Contraloria

Un tigre suelto en la Contraloría de Santander.

Un gatito de apellido Ariza

Diego Ariza

Diego Frank Ariza Pérez es el perfecto funcionario público que todo político sueña tener a su lado, porque tiene la inmensa capacidad de guardar silencio frente a todo lo que perjudique la imagen de su patrón. Prueba de ello fue la inutilidad que demostró la Contraloría Departamental de Santander durante el periodo de gobierno de Didier Alberto Tavera Amado, quien al día de hoy se encuentra ante la Fiscalía General de la Nación, dando explicaciones sobre unos posibles actos de corrupción que el minúsculo contralor no encontró dignos de ser denunciados.

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Al señor Ariza no le importó que los niños de las veredas más apartadas de nuestro departamento no encontraran una ración de comida después de recorrer dos horas de camino entre su casa y la escuela, o que los jugos en algunos colegios se prepararan con las frutas desechadas por los vendedores de las plazas de mercado. Pues bien, fue esa misma desidia lo que llevó a que varios actores sociales del departamento denunciaran la situación ante las autoridades, porque si fuera por él, al día de hoy la contratación del PAE sería modelo de contratación pública en Colombia.

Y lo que muy pocas personas se han percatado, es que el contrato que tiene al exgobernador en problemas es el de una sola vigencia, y aún quedan por revisar tres más. Con más pena que gloria sera recordado su paso por el ente de control, donde aún se pueden encontrar sobre los expedientes, las huellas dejadas por el gatito que sonaba su cascabel cada vez que el poder político le rascaba la cabeza.

La elección para su reemplazo

asambleasantander

Desde el primer día en que se conoció la lista de las personas que ocuparon los primeros lugares para ocupar el cargo de Contralor Departamental, me opuse rotundamente a la aspiración de Pablo Díaz Barrera por considerar un despropósito que pudiera llegar a ser escogido por los diputados, dado que su hermano Carlos había sido director del Indersantander y posteriormente había ejercido como Secretario de Infraestructura, lo cual lo conduciría a tener que declararse impedido en un casi 50% de la contratación departamental.

Así que su renuncia fue bien recibida de mi parte. Sin embargo, su salida revivió las aspiraciones de Carlos Fernando Pérez, un economísta cercano a los afectos del padre del Gobernador Mauricio Aguilar, quien ahora está a la espera de que los diputados cercanos al nuevo gobierno, terminen dándole los votos necesarios para ocupar el cargo del gato que se fue. Muchos creen que esto es un favorecimiento para el gobernador, pero si se analizan bien las cosas, el cargo al que aspira el señor Pérez, el doctor Edgar Higinio Villabona y el contralor Hernándo Medina, no es como lo pintan.

Un Tigre detrás de Didier Tavera

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Si se analizan bien las cosas, quien llegue al cargo de Contralor, solo podrá auditar de forma inmediata los procesos de contratación del año 2019, y de forma discrecional los procesos de contratación de cinco años atrás, dado que la gobernación solo podrá comenzar a contratar fuertemente después de la aprobación del plan de desarrollo del 2020, donde la gran mayoría de las obras tendrán plazos superiores a un año, y su auditoría se llevará a cabo quizás en el año 2022, fecha para la cual ya estará en el cargo un Contralor diferente al de esta elección dado que esta misma es de transición y solo durará dos años. 

Por eso es un grandísimo error creer que el próximo Contralor de Santander será el gatito de Mauricio Aguilar. Aquí el que debe comenzar a ponerle veladoras a la virgen es Didier Tavera, porque cualquiera de los tres que llegue al cargo comenzará por la auditoría de la contratación departamental del último año, y todos los demás años anteriores. Así que el verdadero trabajo del nuevo Contralor, será convertirse en el tigre que revuelque verdaderamente los expedientes que su antecesor archivó por conveniencia, y nos cuente la verdad sobre todas esas obras que aún no se han auscultado, y las que se entregarán en el año en curso, como lo es el intercambiador de Fátima, el intercambiador de Papi Quiero Piña, el clarísimo robo del Parque de la Familia y el Parque del Parapente, obras que se fundamentaron en actos administrativos firmados en su momento por el diputado Mauricio Mejía Abello en calidad de Secretario de Infraestructura.

Muchos creen que esto es un favorecimiento para el gobernador, pero si se analizan bien las cosas, el cargo al que aspira el señor Carlos Fernando Pérez, no es como lo pintan. Haga clic para Tweet

LO QUE ESTÁ EN EL FOSO

Didier foso

Llegue quien llegue, bien sea el independiente doctor Medina, el señor Villabona, o Carlos Fernando Pérez, ninguno de ellos será motivo de incomodidad para el gobernador Aguilar en razón a las vigencias que tendrá que revisar (2019 y 2020). Pero lo que si esperamos todos los ciudadanos, es ver al nuevo Contralor de Santander dándonos resultados frente a la contratación de Didier Tavera para conocer de una buena vez por todas que fue lo que pasó en Idesan, qué es lo que se esconde detrás del contrato de las cámaras con Emtel S.A., de qué forma se ejecutaron las obras en el municipio de Cimitarra, y quienes fueron los actores políticos que se beneficiaron con la construcción de la transversal de Malpaso, entre otras más. Tendrán que salir muchas cosas a la luz, y solo espero que se tenga el compromiso para hacerlo.

Didier Tavera

Querido Didier, te metiste en un problema

Hace seis meses manifesté que una de las causas por las cuales el Departamento de Santander ocupaba el primer lugar en materia de corrupción, era la falta de compromiso del gobierno de Didier Tavera para evitar que los dineros públicos se quedaran en manos de los peores contratistas de Colombia.

Desde ese día hasta hoy, nada ha cambiado, y una muestra de ello son los más de 14 mil millones de pesos que pasaron por las arcas de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para ir a parar a las cuentas de la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Didier Tavera

La licitación pública que nunca fue

Durante los meses de febrero y marzo del año 2017, la Gobernación de Santander decidió celebrar un convenio de cooperación por un valor de 14.100 millones de pesos (No 883 del 5 de abril de 2017) para llevar a cabo su proyecto de innovación ciudadana, extendiéndole una invitación a cuatro empresas para que presentaran sus propuestas con fundamento en un presupuesto previamente establecido por el ente territorial.

Tres de las cuatro empresas invitadas (INFOTIC S.A.S., ERT E.S.P., ETB E.S.P. y EMTEL E.S.P.), fueron descartadas del proceso por sobrepasar el valor establecido en la invitación, y solo una de ellas, EMTEL E.S.P., cumplió con el presupuesto fijado gracias a que generosamente decidió no cobrar un solo peso por el manejo administrativo del proyecto. Lo que genera extrañeza no es el convenio en sí mismo, sino la contratación que EMTEL E.S.P. hace con la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A. a tan solo un mes de haberse firmado el convenio (Contrato 163 de 2017 del 2 de mayo de 2017), por un valor de 10.941 millones de pesos.

EMTEL-SEDE

Y es aquí donde surge la primera pregunta: ¿Dónde están los más de 3.159 millones de pesos de diferencia entre el convenio y el contrato?

Si al final de este asunto la empresa EMTEL E.S.P. tuvo que contratar un tercero porque no podía cumplir con las obligaciones estipuladas en el convenio, entonces la cooperación entre entidades fue una mentira, y aquí lo único que se hizo fue firmar un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Gobernación de Santander, para evadir probablemente una licitación pública y permitir que los dineros del proyecto fueran a parar en manos de un particular como lo es Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Y eso en cualquier parte de este país, no es otra cosa más que un posible delito de celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales, y un indebido interés en la celebración de contratos. 

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Dineros públicos en riesgo de perderse

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Si los anteriores delitos mencionados, llegaron a cometerse por parte del gobierno departamental, serán las autoridades competen tes las que así lo determinen, pero los dineros públicos destinados para este proyecto, son del interés propio de la ciudadanía en general, y por eso es que en conjunto con este escrito, he presentado una denuncia formal en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la Nación, porque si hay algo que haya aprendido en este último año, es que el Estado es a quien menos le importan los actos de corrupción que terminamos pagando los ciudadanos.

Después de haberse firmado el convenio con EMTEL E.S.P, la compañía de telecomunicaciones UNE EPM S.A., terminó de forma unilateral el contrato para la comercialización del servicio de televisión que tenía vigente con esa empresa, por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales, algo que ya se había repetido con la empresa Transmilenio en la capital de la República, en donde la instalación de unas cámaras de reconocimiento facial, condujeron a que la personería de Bogotá destituyera e inhabilitara por doce años a Ricardo Ramírez Moreno, exsubgerente técnico del fondo de vigilancia y seguridad del distrito capital.

La decisión señala que la sanción se dio “por suscribir un convenio (880 de 2014) para la instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para Transmilenio en diciembre de 2014, por más de $7.753 millones, que no se pudo activar”. ¡Y a que no adivinan cual fue la empresa que subcontrató EMTEL E.S.P para la ejecución del contrato en Bogota! Pues si, la misma: Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Los tahúres de la Gobernación

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El as bajo la manga del gobierno departamental en todo este juego pareciera llamarse Inversiones Tecnológicas de América S.A. Esta empresa, de la cual pocas personas se acuerdan, se ganó la licitación por más de 8.000 millones de pesos “para el fortalecimiento de la conectividad digital en las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander”, en compañía de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniería S.A.S., con quien conformó la Unión Temporal denominada Conexión Santander.

Haber participado en otra licitación en el departamento no hubiese sido de buen recibo, ya que sus integrantes fueron objeto de delicados señalamientos durante ese proceso contractual, y por eso debió resultarles mucho más grato el haber sido contratados por EMTEL E.S.P. de forma privada. En primer lugar, porque a pesar de ser un proceso de bienes y servicios, no tuvieron que licitar para quedarse al final con más del 77% de los dineros del convenio, y en segundo lugar, porque quien los contrataría sería un socio de vieja data.

Una muy buen jugada para una mano de naipes que solo podrá concluir cuando más de un funcionario termine preso, si es que la fiscalía se apresura a recopilar las pruebas en este entramado contractual.

La inexistente Contraloría de Santander

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Diego Frank Ariza es quizás uno de los funcionarios más pusilánimes que ha tenido la Contraloría de Santander en toda su historia, y solo el tiempo será el que se encargue de demostrar que su paso por la institución no fue más que un saludo a la bandera.

Tan es así, que nadie en la Contraloría Departamental se ha pronunciado sobre las inconsistencias encontradas por la Auditoría efectuada por parte del ingeniero Julián Correa y Diana Milena Ospino, funcionarios adscritos a la Contraloría General de la República, quienes manifiestan que los 300 canales de banda ancha que debían contratarse por un valor superior a los 2.664 millones de pesos, se excluyeron del proyecto a cambio de instalar 84 kilómetros de fibra óptica que hasta el día de hoy nadie ha visto, y sobre los cuales el contratista tampoco ha sido capaz de mostrar los soportes de compra de dicho material, poniendo en riesgo la sostenibilidad a futuro del proyecto.

Pero lo más grave, es que la auditoría encontró que el plazo del convenio especial de cooperación No 883 de 2017, se encuentra vencido desde el día 16 de junio de 2019, sin que se encuentre un documento formal que dé cuenta de alguna prorroga para la entrega en operación de la plataforma tecnológica, motivo por el cual se logró determinar que la gestión en la ejecución del proyecto es ineficiente e ineficaz, consolidándose así una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por un valor superior a los 14.938 millones de pesos.

Una observación sobre la cual el señor Ariza hará lo que mejor sabe: guardar silencio.

Con el agua hasta el cuello

Didier-río

El señor Didier Tavera dejará la Gobernación de Santander con unos serios problemas por resolver, y será Mauricio Aguilar quien con su equipo de trabajo y un nuevo contralor departamental, tendrá que actuar en debida forma para proteger los recursos de los santandereanos involucrados en casos como este. Por ahora, lo único que esperan los ciudadanos, es que los medios de comunicación recuerden que los aplausos se reservan siempre hasta el final de la función.

Próxima columna: El niño de las uñas largas.

Didier-Fandiño

La Central de Espionaje de Didier Tavera

Didier-Fandiño

Por las calles de Bucaramanga transitan todos los días más de tres mil quinientos abogados en el ejercicio de su profesión, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de reclamarle con vehemencia al gobernador Didier Tavera, el haber auspiciado que se vulnerara el derecho a la intimidad de todos los santandereanos.

El inicio de la historia

Para el año 2017, la Gobernación de Santander puso sus ojos en el documento CONPES 3582 del año 2009, y decidió interpretar a su conveniente acomodo el concepto de participación ciudadana alrededor de la ciencia y la tecnología, con lo cual suscribió tres convenios con las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de Pamplona y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. El objetivo del gobierno nacional era que los colombianos generaran propuestas de innovación en materia de tecnologías digitales, un cometido que se ha venido logrando con la existencia de aplicaciones como las de Rappi, Tappsi, Hogaru o 1doc3.

Iniciativas que están sustentadas en el capital privado y que terminan redundando en beneficio de la sociedad gracias al aporte de esas empresas. Pero como en el gobierno de Didier Tavera todo es al revés, decidieron tomar ese objetivo gubernamental para acomodarlo a sus propios intereses. Para los que aún siguen creyendo que la ejecución de esos convenios están encaminados a la instalación de 900 cámaras en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja por motivos de seguridad, me permito informarles que según el acta número 002 del día 19 de julio de 2017 de la secretaría del interior de la Gobernación, la misma policía le informó a su grupo de telemática que dichos dispositivos cumplen un fin investigativo distinto a los de seguridad física. Así que si usted es de esos ciudadanos que aún creen en las nobles intenciones de este gobierno en materia de vigilancia, lo invito a que analicemos juntos la letra pequeña de los convenios que le dieron vida a un unicornio llamado “laboratorio ciudadano”

Equipo Barranca

La letra que ningún periodista lee

Miles de veces hemos escuchado en nuestra vida sobre la importancia de leer la letra pequeña, y a pesar de las advertencias, aún seguimos sin hacerlo. Dado que el ritmo diario en materia periodística no permite detenerse con más profundidad en los hechos que son noticia, los ciudadanos no pueden conocer todo lo que en algún momento puede llegar a afectarlos, y eso es precisamente lo que sucede con el proyecto denominado “innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación del comportamiento social apoyado en tic en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja”. ¿No entendieron nada? ¡No se preocupen!, se los voy a resumir de la siguiente forma: “Nos van a espiar mediante un programa de computación para que algunos funcionarios puedan comercializar nuestros datos y patrones de conducta sin ninguna autorización legal”. ¿Ahora si me hice entender? Esta deducción se obtiene al leer los estudios previos del convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander y las Unidades Tecnológicas:

La disponibilidad de la información recopilada en una plataforma abierta permitirá a terceros desarrollar aplicaciones en el ámbito de la industria digital, con los efectos colaterales nada desdeñables de obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de la información a terceros”.

Esta es la letra pequeña que todos los periodistas deberían leer antes de salir a aplaudirle a este gobierno propuestas que atentan contra las libertades de todos los ciudadanos, y sobre todo, que vulneran flagrantemente la ley de protección de datos en Colombia (Ley 1581 de 2012) y el derecho a la intimidad que tienen las personas en el desarrollo diario de sus actividades.

¿Efectos colaterales nada desdeñables?

Al honorable equipo jurídico de la gobernación de Santander, se le olvida que los efectos colaterales se llaman “colaterales” porque en la gran mayoría de los casos algo resulta adverso a lo que se inicialmente se pretendía. Así como cuando los afectados por los secuestros de la guerrilla crearon un mecanismo de defensa privado que terminó “colateralmente” transformándose en un fenómeno paramilitar.

Así que observar en los estudios previos que le dan nacimiento a un proceso contractual superior a los 18.000 millones de pesos, que pueden llegar a existir “efectos colaterales nada desdeñables”, es una inmensa sandez que más valía no haberse escriturado nunca, y menos cuando a las personas que piensan vincular al proyecto de observación se les denomina “red de cooperantes” (Aquí están los integrantes de la red).

Los convenios administrativos

El primer convenio que le da vida a todo esto es el número 879 del 05 de abril de 2017 por un valor de $3.341.080.647 entre la Gobernación de Santander y la Unidades Tecnológicas de Santander, para “apoyar el desarrollo de los objetivos” del proyecto líneas arriba ya mencionado; el segundo de ellos es el número 883 del 05 de abril de 2017 por un valor de $14.100.234.210 millones de pesos entre la Gobernación de Santander y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para “la ejecución del componente tecnológico del proyecto de innovación que aquí se trata”, y el tercer convenio es el número 885 de 2017 del mismo 05 de abril de 2017 entre la Gobernación de Santander y la Universidad de Pamplona, por un valor de $1.058.000.000 para la interventoría en todos sus aspectos de los dos convenios anteriores.

Hasta aquí van 18.500 millones para un proyecto que solo muy pocos lo entienden técnicamente, y dentro de esos pocos se encuentra el ingeniero de sistemas Omar Lengerke Pérez, rector de las UTS.

Didier-Lengerke

¿Existen intenciones ocultas en la rectoría de las UTS?

Vamos por partes. Si existe alguien que entienda la verdadera dimensión de un proyecto de investigación de comportamiento en la ciudad, ese es Lengerke, y por eso no deja de ser preocupante que se le quiera ocultar a la ciudadanía la adquisición de un software especializado de analítica de video, que no es otra cosa más que inteligencia artificial capaz de identificar de forma específica a alguien en particular al interior de la ciudad en el momento que se estime conveniente.

Esto ya no es una película de ciencia ficción, es la realidad. Los defensores del proyecto dirán que es una ayuda importante a la hora de resolver un delito o ayudar a las autoridades a capturar un delincuente, pero quizás no se han puesto a pensar que esa base de datos será capaz de identificar en las calles a las parejas homosexuales con el riesgo de que las ciudadanos sean posteriormente clasificados por sus gustos sexuales, sin que nadie les garantice que algún grupo homofóbico no tendrá acceso a esa información.

Y si se quiere algo peor, tengan en cuenta que quien maneje la central de información de este proyecto, podrá saber en tiempo real el sitio exacto donde se encuentra una persona del común, pero también podrá ubicar con exactitud al alcalde de Bucaramanga, a un empresario, a un veedor, o a un dirigente sindical. ¡Unos efectos colaterales nada desdeñables! ¿verdad señor gobernador? Por eso es tan importante hacerse la siguiente pregunta: ¿A quién se le ocurrió poner en el convenio la comercialización de la información de los ciudadanos? ¿A usted señor Lengerke?

El Gobernador que vendió a los santandereanos

La imagen de una persona es un dato de carácter personal que requiere una serie de protocolos para su tratamiento, pero a los santandereanos les van a robar sus patrones de conducta desde que salen de su casa hasta que regresan a ella, y esta es la hora en que no se sabe quienes se van a beneficiar realmente de este espionaje.

Por eso no deja de ser sorprendente que los periodistas locales estén aplaudiendo la instalación de las renombradas 900 cámaras, y no tengan ni la menor idea de dónde se alojarán los datos que se van a recoger con ellas, quiénes los van a manejar, y quiénes los van a comercializar. Están vendiendo la vida de los ciudadanos y nadie se ha dado cuenta.

Didier Tavera

Emtel, una empresa de dudosa reputación

La empresa encargada del componente tecnológico para analizar las vidas de los ciudadanos en el departamento, es la cuestionada Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., responsable en gran medida del encarcelamiento del alcalde de Popayán a raíz de la celebración de un convenio interadministrativo en el cual fue otra empresa la que terminó ejecutando el contrato (Quipux S.A.S.), de la misma forma que está pasando en este caso, pues debe darse a conocer que Emtel E.S.P. no es quien está al frente de la ejecución del convenio con la Gobernación de Santander, sino una empresa privada denominada Inversiones Tecnológicas de América S.A., con quien Emtel E.S.P. suscribió un contrato por casi 11.000 millones de pesos para ejecutar las mismas actividades por las cuales se hizo el convenio interadministrativo.

Muchos podrían decir que lo que hizo Didier Tavera, fue celebrar un convenio para omitir la obligación de adelantar un proceso licitatorio, porque al final de cuentas terminó entregándosele a un particular. Una situación por la cual también podría irse preso, pero de una manera mucho más rápida que con el PAE.

Y eso sin descontar la gran preocupación que debería causar el hecho de que Emtel E.S.P. haya sido embargada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y que según la calificadora de valores Value and Risk, tenga una calificación BB (Doble B menos) en su capacidad de pago. Otro contratista más de esos que le encanta al “gobierno que nos une”.

¿Contratos amañados?

La responsabilidad de las UTS en este asunto va más allá de ser una simple receptora de los dineros departamentales, pues uno de los primeros contratos que se celebraron con los dineros del convenio, fue con la empresa Aprendizaje Interactivo S.A.S. (Contrato 2597 de 2018) representada por Ricardo Caro Aponte, por un valor superior a los 390 millones de pesos para diseñar la estrategia en la gestión de la información, empresa que presenta más de tres direcciones en la ciudad de Bogotá sin que se sepa cual de ellas sea la real (ver direcciones).

El segundo contrato se ejecutó con la Fundación Faceit (Contrato 2426 del 13 de noviembre de 2019) por un valor superior a los 858 millones de pesos para implementar una estrategia de apropiación de contenidos en Big Data y Open Data para la creación de aplicaciones, pero lo curioso de esto, es que su equipo de trabajo son las siguientes personas: Fabio Alberto Cortes Gómez, Sandra Patricia Gutiérrez, Leandro Silva Garavito y Fabián Ricardo Caro Aponte, quienes resultan ser toda la cúpula directiva de la primera empresa que se contrató: Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Cúpula directiva de Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Sandra Patricia Gutierrez

Sandra Patricia Gutiérrez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Fabio Alberto Cortés Gómez

Leandro Silva

Leandro Silva

Fabián Ricardo Caro

Fabián Ricardo Caro

Dentro de las obligaciones que tiene la Fundación para con las UTS, está la de llevar a cuatro integrantes del laboratorio ciudadano a la ciudad de Barcelona – España los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019, para asistir al congreso mundial de ciudades inteligentes. Sería bueno preguntarle al rector Lengerke quienes fueron esos 4 afortunados.

Hasta el día de hoy se han contratado 34 personas naturales en el desarrollo del proyecto de innovación por un valor de $690.575.200 (ver listado), en donde solo los contratos de 10 personas representan el 62% de esos dineros, dentro de las cuales se encuentran Andrea María Navarrete Mogollón, fundadora del movimiento Mujeres Bici-bles, Claudia Milena Salinas Calderón, ex candidata al concejo de Bucaramanga por el partido conservador en el año 2015, y John Manuel Delgado Nivia, ex secretario de desarrollo de Santander en el gobierno de Richard Aguilar y hoy director del laboratorio de cultura ciudadana, quien es la persona más beneficiada quedándose con el 20% de la contratación.

Lengerke y comediante

¡Señores diputados despiértense!

La contratación del proyecto de innovación con la puesta en funcionamiento de las 900 cámaras, tiene un agravante mucho peor: incumple la ley de protección de datos personales. Para entender el asunto se consultó con un experto en el manejo de protección de datos y propiedad intelectual, quien manifestó lo siguiente respecto a los convenios celebrados: “La Gobernación de Santander se encuentra en estado de violación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, porque en su calidad de responsable de la información no está cumpliendo las siguientes obligaciones legales: 1. No cuenta con una Política de Protección de Datos. 2. No tiene un Aviso de Privacidad que dé a conocer la referida política. 3. No tiene registradas todas las bases de datos personales de la Gobernación en el Registro nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. No ha adoptado un Manual de Políticas y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley. 5. No ha designado una persona o área responsable de la atención de PQR´s de los titulares de datos personales. 6.  No ha identificado los “Encargados” de datos personales, calidad que en principio pueden estar ostentando las UTS, EMTEL SA ESP y los “cooperantes” en el proyecto. 7. No ha verificado que los “encargados” de sus datos personales estén cumpliendo la Ley de protección de datos. 8. No ha definido las responsabilidades de la Gobernación, en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 9. No ha definido las responsabilidades de los “encargados” en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto. 10.  No ha identificado si hay Transmisión o Transferencia Internacional de datos, y si ello se hace a destinos seguros. 11. No ha establecido los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos de los titulares de los datos vinculados en el proyecto. 12. No ha hecho una “evaluación de impacto de datos personales” al tratamiento de los datos que se recolectarán con ocasión del proyecto. 13. No ha establecido un programa de gestión y manejo de violaciones de seguridad vinculada con el proyecto. 14. No ha establecido los mecanismos para impedir el acceso no autorizado de terceros a los datos personales vinculados con el proyecto. 15. No ha establecido un sistema de auditorías de cumplimiento de hábeas data de los “encargados”. 16. No ha precisado las actividades que los “aliados del proyecto”, “la comunidad académica”, “agentes comunitarios” y “cooperantes”, realizarán en relación con los datos personales vinculados con el proyecto”.

Vistas así las cosas, no puede entenderse cómo una institución pública que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones propias en materia de ley de protección de datos personales, vaya a ser capaz de brindarle seguridad jurídica a los datos personales de una sociedad entera.

reunión

¿Van a seguir aplaudiendo?

La información de una persona hoy en día resulta ser más importante que la persona misma, y por eso es que saber lo que hace un ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta se convierte en una oportunidad de negocio que de conformidad con los estudios previos del proceso contractual, terminará favoreciendo económicamente a algunos, pero pondrá en riesgo la vida de muchos otros.

Para nadie es un secreto que en la ciudad de Barrancabermeja conviven lideres sociales y desmovilizados de los grupos armados, quienes al igual que los ciudadanos de a pie, terminarán siendo identificados por el software perteneciente a este convenio, el cual indicará las pautas de comportamiento de cada uno de ellos incluyendo a que sitios asisten, con quienes se hablan y a que colegio llevan a sus hijos. Esta es una situación muy delicada como para que los periodistas salgan a decirle a los ciudadanos que se pueden quedar tranquilos con la instalación de las cámaras.

Este es un momento propicio para que los grupos sociales como la comunidad LGTBI, los movimientos sindicales, los estudiantes universitarios, los lideres sociales, los veedores ciudadanos, los reinsertados y los desplazados por la violencia, presenten su voz de protesta ante la inminente vulneración de sus libertades civiles. Si esta información fuera manejada por la policía y los demás organismos de seguridad del Estado, la responsabilidad sería evidente. Pero al día de hoy lo único que sabemos es que la manejarán los directivos de una institución educativa que para muchos está controlada políticamente por una familia: Los Tavera.

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Oscar Jahir Hernandez

Otro día normal en la CDMB

El pasado viernes 18 de octubre, ante el despacho del gobernador Didier Tavera, se presentó la renuncia del señor Gilberto Mendoza Ardila en su calidad de Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, con lo cual se abrió un campo de especulaciones que tendrán que aclararse en el devenir del tiempo.

El solo hecho que Mendoza cuente con la asesoría de un penalista como Rodrigo Javier Parada Rueda, le asegura a esta historia un desarrollo bastante interesante. Quizá esto apenas comienza, y con el transcurrir de los días ya estamos viendo en la trastienda a personas como el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien debería esclarecer los motivos por los cuales se designaron equipos auditores conformados por funcionarios con relaciones crediticias en la entidad que iban a vigilar (ver anexo 1), lo cual si bien es cierto no es un delito en si mismo, una situación como estas no tiene una buena presentación.

A la escena también están llamados varios diputados, los cuales se siguen resguardando en un silencio que solo ha sido interrumpido por la proposición de control político presentada por Luis Eduardo Díaz Mateus, apoyada por Mario Antonio Cárdenas, YolandaVargas Hernández y el mismo Humberto Rangel Lizcano, a quien se le abona el deseo por esclarecer su situación (ver anexo 2).

Sin embargo, se diga lo que se diga, renuncie quien renuncie, y se demuestre lo que se demuestre, aquí nada va a pasar, porque así como la justicia no opera, a la mayoría de los ciudadanos tampoco les importa.

Escuchar en los pasillos de la Gobernación que la CDMB se la repartieron entre los Tavera y Fredy Anaya es algo que no solo produce escozor... Clic para tuitear

Escuchar en los pasillos de la Gobernación que a la CDMB se la repartieron entre los Tavera y Fredy Anaya, “respetando” un compromiso político anterior que incluía el manejo presupuestal del EMPAS y la ESANT, es algo que no solo produce escozor, sino una gran extrañeza al observar que la sociedad asume con normalidad una cosa semejante.

Y traigo a colación el tema de la corporación ambiental, porque quizás nadie ha caído en la cuenta de lo importante que resulta la elección del señor Juan Carlos Reyes Nova para uno de los implicados en el escándalo del IDESAN, como lo es el señor Fabián Rolando Mendoza (Ver anexo 3), esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel, quien a través de la resolución 528 del 01 de noviembre de 2018 obtuvo la reestructuración de un crédito en la suma de 1.827 millones de pesos junto con Ramiro Meneses González (Ver anexo 4), el exfuncionario de la corporación ambiental que hoy funge como candidato por el centro democrático a la alcaldía de Los Santos, quien siendo representante legal de la Corporación Tecnológica para el manejo del agua y saneamiento (Nit830508995-6) (Ver anexo 5), obtuvo un convenio de asociación en la CDMB por valor de $1.138.819.970 millones de pesos para “brindar apoyo a las familias afectadas por la declaratoria del parque natural regional Santurban”, empresa que en su momento también fue representada por Mary Andrea Pimentel Mendieta (Ver anexo 6), miembro activo actual del consejo directivo que en representación de las ONG’s terminó votando a favor del nuevo director (Ver anexo 7), y de quien bien vale la pena informar que ha sido contratista en la ESANT bajo la dirección de Mónica Paola Monsalve Monroy, funcionaria muy cercana a Tavera (Ver anexo 8).

Y así es como todo queda entre amigos. Se ganan los contratos en una entidad pública, y somos los ciudadanos los que terminamos con nuestros impuestos financiando las obligaciones de los contratistas a través de prestamos cuestionados, quienes después pasan a integrar las juntas directivas que escogen los títeres del poder, sin importar que antes de impartir su voto, hayan sido multados en la misma entidad por incumplimiento en sus contratos (Ver anexo 9). Pero mientras tanto, todos nosotros seguimos creyendo que las cosas van a cambiar. Feliz día electoral señoras y señores.

Adenda: Señor alcalde Danny Ramírez, ¿usted está en la disposición de hacer públicos los informes de actividades de la contratista Cindy Katherine Castañeda Galvis, quien lleva más de tres años al interior de la secretaría de planeación de Piedecuesta sin que nadie sepa a que se dedica? (Ver anexo 10).

Adenda: Señor alcalde Danny Ramírez, ¿usted está en la disposición de hacer públicos los informes de actividades de la contratista Cindy Katherine Castañeda Galvis, quien lleva más de tres años al interior de la secretaría de planeación de Piedecuesta sin que nadie sepa a que se dedica? (Ver anexo 10).

Próxima Columna: La injusta crucifixión de Camilo Rincón León.

Así se robaron el IDESAN

A la memoria de José Vicente Arenas Paredes

El único lugar en el mundo, donde los políticos son capaces de robarse un banco sin que la ciudadanía se de cuenta, se llama Bucaramanga. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, es una entidad del orden departamental que tiene como objetivo financiar con créditos los proyectos de infraestructura, medio ambiente, desarrollo tecnológico, vivienda y otros más, que pretendan desarrollar los municipios y los miles de santandereanos que a través de pequeñas o medianas empresas aspiren a fortalecerse con la ayuda del gobierno. Esa es por lo menos la fachada que el Gobernador Didier Tavera y sus funcionarios nos muestran, pero la realidad que ocultan es otra muy diferente.

LA PLANEACIÓN DEL ABSURDO

Desde el año 2014, el Ministerio de Hacienda ordenó mediante los decretos 1117 de 2013 y 2463 de 2014, que el IDESAN tenía que ser vigilado por la Superfinanciera, si lo que quería era seguir captando dinero de los entes territoriales, situación que fue informada a la Asamblea Departamental por parte del gerente Gilberto Mendoza Ardila, de conformidad con lo manifestado en el acta No 04 del 22 de noviembre de 2016 del consejo directivo del instituto, para lo cual se procedió a reformar los estatutos. Ya entrados en gastos, la duma departamental no solo no acató los lineamientos de la superintendencia, sino también, decidieron desplegar toda su creatividad y terminaron ampliando las actividades de prestación de servicios a fin de proyectar nuevas posibilidad de negocio, pero lo que nadie sabía, era que los negocios que se iban a desarrollar eran los que beneficiarían a los diputados, sus familiares y amigos, y gran parte de funcionarios de alto nivel de la Gobernación y de la Contraloría Departamental.

UN “BANCO” AL SERVICIO DE LOS DIPUTADOS

La transformación de los estatutos a través de la ordenanza 08 del 28 de marzo de 2017, le entregó una patente de corzo a la gerencia de la entidad, la cual se sustentó en una absurda interpretación jurídica, por medio de la cual se creyeron estar facultados para otorgarle prestamos a cualquier particular que vaya a solicitar un crédito, con lo cual, una institución que estaba destinada para financiar al sector público, terminó convertida en una entidad de prestamos para los privados.

Y ¿quiénes son estos? Pues nada más y nada menos que los mismos diputados que aprobaron esos estatutos, dentro de los cuales se encuentran Edgar Suárez Gutiérrez, a quien le prestaron 73 millones de pesos con la simple presentación de un certificado de ingresos expedido por la secretaría de la corporación, y la firma de dos fiad ores: su esposa, la señora Paola Andrea Meléndez Díaz, y el diputado Humberto Rangel Lizcano, quien también tiene un préstamo de la entidad, teniendo como fiador a Edgar Suárez. Un “yo con yo” sobre el cual no se exigió ninguna garantía real que respaldara la deuda, con un plan de pagos sin soporte alguno que permita tener alertas de incumplimiento, más el agravante de que los señores diputados resultan ser los encargados de ejercer el control político al gerente que les firma sus propios prestamos.

Con la creación de esta línea de crédito a la cual decidieron llamar “Banca de  Inversión”, ya han prestado más de 12 mil millones de pesos, dentro de los cuales deben contabilizarse los 25 millones de pesos para el diputado José de Jesús Villar Torres, los 10 millones de Jorge Arenas Pérez y los 1.827 millones entregados en el 2017 a Fabián Rolando Méndez, esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel, el cual vale la pena dilucidar.

LOS ENREDOS DE MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO

La primera persona que apoyó a la diputada Ángela Hernández cuando esta se opuso al gasto desmedido en la contratación de Maluma en el municipio de Floridablanca, fue Marggy Carolina, ya que “no podían aceptar que los recursos públicos se gastaran en un concierto”, pero contradictoriamente nunca se opuso a que el IDESAN le hiciera prestamos por más de 1.800 millones de pesos a su esposo, el abogado Fabián Rolando Méndez.

Este crédito fue desembolsado el día 16 de agosto de 2017, y sin haber pagado durante más de un año un solo peso de sus obligaciones, el gerente de la entidad de forma muy generosa, como jamás lo habría hecho cualquier banco en el país, le reestructuró el crédito (No 16-014-02) por 360 días más, sin importarle para nada el riesgo financiero que representaba el señor Méndez, quien adquirió dos lotes por valor de 48.000 millones de pesos a la compañía Ferticol S.A. en el municipio de Barrancabermeja, cuando Andrés Solano Aguilar, el director administrativo y financiero de los últimos 25 años en IDESAN, estaba al frente de la empresa de fertilizantes. Solano es el cerebro que maneja a su antojo los dineros de la entidad, hasta el punto de viabilizarle un crédito por casi 7.000 millones a la compañía Global Project Business en marzo de 2019, con el cual presuntamente se pagó el crédito inicial del señor Méndez, quien hasta ese momento presentaba un nuevo atraso en sus cuotas.

No deja de ser curioso que al interior de la entidad, un crédito se cancele con otro crédito, pero más curioso resulta aún, que hayan personas que aseguran que Fabián Rolando le entregó un carro Mercedes Benz al señor Solano, dentro del “giro normal de sus negocios”. Ante esta situación, la diputada Rangel ha guardado un profundo silencio, así como también lo guardó cuando se le pidieron explicaciones acerca de la compra del lote 58 del Conjunto Valle de Rocas en Ruitoque por un valor de 405 millones de pesos en noviembre de 2016, el cual fue adquirido por la constructora e inversiones Méndez Rangel y Cía siendo ella la representante legal, predio que fue vendido tan solo nueve meses después a uno de los hijos del ex congresista Fredy Anaya, el mismo que tiene el aval para la alcaldía de Bucaramanga por el partido que representa la diputada.

Desentrañar esto no es nada fácil, y el silencio seguirá prevaleciendo en todas y cada una de sus actuaciones, porque si hay algo que caracterice a la señora Rangel, es callar ante las ilegalidades, como la que de haber construido su casa en Ruitoque sin ninguna clase de licencia urbanística, y la de haber vulnerado los derechos laborales de los obreros que la edificaron, quienes hasta el día de hoy esperan con humildad que les pague por su trabajo.

PRESTAMOS GRAVEMENTE IRREGULARES

Los encargados de estudiar las solicitudes de créditos al interior del IDESAN, consideraron que era normal prestarle 2.500 millones de pesos a la empresa Greas Inversiones de Cundinamarca para la construcción de unas cabañas (Resolución 133 del 28 de febrero de 2018), bajo la garantía hipotecaria del 50% de un lote en el cual finalmente no se construyó nada, y el representante legal de dicha compañía se desapareció. Al día de hoy no se han cancelado los créditos, lo cual terminó afectando los estados financieros de la entidad, y que según algunos funcionarios de la gobernación, ya rondan en una perdida operacional cercana a los 1.300 millones de pesos hasta el mes de abril del presente año. Al IDESAN se lo están robando y nadie dice nada.

EL COLMO DE LOS COLMOS

Como si todo lo anterior no fuera poco, a la cúpula directiva le pareció una brillante idea otorgarle un préstamo por valor de 4.000 millones de pesos a la empresa Proyectos y Construcciones Santander (Primer desembolso Resolución 313 del 12 de julio de 2018, y segundo desembolso Resolución 448 del 04 de octubre de 2018), manejada por quien probablemente pueda llegar a ser el urbanizador pirata más grande del área metropolitana, el señor Gerardo Sánchez Gómez, a quien el municipio de Girón lo denunció ante la fiscalía por los delitos de urbanización ilegal y captación masiva e ilegal de dinero. Las garantías de este crédito resultan ser un pagaré. Así como lo leen: un pagaré. Título firmado por quien negocia lotes ilegales y sin uso de suelo habilitante en el área metropolitana, el cual no lo  han hecho efectivo, aún cuando se observan indicadores de falta de pago de hasta cuatro meses de atraso.

RESPONSABLES DEL DESCALABRO

El primer funcionario llamado a responder por esta barbaridad, no puede ser otro más que el Gobernador Didier Tavera, quien es a la postre el que nombra al gerente y a los cinco miembros del consejo directivo. El segundo llamado a dar la cara es el gerente de la entidad, el señor Gilberto Mendoza Ardila, a quien no le pueden pasar por la nariz el elefante sin que se de cuenta de todas estas irregularidades. El tercero es el director financiero y administrativo, Andrés Solano Aguilar, el verdadero cerebro detrás de todas las presuntas operaciones regulares e irregulares que allí se pueden estar cometiendo.

El cuarto es su director comercial Jairo Duarte, el hombre de las relaciones cordiales para valorar las intenciones de quienes hoy no pagan una sola cuota de sus deudas. El quinto es el director jurídico de la entidad, el abogado Hermes Rico Charry, quien hoy debería estar respondiendo por los estudios de títulos y garantías reales recibidas en el marco de los créditos, y el sexto indiscutiblemente que tiene que ser el revisor fiscal Mario Saavedra Mejía, a quien nada le ha parecido irregular estos últimos años en esta entidad. Un verdadero convidado de piedra. Por último, los miembros de la junta directiva son tan responsables como los mismos diputados, o es que ¿a alguien se le hace normal que los encargados de ejercer el control político sobre una entidad, estén recibiendo créditos financieros de la institución que tienen que vigilar? 

SI EL GERENTE NO RENUNCIA, ES PORQUE DIDIER TAVERA LO RESPALDA Haga clic para Tweet

La estructura organizacional del IDESAN establece en estricto orden la existencia de un gerente, un asesor comercial, un encargado de la gestión financiera, un jurídico, un tesorero y la persona encargada de los inventarios. Pues bien, miren para lo que les sirve su organización, que más que administrativa, ya parece delictiva: 

Gilberto Mendoza (Gerente) tiene un préstamo por un valor de $142.300.000 para pagar un crédito de vivienda con una tasa anual del 3% y un plazo de 240 meses, el cual le fue aprobado por el director fi nanciero Andrés Solano, quien firmó como gerente encargado (Resolución 285 de 2017). 

 Andrés Solano, tiene dos créditos aprobados por Gilberto Mendoza (Gerente) por valor de $55.000.000 p ara pagar otro crédito que ya tenía en la misma entidad y un excedente para libre inversión. Es decir, aparte de que se atreve a pedir un crédito para pagar el crédito que ya debe, el IDESAN le entrega más dinero para que lo invierta en lo que guste (Resolución 355 de 2017). Unido a este, tiene otro crédito por valor de $179.600.000 para vivienda con un plazo de 240 meses y el mismo cómodo interés anual del crédito del gerente (Resolución 315 de 2018). 

De la misma forma el abogado Hermes Fernando Rico Charry tiene dos prestamos, uno por valor de $75.200.000 para compra de cartera de Credifinanciera (Resolución 189 de 2017) y otro más por valor de $179.600.000, ¡adivinen para qué! (Resolución 152 de 2018)

Hay que contar dentro de este recuento, al señor Jairo Alexander Duarte Hernández, quien tiene un préstamo por valor de $10.000.000 (Resolución 585 de 2017).

 De la baraja también hay que mostrar el crédito que tiene Benjamín Eduardo Herrera Jaimes por un valor de $11.700.000 (Resolución 0116 del 15 de febrero de 2018), y otro más por $170.000.000 para la compra de vivienda (Resolución 427 del 25 de septiembre de 2018)

De conformidad con la Resolución 147 de 2018, hasta la secretaria de contabilidad de la entidad, la señora Claudia Liliana Rico Rangel, tiene un crédito por $130.000.000 para vivienda a una tasa inferior a la ofrecida por cualquier entidad financiera del país. ¿Y ella es la encargada de llevar los libros financieros? Sin palabras.  

 Y por último, de todos los directivos, no podían dejar sin participar de esta repartija de prestamos, a la señora Cecilia Benilda Virviescas Bonnet, encargada de Planeación e Inventarios, quien tiene un préstamo por un valor aprobado de $60.000.000 para compra de cartera de la misma entidad y libre inversión a una tasa del 3% a 48 meses (Resolución 270 del 03 de junio de 2018).

Y AÚN HAY MÁS

La gran mayoría de los créditos personales por libranza se han entregado a funcionarios de la gobernación y de la contraloría, lo cual ya de por si es grave, pues si llega a ser cierto que en Santander existe un contralor de bolsillo, lo sería aún más si la gran mayoría de los funcionarios de esa entidad gozan de la mermelada de IDESAN. Aquí les dejo unos casos interesantes para analizar:

Trabaja en la Oficina de Control Financiero de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $25.000.000 para libre inversión (Resolución 350 de 2017).

Trabaja como asesor del gobernador y tuvo un crédito por valor d e $11.700.000 destinado para pagar un crédito anterior (Resolución 124 de 2018).

Trabaja como Secretario de Desarrollo de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $29.500.000 para libre inversión, habiendo sido miembro de la junta directiva del IDESAN (Resolución 255 de 2017).

Quien hoy se presenta como la renovación de la política en Santander, trabajó como director de competitividad de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $29.500.000 para libre inversión (Resolución 254 de 2017). 

De conformidad con los decretos del Ministerio de Hacienda, para el mes de diciembre de 2018, el IDESAN ya no podría tener un solo peso captado de los municipios y de la Gobernación de Santander, pero todos los anteriores responsables, se inventaron la cuenta 290201 llamada “Recursos recibidos en administración y/o convenios”, para esquivar la norma fiscal.

Con esta maniobra se quedaron con 83.175 millones de pesos que tenían que haberle devuelto a la entidades territoriales, y se burlaron de la forma más ramplona del gobierno nacional. Pero ni aún así han logrado explicar por que por primera vez en la toda la historia del instituto, se presentan perdidas por más de 1.300 millones de pesos, acrecentadas por el sostenimiento del Parque Nacional del Chicamocha y el Cristo del Santísimo, donde el IDESAN debe pagar los impuestos que allí se generan, las depreciaciones de los bienes, el mantenimiento de los teleféricos y el pago de los seguros, sin que le queden los respectivos dividendos, pues es de conocimiento público que estos mismos se van para la corporación Panachi, donde uno de los mayores clanes políticos de la región es quien ejerce el control. Y del parque acuático de Panachi es mejor ni hablar, porque si llega a ser verdad que las piscinas se están hundiendo, lo mejor es que comiencen a contratar abogados. 

Señor Gobernador: ¿Usted cree que el IDESAN puede ser manejado con transparencia y responsabilidad, cuando todos los directivos de la misma tienen deudas personales por un monto superior a los mil millones de pesos con la entidad financiera que dirigen? Como ciudadano del común le pido de la forma más respetuosa frente a la dignidad que usted representa, que tome una decisión inmediata frente a esta delicadísima denuncia.

Esta es nuestra tierra, estos son nuestros gobernantes, políticos y funcionarios públicos. Y estos somos nosotros, los que seguimos eligiendo a los mismos sinvergüenzas que permiten el indebido manejo de los dineros públicos y nos condenan a vivir en la miseria mientras ellos se enriquecen sin pena alguna. ¿Y mis amigos de la Fiscalía? ¿Aquí tampoco van a hacer nada? ¡Ya va siendo hora señores!

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Oscar Jahir Hernandez

El “Niño” protegido de Didier Tavera

La silla donde se sienta Julián Niño Carrillo, gerente del Hospital Universitario de Santander, se encuentra ubicada a tan solo dos kilómetros y medio del despacho oficial del señor gobernador.

Una distancia que se recorre en 12 minutos si se va en carro, 7 minutos si se va en moto o 35 minutos si se va a pie, y no más de tres minutos si el mandatario utiliza el helicóptero de la policía nacional que lo lleva a todas las inauguraciones de sus obras, pero que al parecer no está acondicionado técnicamente para trasladarlo hasta los sitios donde debe salvaguardar la moralidad pública.

Dos meses han transcurrido desde que la señora Yamile González Restrepo, coordinadora del grupo asistencial de prestadores de servicios de la Superintendencia Nacional de Salud, le informó al señor Tavera, que el honorable gerente del HUS, para pagarle las cuentas a los contratistas, les exige de forma anticipada el pago de una comisión del 15% sobre el valor total de la deuda, so pena de no autorizarles ningún desembolso.

La Superintendencia, que no tiene ninguna competencia para sancionar al señor Niño, instó al gobernador para que pusiera la denuncia en conocimiento de la junta directiva de la institución hospitalaria, en aras de aplicar el Código de Conducta y buen Gobierno de la entidad, no sin antes advertirle que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Regional de Santander (risas) ya tienen conocimiento de los hechos. Esta es una de las primeras veces que un contratista se atreve a denunciar de frente los actos de corrupción que se vienen cometiendo en los hospitales de Santander, y por eso no se entiende el tiempo que se ha tomado el señor Tavera para decidir administrativamente sobre este asunto.

Los Niño no son ninguna perita en dulce y por eso la desconfianza se sobrepone a cada una de sus actuaciones, las cuales comienzan a adquirir importancia cuando su desfachatez afecta los recursos públicos del departamento.

No se que está pensando señor gobernador, pero ya va siendo hora que disimule tanta protección a esa familia. Clic para tuitear

Adenda: ¿Cuándo vendrá el Procurador General Fernando Carrillo Flórez a Santander para defender sus acomodadas actuaciones?

Próxima columna: Girón y sus demonios. 

Material probatorio: Da click aquí para ver

 

Está en sus manos señor Gobernador

Señor Gobernador: observando al costado izquierdo de mi computador los escritos amenazantes que ya decidieron enviar quienes se afectan con mi escritura, y teniendo al costado derecho los códigos con los cuales me gano la vida, he decidido con la mirada puesta al frente, no distraerme mientras le escribo esta columna. 

Lo que está sucediendo con la revisión del POT de Floridablanca es un susurro que el viento lleva por toda la ciudad acariciando el rostro de los ciudadanos, y que en algún momento habrá de rozar el suyo. Cuando eso pase, de conformidad con la norma que lo obliga a efectuar el control de legalidad de los acuerdos municipales, le pido públicamente con fundamento en el desprecio a los principios de ordenamiento que han demostrado tener los funcionarios implicados en este proceso, que revise la legalidad del mismo, lo cual le permitirá a su gobierno darse cuenta de la necesidad de remitirlo al Tribunal Administrativo para que decida sobre su validez. 

Casos particulares como los extraños cambios en el uso de suelo para predios donde tiene participación el señor Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario General de la Cámara de Representantes, o los de propiedad de José Ariel Jaimes Caballero, quien puede resultar siendo el responsable de una estafa a más de 250 personas por un plan de vivienda ilegal, pueden ser importantes a la hora de ejercer el minucioso control que aquí le solicito. También le serviría saber que no resulta nada coherente con la planificación los cambios que muestran los predios de la sociedad Profinco Ltda, los de Urbaniza Ltda, los de la familia Hernández Grimaldos, los de la familia Guerra Ochoa, o los de la familia Paillie García. Todo un entramado oscuro que le permitirá entender la inconveniencia institucional de este proceso administrativo. 

Rectificación: En la columna pasada se mencionó indebidamente a la empresa FERSACO SAS, queriéndose hacer mención de la empresa FERSAUTOS SAS. Por lo tanto, se deja total claridad que la primera no tiene nada que ver con los hechos que se vienen mencionando en esta columna. 

Próxima Columna: La puerta está abierta señor Fiscal.