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La provincia de Soto Norte en el departamento de Santander tuvo en los últimos comicios la particularidad de elegir a dos ex primeras damas para que dirigieran los destinos de la región. Una de ellas fue Ana Francisca Coronado, quien para no inhabilitarse y poder salir elegida se separó convenientemente de su esposo Ignacio Díaz Medina, quien fungía como alcalde de Suratá. Y la segunda fue Genny Gamboa Guerrero, esposa de Víctor Armando Arias Celis, ex alcalde de California y Gerente de la Transportadora Real San Antonio S.A.S., de la cual hablaremos más adelante.
Esta última alcaldesa es quien está en el ojo del huracán en razón de las declaraciones entregadas en la ciudad de Bucaramanga el 21 de julio de 2020 en compañía del alcalde de la capital Juan Carlos Cárdenas, pues gracias a ellas terminó convirtiéndose en la heroína de los defensores del Páramo de Santurbán y paradójicamente en la enemiga del pueblo que la eligió. Una condición muy difícil en la que tendrá que desenvolverse como mandataria en medio de una población que ya pide la revocatoria de su mandato.
Gratas relaciones con la minería
La señora Gamboa es oriunda de La Baja, una vereda que alberga las principales corrientes de agua que le dan vida al río Vetas, el mismo lugar donde la multinacional Minesa desarrollaría su proyecto de explotación minera llegado el caso de obtener la licencia correspondiente, algo que la mandataria conoce muy bien dado que su familia fue una de las primeras en vender sus tierras a la compañía canadiense Greystar Resources Ltda, negociación que podría documentarse como el primer contacto de la señora Gamboa con la industria minera.
Tiempo después conoció de primera mano lo que era relacionarse con la explotación del oro a gran escala cuando su esposo resultó elegido alcalde municipal para el periodo 2012-2015, momento en el cual disfrutaron de un mandato auspiciado por la chequera de la empresa AUX Colombia S.A.S (antes CVS Explorations Ltda) de propiedad del brasileño Eike Batista, la cual tenía como directora de sustentabilidad a la ex viceministra de medio ambiente Leyla Rojas, quien según sus propias palabras invirtió más de 12.000 millones de pesos en el desarrollo de proyectos sociales y ambientales en la provincia de Soto Norte que terminaron favoreciendo al esposo de la actual alcaldesa en el ejercicio de sus funciones.
El mismo torero con otra cuadrilla
Lo que en su momento pudo disfrutar el ex alcalde con las empresas mineras hoy no lo está viviendo la señora alcaldesa, dado que las inversiones de Minesa no se manejan de manera conjunta con los mandatarios, sino de forma autónoma por los directivos de la compañía, los mismos que decidieron reevaluar sus relaciones con algunos proveedores dentro de los cuales se incluye la empresa de Servicios Especiales La Arenosa Ltda de propiedad de Raúl Rojas Solano, quien se encuentra en estado de insolvencia según el Juzgado Séptimo Civil del Circuito (proceso 68001-31-03-007-2020-0003-00) y la Transportadora Real San Antonio S.A.S., empresa multada en repetidas ocasiones por la Superintendencia de Puertos y Transporte por prestar un servicio público sin autorización y otra serie de violaciones a las normas de transporte, y en la que dos de sus principales accionistas han sido el ex alcalde Arias Celis y la alcaldesa Gamboa.
Esta empresa ha sido la misma que le ha prestado el servicio de transporte a los trabajadores de Minesa bajo la premisa de “seguir fortaleciendo el servicio de la industria minera”, según lo manifiesta en un video el actual gestor social del municipio. Un pronunciamiento que no es aislado y que reafirma su defensa de la minería industrial, pues debe recordarse que el 27 de marzo de 2013 manifestó en una rueda de negocios organizada por él mismo en conjunto con la señora Heidy Ovalle, gerente de comunicaciones de la minera AUX y quien hoy funge como gerente de relaciones corporativas de Minesa, que la minería pequeña ya no existía, y que lo que debían hacer los mineros tradicionales era impulsar la industria minera.
Ese es el mismo personaje que hoy le pide a los santandereanos apoyar la alianza por el agua entre el municipio de California y el municipio de Bucaramanga. El mismo que tuvo la peor de las connivencias con los directivos de las empresas mineras y que según algunos californianos hoy pretende presionar a través de su esposa la obtención de las mismas prebendas que él tuvo cuando fue mandatario.
¿Alianza por el agua o estrategia de negocios?
El 21 de julio será recordado por los habitantes del municipio de California como el día en que su alcaldesa transformó un mandato ciudadano por una dictadura, pues, sin contar con la opinión de quienes la eligieron, decidió abandonar la tradición minera de más de 400 años en la región para formalizar una alianza en favor del agua que muchos santandereanos le agradecen, pero que en su pueblo nadie entiende.
Que un ex directivo que vivió de la minería por más treinta años como lo es Juan Carlos Cárdenas, y una alcaldesa elegida por mineros de procedencia ancestral sorpresivamente defiendan la protección del agua como política pública de un municipio al cual ni le dijeron ni le explicaron nada, es una indelicadeza que tiene a los californianos hablando desde ya de la revocatoria al mandato de la señora Gamboa. Aquí nadie pone en duda la importancia de la protección del agua para la región y ciertamente los principales protectores de este recurso han sido por siglos los pobladores de California que son en últimas los guardianes de la reserva por la que se pelea hoy desde la capital.
Es por ello que si se quería formalizar una alianza por este recurso, debió contarse con la opinión de sus habitantes y no enviarles la noticia de su nuevo destino económico a través de un video por WhatsApp. El municipio de Bucaramanga, que ha extendido sus límites territoriales hasta los picos más altos del páramo, sigue sin comprender que no puede imponer su criterio institucional sobre la autonomía territorial de los municipios de Soto Norte, y nada lo autoriza para pisotear la opinión de esos pobladores. Si lo que se quiere es impedir que la industria minera explote el páramo, son acciones legales, ojalá colectivas, las que deben implementarse en contra de los actos administrativos que posibiliten la llegada de esas empresas.
Implementar una cátedra del agua en los colegios podrá ser un ejercicio interesante para que los personeros estudiantiles apoyen las acciones del kínder de Cárdenas en el Facebook, pero es totalmente ineficaz e inoperante en los estrados judiciales y en las oficinas ministeriales, donde las discusiones se dan con profesionales del derecho y expertos y no con niños sobreactuados en la ejecución de sus contratos. Quiera Dios que esta alianza no sea otro más de los acuerdos en los que, como el firmado entre la Cámara de Comercio y la Unab, prevalecen los intereses comerciales de sus firmantes sobre el bienestar de la sociedad santandereana.
Y esperamos que todo esto no sea un mecanismo de presión para que Minesa acceda a los intereses económicos de unos privados, así como tampoco el inicio de un negocio para direccionar el gasto de los $8000 millones que van a salir de las utilidades del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Y, mucho menos, una estrategia de victimización por cuenta del rechazo popular local. Si van a comenzar la campaña al congreso con los recursos públicos de los ciudadanos, este es buen momento para que nos lo digan.