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El Cerrejón del Chucurí

Mientras los bumangueses marchan por las avenidas de la capital reclamando el respeto por el Páramo de Santurbán, los habitantes de San Vicente de Chucurí hoy están condenados a la inminente explotación de Carbón en 1.949 hectáreas de tierra al interior de su territorio, sin la menor esperanza de que un “alto comisionado” abogue por sus derechos. Si bien es cierto que la comunidad venía reclamando desde el año 2011 la posibilidad de que dicha explotación no se diera, nada pudieron hacer ante ese poder del Estado que cree representar indefectiblemente los intereses de la sociedad. 

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Y si no, pregúntenselo a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tuvo el cinismo de proclamar en el encuentro de Neomundo que había escuchado en muchísimas mesas que los santandereanos queremos minería. Yo no se si el problema de la señora Ramírez sea de oído o de inteligencia, pero lo que si nos dejó claro a los santandereanos es que no tiene ni idea en dónde está parada.

La CAS al servicio de la destrucción

mauricio aguilar

Durante la intensa discusión entre los Aguilar y los Tavera por el control de la Corporación Ambiental de Santander, gran parte de los periodistas y opinadores escribieron sobre lo importante que resultaba para dichos clanes los procesos de contratación de esa entidad, pero ninguno de ellos tuvo en cuenta lo importante que resultaría tener el control de la dirección al momento de conceder ciertas licencias ambientales que permanecen engavetadas por razones que la gente del común desconoce.

Una de esas licencias es la concerniente a la “explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles” en el municipio de San Vicente de Chucurí, dentro del contrato de concesión No FLL-082 celebrado en su momento entre el INGEOMINAS y David Enrique Moreno Comas, socio del abogado santandereano Fernando Gómez Franco (ex gerente de la empresa de energía de Bogotá), quienes le cedieron el cien por ciento (100%) de las acciones a la sociedad minera Keystone Minería Ltda, la cual terminó transfiriendo todos sus derechos y obligaciones a la sociedad Colcco S.A., la cual a través de Jorge Manuel Castellanos en su calidad de representante legal, logró que la Procuraduría Delegada Para Asuntos Ambientales en cabeza del procurador Diego Fernando Trujillo, interviniera ante la CAS para obtener en el menor tiempo posible la licencia ambiental que les permita el inicio de las obras de explotación en el municipio. 

Una solicitud que encuentra sus fundamentos en los incumplimientos que la corporación ambiental ha cometido procesalmente en la expedición de esta licencia, lo cual resulta imperdonable, porque ese tiempo que se han tomado para retrasar la expedición del acto administrativo, debieron habérselo tomado para construir una defensa técnica que impidiera el daño ambiental que se va a cometer en la región. Los habitantes de San Vicente se relajaron en su lucha pensando que podían enfrentar la situación con la viabilidad que el Tribunal Administrativo de Santander le otorgó a la consulta popular, pero se les olvidó que la sentencia 095 del 2018 de la Corte Constitucional desbarajustó el principio de autonomía territorial cuando escrituró que dicha consulta, no es el mecanismo de participación ciudadana para definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación del subsuelo o de recursos naturales.

La empresa Colcco S.A. está dispuesta a llevarse por delante a quien sea, y al primero que va a embestir se llama Alexcevith Acosta, el reciente director de la CAS que tendrá en sus manos la difícil decisión de permitirles iniciar la destrucción ambiental de San Vicente de Chucurí, con la venia de Eduardo José Amaya Lacouture, el vicepresidente de titulación de la Agencia Nacional de Minería que detestan en el Quindío por pretender destruir el paisaje cultural cafetero al permitir exploraciones de oro y plata. ¿Esperaban algo distinto del Gobierno de Duque en Santander?

16 Altos Comisionados en la Asamblea de Santander

diputados

Lo único que se necesita para defender el medio ambiente de una región es la voluntad política de sus gobernantes, porque al tenerla se ponen todos los recursos con los que se cuenta a disposición de esa lucha. Por eso mismo Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo, alcalde de San Vicente de Chucurí, está en mora de presentarse ante la CAS con sus abogados para solicitar copia del expediente 048 de 2012 y conocer de primera mano la solicitud efectuada por la Procuraduría General de la Nación en favor de la celeridad del trámite, y poder así comenzar a gestionar una nueva audiencia pública que les permita detener el desastre, o en el peor de los casos preparar a su pueblo para afrontarlo. 

En esta tarea resulta importante la intervención de los 16 “Altos Comisionados para la defensa del medio ambiente” escogidos por los santandereanos a través del voto popular, porque es la duma departamental donde el pueblo espera que se defiendan sus intereses. En esta tarea es fundamental la vocería del diputado Chucureño Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez y los representantes del Magdalena Medio, ya que la Serranía de los Yariguíes será en últimas la gran afectada con esta explotación minera. La comunidad de San Vicente los necesita, y es ahora cuando deben actuar de forma mancomunada con la misma gallardía con la que el día miércoles 19 de febrero de 2020 se defendieron de los ataques mediáticos a su dignidad. El departamento no necesita la creación de cargos burocráticos para defender de forma indistinta cada uno de sus recursos, lo único que necesita es que ustedes cumplan con sus obligaciones constitucionales y nos demuestren que verdaderamente les interesamos como sociedad.

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Minesa: la especulación financiera de una mina inviable.

Quienes recorren el Páramo de Santurbán, desconocen que gran parte de esa tierra le ha dado de comer a muchas familias en las ciudades de Toronto y Montreal en Canadá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Curitiva en Brasil, Dubái, Abu Dabi y Catar en los Emiratos Arabes, y a una que otra en Londres, New York, Lima y Bogotá.

Lo triste de todo esto es que no lo ha hecho en la misma medida para las familias de California, Charta, Suratá, Tona y Vetas, porque la fuerza de los campesinos aún no ha podido equipararse con la arrogancia de un presidente que comió a manteles con los árabes y con la estupidez de otro que le dio por nombrar en temas ambientales a un economista.

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Familias empobrecidas

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La discusión que se ha suscitado alrededor de las 80.000 mil hectáreas pertenecientes a la estrella fluvial de Santurbán, orbita alrededor de la defensa del agua con la cual se surten más de dos millones de personas, pero dentro de la indignación que produce el perder algo tan valioso como lo es ese recurso, a muchos se les ha olvidado la suerte de las familias que habitan ese territorio.

Nadie sabe en que momento los límites de la ciudad de Bucaramanga se extendieron hasta la Laguna La Pintada o la Cuchilla El Curro, y mucho menos cuál fue el acto administrativo por medio del cual los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga comenzaron a “negociar” el destino social de los habitantes de Vetas. 

Nadie pone en duda la importancia que tiene este tema para la capital del departamento, pero lo mínimo que debe respetarse es la idiosincrasia y la autonomía territorial de los demás municipios afectados en el debate ambiental. El gran conglomerado urbano exige la inviolabilidad del Parque Regional de Santurbán y una extensa delimitación del páramo en beneficio de las futuras generaciones del área metropolitana, pero nadie le responde a las familias de “allá arriba” acerca de cuánto están dispuestos a pagar en servicios ambientales para hacer más equitativa sus reclamaciones. 

¿Cuánto dinero estarán dispuestos a pagar los bumangueses en su recibo de agua para adquirir de sus propietarios esos ecosistemas de páramo? ¿Qué soluciones se les está brindando a las familias de ese territorio para que entreguen sus tierras al servicio de los municipios que de ellas se benefician y se las quiten a los intereses mineros internacionales? Hasta el día de hoy no he visto en ninguna marcha una pancarta que reclame por esta situación, y ya va siendo hora de que nos sentemos a pensarlo.

El papel del “Alto Comisionado”

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El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Para defender los intereses de un pueblo no hace falta un título real y mucho menos resulta necesario tanto renombre en la tierra que vio nacer a Los Comuneros, que no eran otra cosa más que campesinos cultivadores de tabaco quienes con la sola fuerza de su espíritu terminaron obteniendo la independencia para este país.

Por lo tanto, defender los intereses de los bumangueses y los demás santandereanos no requiere una administración pública desgastándose políticamente por defender un cargo, aquí lo que se necesita es a un hombre o a una mujer que defienda con integridad por encima de sus aspiraciones económicas o intereses personales, los derechos de una comunidad que está viendo como atacan su futuro desde las mismas entrañas del gobierno nacional. 

El papel que debe ejecutar quien aspire a llamarse “defensor del páramo”, debe comenzar por explicarle a la ciudadanía por qué hasta el día de hoy no se ha dicho nada del Programa de Trabajos y Obras (PTO) sobre las 380 hectáreas del título minero 0095-68 como parte esencial del Proyecto de Interés Nacional de la Agencia Nacional de Minería. De la misma forma es esencial que la ciudadanía conozca que Minesa tiene la obligación de presentar un plan de gestión social para la Zona Soto Norte, pero nada de ello se ha dicho en ninguna de las reuniones sobre el páramo. 

Quien esté a cargo de representar los intereses del ecosistema, debe conocer con profundidad jurídica no solo el contrato de concesión, sino también, los otrosí en los que se deja por fuera de la ecuación economica en materia de tributación el hallazgo de metales como el cobre, el plomo, el estaño y el manganeso, porque en esos documentos solo se estipula el hallazgo del oro y la plata, lo cual beneficia enormemente a la minera dado que dentro de las exigencias de Ingeominas se encuentra la obligación de presentar la proyección de precios de los diferentes tipos de sustancia mineral y metales beneficiados, y al no estar estos consagrados dentro de la relación contractual, es el país quien tiene que sentarse a observar como le roban literalmente sus recursos. Quienes nos representan ¿han hablado de eso? Aquí lo que necesitamos son acciones técnicas y jurídicas serias en vez de videitos para instagram.

El oro que núnca se sacará

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El fundamento de esta aseveración encuentra su razón de ser en que ninguna de ellas es una empresa de explotación, ya que no son otra cosa más que fondos de inversión cuyo objetivo principal es aumentar su fortuna. Si estas compañías mantienen la imagen de ser propietarias de una mina que a futuro producirá miles de millones de dolares, mantendrán en el tiempo una sólida garantía financiera para hacer negocios en cualquier parte del mundo, lo cual podría malograrse si al momento de entrar en la tierra la expectativa de obtener las ganancias anunciadas se disminuyen. 

La explotación de oro en Santurbán requiere de un complejo proceso de ingeniería con unas especificaciones técnicas únicas en el mundo, que conducen indefectiblemente a pensar en la imposibilidad de llevarlo a cabo de forma efectiva. Asumir esta visión es calificar a Santurbán como uno de los posibles juegos financieros especulativos más macabros de Suramérica, donde la compañía canadiense GreyStar Resources (hoy Eco Oro), la compañía brasilera OgXm y ahora la Sociedad Minera de Santander de propiedad de la compañía arabe Mubadala Investment, han sido las más grandes beneficiadas.

Es el típico juego arábigo de hacerle creer a la gente que detrás de la puerta está el tesoro, y aquí la puerta se llama Páramo de Santurbán y el tesoro no es otra cosa más que los resultados de la normativa canadiense NI 43101, la cual le indica a los mercados internaciones la cantidad de oro que tenemos en esta tierra. Comenzar a explotar es un verdadero riesgo no solo para el medio ambiente de la región, sino también para los intereses económicos de Minesa.

Por eso siempre será mejor esperar la oferta de otro inversionista que les de el dinero que consideren conveniente por la vaca que día a día siguen engordando. Y si no lo creen así, analicen con tiempo la operación financiera por medio de la cual la empresa Canadiense Continental Gold le vendió el proyecto Buriticá (Antioquia) al refinador chino Zijin Mining Group Company Limited, un proyecto que tampoco ha comenzado a explotarse.

El ingles Edward Bulwer-Lytton escribió que “la pluma es más poderosa que la espada”, y es por eso que llama poderosamente la atención que desde hace algún tiempo varios funcionarios del Ministerio de Minas y Energía de la ciudad de Bogotá se encuentren adelantando especializaciones en la Universidad Industrial de Santander, lo cual les permite tener un valioso tiempo adicional en la región donde deben concentrar su trabajo institucional a través de la pluma con sus conceptos y escritos oficiales. ¡Que gran entrega por el servicio público! De ahí que no se sepa que es más peligroso: si la presencia de estos funcionarios en la ciudad, o las disidencias de las farc que en su papel de galafardos vienen extrayendo oro en las noches dentro las minas ya existentes sin que Minesa se haya pronunciado al respecto a pesar de existir denuncias sobre esto en la ciudad de Bogotá.

Actores armados en la zona

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El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Haga clic para Tweet

Por todo lo anterior, los alcaldes de los municipios afectados y los funcionarios del área metropolitana involucrados en las actividades sociales y administrativas del Páramo de Santurbán deben comprender que la defensa del mismo no puede basarse en una campaña de redes sociales, sino en el trabajo serio y profesional de un equipo de personas que conozcan del tema para poder interrumpir jurídicamente los avances que viene logrando Minesa ante la Agencia Nacional de Mineria, el Ministerio de Minas y el Anla. Si no se buscan las personas más capacitadas para ello, la minera seguirá riéndose en la cara de todos los santandereanos.

Leo Caricaturista
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Periodistas al servicio de Minesa.

Minesa, ese lobo feroz de la región que todos los santandereanos quieren cazar, ha tenido la inteligencia de encontrar pastores que lo sepan ocultar. Para nadie es un secreto que la opinión pública es el principal enemigo de esta compañía minera, ya que durante todos estos años ha sido la única “autoridad” capaz de detener el apetito voraz de ese animal insaciable. Por eso su principal enemigo no es el gobierno sino la gente.

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Es esta misma gente la que cada día escucha periodistas hablando en la radio, ven la presentación de noticias, leen columnas de opinión y confian en periodicos que orientan diariamente los temas de la ciudad con sus llamativos titulares, desconociendo que algunos de ellos trabajan desde hace mucho tiempo para los intereses de los árabes (Mubadala Investment Company)

¿Cómo funciona?

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La sociedad minera cuenta con los servicios de una empresa denominada IG CONSULTORES S.A.S. domiciliada en la Oficina 603 de la Carrera 5 No 71 – 45 de la ciudad de Bogotá, la cual se encuentra representada por Claudia Inés Martínez Cepeda y Blanca Inés Cepeda de Martínez, quienes tienen a su cargo a varios profesionales en comunicaciones que se encargan de “fichar” los periodistas que tengan influencia en la opinión pública y los medios de comunicación que les puedan ayudar a mejorar la imagen de la compañía que representan. Dentro de sus clientes se encuentran Camacol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y Bancoldex, siendo esta última una de las entidades que componen la Holding financiera denominada Grupo Bicentenario, formalizada por el ministro Alberto Carrasquilla a través del decreto ley 211 de 2019, una de las medidas que fueron incluidas en el llamado “paquetazo” que motivó las protestas sociales que viene viviendo el país desde el mes de noviembre de 2019. 

Así que si se trata de escándalos, IG CONSULTORES es experta en mitigar los “efectos no deseados en el relacionamiento con las comunidades”. Es por eso, que al contratar los servicios de quienes tienen influencia con sus opiniones en la región, comienzan un proceso de transformación de las percepciones y realidades en los ciudadanos, en aras de aumentar la reputación de las empresas que los contratan a traves de un modelo personalizado dependiendo de la gravedad del asunto y la idiosincracia de las regiones. 

De ahí surgen los eventos talleres que en el caso particular tratan sobre la minería, las cápsulas mediaticas sobre Minesa llenas de imágenes de niños, ancianos y mujeres, la pavimentación de vías, las fiestas navideñas y las actividades sociales en los sectores más desfavorecidos que les permitan ganarse la confianza de la comunidad, pues como ellos mismos lo indican en su portafolio de servicios,

saber contar una historia significa ir más allá de la simple narración de los hechos, saber contar una historia significa mover las fibras de la audiencia”.

¿ENTIENDEN LA MANIPULACIÓN?

¿Quiénes son los pregoneros?

periodistas minesa

IG CONSULTORES denomina a los pregoneros como la conexión entre el emisor y su audiencia, ellos son quienes transmiten los mensajes clave, escuchan y analizan el entorno. Por eso no es raro encontrar que la compañía Minesa tuvo dentro de sus empleados a Juan Camilo Montoya, hoy en día rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su papel en Minesa era ser director de sostenibilidad, el cual tenía a su cargo la estrategia de penetración social en el departamento. 

Su vinculación con la Andi, la Cámara de Comercio y los grandes empresarios de la ciudad, lo convertía en una presa interesante para el lobo. Y así fue como a partir de ahí comenzaron a vincular a la compañía a personas como Carolina Rueda Barrios, Eliza Avendaño Mendoza y Heidy Pierina Ovalle Pisciotti como gerente de relaciones corporativas de la empresa, que son el últimas las caras visibles de la compañía. Lo interesante aquí no son ellas, pues al fin y al cabo han venido cumpliendo un trabajo profesional de acuerdo con sus competencias. Lo verdaderamente interesante son aquellos que trabajan para la compañía pero no le dan la cara la sociedad.

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De esas personas deberían hablarnos IG CONSULTORES y MINESA, para que los santandereanos sepamos de una buena vez cuales son los periodistas que reciben honorarios de la compañía minera, en aras de poderlos ver, escuchar y leer con las debidas prevenciones en medio de lo importante que significa el pertenecer a una sociedad bien informada. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Desde cuando fueron reclutados? ¿Qué intereses defienden? ¿Qué silencios ejecutan? Ya es hora de revelarlos a la opinión pública, por el bien de los intereses de toda una región.

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Minesa, ese lobo feroz de la región que todos los santandereanos quieren cazar, ha tenido la inteligencia de encontrar pastores que lo sepan ocultar. Haga clic para Tweet
Contraloria

Un tigre suelto en la Contraloría de Santander.

Un gatito de apellido Ariza

Diego Ariza

Diego Frank Ariza Pérez es el perfecto funcionario público que todo político sueña tener a su lado, porque tiene la inmensa capacidad de guardar silencio frente a todo lo que perjudique la imagen de su patrón. Prueba de ello fue la inutilidad que demostró la Contraloría Departamental de Santander durante el periodo de gobierno de Didier Alberto Tavera Amado, quien al día de hoy se encuentra ante la Fiscalía General de la Nación, dando explicaciones sobre unos posibles actos de corrupción que el minúsculo contralor no encontró dignos de ser denunciados.

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Al señor Ariza no le importó que los niños de las veredas más apartadas de nuestro departamento no encontraran una ración de comida después de recorrer dos horas de camino entre su casa y la escuela, o que los jugos en algunos colegios se prepararan con las frutas desechadas por los vendedores de las plazas de mercado. Pues bien, fue esa misma desidia lo que llevó a que varios actores sociales del departamento denunciaran la situación ante las autoridades, porque si fuera por él, al día de hoy la contratación del PAE sería modelo de contratación pública en Colombia.

Y lo que muy pocas personas se han percatado, es que el contrato que tiene al exgobernador en problemas es el de una sola vigencia, y aún quedan por revisar tres más. Con más pena que gloria sera recordado su paso por el ente de control, donde aún se pueden encontrar sobre los expedientes, las huellas dejadas por el gatito que sonaba su cascabel cada vez que el poder político le rascaba la cabeza.

La elección para su reemplazo

asambleasantander

Desde el primer día en que se conoció la lista de las personas que ocuparon los primeros lugares para ocupar el cargo de Contralor Departamental, me opuse rotundamente a la aspiración de Pablo Díaz Barrera por considerar un despropósito que pudiera llegar a ser escogido por los diputados, dado que su hermano Carlos había sido director del Indersantander y posteriormente había ejercido como Secretario de Infraestructura, lo cual lo conduciría a tener que declararse impedido en un casi 50% de la contratación departamental.

Así que su renuncia fue bien recibida de mi parte. Sin embargo, su salida revivió las aspiraciones de Carlos Fernando Pérez, un economísta cercano a los afectos del padre del Gobernador Mauricio Aguilar, quien ahora está a la espera de que los diputados cercanos al nuevo gobierno, terminen dándole los votos necesarios para ocupar el cargo del gato que se fue. Muchos creen que esto es un favorecimiento para el gobernador, pero si se analizan bien las cosas, el cargo al que aspira el señor Pérez, el doctor Edgar Higinio Villabona y el contralor Hernándo Medina, no es como lo pintan.

Un Tigre detrás de Didier Tavera

Didier evento

Si se analizan bien las cosas, quien llegue al cargo de Contralor, solo podrá auditar de forma inmediata los procesos de contratación del año 2019, y de forma discrecional los procesos de contratación de cinco años atrás, dado que la gobernación solo podrá comenzar a contratar fuertemente después de la aprobación del plan de desarrollo del 2020, donde la gran mayoría de las obras tendrán plazos superiores a un año, y su auditoría se llevará a cabo quizás en el año 2022, fecha para la cual ya estará en el cargo un Contralor diferente al de esta elección dado que esta misma es de transición y solo durará dos años. 

Por eso es un grandísimo error creer que el próximo Contralor de Santander será el gatito de Mauricio Aguilar. Aquí el que debe comenzar a ponerle veladoras a la virgen es Didier Tavera, porque cualquiera de los tres que llegue al cargo comenzará por la auditoría de la contratación departamental del último año, y todos los demás años anteriores. Así que el verdadero trabajo del nuevo Contralor, será convertirse en el tigre que revuelque verdaderamente los expedientes que su antecesor archivó por conveniencia, y nos cuente la verdad sobre todas esas obras que aún no se han auscultado, y las que se entregarán en el año en curso, como lo es el intercambiador de Fátima, el intercambiador de Papi Quiero Piña, el clarísimo robo del Parque de la Familia y el Parque del Parapente, obras que se fundamentaron en actos administrativos firmados en su momento por el diputado Mauricio Mejía Abello en calidad de Secretario de Infraestructura.

Muchos creen que esto es un favorecimiento para el gobernador, pero si se analizan bien las cosas, el cargo al que aspira el señor Carlos Fernando Pérez, no es como lo pintan. Haga clic para Tweet

LO QUE ESTÁ EN EL FOSO

Didier foso

Llegue quien llegue, bien sea el independiente doctor Medina, el señor Villabona, o Carlos Fernando Pérez, ninguno de ellos será motivo de incomodidad para el gobernador Aguilar en razón a las vigencias que tendrá que revisar (2019 y 2020). Pero lo que si esperamos todos los ciudadanos, es ver al nuevo Contralor de Santander dándonos resultados frente a la contratación de Didier Tavera para conocer de una buena vez por todas que fue lo que pasó en Idesan, qué es lo que se esconde detrás del contrato de las cámaras con Emtel S.A., de qué forma se ejecutaron las obras en el municipio de Cimitarra, y quienes fueron los actores políticos que se beneficiaron con la construcción de la transversal de Malpaso, entre otras más. Tendrán que salir muchas cosas a la luz, y solo espero que se tenga el compromiso para hacerlo.

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Los concejales del “Rodolfismo”

Una esperanza democrática

Una de las mayores virtudes políticas que se puede tener en la vida es la paciencia, pero esa es precisamente la que menos tienen los dirigentes. Los cambios sociales no se dan por generación espontanea, y tampoco se construyen de un día para otro. La historia de una ciudad se edifica paso a paso sobre la base de los sueños, el trabajo y la esperanza de cada uno de sus ciudadanos, todo lo cual termina uniéndose para convertirse en el alma de lo que más nos mantiene unidos como nación: nuestra democracia.

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La negociación del poder

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La principal característica de nuestro sistema político es la insatisfacción permanente, y por eso es que a nadie le resulta fácil gobernar, porque la única manera de resolver los conflictos cotidianos que surgen por la falta de consensos, es negociar. Muchas personas creen que la negociación en política favorece exclusivamente los intereses de los integrantes de los partidos o movimientos que representan el sentir de los ciudadanos, pero no es así. 

En el ejercicio del poder se negocia el destino de una ciudad, el fortalecimiento de las instituciones públicas y el devenir de un pueblo. La única manera de alcanzar objetivos en lo público es la negociación, y por eso a nadie debe extrañarle lo que está sucediendo en el Concejo de Bucaramanga, donde los diversos grupos que lo componen, buscan por medio de acuerdos la solución a los problemas que se tienen en la ciudad.

Es indiscutible que cada uno de los partidos busca posicionarse de la mejor forma en el ejercicio del poder, y es por eso que la unión de algunos se transforma en unas mayorías que terminan imponiendo su criterio por encima del de los demás. Pero eso siempre será mejor que la imposición de la fuerza y el voluntarismo, y por eso es que los concejales nuevos tienen que comenzar a extender los lazos del respeto y el compañerismo.

La tarea apenas comienza

La liga de gobernantes anticorrupción, como movimiento político, representa para muchas personas un nuevo aire al interior de la corporación, pero sobre todo, la más clara muestra de que cualquier ciudadano puede llegar al poder, y es ahí donde radica precisamente la fuerza que no pueden perder en su interior.

Tendrán que comenzar a consolidar una voz propia, mostrar una independencia que se fundamente en los valores que la formaron, y sobre todo, aprender la mecánica institucional al interior del concejo para lograr sus objetivos. La campaña ya pasó, y son los intereses de la ciudad los que ahora deben estar por encima de las diferencias políticas.

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No más peleas

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El desprecio entre compañeros y las acusaciones injustificadas, abren heridas que si bien es cierto siempre sanan, se tardan su tiempo, y ese tiempo lo perdemos todos. La obligación que tienen para con la ciudad Antonio Vicente Sanabria Cancino, Silvia Viviana Moreno Rueda, Marina de Jesús Arevalo Durán y Luisa Fernanda Balesteros Cañizales, es la de construir consensos, y la de los demás concejales, es reconocer que estos mismos representan un sentir ciudadano que sigue creyendo en la visión que tiene de la política el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez.

Es un buen momento para despojarse de odios y mesianismos, y comenzar a trabajar unidos por un mismo objetivo en el marco del respeto y la valoración por el otro. De mi parte pondré lo que me corresponda ante esta nueva etapa, y espero que cada uno de los actores políticos haga lo mismo para alcanzar la grandeza que solo les sabrá reconocer la historia.

Adenda: Señor Gobernador Mauricio Aguilar, ¿Usted ya tomó medidas sobre el convenio de las cámaras de vigilancia?

Próxima Columna: La Gran Estafa del Banco Inmobiliario de Floridablanca.

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Héctor Mantilla Rueda, el niño de las uñas largas

Un gobierno transtornado

Hector potrero

El mismo día que el joven alcalde de los florideños le contestó a Alfonso Pineda Chaparro, que una de las razones por las cuáles se le criticaba, era porque muy seguramente estaban enamorados de él, tuve la oportunidad de dialogar del tema con una sicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana que conoció de cerca al mandatario durante los primeros semestres de su carrera, y esta es la transcripción literal de la apreciación que me dio:

Hector gafas

“Héctor Guillermo Mantilla Rueda, es uno de los ejemplos más claros de lo que significa el transtorno histriónico de personalidad en una persona. Esto es algo que se produce en la infancia debido a una baja autoestima y la inseguridad que puede generar el hecho de tener un mal aspecto físico.

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Esta patología hace que las personas busquen permanentemente la aprobación y la confianza de los demás (Síndrome de Wendy) sin que les importe traicionarlas tiempo despues, llegando incluso a culpar a los que están a su alrededor de sus propios fracasos y desengaños. Son personas excesivamente vulnerables ante las críticas, manipuladores en extremo con la gran capacidad de victimizarse ante los demás, así sea creando mentiras sobre circunstancias que nunca han sucedido en la realidad, pero que son capaces de recrearlas en su cerebro para mostrarlas como una verdad.

Y en materia sentimental, estas personas estan expuestas a la manipulación permanente de sus parejas sin que eso les importe, hasta el punto de rechazar a su propia familia con tal de no perder el ser amado, lo cual les significaría una derrota muy difícil de superar. Son esa clase de personas que en materia política pueden llegar a hacer pactos con el mismo diablo, pero públicamente se muestran como unos santos para no perder el reconocimiento y la aceptación que les alimenta el ego trastornado”.

hector saltando

Son esa clase de personas que en materia política pueden llegar a hacer pactos con el mismo diablo, pero públicamente se muestran como unos santos para no perder el reconocimiento y la aceptación que les… Haga clic para Tweet

Solo quienes conocen de cerca a Mantilla podrían decir si lo anterior es cierto, pero como la intención de este artículo no es dejar las cosas a medias, decidí buscar a algunos de ellos para que me dieran su opinión, y todos me respondieron que la apreciación era correcta.

Jamás me atrevería a escribir sobre el aspecto físico de una persona y los problemas que eso le hubiese podido crear en su infancia o adolescencia, y mucho menos me referiría a la vida sentimental de alguien, pero respecto a su vida pública resulta ineludible explicar las razones por las cuales considero que floridablanca tuvo durante estos últimos cuatro años al político más hipócrita de Santander.

Mentira tras mentira

hector cartel

Promulgar que quienes lo critican seguramente están enamorados de él, no es la dosis argumentativa más alta que hubiese podido llegar a producir, pues debe recordarse que a Diego García (Diego Caricatura) lo denunció manifestando respecto al dibujo, entre otras cosas, que él sí era peludito, pero que ya no era gordito.

¡Hágame el favor! Sus rasgos infantiles de personalidad son superables, pero lo que no se puede concebir es la manera como genera golpes de opinión de forma pública, saliendo posteriormente a corregirlos en lo privado, siendo esto una táctica rastrera propia de quienes no tienen la altura para enfrentar debates serios.

En un programa con el periodista Juvenal Bolívar dio unas declaraciones en contra de la diputada Ángela Hernández, que la encausaron en un posible delito de tráfico de influencias, pero cuando llegó el momento de ir a poner la cara en el Tribunal Administrativo para sostener lo que había dicho, reculó de la manera más cobarde al no poder demostrar con pruebas sus aseveraciones, por lo cual la procuraduría pidió rechazar las pretensiones del demandante (Radicado 68001233300020100060900). 

Públicamente le manifestó a una comunidad que las empresas Marval y Urbanas se habían quedado con unas áreas de cesión del municipio, y que no las entregaban por el poder que tenían, pero cuando se le conminó a que hablara sobre esas áreas de cesión, volvió a recular dejando a su paso la posible comisión del delito de prevaricato por omisión al no cumplir con las funciones administrativas de recuperar dichos terrenos.

En un viaje hecho a Cuba, presentó una ponencia sobre ordenamiento territorial, y salió a mostrar la constancia de asistencia manifestando la mentira de que era un premio que le habían entregado por el brillante POT que damnificó a tantos florideños y enriqueció de forma absurda a urbanizadores piratas, a los mismos constructores que tanto criticaba, y a su propia familia.

Cuatro años sin cortarse las uñas

El haber llegado a la alcaldía de Floridablanca le sirvió para complacer los intereses económicos de sus patrocinadores de campaña, a quienes no solo terminó dándoles los más grandes contratos de la administración (Serinb Ltda, Conyser Ltda, Jorge Humberto Arguello Beltrán “El Bachiller”, Miller Castaño-Petrolabin, Óscar Mauricio Moreno-MR Ingenieros, entre otros), sino también ayudándolos a cambiarles el uso de suelo sobre terrenos rurales que sin tener siquiera una vía de primer orden, los transformó a urbanos con todo el daño que eso representa para la municipalidad.

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Los excesivos dineros adicionales dados a los dos intercambiadores viales no solo reflejan la pésima planeación de las obras de infraestructura en su gobierno, sino también, muestra el embargo que sufrió su mandato a favor de sus patrocinadores de campaña, en el caso específico del intercambiador de Fátima, donde sus contratistas ¡ terminarón apoyando a su sucesor, el cual una vez se posesione tendrá que darles otro adicional más como contraprestación al apoyo entregado a su campaña, tal y como lo muestra la fotografia tomada en la Finca Las Peñitas de propiedad de la representante a la Cámara Nubia López, favorecida con los cambios de uso de suelo en el sector de Ruitoque Alto.

Pero ella no fue la única, porque como bien lo dijo el exrepresentante Fredy Anaya, también hay que hablar de los grandes constructores que se beneficiaron por la expedición de este acuerdo, como es el caso de la familia Gómez propietaria de la Constructora Sumas, la cual valorizó uno de sus terrenos en más de 100 mil millones de pesos gracias a los cambios que contradictoriamente tanto se criticaron desde la misma presidencia de Camacol, la cual aún sigue permaneciendo en sus manos. Valga decir que según el certificado de tradición y libertad número 300-420985, Mantilla adquirió en el mes de junio de 2018 el apartamento 1904 en el Edificio La Torre Espinoza en Cañaveral, edificado por la misma constructora a la cual él mismo acusaba de construir esperpentos de más de 30 pisos sin planificación alguna. ¿Adivinan cual?: Constructora Sumas.

Un POT mal manejado

Hector carrito

Lo anterior es solo un escaso porcentaje explicativo de las travesuras de un niño que salió de su casa saltando con alegría al despacho de la alcaldía municipal, y quien solo meses después terminó convertido en el gato Michín de la política santandereana. ¿O es que nadie se dio cuenta que dentro de lo que aprobaron los honorables concejales, estuvo el cambio de uso de suelo de unos terrenos de propiedad de la familia de Mantilla en inmediaciones del Barrio La Cumbre, que pasaron de zona verde a expansión urbana para la exclusiva construcción de un centro comercial, por donde curiosamente tienen proyectado construir la estación de un teleférico ofrecido en campaña por Miguel Angel Moreno? ¿Nadie lo vio? ¿Todos callados? Los beneficios no solo fueron para los contratistas y políticos corruptos, sino para su propia familia, la misma que gracias a la conectante C1-C2 siguen acrecentando el valor de sus bienes. Con razón su silencio.

Miguel moreno-fredy

Ahora nos enfrentamos a una etapa más dentro de este proceso, como lo es la revisión ante el Tribunal Superior Administrativo de Santander, donde un personaje del gobierno nacional llamado Alberto Castillo Castañeda presentó un documento vergonzoso que los florideños tendremos que coadyuvar con nuestros propios escritos, para demostrar la falta de rigurosidad técnica y jurídica que llevó a la ruina a cientos de familias que ni siquiera se han dado cuenta de la gravedad del asunto.

Me sigo manteniendo firme en que no existen las condiciones para ese cambio de uso de suelo, porque a nadie, excepto a una minuscula mujer, se le ocurre pensar que dos empresas de servicios públicos de “propiedad” de los mismos dueños de los terrenos favorecidos, nos van a contar la verdad a través respuestas a derechos de petición. El POT de Floridablanca es ilegal, y si la justicia para los ciudadanos en este país existe, debe caer.

Bajo las enaguas de la madrina

Durante cuatro años Mantilla se ha escondido bajo la sombra que le provee la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, pues como el mismo lo manifiesta en reuniones privadas, mientras ella esté en el gobierno nada le pasará. Pero el poder es efímero, y la vida es demasiado irónica como para pensar que no llegará el día en que el sol termine alumbrándolo por detrás, y la sociedad entera pueda conocer realmente la negra personalidad que se esconde en un hombre investido por la mentira y la falsedad de todas y cada una de sus acciones.

Ya llegará el tiempo para saber qué mandados eran los que hacían en esa administración el señor Germán Aponte y el señor Martín Parra, o por qué se siguió contratando a la esposa de su tío Ignacio Rueda (Tío Nacho) después de conocerse que había presentado diplomas falsos, en vez de presentar las respectivas denuncias ante la fiscalía.

Martha Lucia

Algún día nos enteraremos a qué acuerdo correspondían los dineros cobrados por el concejal José Alexander Esparza (El Guache), defendido con tanto ahínco por el abogado Carlos Arturo Rojas. Sabrémos de qué forma incidió su poder para que todos los concejales que estuvieron en su contra se quemaran no en las urnas, sino en la registraduría.

Y terminaremos sabiendo si los contratos dados a Orlando Bayona Chinchilla (El Ambuila de Las Gachas) le pertenecían a su esposa Daniela Mecón Millán (hermana de un urbanizador pirata dueño de bodegas en miami), quien tantos secretos guarda junto con Oscar Javier Vanegas Carvajal en la Curaduría Primera de Floridablanca. Toda una sucia historia que la vicepresidenta no le podrá contener por siempre.

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Didier Tavera

Querido Didier, te metiste en un problema

Hace seis meses manifesté que una de las causas por las cuales el Departamento de Santander ocupaba el primer lugar en materia de corrupción, era la falta de compromiso del gobierno de Didier Tavera para evitar que los dineros públicos se quedaran en manos de los peores contratistas de Colombia.

Desde ese día hasta hoy, nada ha cambiado, y una muestra de ello son los más de 14 mil millones de pesos que pasaron por las arcas de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para ir a parar a las cuentas de la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Didier Tavera

La licitación pública que nunca fue

Durante los meses de febrero y marzo del año 2017, la Gobernación de Santander decidió celebrar un convenio de cooperación por un valor de 14.100 millones de pesos (No 883 del 5 de abril de 2017) para llevar a cabo su proyecto de innovación ciudadana, extendiéndole una invitación a cuatro empresas para que presentaran sus propuestas con fundamento en un presupuesto previamente establecido por el ente territorial.

Tres de las cuatro empresas invitadas (INFOTIC S.A.S., ERT E.S.P., ETB E.S.P. y EMTEL E.S.P.), fueron descartadas del proceso por sobrepasar el valor establecido en la invitación, y solo una de ellas, EMTEL E.S.P., cumplió con el presupuesto fijado gracias a que generosamente decidió no cobrar un solo peso por el manejo administrativo del proyecto. Lo que genera extrañeza no es el convenio en sí mismo, sino la contratación que EMTEL E.S.P. hace con la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A. a tan solo un mes de haberse firmado el convenio (Contrato 163 de 2017 del 2 de mayo de 2017), por un valor de 10.941 millones de pesos.

EMTEL-SEDE

Y es aquí donde surge la primera pregunta: ¿Dónde están los más de 3.159 millones de pesos de diferencia entre el convenio y el contrato?

Si al final de este asunto la empresa EMTEL E.S.P. tuvo que contratar un tercero porque no podía cumplir con las obligaciones estipuladas en el convenio, entonces la cooperación entre entidades fue una mentira, y aquí lo único que se hizo fue firmar un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Gobernación de Santander, para evadir probablemente una licitación pública y permitir que los dineros del proyecto fueran a parar en manos de un particular como lo es Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Y eso en cualquier parte de este país, no es otra cosa más que un posible delito de celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales, y un indebido interés en la celebración de contratos. 

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Dineros públicos en riesgo de perderse

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Si los anteriores delitos mencionados, llegaron a cometerse por parte del gobierno departamental, serán las autoridades competen tes las que así lo determinen, pero los dineros públicos destinados para este proyecto, son del interés propio de la ciudadanía en general, y por eso es que en conjunto con este escrito, he presentado una denuncia formal en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la Nación, porque si hay algo que haya aprendido en este último año, es que el Estado es a quien menos le importan los actos de corrupción que terminamos pagando los ciudadanos.

Después de haberse firmado el convenio con EMTEL E.S.P, la compañía de telecomunicaciones UNE EPM S.A., terminó de forma unilateral el contrato para la comercialización del servicio de televisión que tenía vigente con esa empresa, por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales, algo que ya se había repetido con la empresa Transmilenio en la capital de la República, en donde la instalación de unas cámaras de reconocimiento facial, condujeron a que la personería de Bogotá destituyera e inhabilitara por doce años a Ricardo Ramírez Moreno, exsubgerente técnico del fondo de vigilancia y seguridad del distrito capital.

La decisión señala que la sanción se dio “por suscribir un convenio (880 de 2014) para la instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para Transmilenio en diciembre de 2014, por más de $7.753 millones, que no se pudo activar”. ¡Y a que no adivinan cual fue la empresa que subcontrató EMTEL E.S.P para la ejecución del contrato en Bogota! Pues si, la misma: Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Los tahúres de la Gobernación

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El as bajo la manga del gobierno departamental en todo este juego pareciera llamarse Inversiones Tecnológicas de América S.A. Esta empresa, de la cual pocas personas se acuerdan, se ganó la licitación por más de 8.000 millones de pesos “para el fortalecimiento de la conectividad digital en las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander”, en compañía de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniería S.A.S., con quien conformó la Unión Temporal denominada Conexión Santander.

Haber participado en otra licitación en el departamento no hubiese sido de buen recibo, ya que sus integrantes fueron objeto de delicados señalamientos durante ese proceso contractual, y por eso debió resultarles mucho más grato el haber sido contratados por EMTEL E.S.P. de forma privada. En primer lugar, porque a pesar de ser un proceso de bienes y servicios, no tuvieron que licitar para quedarse al final con más del 77% de los dineros del convenio, y en segundo lugar, porque quien los contrataría sería un socio de vieja data.

Una muy buen jugada para una mano de naipes que solo podrá concluir cuando más de un funcionario termine preso, si es que la fiscalía se apresura a recopilar las pruebas en este entramado contractual.

La inexistente Contraloría de Santander

contraloría

Diego Frank Ariza es quizás uno de los funcionarios más pusilánimes que ha tenido la Contraloría de Santander en toda su historia, y solo el tiempo será el que se encargue de demostrar que su paso por la institución no fue más que un saludo a la bandera.

Tan es así, que nadie en la Contraloría Departamental se ha pronunciado sobre las inconsistencias encontradas por la Auditoría efectuada por parte del ingeniero Julián Correa y Diana Milena Ospino, funcionarios adscritos a la Contraloría General de la República, quienes manifiestan que los 300 canales de banda ancha que debían contratarse por un valor superior a los 2.664 millones de pesos, se excluyeron del proyecto a cambio de instalar 84 kilómetros de fibra óptica que hasta el día de hoy nadie ha visto, y sobre los cuales el contratista tampoco ha sido capaz de mostrar los soportes de compra de dicho material, poniendo en riesgo la sostenibilidad a futuro del proyecto.

Pero lo más grave, es que la auditoría encontró que el plazo del convenio especial de cooperación No 883 de 2017, se encuentra vencido desde el día 16 de junio de 2019, sin que se encuentre un documento formal que dé cuenta de alguna prorroga para la entrega en operación de la plataforma tecnológica, motivo por el cual se logró determinar que la gestión en la ejecución del proyecto es ineficiente e ineficaz, consolidándose así una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por un valor superior a los 14.938 millones de pesos.

Una observación sobre la cual el señor Ariza hará lo que mejor sabe: guardar silencio.

Con el agua hasta el cuello

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El señor Didier Tavera dejará la Gobernación de Santander con unos serios problemas por resolver, y será Mauricio Aguilar quien con su equipo de trabajo y un nuevo contralor departamental, tendrá que actuar en debida forma para proteger los recursos de los santandereanos involucrados en casos como este. Por ahora, lo único que esperan los ciudadanos, es que los medios de comunicación recuerden que los aplausos se reservan siempre hasta el final de la función.

Próxima columna: El niño de las uñas largas.

Foto familia Aguilar

Mauricio y los Aguilar

Foto familia Aguilar

Los despachos oficiales del alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander, están separados tan solo por una distancia de cien metros lineales, lo cual debe ser un motivo más que suficiente para que dichos mandatarios entiendan lo corto que es el sendero que deben transitar para trabajar por el progreso de esta región. Personalmente tengo mis dudas frente al manejo administrativo que Mauricio Aguilar le pueda llegar a dar al departamento, pero no por ello voy a perder la esperanza de que su llegada a la gobernación sea una nueva oportunidad para que este territorio reciba lo que se merece.

Los ciudadanos poco a poco han ido anunciado el interés de vigilar de cerca esta nueva administración, como es el caso del ex alcalde Rodolfo Hernández, quien ya mencionó unos nombres que pueden saltar a la palestra pública con todas las implicaciones que ello conlleva. De mi parte me abstendré de hacer señalamientos personales previos sobre cualquier persona, hasta que sus acciones tengan alguna incidencia con el interés público. Pero no por ello voy a dejar de apoyar a quienes señalen hacia las sombras para descubrir los intereses que allí se ocultan.

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Lo que le espera a Mauricio no es nada fácil, pero si logra entender que los Aguilar son una cosa, y que él por si mismo es otra, podrá comenzar a construir un legado que honre el hecho de su propia existencia. Es obvio que no podrá desligarse del todo de su familia, pues sería absurdo desconocer que los más de 16 años que su padre lleva haciendo política por Santander es el fundamento que lo tiene donde está. Por eso es que aseverar con tanta vehemencia que los más de 380 mil votos de Mauricio son producto de la maquinaria, no solo resulta un despropósito, sino también, una falta de respeto hacia aquellas personas que depositaron su voto por convicción o por cariño. Podemos no estar de acuerdo con su llegada al poder, pero quien así lo decidió fue el pueblo, y en el marco de nuestros derechos constitucionales esa decisión se acata y se respeta.

Podemos no estar de acuerdo con su llegada al poder, pero quien así lo decidió fue el pueblo, y en el marco de nuestros derechos constitucionales esa decisión se acata y se respeta. Haga clic para Tweet

Serán cuatro años en los que los santandereanos esperaremos que se saque a la luz pública lo que Diego Frank Ariza como contralor de Santander no pudo hacer, siempre con la esperanza puesta en que el nuevo gobierno no termine convirtiéndose en un encubridor más a la manera en que lo fue el procurador general Fernando Carrillo Flórez frente a todas y cada una de las actuaciones de un hombre que como él mismo lo dice, aprendió a gatear entre fajos de billetes. Más de 616 mil personas que anhelaban una opción diferente a la de Aguilar, estarán pendientes de que sus actuaciones sean propias de la dignidad que se ganó.

Foto Mauricio-Didier

Por eso quiero atreverme desde esta tribuna, a invitar al gobernador electo para que se siente con su familia y reconozcan que para gobernar, es necesario reunirse con sus mismos contradictores, no solo para apaciguar los ánimos y despejar el camino, sino también, para rescatar las buenas ideas que se quedaron en la contienda electoral, junto con las que anhelamos los ciudadanos desde hace muchos años, como lo es la creación del gran Parque Central de Bucaramanga que conecte al parque Antonia Santos con la Plaza de Mercado Central, integrando al proyecto el Centro Cultural del Oriente, el parque Centenario y las manzanas catastrales necesarias para la ejecución de una obra que más que un proyecto de infraestructura urbana, debería ser un legado ambiental para las generaciones futuras. Ya tendremos tiempo para hablar de ello, así como también de sus 14 proyectos turísticos para Santander.

Próxima Columna: Magda Milena Amado, una lucha contra la mezquindad.

Así se robaron el IDESAN

A la memoria de José Vicente Arenas Paredes

El único lugar en el mundo, donde los políticos son capaces de robarse un banco sin que la ciudadanía se de cuenta, se llama Bucaramanga. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander “IDESAN”, es una entidad del orden departamental que tiene como objetivo financiar con créditos los proyectos de infraestructura, medio ambiente, desarrollo tecnológico, vivienda y otros más, que pretendan desarrollar los municipios y los miles de santandereanos que a través de pequeñas o medianas empresas aspiren a fortalecerse con la ayuda del gobierno. Esa es por lo menos la fachada que el Gobernador Didier Tavera y sus funcionarios nos muestran, pero la realidad que ocultan es otra muy diferente.

LA PLANEACIÓN DEL ABSURDO

Desde el año 2014, el Ministerio de Hacienda ordenó mediante los decretos 1117 de 2013 y 2463 de 2014, que el IDESAN tenía que ser vigilado por la Superfinanciera, si lo que quería era seguir captando dinero de los entes territoriales, situación que fue informada a la Asamblea Departamental por parte del gerente Gilberto Mendoza Ardila, de conformidad con lo manifestado en el acta No 04 del 22 de noviembre de 2016 del consejo directivo del instituto, para lo cual se procedió a reformar los estatutos. Ya entrados en gastos, la duma departamental no solo no acató los lineamientos de la superintendencia, sino también, decidieron desplegar toda su creatividad y terminaron ampliando las actividades de prestación de servicios a fin de proyectar nuevas posibilidad de negocio, pero lo que nadie sabía, era que los negocios que se iban a desarrollar eran los que beneficiarían a los diputados, sus familiares y amigos, y gran parte de funcionarios de alto nivel de la Gobernación y de la Contraloría Departamental.

UN “BANCO” AL SERVICIO DE LOS DIPUTADOS

La transformación de los estatutos a través de la ordenanza 08 del 28 de marzo de 2017, le entregó una patente de corzo a la gerencia de la entidad, la cual se sustentó en una absurda interpretación jurídica, por medio de la cual se creyeron estar facultados para otorgarle prestamos a cualquier particular que vaya a solicitar un crédito, con lo cual, una institución que estaba destinada para financiar al sector público, terminó convertida en una entidad de prestamos para los privados.

Y ¿quiénes son estos? Pues nada más y nada menos que los mismos diputados que aprobaron esos estatutos, dentro de los cuales se encuentran Edgar Suárez Gutiérrez, a quien le prestaron 73 millones de pesos con la simple presentación de un certificado de ingresos expedido por la secretaría de la corporación, y la firma de dos fiad ores: su esposa, la señora Paola Andrea Meléndez Díaz, y el diputado Humberto Rangel Lizcano, quien también tiene un préstamo de la entidad, teniendo como fiador a Edgar Suárez. Un “yo con yo” sobre el cual no se exigió ninguna garantía real que respaldara la deuda, con un plan de pagos sin soporte alguno que permita tener alertas de incumplimiento, más el agravante de que los señores diputados resultan ser los encargados de ejercer el control político al gerente que les firma sus propios prestamos.

Con la creación de esta línea de crédito a la cual decidieron llamar “Banca de  Inversión”, ya han prestado más de 12 mil millones de pesos, dentro de los cuales deben contabilizarse los 25 millones de pesos para el diputado José de Jesús Villar Torres, los 10 millones de Jorge Arenas Pérez y los 1.827 millones entregados en el 2017 a Fabián Rolando Méndez, esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel, el cual vale la pena dilucidar.

LOS ENREDOS DE MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO

La primera persona que apoyó a la diputada Ángela Hernández cuando esta se opuso al gasto desmedido en la contratación de Maluma en el municipio de Floridablanca, fue Marggy Carolina, ya que “no podían aceptar que los recursos públicos se gastaran en un concierto”, pero contradictoriamente nunca se opuso a que el IDESAN le hiciera prestamos por más de 1.800 millones de pesos a su esposo, el abogado Fabián Rolando Méndez.

Este crédito fue desembolsado el día 16 de agosto de 2017, y sin haber pagado durante más de un año un solo peso de sus obligaciones, el gerente de la entidad de forma muy generosa, como jamás lo habría hecho cualquier banco en el país, le reestructuró el crédito (No 16-014-02) por 360 días más, sin importarle para nada el riesgo financiero que representaba el señor Méndez, quien adquirió dos lotes por valor de 48.000 millones de pesos a la compañía Ferticol S.A. en el municipio de Barrancabermeja, cuando Andrés Solano Aguilar, el director administrativo y financiero de los últimos 25 años en IDESAN, estaba al frente de la empresa de fertilizantes. Solano es el cerebro que maneja a su antojo los dineros de la entidad, hasta el punto de viabilizarle un crédito por casi 7.000 millones a la compañía Global Project Business en marzo de 2019, con el cual presuntamente se pagó el crédito inicial del señor Méndez, quien hasta ese momento presentaba un nuevo atraso en sus cuotas.

No deja de ser curioso que al interior de la entidad, un crédito se cancele con otro crédito, pero más curioso resulta aún, que hayan personas que aseguran que Fabián Rolando le entregó un carro Mercedes Benz al señor Solano, dentro del “giro normal de sus negocios”. Ante esta situación, la diputada Rangel ha guardado un profundo silencio, así como también lo guardó cuando se le pidieron explicaciones acerca de la compra del lote 58 del Conjunto Valle de Rocas en Ruitoque por un valor de 405 millones de pesos en noviembre de 2016, el cual fue adquirido por la constructora e inversiones Méndez Rangel y Cía siendo ella la representante legal, predio que fue vendido tan solo nueve meses después a uno de los hijos del ex congresista Fredy Anaya, el mismo que tiene el aval para la alcaldía de Bucaramanga por el partido que representa la diputada.

Desentrañar esto no es nada fácil, y el silencio seguirá prevaleciendo en todas y cada una de sus actuaciones, porque si hay algo que caracterice a la señora Rangel, es callar ante las ilegalidades, como la que de haber construido su casa en Ruitoque sin ninguna clase de licencia urbanística, y la de haber vulnerado los derechos laborales de los obreros que la edificaron, quienes hasta el día de hoy esperan con humildad que les pague por su trabajo.

PRESTAMOS GRAVEMENTE IRREGULARES

Los encargados de estudiar las solicitudes de créditos al interior del IDESAN, consideraron que era normal prestarle 2.500 millones de pesos a la empresa Greas Inversiones de Cundinamarca para la construcción de unas cabañas (Resolución 133 del 28 de febrero de 2018), bajo la garantía hipotecaria del 50% de un lote en el cual finalmente no se construyó nada, y el representante legal de dicha compañía se desapareció. Al día de hoy no se han cancelado los créditos, lo cual terminó afectando los estados financieros de la entidad, y que según algunos funcionarios de la gobernación, ya rondan en una perdida operacional cercana a los 1.300 millones de pesos hasta el mes de abril del presente año. Al IDESAN se lo están robando y nadie dice nada.

EL COLMO DE LOS COLMOS

Como si todo lo anterior no fuera poco, a la cúpula directiva le pareció una brillante idea otorgarle un préstamo por valor de 4.000 millones de pesos a la empresa Proyectos y Construcciones Santander (Primer desembolso Resolución 313 del 12 de julio de 2018, y segundo desembolso Resolución 448 del 04 de octubre de 2018), manejada por quien probablemente pueda llegar a ser el urbanizador pirata más grande del área metropolitana, el señor Gerardo Sánchez Gómez, a quien el municipio de Girón lo denunció ante la fiscalía por los delitos de urbanización ilegal y captación masiva e ilegal de dinero. Las garantías de este crédito resultan ser un pagaré. Así como lo leen: un pagaré. Título firmado por quien negocia lotes ilegales y sin uso de suelo habilitante en el área metropolitana, el cual no lo  han hecho efectivo, aún cuando se observan indicadores de falta de pago de hasta cuatro meses de atraso.

RESPONSABLES DEL DESCALABRO

El primer funcionario llamado a responder por esta barbaridad, no puede ser otro más que el Gobernador Didier Tavera, quien es a la postre el que nombra al gerente y a los cinco miembros del consejo directivo. El segundo llamado a dar la cara es el gerente de la entidad, el señor Gilberto Mendoza Ardila, a quien no le pueden pasar por la nariz el elefante sin que se de cuenta de todas estas irregularidades. El tercero es el director financiero y administrativo, Andrés Solano Aguilar, el verdadero cerebro detrás de todas las presuntas operaciones regulares e irregulares que allí se pueden estar cometiendo.

El cuarto es su director comercial Jairo Duarte, el hombre de las relaciones cordiales para valorar las intenciones de quienes hoy no pagan una sola cuota de sus deudas. El quinto es el director jurídico de la entidad, el abogado Hermes Rico Charry, quien hoy debería estar respondiendo por los estudios de títulos y garantías reales recibidas en el marco de los créditos, y el sexto indiscutiblemente que tiene que ser el revisor fiscal Mario Saavedra Mejía, a quien nada le ha parecido irregular estos últimos años en esta entidad. Un verdadero convidado de piedra. Por último, los miembros de la junta directiva son tan responsables como los mismos diputados, o es que ¿a alguien se le hace normal que los encargados de ejercer el control político sobre una entidad, estén recibiendo créditos financieros de la institución que tienen que vigilar? 

SI EL GERENTE NO RENUNCIA, ES PORQUE DIDIER TAVERA LO RESPALDA Haga clic para Tweet

La estructura organizacional del IDESAN establece en estricto orden la existencia de un gerente, un asesor comercial, un encargado de la gestión financiera, un jurídico, un tesorero y la persona encargada de los inventarios. Pues bien, miren para lo que les sirve su organización, que más que administrativa, ya parece delictiva: 

Gilberto Mendoza (Gerente) tiene un préstamo por un valor de $142.300.000 para pagar un crédito de vivienda con una tasa anual del 3% y un plazo de 240 meses, el cual le fue aprobado por el director fi nanciero Andrés Solano, quien firmó como gerente encargado (Resolución 285 de 2017). 

 Andrés Solano, tiene dos créditos aprobados por Gilberto Mendoza (Gerente) por valor de $55.000.000 p ara pagar otro crédito que ya tenía en la misma entidad y un excedente para libre inversión. Es decir, aparte de que se atreve a pedir un crédito para pagar el crédito que ya debe, el IDESAN le entrega más dinero para que lo invierta en lo que guste (Resolución 355 de 2017). Unido a este, tiene otro crédito por valor de $179.600.000 para vivienda con un plazo de 240 meses y el mismo cómodo interés anual del crédito del gerente (Resolución 315 de 2018). 

De la misma forma el abogado Hermes Fernando Rico Charry tiene dos prestamos, uno por valor de $75.200.000 para compra de cartera de Credifinanciera (Resolución 189 de 2017) y otro más por valor de $179.600.000, ¡adivinen para qué! (Resolución 152 de 2018)

Hay que contar dentro de este recuento, al señor Jairo Alexander Duarte Hernández, quien tiene un préstamo por valor de $10.000.000 (Resolución 585 de 2017).

 De la baraja también hay que mostrar el crédito que tiene Benjamín Eduardo Herrera Jaimes por un valor de $11.700.000 (Resolución 0116 del 15 de febrero de 2018), y otro más por $170.000.000 para la compra de vivienda (Resolución 427 del 25 de septiembre de 2018)

De conformidad con la Resolución 147 de 2018, hasta la secretaria de contabilidad de la entidad, la señora Claudia Liliana Rico Rangel, tiene un crédito por $130.000.000 para vivienda a una tasa inferior a la ofrecida por cualquier entidad financiera del país. ¿Y ella es la encargada de llevar los libros financieros? Sin palabras.  

 Y por último, de todos los directivos, no podían dejar sin participar de esta repartija de prestamos, a la señora Cecilia Benilda Virviescas Bonnet, encargada de Planeación e Inventarios, quien tiene un préstamo por un valor aprobado de $60.000.000 para compra de cartera de la misma entidad y libre inversión a una tasa del 3% a 48 meses (Resolución 270 del 03 de junio de 2018).

Y AÚN HAY MÁS

La gran mayoría de los créditos personales por libranza se han entregado a funcionarios de la gobernación y de la contraloría, lo cual ya de por si es grave, pues si llega a ser cierto que en Santander existe un contralor de bolsillo, lo sería aún más si la gran mayoría de los funcionarios de esa entidad gozan de la mermelada de IDESAN. Aquí les dejo unos casos interesantes para analizar:

Trabaja en la Oficina de Control Financiero de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $25.000.000 para libre inversión (Resolución 350 de 2017).

Trabaja como asesor del gobernador y tuvo un crédito por valor d e $11.700.000 destinado para pagar un crédito anterior (Resolución 124 de 2018).

Trabaja como Secretario de Desarrollo de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $29.500.000 para libre inversión, habiendo sido miembro de la junta directiva del IDESAN (Resolución 255 de 2017).

Quien hoy se presenta como la renovación de la política en Santander, trabajó como director de competitividad de la Gobernación y tuvo un crédito por valor de $29.500.000 para libre inversión (Resolución 254 de 2017). 

De conformidad con los decretos del Ministerio de Hacienda, para el mes de diciembre de 2018, el IDESAN ya no podría tener un solo peso captado de los municipios y de la Gobernación de Santander, pero todos los anteriores responsables, se inventaron la cuenta 290201 llamada “Recursos recibidos en administración y/o convenios”, para esquivar la norma fiscal.

Con esta maniobra se quedaron con 83.175 millones de pesos que tenían que haberle devuelto a la entidades territoriales, y se burlaron de la forma más ramplona del gobierno nacional. Pero ni aún así han logrado explicar por que por primera vez en la toda la historia del instituto, se presentan perdidas por más de 1.300 millones de pesos, acrecentadas por el sostenimiento del Parque Nacional del Chicamocha y el Cristo del Santísimo, donde el IDESAN debe pagar los impuestos que allí se generan, las depreciaciones de los bienes, el mantenimiento de los teleféricos y el pago de los seguros, sin que le queden los respectivos dividendos, pues es de conocimiento público que estos mismos se van para la corporación Panachi, donde uno de los mayores clanes políticos de la región es quien ejerce el control. Y del parque acuático de Panachi es mejor ni hablar, porque si llega a ser verdad que las piscinas se están hundiendo, lo mejor es que comiencen a contratar abogados. 

Señor Gobernador: ¿Usted cree que el IDESAN puede ser manejado con transparencia y responsabilidad, cuando todos los directivos de la misma tienen deudas personales por un monto superior a los mil millones de pesos con la entidad financiera que dirigen? Como ciudadano del común le pido de la forma más respetuosa frente a la dignidad que usted representa, que tome una decisión inmediata frente a esta delicadísima denuncia.

Esta es nuestra tierra, estos son nuestros gobernantes, políticos y funcionarios públicos. Y estos somos nosotros, los que seguimos eligiendo a los mismos sinvergüenzas que permiten el indebido manejo de los dineros públicos y nos condenan a vivir en la miseria mientras ellos se enriquecen sin pena alguna. ¿Y mis amigos de la Fiscalía? ¿Aquí tampoco van a hacer nada? ¡Ya va siendo hora señores!

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Planes Especiales Rurales

Girón es un territorio tan lleno de contradicciones en materia urbanística, que las denuncias sobre los urbanizadores piratas se quedan cortas frente a lo que todos pensamos que es legal. Muestra de eso es que CENFER está a punto de cumplir 24 años de existencia sin que aparezca en el municipio la licencia de construcción, como tampoco aparecerá la que legalice las áreas de cesión que indebidamente se apropio y construyó la Empresa de Soluciones, Servicios e Innovación ESSI S.A.S. en el sector de La Esmeralda. 

Por cosas como estas, que se dan constantemente en el sector rural, la administración pública revalidó los PER como un instrumento de gestión territorial para desarrollar a su manera los suelos aptos para parcelaciones, lo cual resulta importante si se tiene en cuenta que aún no se ha hecho la revisión ordinaria del POT. El problema con esta iniciativa es que los lineamientos técnicos y normativos expresados en la resolución administrativa que lo ampara, son de un orden tan estricto, que cualquier omisión frente a los mismos condenaría los proyectos al fracaso, y podría ocasionar problemas tan graves como el que se está dando en el Embalse de Topocoro con el predio Puerto La Cruz. 

La CDMB guarda reparos frente al tema, pero no han asumido una posición oficial y por ende la legalidad de los proyectos aprobados se seguirá presumiendo hasta que una revisión juiciosa del procedimiento de cada uno de ellos indique lo contrario. Es por ello que resulta tan importante que el Procurador Ambiental y Agrario de Santander deje de dedicarle su tiempo a los problemas entre vecinos en el Condominio Ruitoque y se concentre en lo importante, para que con su intervención en estos procesos de ordenamiento, convalide o rechace la permisividad urbanística en el sector rural. 

ADENDA: Alcalde Héctor Mantilla, ¿no cree que ya es suficiente el abuso en materia de contratación al interior de su administración para favorecer a las personas allegadas a Martha Lucía Ramírez? Por petición de su propia gente, hago un segundo alto en el camino. 

Próxima Columna: El lapicero de Emiro José Castro Meza.