Las ilegalidades familiares del Concejal Salvador Molina Saavedra

“Aunque la mona se vista de seda, mona se queda” y esa es la mejor descripción de lo que pasa con Salvador Molina Saavedra, quien en mi opinión es uno de los peores concejales que ha tenido el municipio de Floridablanca en toda su historia.

Molina Saavedra es de esos hombres que creen que poniéndose una corbata revisten su existencia con una dignidad que la misma sociedad no les reconoce, un personaje que ni siquiera recitando leyes, resoluciones y decretos como un loro en cada una de sus intervenciones en el Concejo Municipal, es capaz de ocultar la inmensa ignorancia jurídica que lo caracteriza frente a los temas propios de la administración  municipal.  

Su permanencia en la política es un mal chiste que siempre ha estado acompañado de cuentas falsas en las redes sociales para atacar con noticias mentirosas y videos de poca monta a quienes lo develan y lo contradicen, creyendo que con eso se puede opacar la bajeza de su accionar y el de su familia al momento de vulnerar la ley y sacar provecho propio de los recursos del Estado.

La presunta transgresión de las normas se ha vuelto en ellos un  comportamiento reiterativo.  

Una muestra de eso es la edificación ubicada en la Carrera 10 No 8-37/41 del municipio de Floridablanca, de propiedad de la señora Alba Ruth Molina Saavedra, la hermana del concejal quien solicitó una licencia para construir dos sótanos, seis pisos y una terraza donde habrían de ubicarse 25 apartamentos y un local comercial, proyecto al que denominaron Torre Pardes.

Sin embargo, la señora Molina lleva construidos hasta el momento de escribirse este artículo 4 pisos más de los aprobados en la Resolución 68276-1-18-209 del 17 de diciembre de 2020 expedida por la Curaduría Uno de Floridablanca.

Sin descontar que no cumple con los índices de ocupación y de altura ni los aislamientos posteriores, es decir, una obra en completa ilegalidad que no tiene solución alguna diferente a la demolición, sobre la cual la Secretaría de Planeación está en mora de tomar los correctivos necesarios.

Lo más contradictorio de todo esto es que el concejal Molina no solo fue el ponente del proyecto del POT que prohíbe las construcciones en altura en el casco municipal, sino también, autor del acuerdo por el cual se reglamenta el control urbano en el municipio, y ahora, cuando es la inspectora de control urbano Mery Eugenia Franco Ortega la que le sella la obra de construcción a la hermana, el concejal la cita a un debate de control político para advertirle que la va a denunciar ante la fiscalía

¿Ese es el proceder de un hombre que se ufana de ser un abogado que conoce las leyes y la hermenéutica de las mismas? Si las entendiera hubiese comprendido desde el mismo momento en que se selló la obra, que tenía un impedimento más que justificado para no intervenir de ninguna forma en las acciones administrativas de esa inspección.

Sus pronunciamientos en el concejo municipal contra la señora Franco Ortega se constituyen en una clara intimidación y una presión indebida a sabiendas de que ella misma adelanta un proceso en contra de sus familiares, con el agravante de que ninguno de los 18 concejales restantes fue capaz de alzar la voz para evitar semejante desfachatez.

Ya son muchos años los que llevan los florideños aguantando actos de corrupción, robos descarados de los dineros públicos convertidos en concesiones por medio de las cuales se están enriqueciendo personajes que representan lo peor de lo que fue la parapolítica en Santander, y una serie de dirigentes politiqueros sin ninguna altura ni dignidad que solo velan por sus propios intereses

Al  concejal Salvador Molina le indignan estos escritos y en vez de denunciar las faltas urbanísticas de su propia familia, sale a alentar a su caterva de seguidores para que difundan videos mentirosos que atenten contra la honra de las personas

Como muy bien se lo aprendió a la campaña de Gustavo Petro, la misma que él dirigió en el municipio (Ver Prueba 6) sin importarle que la policía lo requiriera por estar haciendo un presunto proselitismo político cerca a los puestos de votación (Ver Prueba 7 ).

Vulnerar la ley se ha vuelto un deporte municipal en Floridablanca y tachar de indignos a quienes denunciamos a los bandidos ya es pan de cada día.

Ahora la preocupación tendrá que centrarse en el cumplimiento de los parámetros de sismo resistencia de la obra, ya que al haberse construido diez pisos es muy probable que se hayan desconocido los planos estructurales proyectados para seis y pueda haber un colapso de la misma a futuro, convirtiéndose este edificio en un posible peligro para los habitantes del municipio y la sociedad en general.

La decisión que le espera al alcalde Miguel Ángel Moreno y sus funcionarios será una de las pruebas más contundentes para demostrar el nivel de permisividad que tiene su gobierno con los constructores ilegales. Ya veremos si aquí se sobrepone el encubrimiento y la vagabundería política, o sin importar que la infractora sea la hermana de uno de los concejales de la coalición se haga cumplir la ley

Una buena tarea para que la Sociedad Santandereana de Ingenieros se ponga al frente del asunto.