En todas las instituciones públicas de este país siempre existirá alguien que se crea el dueño de las mismas, razón por la cual no debería resultar extraño que Víctor Raúl Castillo Mantilla pretenda ser esa persona al interior de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Una muestra de eso fue la actitud soberbia que tuvo en la última reunión de la junta directiva cuando se retiró virtualmente de la misma al no poder imponer sus propios requisitos para los aspirantes al cargo de la presidencia en razón a la salida de Juan Camilo Beltrán.
Al señor Castillo se le olvida que la junta no es de su propiedad y que las mayorías son las que se imponen aún cuando a él no le gusten las decisiones que allí se tomen. La molestia se dio porque la mayoría de la junta decidió darle prioridad a la hoja de vida del aspirante por encima de las amistades personales que tengan los representantes del gobierno, una decisión que podría terminar golpeando de forma directa las relaciones de los “cacaos” con el gobierno del presidente Duque y una desestabilización de los convenios gubernamentales con los cuales se han beneficiado estos mismos desde hace muchos años.
Las cuevas de Rolando
Los santandereanos se han sorprendido en el último mes por todas las críticas que se le han hecho a la entidad y a su presidente ejecutivo, debido en gran parte a que nadie le había puesto la lupa a su modelo de contratación y a los favorecimientos de quienes viven mostrándose como los representantes de los intereses de los ciudadanos cuando a decir verdad lo único que les interesa son sus propios intereses comerciales.
El ejemplo más claro se encuentra en la Cámara de Comercio de Montería, donde uno de los miembros de la junta creó sus propias empresas para desfalcar a la entidad en más de 3.000 millones de pesos, razón por la cual fueron suspendidos el presidente ejecutivo y cuatro miembros de la junta directiva. Esta misma clase de cosas sucedieron en la Cámara de Comercio de Florencia (Caquetá), donde su presidente compró de un día para otro una casa para la entidad con un sobrecosto de 400 millones (ver video).
Lo mismo viene sucediendo en Barranquilla, Pereira, Villavicencio, Cúcuta y otras ciudades pequeñas e intermedias donde hacen un verdadero festín con los dineros públicos que pagan los comerciantes. Sin embargo, en todas ellas han funcionado los entes de control, menos en Santander, en donde los contralores investidos de la autoridad para impedir estos abusos están permeados por la politiquería, mientras el mayo representante de la procuraduría destina su tiempo en la oficina para hacerse el manicure y el pedicure.
Los amigos ilustres
Son 57 las Cámaras de Comercio que existen en el país y en cada una de ellas el gobierno nacional tiene sus propios representantes, los cuales en su gran mayoría son los denominados “cacaos” de cada región. En Medellín tiene a Luis Fernando Restrepo Echavarría, miembro también de la junta de Bancolombia y Conconcreto. En Cúcuta cuenta con Pedro Arnulfo García Tibaduiza, gerente de la empresa Veolia, gran aliado del senador conservador Juan Carlos García Gómez y en Barranquilla se apoya en Sergio Espinosa Posada, socio del proyecto de estructuración para el manejo comercial del aeropuerto de Cartagena, a quien acusan de haber causado el desastre ambiental del Lago del Cisne en el municipio de Puerto Colombia (https://laotracara.co/nota-ciudadania/los-duenos-de-las-construcciones-que-destruyeron-el-lago-del-cisne/). Bucaramanga no podía ser entonces la excepción y es por ello que decidió nombrar en dichos cargos a Carolina Galvis Villareal, directora ejecutiva de la clínica Foscal; a Carlos Andrés de Hart Pinto, ex viceministro de desarrollo empresarial en el Gobierno Santos, con quien debe tener malos recuerdos en la ciudad de Pereira; a Gustavo Galvis Hernández, ex presidente de la asociación nacional de empresas de servicios públicos. Y finalmente a Victor Raúl Castillo Mantilla, a quien solo le falta pertenecer a la junta directiva del Atlético Bucaramanga para acabar de saciar sus ansias de poder.
La primera gran conquista: el agua de la ciudad
Estos representantes y sus propios intereses patrimoniales serán quienes en el 2021 marcarán la línea política sobre la cual el gobierno nacional intentará apropiarse de los espacios de poder en el departamento, mientras a escondidas de los ciudadanos comenzarán a mover las fichas para que la revisión del POT de Bucaramanga les traiga importantes beneficios teniendo en cuenta que lograron ubicar en la gerencia del Acueducto Metropolitano de la ciudad a un hijo de uno de los empleados del señor Víctor Castillo, el ex gerente de Camacol Hernán Clavijo Granados, gremio donde ha tenido asiento en su junta directiva la sociedad constructora Inversiones La Península de propiedad de la familia del señor Carlos Andrés de Hart Pinto, constructores del Conjunto Residencial Bosques de San Juan en el municipio de Girón, donde sus habitantes vienen denunciando desde el año 2017 que son los bomberos quienes les suministran el agua dado que dicho conjunto les fue entregado sin ese servicio público. Una construcción que gracias al auspicio del hoy concejal de Girón Oscar Alberto León Chacón se constituye en una de las mayores ilegalidades urbanísticas del área metropolitana y uno de los más grandes robos en materia de áreas de cesión del departamento.
Las tareas del que llega
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga debe entender que esa entidad no puede convertirse en un lavadero social de intereses comerciales, sino en una institución que entiende que su labor es apoyar al grueso de comerciantes de la ciudad. La llegada del nuevo presidente debe servir para cambiar las prácticas de contratación amañada que a todas luces resulta tan fácil de identificar. La triangulación de contratos con las entidades públicas a través de convenios vergonzosos en donde sin ninguna clase de idoneidad la Cámara termina fomentando una competencia desleal contra sus mismos afiliados se debe terminar.
Los almuerzos y las cenas de la junta directiva deben convertirse en un símbolo de austeridad y respeto para con los ciudadanos. Los cargos allí existentes deben ser ejemplo de competencia laboral y no el espacio para ubicar las novias del presidente de la institución. Y si no es mucho pedir, ya es hora de que los ejecutivos de la entidad, con sueldos millonarios, paguen el parqueadero de sus propios vehículos, porque es una vergüenza que hasta esos gastos lo tengan que asumir los comerciantes de la ciudad. Si van a hacer un cambio, que sea un cambio de verdad.
