El problema en que nos va a meter la EMAB

jun. 24, 2020

Lo peor que le puede pasar a un alcalde es rodearse de personas que no le digan la verdad. Y si hay algo por lo que se ha caracterizado el gobierno de Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga, ha sido por mantener en sus cargos a personas que gastan más tiempo defendiendo su orgullo personal que trabajando con sensatez por el bienestar de la ciudadanos.

Una de esas personas es el ingeniero Pedro José Salazar, actual director de la empresa de aseo de Bucaramanga EMAB, el mismo que junto con un pomposo equipo de técnicos y abogados están a punto de llevar al área metropolitana y 12 municipios más a la mayor emergencia sanitaria jamás ocurrida en toda su historia. Nadie le niega los méritos que tiene Salazar como profesional para el cargo, pero sus equivocaciones en materia de contratación pública hacen que comencemos a mirarlo de otra manera.

El inicio de las preocupaciones

En el mes de marzo de 2018 el Área Metropolitana de Bucaramanga adjudicó un contrato de 2.396 millones de pesos para la construcción de un box culvert en la quebrada El Carrasco en medio de un proceso licitatorio ganado por el Consorcio 2017 del cual era integrante el señor Santiago Sánchez Vesga, contratista multado e inhabilitado por la construcción del recinto ferial del municipio de Arauca. Cuando comenzaron las obras el ex diputado Edgar Suárez calificó los trabajos del consorcio como un “revolcadero de tierra millonario” y acusó al contratista de haber ocasionado la tragedia ambiental del relleno sanitario por haber reventado la línea de conducción de los lixiviados.

Una grave acusación que perdió su fuerza el 22 de febrero de 2019 cuando este mismo diputado estuvo presente en la audiencia de adjudicación del intercambiador de Guatiguará por valor de 33.291 millones de pesos por parte de la Gobernación de Santander, pues no dijo nada cuando se la ganó ese mismo contratista al que cuatro meses atrás había señalado de ser el causante del derrumbe en El Carrasco ¿Ven que sí se puede cambiar la opinión sin que existan acusaciones maliciosas? Pues bien, fue el incumplimiento de este contratista lo que obligó a la EMAB a contratar de forma directa la ejecución de un pequeño tramo del box culvert por valor de 550 millones y es aquí donde comienza el problema para el alcalde Cárdenas y el enredo para el Gerente Salazar.

Extraños contratistas

De las tres cotizaciones allegadas, la EMAB escogió la presentada por la Constructora RST LTDA., representada legalmente por el ingeniero Ramiro Cepeda Uribe, un contratista conocido en el municipio de Piedecuesta por haber construido un muro de contención en el colegio Carlos Vicente Rey, el cual se le vino al piso tan solo unos meses después de haberlo entregado.

Ese es el contratista que tiene en sus manos una de las obras determinantes para que El Carrasco siga funcionado, el mismo que para justificar su retraso en el relleno se ha venido amparando en la emergencia sanitaria por la Covid-19 y en la falta de un permiso de ocupación de cauce por parte de la CDMB, todo lo cual es mentira porque no solo dicho permiso ya existe, sino que los protocolos sanitarios para reiniciar las obras fueron aprobados por el gobierno nacional hace ya un buen tiempo.

Otra de las excusas para no concluir la obra es que los precios establecidos en los pliegos fueron demasiado bajos, razón por la cual no sería raro que terminara sumiendo a la ciudad en una controversia contractual peligrosísima. Pues bien, en medio de esta complicada situación, al gerente de la EMAB le dio por desarrollar una espantosa creatividad jurídica al interior de la entidad que no tiene antecedentes en la ciudad, la cual tiene que tener a la encargada de la oficina de transparencia al borde de la locura.

De camino a la procuraduría

Si para el mes de noviembre no están concluidos los trabajos en la Celda No. 2 del relleno sanitario, nos veremos abocados al cierre definitivo de El Carrasco sin que exista la posibilidad de más prórrogas porque la solución técnica fue adoptada con el tiempo suficiente para haberla llevado a cabo. La culpa inicial de la demora la tienen los mandatarios de Girón, Piedecuesta y Floridablanca por no transferirle a la entidad los dineros necesarios para la contratación de las obras.

Por ello resulta inexplicable que justo ahora que ha quedado superada esa situación, al señor Salazar le haya dado por inventarse una licitación pública que, con el pleno cumplimiento de los requisitos legales y sin que se presenten observaciones al proceso contractual, podría terminar adjudicándose en el mes de septiembre, con lo cual tan solo quedarían dos meses para terminar unas obras que requieren casi 120 días para su completa ejecución.

Por eso es bueno desde ya advertir al alcalde de Bucaramanga que su camino a la procuraduría, para responder por los desaciertos administrativos en el manejo de las basuras en la ciudad, se lo está labrando el propio gerente de la EMAB por no querer entender ambos que la salida legal para solucionar el problema es, o bien llevar a cabo una contratación de forma directa, o bien suscribir un otrosí con el actual operador, quien ha demostrado con creces ser la persona más idónea para realizar las obras exigidas por la autoridad judicial.

Por eso quiero hacerle un respetuoso llamado desde esta tribuna a los demás alcaldes del área metropolitana para que hagan entrar en razón al señor Salazar y éste finalmente entienda que, a cinco meses del desastre, no puede seguir acomodando los pliegos de condiciones en favor de sus intereses perjudicando con su intransigencia a más de un millón de habitantes. Si gobernar es hacer, háganlo.

Óscar Jahir Hernández

Un periodista de investigación indaga, descubre y destapa lo que funcionarios, empresarios o personas del común buscan ocultar con artimañas. Este es un ejercicio necesario en Santander.

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