Las verdaderas razones del cambio de sitio para la construcción del Parque Mundial del Cacao permanecen ocultas entre los títulos de propiedad de los terrenos donde ahora se quiere construir la obra. Para quienes desconocen los intereses que se manejan en la zona de influencia del embalse, vale la pena recordar que para el 21 de abril del 2014 se reunieron en la Hacienda El Cerro 22 prestantes ciudadanos para constituir la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia de Hidrosogamoso (Corsogamoso), una entidad sin ánimo de lucro que llegó a tener dentro de su junta directiva al ex secretario de desarrollo departamental Samuel Prada Cobos en razón de sus intereses con el predio La Lajita.
Su junta actual está compuesta por Alberto Asis Gómez Gamarra, Carlos Reinaldo Higuera Escalante, Luis Hernán Cortes Niño, Pablo Elias Santamaría González e Ignacio Ardila Castillo, sin descontar las suplencias en cabeza del gerente actual de Copetran Hernán Mauricio Atuesta Ardila y del gerente de Cajasan Cesar Augusto Guevara Beltrán entre otros.
Esta corporación ha sido fuertemente criticada por los pobladores de la zona al considerar que se ha tomado en indebida forma la vocería de la región desconociendo las necesidades de los grupos más afectados con el llenado del embalse. Su presencia ha sido evidente en todos los procesos adelantados por la Gobernación de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga en relación con las decisiones sociales y económicas de explotación turística del embalse.
Esa destacada presencia es la que ha llevado a que el actual gobierno departamental haya decidido reubicar el proyecto del Parque Mundial del Cacao con las consabidas afectaciones a la economía local de San Vicente de Chucurí, porque siempre será más fácil pagar las deudas que se adquieren para llegar al poder que cumplirle al pueblo las promesas que se le hacen en campaña.
Por eso resulta más que evidente que la decisión asumida por la Gobernación de Santander va a terminar favoreciendo los intereses económicos de estos asociados y, sobre todo, al dueño del terreno que se piensa comprar para ejecutar sobre el mismo las obras. De los inmuebles que allí existen el más pertinente es el de Alberto Gómez Gamarra, el cual tiene como vecinos colindantes los predios que son propiedad de Comfenalco, Rodrígo Prada, Luis Gualdrón, Alvaro Acevedo y Lucía Victoria Gómez Gamarra. Los Gómez Gamarra ya tienen todo listo gracias a las licencias de subdivisión rural 017 de 2017 y 025 de 2018 expedidas por la Secretaría de Planeación de Betulia.
Esas son las cosas buenas de ser previsivos en la vida. Pero más allá de que todas las intenciones gubernamentales apuntan a un solo sector, es necesario seguir la trazabilidad de un predio que era propiedad de un ex alcalde de Zapatoca y que podría terminar siendo hoy la materia prima para un escándalo de corrupción en materia de favorecimientos personales si es que se les ocurre comprarlo. Por eso es que mientras se le quita el velo a lo que se está tejiendo entre las sombras de “el placer” en Betulia, el senador Richard Aguilar así como Gustavo Adolfo Barajas Martínez, podrían comenzar a darnos una luz al respecto antes de que los reflectores se posen sobre ellos.
El alcalde de San Vicente Oscar Rodríguez, el diputado chucureño Oscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez y los mismos habitantes de dicha población, deben agotar todas las instancias para que el parque continúe en su jurisdicción, haciendo la salvedad de que allí lo que más se necesita no son atracciones mecánicas sino un verdadero centro de enseñanza y tecnología del cacao que permita mejorar el cultivo del mismo ofreciéndole al país una verdadera experiencia de vida y tradiciones culturales.
Construir este parque sin que se tenga que pasar por el pueblo de San Vicente para llegar hasta él, es seguir condenando a sus habitantes a un abandono estatal que ya no tiene justificación alguna.