El proyecto habitacional + House Caujaral está inmerso en un mar de mentiras que agita sus olas contra las paredes de la secretaría de desarrollo territorial del municipio de Puerto Colombia, oficinas donde se puede oler el almizcle que se forma cuando se une la incompetencia institucional con los actos de corrupción de unos funcionarios que se burlan día tras día de sus denunciantes gracias a las demoras de una justicia que en ese territorio se compra fácilmente con tres pesos.
Los responsables de las arbitrariedades cometidas dentro de la planificación territorial del municipio se han venido enriqueciendo a la vista de la sociedad entera sin que la fiscalía y los demás organismos de control hayan podido hacer algo para impedirlo. Por eso resulta importante conocer la forma en que funciona esta mafia, porque esa será la única manera de poderla detener.
¿No sabían lo que firmaban?
El ex alcalde de Puerto Colombia Steimer Mantilla Rolong siempre se caracterizó por no darle la cara a los ciudadanos que exigían de su gobierno la claridad necesaria frente a lo que estaba pasando con el plan de ordenamiento. Sus respuestas siempre estuvieron enmarcadas en el silencio y en la cobardía de sus actuaciones como mandatario, todo lo cual condujo a que la administración pública terminara aprobando permisos, licencias y planes parciales sin el lleno de los requisitos legales en materia urbanística a través de la falsificación de documentos públicos que permitieran obtener el acuerdo municipal respectivo al interior de un concejo municipal en el que algunos de sus cabildantes se atrevieron a decir abiertamente que no sabían lo que habían firmado.
Este es el fango administrativo con el cual se ha moldeado el plan parcial donde se ubica, según sus propietarios, “el proyecto de inversión en vivienda más ambicioso en los últimos 30 años en Barranquilla”. Y es que es tan falso todo lo que lo rodea, que ni su propia publicidad cuenta la verdad. El proyecto no está en Barranquilla, está en Puerto Colombia.
Una gobernación cómplice
Uno de los motivos que tuvo la administración del ex alcalde Mantilla Rolong para aprobar el plan de ordenamiento de forma tan ligera, fue precisamente el negocio que representaban los planes parciales para sus propios intereses y los de sus más cercanos colaboradores, como es el caso de Hernando Franco Carbonell, un contratista que sin tener ninguna clase de vinculación con el municipio para el 2 de febrero de 2018, dado que ya se le había dado por concluido su contrato, se presentó ese día en una mesa técnica en la Gobernación del Atlántico haciéndose pasar como vocero de la administración pública de Puerto Colombia para firmar una serie de actas que generan por sí mismas una posible falsedad de documentos públicos.
Esta situación fue puesta en conocimiento del ex gobernador Eduardo Verano de la Rosa a través de un oficio radicado en su despacho sin que esto le importara en lo absoluto. Verano ha sido tan cómplice en todo este absurdo como lo fueron todos los secretarios de despacho que se prestaron para firmar las concertaciones ambientales con el área metropolitana y la corporación ambiental, concertaciones que también fueron denunciadas en la procuraduría ambiental de la ciudad por haberse hecho de forma extemporánea a lo consagrado por la ley, sin que exista una sola muestra de acción institucional en contra de estas arbitrariedades.
El ordenamiento en manos de un biólogo
+ House Caujaral es el resultado de todas las mentiras, irregularidades urbanísticas y abuso de poder de la administración pública en Puerto Colombia, donde los corruptos son tan mediocres en su accionar, que ni siquiera se dan cuenta de lo fácil que resulta derrumbar sus castillos de engaños.
El decreto por medio del cual se aprobó el plan parcial de esta construcción fue firmado por el ex secretario de cultura municipal Ivan Wharff Blanco en su calidad de alcalde encargado, un licenciado en biología que sin tener estudios en planificación ni ordenamiento territorial será el único funcionario que tenga que afrontar las demandas que se avecinan contra la entidad territorial por estampar su firma en el acto administrativo sin que dentro de este lo hubieran acompañado profesionales de apoyo.
Si a Wharff Blanco le hubieran dicho la verdad de lo que estaba firmando, se habría dado cuenta que dentro de los documentos del expediente de dicho plan parcial, reposa una solicitud de corrección y ajustes de documentos presentada por el representante legal de la constructora el 26 de marzo de 2017 recibida en debida forma a las 2 de la tarde por el funcionario respectivo.
Pero lastimosamente dentro de sus intenciones de que las fechas se ajustaran a sus necesidades, no cayeron en la cuenta de que ese día era domingo, día en el que por obvias razones la alcaldía se encontraba cerrada al público. Aunado a lo anterior, en el presente caso se solicitaron dos licencias el 30 de diciembre del 2019, pero extrañamente el secretario de desarrollo territorial Gilberto Sarmiento Cabarcas las otorgó el 27 de diciembre de esa misma anualidad.
Con mucha anterioridad a la expedición de estas licencias, la asesora Karen Ricardo Chamorro le advirtió a este mismo funcionario que que dicho proyecto no cumplía con los retiros viales, que no tenía el trazado de las redes de servicios públicos, que no tenía la constancia de convocatoria de propietarios y vecinos y que curiosamente el concepto técnico por medio del cual se realizaron los estudios ambientales se fundamentó en el Acuerdo Municipal 013 de 2017, lo cual resulta muy extraño porque según la resolución 124 de 2018 el proyecto fue radicado el 24 de octubre de 2017, cuando no estaba en vigencia el Acuerdo 013 ¿Confuso? Se los explico de otra forma: el proyecto de plan parcial se fundamentó en unas normas que para el momento de su radicación no existían y buscando que todos los documentos encajaran, presuntamente, los anexaron de forma indebida con la interposición de fechas anteriores sin caer en la cuenta que una de esas fechas resultaba ser un domingo. ¡LA AMBICIÓN DE UNA MENTIRA!
Se vienen las acciones legales
A la compañía comercial encargada del proyecto inmobiliario no le gusta para nada que se publiquen esta clase de manifestaciones, algo de lo que ya es consciente el diario regional El Heraldo desde el 12 de agosto de 2020, fecha en la que el señor Fernando Gallego Martínez le manifestó a la casa periodística que “no van a permitir que ninguna persona afecte el buen nombre del proyecto o de su empresa”, dejando en claro que harán uso de todas las acciones judiciales para reclamar los perjuicios consecuentes. Ante esas declaraciones, vale la pena manifestarle a la compañía que los ciudadanos de bien de la zona aledaña a su proyecto, también harán uso de todas las herramientas legales para buscar la verdad en todo esto.
La fiscalía lleva tres años tratando de desmadejar los hilos de corrupción urbanística que a todas luces existen en Puerto Colombia, sin que pase nada alrededor de las denuncias. Por eso se hace importante mostrarles a todos ustedes lo que a escondidas logró consolidarse.
Próximo artículo: ¿Qué constructores compraron el Pot de Puerto Colombia? Los audios del soborno.
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Óscar Jahir
