Einstein decía que habían dos cosas que eran infinitas: el universo y la estupidez humana, que no es otra cosa más que la falta de entendimiento para comprender las cosas. Lo que está pasando en el anillo vial que conduce del municipio de Floridablanca al municipio de Girón es una buena representación de este postulado. Si bien es cierto que el Instituto Nacional de Vías en Santander está sujeto al cumplimiento de una orden judicial dictada como medida cautelar dentro de la acción popular interpuesta en su contra por la Defensoría del Pueblo Regional Santander (Ver anexo), dicha orden no estableció en ninguno de sus apartes la instalación de bandas reductoras de velocidad como ÚNICA opción para la seguridad de los peatones, y mucho menos conminó a sus funcionarios al incumplimiento del Decreto 2157 del 2017 en las actuaciones que debían acometer.
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Esta normatividad obligaba al INVÍAS a elaborar un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres como mecanismo de planeación en la ejecución de las obras hechas sobre la infraestructura existente en el anillo víal, que pudieran generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Hoy en día todas las autoridades del país desconocen este decreto, y ni que decir de las autoridades judiciales, quienes en medio de sus decisiones no ven más allá de lo evidente.
LA RESPONSABILIDAD DE MARVAL
El problema comenzó con un urbanismo mal planificado, pues no hay que desconocer que las 300 oficinas construidas por la sociedad Marval en el Eco Parque Empresarial Natura, lugar donde se ubicaron las bandas reductoras, son en parte las generadoras del problema, así como lo fue para Bucaramanga la falta de bahías vehiculares en el exterior del Centro Comercial El Cacique. Si a la constructora le faltó responsabilidad, al alcalde municipal le faltaron pantalones para exigir la construcción de un puente peatonal que evitara la complicación que hoy en día se vive.
El tiempo de traslado entre un municipio y otro pasó de 15 minutos a 50 minutos en el peor de los casos, y quienes intentan esquivar la congestión vehicular yéndose por las vías de Cañaveral, terminaron por atrofiar la reducida movilidad de sus habitantes quienes ya no saben qué más hacer para salir de sus viviendas y de sus trabajos. Una problemática que el mismo INVÍAS ayudó a empeorar en el Centro Comercial Caracolí cuando ordenó el cierre de la salida que allí existía para que el Hotel Sonesta se “apropiara” de una calle en uno de los sectores de más congestión del área metropolitana.
¿QUÉ PASÓ EN EL CLUB CAMPESTRE?
No es la primera vez que el INVÍAS genera situaciones incómodas para la ciudadanía sin siquiera haber socializado sus actuaciones, pues no hay que olvidar las medidas de seguridad que tienen en caos la salida de Piedecuesta hacía Bogotá en el sector Los Colorados, donde la fila generada por un semáforo puede llegar a alcanzar los cuatro kilómetros los fines de semana.
Los funcionarios del Instituto no tardarán en manifestar que estas cosas son circunstancias normales dentro de la organización vial de la ciudad, pero tendrán que esforzarse un poquito más junto con la CDMB, cuando traten de explicar las razones del por qué se construyó de forma autorizada las bases del puente del tercer carril a la altura de la empresa TCC, dentro del cauce de la quebrada Río Frío, bases que sirvieron para el represamiento de una gran cantidad de material de arrastre la madrugada del martes 28 de enero, que a la postre terminó explayándose en el campo de golf del Clúb Campestre gracias al aumento de la corriente sobre el margen occidental de la autopista a Bucaramanga (ver foto).
Ni el constructor, interventor o la misma autoridad ambiental repararon en el daño, y el municipio, donde hoy su exalcalde de forma oportunista aprovecha la tragedia para sustentar la ilegitimidad de un POT que solo llama a engaños, alertaron sobre la inconveniencia de esas bases edificativas, como tampoco lo hicieron con las bases que se construyeron dentro del cauce de la quebrada Zapamanga en el sector de Cañaveral.
La administración pública de Floridablanca debería informar sobre las acciones que se tomaron en el año 2019 en materia de limpieza de dichas quebradas, para que los ciudadanos conozcamos si el dinero para el cuidado ambiental solo se utilizó para aumentarle las cuentas bancarias a Miller Castaño y Petrolabin. ¿Qué pasó con las alertas tempranas? ¿Qué pasó con el deber de proteger los bienes de los contibuyentes? ¿Qué obras se hicieron en los últimos cuatro años que sirvan para ponerle la cara a los habitantes de Piedra del Sol y Santa Coloma? Se sigue a la espera de estas respuestas.
El problema comenzó con un urbanismo mal planificado, pues no hay que desconocer que las 300 oficinas construidas por la sociedad Marval en el Eco Parque Empresarial Natura, son en parte las generadoras del problema.
LA DEUDA CON CAÑAVERAL
Por ahora los habitantes de Floridablanca seguirán viendo la improvisación al interior de su alcaldía municipal, donde el mandatario ni siquiera ha podido presentar de forma pública su gabinete, y mucho menos la hoja de ruta de sus acciones administrativas, las cuales al parecer comenzaron pateando pelotas en Chile. Mientras encuentra el camino, el sector de Cañaveral seguirá esperando el día en el que “su alcalde” se ponga al frente de la problemática de movilidad que existe en el sector donde se pagan unos de los impuestos más altos del municipio, y donde se ha recibido menos inversión social.
Los residentes de esta zona no aguantan más improvisaciones como las generadas por el INVÍAS, las cuales terminan indefectiblemente afectando a toda el área metropolitana. Por eso es que el alcalde en un buen gesto de responsabilidad, debería comenzar por la compra de una parte del terreno del Centro Comercial Caracolí, para generar sobre este la bahía de parqueo para los taxis y particulares que evite la congestión en un tercer carril que se construyó para contribuir con la solución, y no para ser parte del inmenso problema que ya existía. Comencemos por algo.