El “Space” de Bucaramanga
Si el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, y su Secretario de Planeación, Julián Silva Cala, son responsables en el ejercicio de la función pública que la ley les señala, no pueden dudar ni por un instante en ordenar la inmediata inspección técnica al edificio “El Campanario” ubicado en la Carrera 44 No 57-27 del Barrio Terrazas, antes de que esa edificación se convierta en una de las más grandes tragedias de esta ciudad.
La insolencia del constructor Luis Carlos Mantilla Hernández en cada una de sus actuaciones urbanísticas y la posible manipulación de las normas que hizo en su momento el arquitecto Luis Carlos Parra al frente de la Curaduría Primera de Bucaramanga, generaron una bomba de tiempo que al día de hoy solo una orden de demolición podría desactivar.
¡Que Planeación haga algo!
La historia para esta clase de cosas siempre es la misma: comienzan con un acto administrativo en una curaduríay terminan haciendo lo que se les venga en gana con actos posteriores en la otra, tal y como sucedió con el proyecto de la constructora Prabyc denominado Provenza Club, donde hasta el día de hoy sigue sin resolverse la situación a más de 100 familias afectadas. El 30 de marzo de 2012 Farid Numa Hernández expidió una licencia para construir 4 pisos y un altillo, pero al momento de escribir este artículo el edificio ya va en 15 pisos. El hoy diputado Mauricio Mejía Abello, quien para ese momento era el Secretario de Planeación de la ciudad, el 30 de abril de 2014 le solicitó a la Inspección de Control Urbano y Ornato la suspensión de las obras con fundamento en el informe técnico No 0015-2014 que daba cuenta de la vulneración a la normatividad urbanística, pero su petición solo vino a ser aceptada cinco meses después, cuando la edificación ya contaba con 11 pisos.
Es importante resaltar que cuando se ordenó la suspensión, el constructor apenas estaba levantando el segundo piso, así que con ese solo datico midan ustedes la gravedad de la negligencia. Para empeorar la situación, la suspensión le importó cinco centavos a la Secretaría del Interior, en cabeza de César Alfonso Parra Galvis, porque tan solo unos días después de haberse impuesto, decidieron levantar el sellamiento sin consultárselo a planeación municipal, con lo cual terminaron configurando uno de los mayores desaciertos de planificación en la ciudad.
La anterior aseveración está sustentada en el fallo expedido el 23 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, pues allí se concluyó que “el comportamiento del ingeniero Luis Carlos Mantilla fue negligente puesto que en ningún momento tuvo en cuenta el inminente peligro que representaba continuar con los trabajos”, con lo cual terminaron vulnerándose los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres así como la realización de construcciones respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
Una verdad que también se llevó por delante al ex curador Luis Carlos Parra, a quien se le pudo probar su corrupto accionar al expedir una licencia que no correspondía con la verdad, dado que aprobó una modificación a la licencia cuando el edificio ya había sido construido en su totalidad. En un oficio fechado el 15 de octubre de 2014, Parra reconoce la necesidad de corregir unos estudios estructurales y geotécnicos; correcciones que nunca se hicieron dado que el terreno ya estaba ocupado en su totalidad por la construcción, algo queconduce inevitablemente a entender que el edificio “El Campanario” no tiene los estudios necesarios para su existencia y mucho menos para su ocupación, ya que los cálculos de asentamientos fueron hechos de forma indebida, siendo esta una de las principales equivocaciones que llevaron a la caída del edificio “Space” en la ciudad de Medellín.
Luis Carlos Parra le mintió de forma descarada a los vecinos de la edificación cuando les manifestó que su actuar se había desarrollado de forma transparente, y con eso se lanza de bruces a las escalinatas de la Fiscalía General de la Nación para responder por su posible comportamiento prevaricador dado que este servidor público conocía perfectamente que dicho edificio ya estaba construido, que la violación al espacio público era irremediable, y que los perfiles viales habían sido falseados en tres oportunidades distintas.
¿Demolición a la vista?
El comportamiento del ex curador y del constructor debe ser sancionado de forma ejemplar, así como también tendría que ser sancionada la irresponsabilidad del ingeniero a cargo de la obra por haber fundido una placa sin dejar el aislamiento posterior, y fundir otra más en el entrepiso del tercer y cuarto nivel, al igual que la viveza del arquitecto por haber proyectado un nivel 0.00 a la altura del tercer piso de la edificación colindante en un terreno de topografía inclinada que no tiene ninguna otra salida más que la del frente mismo de la edificación, a sabiendas que lo debía tomar desde el nivel del andén para no alterar la contabilización de alturas y demás aspectos de retrocesos posteriores e índices de construcción y ocupación de la norma. Esta actitud se repitió en los planos cuando se presentó gran parte de las rampas de parqueaderos en un ancho de 2.85 metros siendo que la norma las estipula en 3.50 metros.
¡Y aun así el ex curador se atreve a escriturar que sus actuaciones fueron transparentes! Todas y cada una de las licencias expedidas para este proyecto tienen vicios de ilegalidad, el comportamiento del curador está investido de posibles actitudes delincuenciales, y la demora en conjunto con los actos administrativos expedidos por la Inspección de Ornato y la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, dan para una revisión exhaustiva de los expedientes allí existentes al observarse una voluntad consciente para favorecer los intereses de terceros en la omisión del cumplimiento de su deber en aras de no quebrantar las normas de construcción vigentes en la ciudad. Este edificio requiere toda la atención de la administración pública, o de lo contrario será la ciudad entera la que tenga que pagar las consecuencias de un desastre anunciado por la irresponsabilidad de un constructor que viene siendo denunciado desde hace ocho años sin que nadie haya sido capaz de detenerlo en su proceder.