Muchos colombianos observaron con asombro los saqueos a los camiones en el corregimiento de Guarumo entre los municipios antioqueños de Cáceres y Caucasia, pero nadie se dio cuenta del sentimiento de abandono latente en la mirada de una familia que se encontraba al fondo de las imágenes mostradas por los noticieros en las horas de la noche.
Al igual que ellos, muchos de los asaltantes de ese momento son desplazados de la vereda Isla de la Amargura, una antigua selva que dejó de ser inhabitable cuando más de 800 personas le ganaron el paso a la naturaleza ante la necesidad de encontrar un albergue que los resguardara en su existencia. De su tierra han tenido que salir varias veces, porque lastimosamente en Colombia los pobres tienen que repetir el dolor de sus angustias para que todos nos demos cuenta que son pobres. Primero los desplazó la emergencia de Hidroituango y luego los desplazaron los grupos armados ilegales como los Carrapapos y el Clan de Golfo, al igual que viene sucediendo en todo el Bajo Cauca Antioqueño ante la mirada displicente del actual gobierno, del cual nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde llega su complicidad con los actores ilegales en una zona donde ganaron de lejos las elecciones. Las tristezas que cargan estas familias a cuestas no son medibles en el contexto legal y administrativo colombiano, donde en nombre de la “paz total” ya comienzan a estructurarse subsidios para los victimarios frente a la sorpresa que les causa a las víctimas el ver a un Estado que lleva décadas prometiendoles un mejor futuro, actuar en beneficio de quienes los tienen a ellos en la ruina.
La situación para el sector del transporte de carga no es fácil ya que llevan varios días represados en las carreteras de una de las regiones más violentas del país, sin descontar los pasajeros que al igual que ellos están padeciendo las consecuencias del paro adelantado por los mineros de la zona luego de que efectivos de la Policía Nacional les destruyeran varias dragas utilizadas en una supuesta explotación ilegal de minerales.
El problema de este asunto es que la culpa reside única y exclusivamente en el presidente Gustavo Petro, quien hasta el día de hoy no ha podido entender la irresponsabilidad de jugar con las esperanzas de la gente en el desarrollo de una campaña electoral. Su compromiso fue el de sentar en una mesa de diálogo a los mineros con varios ministerios para resolver la grave situación que se vive en el departamento, pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido y ante el incumplimento las vías de hecho ya comenzaron a replicarse por toda Antioquia en medio del temor de una nueva guerra oculta.
El origen de todo está en los ojos de esa familia que nadie quiere mirar y hasta que el gobierno no se de cuenta de eso, Colombia jamás estará en paz.