Luis Francisco Bohórquez.

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Los delatores sin moral

Quienes se aprestaron para señalar las posibles faltas de Amado no fueron los cardenales de la santa iglesia católica, sino aquellos que se vieron afectados por las investigaciones adelantadas por la funcionaria, como en el caso de Oscar Uriel Arrieta Roa, ex gerente de la EMAB a quien la ex contralora lo investigó por un contrato con la empresa Proactiva Chicamocha en el cual el 95% de las ganancias de la relación contractual era para el privado, lo que la llevó a interponer una acción popular que salvó gran parte del patrimonio público de los bumangueses, lo cual al día de hoy nadie agradece. Otro de los que estuvo muy presto a colaborar con los periodistas fue el auditor regional de Bucaramanga Jaime Parra Sánchez, a quien su indignación institucional se le acabó en el periodo de Jorge Gómez Villamizar, ya que se la había gastado toda en las auditorias a Amado, y en una que otra visita a los demás contralores y al mismo Argemiro Castro, quien no debe recordarlo con mucho afecto.

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Y para rematar la desgracia, aparece en el panorama Jorge Gómez Toloza, quien teniendo represados al interior de la contraloría municipal varios procesos a punto de prescribir, solicitó unas vacaciones en la cuales su reemplazo decidió emitir los fallos administrativos sobre los que Gómez no se había apersonado. A Magda Amado se le criticó mediáticamente esta situación, lo cual condujo a que fuera investigada por la Procuraduría, sin que nadie haya dicho al día de hoy que todas esas investigaciones fueron archivadas en favor de la ex contralora, al encontrarse que todos los fallos expedidos estaban ajustados a la ley. Así que la máxima que aquí se aplica, es vilipendiar funcionarios, y no retractarse jamás por las equivocaciones que se cometan, porque la mezquindad de quienes así actúan, siempre se sobrepondrá a la ética periodística.

Su camino no ha sido fácil, y lo único que espera, es que cese el odio en el corazón de algunas personas, y la sociedad pueda darse cuenta de que los periodistas no son jueces, y que los titulares no hacen… Haga clic para Tweet

Para las verdades el tiempo

Al día de hoy han sido archivados todos los procesos que se abrieron en contra de la ex contralora con ocasión de las “revelaciones” hechas por los medios de comunicación. No existen fallos por corrupción, enriquecimiento ilícito u otra acusación alguna. Las sanciones pecuniarias por dichas denuncias desaparecieron porque se estableció la inexistencia de faltas disciplinarias en el proceder de la funcionaria. El único proceso que permanece latente, corresponde a una posible omisión al debido proceso dentro de la investigación que Amado adelantó en contra del funcionario que tenía represadas las actuaciones investigativas sobre la Emab, el cual ni siquiera al día de hoy tiene firmeza jurídica ya que se encuentra en apelación. Y si es verdad que el principio de la igualdad existe en este país, deberá concluir en un simple llamado de atención, tal cual sucedió con un proceso exactamente igual en contra de Rolando Noriega interpuesto por el mismo quejoso en la misma procuraduría segunda de vigilancia, sanción que curiosamente no ha sido registrada aún en los sistemas de la entidad. El camino de esta funcionaria no ha sido fácil, pero tanto ella como su familia, lo único que esperan es que cese el odio en el corazón de algunas personas, y la sociedad pueda darse cuenta de que los periodistas no son jueces, y que los titulares no hacen tránsito a cosa juzgada.

Próxima Columna: Informe especial.

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Foto familia Aguilar

Mauricio y los Aguilar

Foto familia Aguilar

Los despachos oficiales del alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander, están separados tan solo por una distancia de cien metros lineales, lo cual debe ser un motivo más que suficiente para que dichos mandatarios entiendan lo corto que es el sendero que deben transitar para trabajar por el progreso de esta región. Personalmente tengo mis dudas frente al manejo administrativo que Mauricio Aguilar le pueda llegar a dar al departamento, pero no por ello voy a perder la esperanza de que su llegada a la gobernación sea una nueva oportunidad para que este territorio reciba lo que se merece.

Los ciudadanos poco a poco han ido anunciado el interés de vigilar de cerca esta nueva administración, como es el caso del ex alcalde Rodolfo Hernández, quien ya mencionó unos nombres que pueden saltar a la palestra pública con todas las implicaciones que ello conlleva. De mi parte me abstendré de hacer señalamientos personales previos sobre cualquier persona, hasta que sus acciones tengan alguna incidencia con el interés público. Pero no por ello voy a dejar de apoyar a quienes señalen hacia las sombras para descubrir los intereses que allí se ocultan.

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Lo que le espera a Mauricio no es nada fácil, pero si logra entender que los Aguilar son una cosa, y que él por si mismo es otra, podrá comenzar a construir un legado que honre el hecho de su propia existencia. Es obvio que no podrá desligarse del todo de su familia, pues sería absurdo desconocer que los más de 16 años que su padre lleva haciendo política por Santander es el fundamento que lo tiene donde está. Por eso es que aseverar con tanta vehemencia que los más de 380 mil votos de Mauricio son producto de la maquinaria, no solo resulta un despropósito, sino también, una falta de respeto hacia aquellas personas que depositaron su voto por convicción o por cariño. Podemos no estar de acuerdo con su llegada al poder, pero quien así lo decidió fue el pueblo, y en el marco de nuestros derechos constitucionales esa decisión se acata y se respeta.

Podemos no estar de acuerdo con su llegada al poder, pero quien así lo decidió fue el pueblo, y en el marco de nuestros derechos constitucionales esa decisión se acata y se respeta. Haga clic para Tweet

Serán cuatro años en los que los santandereanos esperaremos que se saque a la luz pública lo que Diego Frank Ariza como contralor de Santander no pudo hacer, siempre con la esperanza puesta en que el nuevo gobierno no termine convirtiéndose en un encubridor más a la manera en que lo fue el procurador general Fernando Carrillo Flórez frente a todas y cada una de las actuaciones de un hombre que como él mismo lo dice, aprendió a gatear entre fajos de billetes. Más de 616 mil personas que anhelaban una opción diferente a la de Aguilar, estarán pendientes de que sus actuaciones sean propias de la dignidad que se ganó.

Foto Mauricio-Didier

Por eso quiero atreverme desde esta tribuna, a invitar al gobernador electo para que se siente con su familia y reconozcan que para gobernar, es necesario reunirse con sus mismos contradictores, no solo para apaciguar los ánimos y despejar el camino, sino también, para rescatar las buenas ideas que se quedaron en la contienda electoral, junto con las que anhelamos los ciudadanos desde hace muchos años, como lo es la creación del gran Parque Central de Bucaramanga que conecte al parque Antonia Santos con la Plaza de Mercado Central, integrando al proyecto el Centro Cultural del Oriente, el parque Centenario y las manzanas catastrales necesarias para la ejecución de una obra que más que un proyecto de infraestructura urbana, debería ser un legado ambiental para las generaciones futuras. Ya tendremos tiempo para hablar de ello, así como también de sus 14 proyectos turísticos para Santander.

Próxima Columna: Magda Milena Amado, una lucha contra la mezquindad.

la injusta crucificción de camilo rincón leon

La injusta crucifixión de Camilo Rincón León

Camilo
Uno de los más claros asesinatos morales por parte del periodismo en esta ciudad, fue el perpetrado contra Camilo Iván Rincón León, un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Desde el mismo día de su posesión, este funcionario decidió oponerse al facilismo que existe a la hora de contratar en el sector público, algo que en vez de consagrarlo como funcionario modelo, terminó contradictoriamente siendo el principal motivo de su crucifixión, por lo cual resulta cierto que en este país los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos.
Un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Haga clic para Tweet

El inicio de esta historia

Cuando la Gobernación suscribió con el Indersantander el convenio de cooperación No 1512 de 2012 por un valor superior a los 2.087 millones de pesos, respecto de la participación del departamento en los juegos nacionales y paranacionales de ese mismo año en los departamentos de Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca, el señor Alexander Duarte Hernández, miembro de la cúpula de directivos beneficiados con los créditos del IDESAN, y cuota política de Luis Alberto Gil, celebró un convenio con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, para que se encargara de la inversión de gastos de los deportistas.
Hasta ahí no hay ningún problema, pero los inconvenientes comenzaron cuando Rincón León asumió la dirección del instituto y se dio cuenta, gracias a los informes de interventoría de la secretaría de educación departamental, presentados por la señora Genny Rocío Gómez Guerrero, que dicha corporación en su calidad de contratista, no había soportado con la debida facturación más de 868 millones de pesos. Una razón más que suficiente para que tomara la decisión de liquidar unilateralmente el convenio por el incumplimiento a las obligaciones pactadas. Esta situación no fue de buen recibo en algunos particulares dados sus propios intereses, pero Rincón León no se amilanó ante las presiones, y decidió mantenerse en su posición frente al asunto. Una posición que le terminarían cobrando tiempo después, cuando con ocasión de los juegos nacionales del 2015, fue acusado disciplinariamente de tres cargos a saberse: falta de competencia, detrimento patrimonial conforme al informe de la Contraloría General de Santander y la imposición de unas presuntas condiciones que limitaron la participación y la libre concurrencia de oferentes.
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Un fusilamiento mediático

Para quienes son más periodistas que abogados, los cargos impuestos a Rincón León son demasiado útiles a la hora de promocionar titulares, pero lastimosamente son muy complejos para explicárselos al común de las personas, quienes al no asimilar la filosofía de la norma, terminan recriminando socialmente a los funcionarios señalados; y todas aquellas noticias mal estructuradas, acaban dando sus frutos en el escritorio del juzgador. Rincón León logró demostrar fehacientemente dentro del proceso disciplinario que se le adelantó, que sí tenía competencia legal, que no hubo detrimento patrimonial alguno porque jamás se llevó a cabo la auditoria contable, presupuestal y financiera, así como también, que el proceso licitatorio no fue limitado en ninguna de sus etapas contractuales, lo cual es precisamente el motivo de la lucha que adelanta para demostrar que sus argumentos fueron intencionalmente omitidos en el procedimiento.
Cualquier abogado que lea el documento que contiene los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Regional de Santander y la delegada para la moralidad pública en contra de Camilo Rincón, encontrará fácilmente la falsa e indebida motivación, la falta e indebida valoración probatoria y la incoherencia jurídica con la que se juzgó este caso, sin dejar de lado la falta de técnica procesal que tuvieron los funcionarios responsables en este asunto. Una decisión que más temprano que tarde tendrá que ser revocada por la procuraduría, o en su defecto, anulada por la jurisdicción contenciosa.

El papel de la contraloría departamental

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, a Rincón León se le apareció en el camino el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien en mi opinión es uno de los funcionarios públicos que mejor aplica el principio de la realidad invertida, o lo que algunos llaman: “el mundo al revés”. Aparte de estar defendiéndose del proceso del año 2015, a Camilo Rincón le toca ahora defenderse de un proceso de responsabilidad fiscal con radicado 2016-123, abierto con ocasión de la denuncia que él mismo presentó en contra del convenio de cooperación celebrado con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, la cual tenía como fin salvaguardar el patrimonio del Indersantander en más de 868 millones de pesos de dineros públicos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin aparecer gracias a la inoperancia de funcionarios como Kelly Paola Restrepo Amaya y Diego Armando Aparicio Quiñonez, quienes al parecer extraviaron las llaves del cajón donde guardaron estas investigaciones, aún a pesar de que el periodista Carlos Julio Castellanos hizo pública esta situación en su segmento denominado “El Enjambre” hace ya cuatro años en el canal TRO.

El extraño comportamiento del contralor Ariza

Lo anterior es el colmo de la intrepidez de una contraloría que resulta muy efectiva a la hora de mirar por el retrovisor, pero que al momento de dirigir su mirada al frente, no le molesta encontrarse con un vidrio panorámico totalmente empañado que le impide ver lo que pasa en el actual gobierno, como en el caso de IDESAN, el PAE, los sobrecostos de los viajes en helicóptero, el CAI fluvial, y los sobrecostos en las obras de infraestructura por mencionar algunos temas que pareciera que no existieran para el señor Ariza. De ahí que al contralor haya que recordársele que en vez de estar persiguiendo a los denunciantes, debería concentrarse en buscar a los ladrones, tarea que en el caso del convenio de los juegos nacionales del 2012, le podría ser muy útil la ayuda del director comercial del Idesan, Alexander Duarte Hernández.

¿Dónde está la plata?

Quienes conocen la trama contractual del departamento en materia deportiva, manifiestan que la corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI está muy ligada a los intereses profesionales del señor Jorge Enrique Gómez Celis, el cual aparece como apoderado judicial de esta persona jurídica en los trámites ante la procuraduría judicial, por la situación aquí enunciada. De ahí que los santandereanos estemos esperando que con la ayuda de este ex representante a la cámara, se nos aclare en donde están los 868 millones de pesos que presuntamente se cobraron sin facturas, y que al día de hoy superan los más de 1.200 millones en razón de su indexación. Por ahora, Camilo Rincón seguirá buscando demostrar su inocencia respecto de los hechos del 2015, mientras el contralor Ariza lo investiga por habérsele ocurrido denunciar los posibles hechos de corrupción del 2012 bajo la administración de uno de los directivos del IDESAN que ostenta préstamos a su favor con el dinero de todos los ciudadanos. Definitivamente este si es el mundo al revés.
Adenda: felicito a los más de73.788 florideños que le demostraron a Héctor Mantilla y a todos los partidos que avalaron a Miguel Moreno, el más claro y contundente rechazo a su politiquería. Comienza un nuevo gobierno con muy poca legitimidad.
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Oscar Jahir Hernandez

Otro día normal en la CDMB

El pasado viernes 18 de octubre, ante el despacho del gobernador Didier Tavera, se presentó la renuncia del señor Gilberto Mendoza Ardila en su calidad de Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, con lo cual se abrió un campo de especulaciones que tendrán que aclararse en el devenir del tiempo.

El solo hecho que Mendoza cuente con la asesoría de un penalista como Rodrigo Javier Parada Rueda, le asegura a esta historia un desarrollo bastante interesante. Quizá esto apenas comienza, y con el transcurrir de los días ya estamos viendo en la trastienda a personas como el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien debería esclarecer los motivos por los cuales se designaron equipos auditores conformados por funcionarios con relaciones crediticias en la entidad que iban a vigilar (ver anexo 1), lo cual si bien es cierto no es un delito en si mismo, una situación como estas no tiene una buena presentación.

A la escena también están llamados varios diputados, los cuales se siguen resguardando en un silencio que solo ha sido interrumpido por la proposición de control político presentada por Luis Eduardo Díaz Mateus, apoyada por Mario Antonio Cárdenas, YolandaVargas Hernández y el mismo Humberto Rangel Lizcano, a quien se le abona el deseo por esclarecer su situación (ver anexo 2).

Sin embargo, se diga lo que se diga, renuncie quien renuncie, y se demuestre lo que se demuestre, aquí nada va a pasar, porque así como la justicia no opera, a la mayoría de los ciudadanos tampoco les importa.

Escuchar en los pasillos de la Gobernación que la CDMB se la repartieron entre los Tavera y Fredy Anaya es algo que no solo produce escozor... Clic para tuitear

Escuchar en los pasillos de la Gobernación que a la CDMB se la repartieron entre los Tavera y Fredy Anaya, “respetando” un compromiso político anterior que incluía el manejo presupuestal del EMPAS y la ESANT, es algo que no solo produce escozor, sino una gran extrañeza al observar que la sociedad asume con normalidad una cosa semejante.

Y traigo a colación el tema de la corporación ambiental, porque quizás nadie ha caído en la cuenta de lo importante que resulta la elección del señor Juan Carlos Reyes Nova para uno de los implicados en el escándalo del IDESAN, como lo es el señor Fabián Rolando Mendoza (Ver anexo 3), esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel, quien a través de la resolución 528 del 01 de noviembre de 2018 obtuvo la reestructuración de un crédito en la suma de 1.827 millones de pesos junto con Ramiro Meneses González (Ver anexo 4), el exfuncionario de la corporación ambiental que hoy funge como candidato por el centro democrático a la alcaldía de Los Santos, quien siendo representante legal de la Corporación Tecnológica para el manejo del agua y saneamiento (Nit830508995-6) (Ver anexo 5), obtuvo un convenio de asociación en la CDMB por valor de $1.138.819.970 millones de pesos para “brindar apoyo a las familias afectadas por la declaratoria del parque natural regional Santurban”, empresa que en su momento también fue representada por Mary Andrea Pimentel Mendieta (Ver anexo 6), miembro activo actual del consejo directivo que en representación de las ONG’s terminó votando a favor del nuevo director (Ver anexo 7), y de quien bien vale la pena informar que ha sido contratista en la ESANT bajo la dirección de Mónica Paola Monsalve Monroy, funcionaria muy cercana a Tavera (Ver anexo 8).

Y así es como todo queda entre amigos. Se ganan los contratos en una entidad pública, y somos los ciudadanos los que terminamos con nuestros impuestos financiando las obligaciones de los contratistas a través de prestamos cuestionados, quienes después pasan a integrar las juntas directivas que escogen los títeres del poder, sin importar que antes de impartir su voto, hayan sido multados en la misma entidad por incumplimiento en sus contratos (Ver anexo 9). Pero mientras tanto, todos nosotros seguimos creyendo que las cosas van a cambiar. Feliz día electoral señoras y señores.

Adenda: Señor alcalde Danny Ramírez, ¿usted está en la disposición de hacer públicos los informes de actividades de la contratista Cindy Katherine Castañeda Galvis, quien lleva más de tres años al interior de la secretaría de planeación de Piedecuesta sin que nadie sepa a que se dedica? (Ver anexo 10).

Adenda: Señor alcalde Danny Ramírez, ¿usted está en la disposición de hacer públicos los informes de actividades de la contratista Cindy Katherine Castañeda Galvis, quien lleva más de tres años al interior de la secretaría de planeación de Piedecuesta sin que nadie sepa a que se dedica? (Ver anexo 10).

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Oscar Jahir Hernandez

La Corrupción en los Centros Vida

Razón tiene el candidato a la alcaldía de Floridablanca Miguel Ángel Moreno, cuando manifiesta que una de las cosas con las cuales no se puede estar de acuerdo en el gobierno de Héctor Mantilla es con el manejo que se le dio a los Centros Vida.

Las administraciones públicas de todo el país siempre se han preocupado por este tema, pero a la sociedad en general le importa muy poco lo que sucede allí adentro. Son cientos de millones de pesos los que cada año se mueven alrededor de un Centro Vida en todos los municipios del Departamento, y si bien es cierto que existen personas y fundaciones que desarrollan sus labores con amor y compromiso, no se puede negar que detrás de esto existe mucha gente que ha encontrado el nicho perfecto para robarse los dineros públicos, a sabiendas de que las condiciones de vulnerabilidad en las viven estos ancianos, les conceden el silencio necesario para que nadie se de cuenta de lo que hacen.

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Un ejemplo de esos es Piedecuesta, donde sus habitantes se cansaron de denunciar que la mamá del actual alcalde, la señora Martha Rojas Quintero, al parecer maneja uno de esos centros con todos sus familiares a bordo. Pero esta clase de cosas no son importantes para la prensa, y mucho menos para las entidades de control, más interesadas en escándalos que tengan una mayor envergadura, que en la probable “muerte” de una anciana a la que decidieron desconectarle el oxigeno (Video 1 y 2).

Video 1.

Video 2

 

Estas cosas no le importan a la gente porque no la afectan en el diario vivir, y eso es una clara muestra de lo enferma que está nuestra humanidad.

Nunca veremos medios de comunicación inmersos en una investigación seria acerca de lo que pasa con estos centros, y mucho menos cuando los alcaldes terminan contratando a los familiares de algunos periodistas a quienes en nada les importa esta miserableza, ya que se sienten más a gusto con el amarillismo de sus titulares y el vacío de sus contenidos. (Video 3)

Video 3.

La atención de nuestros ancianos necesita una reingeniería institucional como la que se hizo en el actual gobierno de Girón, donde sus centros vida pasaron de ser la caja menor de los corruptos en la época de Héctor Josué Quintero, a ser el único lugar donde muchos ancianos hoy logran sentirse útiles para la sociedad. El problema no es el tiempo de los convenios señores candidatos, es la calidad del servicio que allí se presta. (Video 4)

Video 4.

Contrato

Próxima Columna: ¡Qué pena con los costeños!

 

 

La cara oculta de Claudia López

Para muchas personas la política es el arte de la hipocresía, y la mejor muestra de eso es ver las declaraciones de Claudia Lucero López, donde manifiesta que la corrupción está representada en dos campañas diferentes a la suya, sin mencionar, claro está, las posibles investigaciones en las que hoy ella misma estaría inmersa al interior de la Fiscalía por el posible delito de corrupción al elector para el momento de la campaña al Senado de su esposo Miguel Ángel Pinto, para quien al parecer, de conformidad con las palabras de la candidata, tampoco operó la justicia en el mes de marzo del año 2003, cuando la fiscalía 16 de Bogotá declaró inhibitorio el proceso que se adelantaba en su contra por el delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, cuando era contralor de Santander, y su esposa era la secretaria general.

A esta actitud en el campo de la sicología se le llama memoria selectiva, y en eso a la señora López no hay quien la iguale. Por eso es que antes de salir a defenderse con tanta dignidad sobre las acusaciones que se le hacen, debería detenerse por un instante frente a un espejo para que pueda valorar realmente sus acciones, las cuales según una buena fuente del periodista Jorge Gómez Pinilla, se fundamentan en el trabajo del tenebroso “contrahacker” Carlos Escobar, a quien se le acusa de manejar las “bodegas” de su campaña para atacar a los demás candidatos desde el apartamento 1904 de la Carrera 25 No 18–39.

Y como si no fuera poco, se consolidan con el acompañamiento político del condenado exgobernador Mario Camacho Prada, a quien le envío un fervoroso saludo teniendo en cuenta que me advirtió que iba a “seguir de cerca mis actuaciones”. Nos faltan 73 días para saber que nos espera como ciudadanos, y créanme que si hay alguien que haya tenido que aprender a contar los días con paciencia, soy yo.

Adenda: ¿A cuanto asciende la sanción que se le impuso a Cecilio Vera por constructor ilegal en Bucaramanga?

Próxima columna: El “Jhon Calzones” de Girón

 

Un oportunista llamado Horacio Serpa

En el año 2015 a Horacio Serpa se le acusó de haberle dado un golpe demoledor al partido liberal por apoyar la candidatura del hijo de un narcotraficante a la Gobernación de Santander, lo cual no solo consideró como una ridiculez, sino también, como un imposible político. Pues bien, cuatro años después, los liberales no tienen candidato propio a la Gobernación, así como tampoco a ninguna de las alcaldías del área metropolitana.

Su metida de manos al fuego por Didier Tavera generó una división sin precedentes de la cual jamás va a tener la gallardía de hacerse responsable, por lo cual hoy de forma solapada se esconde detrás de candidaturas que le puedan servir para seguir manteniendo en el Senado a un hijo que al igual que el de Alfonso Pinto Afanador, autollamado “alias pocho”, no tiene nada para sembrar en terrenos propios. Uno de sus mayores reclamos en ese momento, fue que a él no se le podían dar lecciones de dignidad, pero como la vida es tan irónica, en medio de su orfandad de poder, le tocó apoyar una campaña que no deja de abofetearlo con el lema de la misma: “dignidad santandereana”. No sé que le pasó a Leónidas Gómez, pero al final de la contienda será Elkin Bueno el que termine mostrándole la clase de enemigo que dejó entrar a su casa.

Serpa es un hombre curtido en intrigas políticas y acomodamientos burocráticos como los obtenidos en Piedecuesta con la familia Núñez Hartmann, lo cual termina siendo una de de las causas por las que Santander es un foco de corrupción, donde la inmoralidad pública encontró un buen aliado para que el Procurador General Fernando Carrillo Flórez con una marcada pusilanimidad gubernamental, no venga a incomodar los terrenos políticos y personales de su oportunista padrino de matrimonio.

Terminó el tiempo dándole la razón a sus contradictores sobre el golpe moral y ético que sus incoherentes decisiones le causaron a la colectividad roja en el Departamento. Ojalá entienda que ya es hora de dar un paso atrás.

Próxima columna: ¿Paramilitares en el gobierno de Héctor Mantilla?