Lee la primera parte aquí:
Escribir en favor del Sendero de los Caminantes no es asumir la defensa personal del ex alcalde Rodolfo Hernández, porque a la ciudad ya le quedó claro que el ingeniero es un hombre que se sabe defender solo. Tampoco escribo en favor de la obra para salvaguardar los intereses de la administración de Juan Carlos Cárdenas, porque si hay alguien que tenga mil reparos frente a sus verdaderas intenciones en la alcaldía de Bucaramanga, ese soy yo. Escribo de esto porque creo en el proyecto y lamento mucho que quienes se oponen al mismo prefieran utilizar los ataques personales en vez de acudir al debate argumentativo, que es en últimas el único escenario donde gana la razón y la ciudad.
Siempre he sido respetuoso de las ideas ajenas porque es la única manera de que exista la diferencia, pero quien aquí hace las veces de principal contradictor del proyecto institucional, el ex concejal y ex diputado Édgar Suárez, está en la obligación de contarle a los ciudadanos que su esposa Paola Andrea Meléndez Díaz es la Jefe de Control Interno de la CDMB, la entidad ambiental convertida hoy en el fortín burocrático del ex gobernador Didier Alberto Tavera Amado, a quien Suárez acompañó fielmente en su calidad de diputado durante los cuatro años que duró su gobierno después de haberlo apoyado públicamente en las elecciones del 2015.
Fue precisamente ese año en el que Suárez le entregó a la revista El Crisol una declaración que al parecer ya no tiene valor alguno para los valores que dice representar: “Aspiro a que ninguno de mis familiares les dé en el futuro cercano o lejano por aspirar a ningún cargo ni burocrático ni de elección popular porque esa sería una gran frustración para mí”. Quizás los pensamientos del señor Suárez al día de hoy ya no sean los mismos y eso es algo que todos deberíamos aceptar, al igual que él debería entender que no todos podemos pensar igual.
La guerra fría de la CDMB
El verdadero origen del conflicto entre la alcaldía de Bucaramanga y la CDMB surge con ocasión de las diferencias existentes frente a quien debe ser destinatario de los recursos de la sobretasa ambiental. La municipalidad decidió que dichos dineros debían ser manejados por el área metropolitana porque el acuerdo directivo No 016 del 2012 así lo contemplaba, posición jurídica que quisieron respaldar con una certificación de proyección poblacional expedida por el DANE que daba cuenta de la existencia de más de un millón de habitantes en el territorio de su jurisdicción, con lo cual se cumpliría el requisito contemplado en la Ley 99 de 1993 para poder convertirse en la autoridad ambiental en el área urbana y manejar a sus anchas los recursos ya mencionados.
Esta discusión pasó de los escritorios públicos a los estrados judiciales cuando se demandó dicho acuerdo ante el Tribunal Superior de Santander y posteriormente fue el Consejo de Estado quien puso fin a esa controversia declarando la nulidad del mismo el 21 de junio de 2018. Pero el litigio resurgió porque el área metropolitana junto con su apoderada María Eugenia Alba Castellanos sacaron del sombrero el acuerdo número 31 del 2014, con el cual se pretende repetir la dosis de creatividad jurídica para impedir que el recaudo de la sobretasa llegue a las arcas de la corporación.
Personalmente he criticado de forma muy fuerte los procesos de contratación en la CDMB porque la mayor parte de ellos solo han servido para que unos pocos contratistas se lucren de forma descarada con los dineros públicos, una situación que puede llegar a profundizarse con la llegada de los funcionarios cercanos a Tavera Amado. Pero aquí, para bien o para mal, la discusión más que política, es jurídica. Para quienes conocemos el trasfondo de lo que se cuece al interior de la corporación, nos resulta muy triste saber que los dineros de la sobretasa ambiental puedan llegar a caer en manos de los contratistas que alimentarán las campañas políticas al legislativo dentro de los próximos dos años Pero no hay otra salida.
Después de que el Tribunal decretó la medida cautelar que suspende el acuerdo metropolitano número 31, la obligación de entregar esos dineros a la CDMB es inminente. El no hacerlo podría generar un daño fiscal con las consabidas responsabilidades para los tesoreros que resolvieron congelar el dinero que hace mucho debieron transferir.
La doctora Alba Castellanos debe comenzar a entender que esto no es un tema de orgullo sino de ciudad, y los únicos que vamos a terminar perdiendo por culpa de su vanidad somos todos los ciudadanos. Muestra de ello es que la CDMB acaba de contratar por 833 millones de pesos los servicios profesionales del ex magistrado del Consejo de Estado Alier Hernández Enríquez para que reclame los $33.840 millones de pesos que la alcaldía no le ha transferido a la entidad, más una comisión de éxito del 5%, lo cual significa que este abogado podría llevarse para su casa $1.692 millones de pesos de los impuestos que pagamos todos, lo cual corresponde a catorce veces el valor que el área metropolitana le paga a la doctora Alba por su contrato al año. Esta es la verdadera discusión que tiene enfrentadas a las dos instituciones públicas y entre más traten de ocultarla más evidente se vuelve. Ya es hora de sentarse a hablar.
El show de la defensa ambiental
La mejor manera de explicar las mentiras que los contradictores de esta obra vienen difundiendo y desvirtuar las falsas preocupaciones de tipo ambiental que muestran los entes de control y la misma CDMB es enumerando las mentiras de su espectáculo teatral.
Primera mentira: Construcción de Carreteras en los Cerros
- La entrada a los cerros por la comuna 14 se hace por una carretera que existe hace noventa y cinco años en los terrenos de la finca Miramanga de propiedad del señor Eduardo Rueda Rueda, fundador del Colegio de Santander. Posteriormente el patriarca de esta familia le vendió una parte del terreno al boyacense Pedro María Buitrago, antiguo trabajador de Ferrocarriles Nacionales y promotor de las empresas Hilanderías del Fonce y Forjas de Colombia, quien lo perdió en un juego de naipes con el papá de Alberto Montoya Puyana. El terreno al ser posteriormente vendido sirvió para ubicar allí un burdel denominado La Piragua, transformado hoy en día en el Motel Casa Vieja. Durante el transcurso de los años, el acueducto de Bucaramanga construyó unos tanques en los terrenos de la familia Puyana, y la carretera se extendió metros más abajo quedando constituida una servidumbre de paso a través de un decreto municipal. (Ver documento de servidumbre).
- La entrada a los cerros por la Comuna 12 se hace por una carretera construida hace 50 años por los antiguos trabajadores de la familia Puyana, conocidos como Los Anaya. Personas que llevan viviendo en esos cerros durante más de ochenta años y han sido testigos durante tres generaciones de lo que verdaderamente ha existido en la zona. Fueron ellos quienes sembraron los árboles que hoy pretende proteger la CDMB como un bosque nativo cuando no hay tal, pues eso no eran más que potreros donde se ubicaba una de las haciendas cafeteras más importantes del país. Con el abandono de los cultivos fueron esos trabajadores los que se convirtieron en los verdaderos protectores de la zona, y es por eso que los señalamientos que vienen recibiendo por parte de quienes dicen defender la ciudad son completamente injustos.
Segunda mentira: Zona de protección ambiental
La CDMB asegura que las obras podrían afectar el sistema ecológico de los cerros, pero desconoce que a través del Acuerdo 1373 de 2019 del Consejo Directivo de la Corporación, se modificó el uso del terreno, que pasó de preservación a zona general de uso público subzona para la recreación, razón por la cual se pudieron contratar las obras.
Así que aquí también la CDMB miente. Y si el grave conflicto es la caída de un árbol, tendrá que explicarnos las razones ambientales que tuvo para sustraer del DRMI los terrenos en los cerros orientales de Floridablanca para la construcción de la conectante C1 y C2 donde se arrasó con un verdadero bosque nativo sin que nadie de la CDMB se sonrojara al momento de la firma.
Tercera mentira: Edificaciones en los cerros.
De la manera más absurda se le viene diciendo a los ciudadanos que la construcción del sendero se está haciendo para favorecer los terrenos de Rodolfo Hernández, lo cual resulta risible si se tiene en cuenta que el predio de propiedad del ex mandatario se encuentra a casi dos kilómetros de la obra en cuestión (Ver gráfica). Ninguna edificación podrá hacerse alrededor del sendero porque al convertirse en parque metropolitano adquirirá una triple connotación ambiental que impide la existencia de cualquier proceso constructivo.
Cuarta mentira: La afectación de los cuerpos hídricos.
Sobre la entrada inferior al sendero, la CDMB impuso un sellamiento por afectar supuestamente una pequeña quebrada que pasa por allí, lo cual no es cierto porque fueron los mismos habitantes quienes caminaron toda la zona con los funcionarios de la corporación para demostrarles que allí no existe ningún afloramiento de agua (nacimientos) que lleve a considerar la existencia de alguna quebrada. Lo que allí existe es una depresión natural del terreno por donde transcurre el agua cuando llueve, situación que fue protegida con la construcción de un Box Culvert.
Quinta mentira: La construcción de alcantarillados.
A la obra se le acusa de estar construyendo alcantarillados sobre la parte correspondiente al sendero, lo cual resulta absurdo porque allí no existe ninguna descarga habitacional, excepto las viviendas que se encuentran en un suelo de uso urbano y aquellas que están en el Barrio Los Anaya, el cual comenzó su proceso de legalización durante la alcaldía de Luis Francisco Bohórquez y el ex secretario de planeación Mauricio Mejía Abello, hoy diputado del departamento, quien durante su etapa como funcionario podría testimonio de los cambios de uso de suelo en el vereda Gualilo Alto, el Alto de los Padres y el sector de La Niebla, donde la CDMB tampoco ha ido ver el daño ambiental que existe.
En fin. Resulta muy contradictorio ver a quienes acusan al ex alcalde de mentiroso y populista, haciendo populismo con un discurso mentiroso sobre los cerros orientales. Su manera de actuar es muy fácil de interpretar porque se fundamenta en amedrentar al contrario a través de las ofensas personales para esquivar así la argumentación técnica de las acusaciones que profieren. Ese no es el camino para imponer las ideas y mucho menos la manera de defender una comunidad. Los invito a caminar el sendero, a hablar con los habitantes del Barrio Los Anaya y a conocer con respeto lo que allí se está haciendo en beneficio de toda una ciudad.