Para proteger el medio ambiente de una región lo único que se necesita es defender con integridad los derechos de una comunidad por encima de cualquier interés personal. Y eso fue precisamente lo que hice el día sábado 22 de febrero de 2020 en el municipio de San Vicente de Chucurí, cuando en presencia del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el doctor Alexcevith Acosta, le pedí a sus habitantes que solicitáramos en conjunto la celebración de una audiencia pública ambiental para tratar el caso de la explotación de un yacimiento de carbón dentro del contrato de concesión No FLL-082 a nombre de la sociedad minera Colcco S.A.

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Una petición que no solo fue respaldada por los chucureños, sino que también recibió el respaldo del honorable diputado Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez, quien presentó una proposición ante la Asamblea de Santander en aras de la defensa del territorio, la cual fue respaldada unánimemente por todos los demás corporados, todo lo cual se encuentra a la espera de recibir el acompañamiento del Procurador Ambiental de Santander.

Más acciones que palabras

Hace escasamente siete días comenzó esté proceso, y al día de hoy puedo escriturar con plena satisfacción que no se necesita estar en altos cargos para obtener resultados efectivos en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Eso es algo que Juan Carlos Cárdenas en su condición de Alcalde de Bucaramanga debería comenzar a entender, porque ya transcurrieron dos meses de su mandato y no se ha llevado a cabo ninguna acción jurídica o administrativa en contra de los avances corporativos de la sociedad Minesa S.A.S., la cual sigue muerta de la risa viendo el despelote en ese quinto piso. Por eso en el caso de la explotación de Carbón en el Chucurí los avances van más allá de las acciones legales, teniendo que profundizar en la historia de quienes pretenden apropiarse de los recursos minerales del San Vicente y El Carmen para poder entender el poder que pretender imponer.

¿Quiénes están detrás de Colcco S.A.?

Es necesario recordar que el contrato de concesión ha pasado por las manos de tres compañías a saberse: David Enrique Moreno Comas y Fernando Gómez Franco, la sociedad Keystone Minería Ltda y por último la sociedad Colcco S.A., la cual tiene como presidente de su junta directiva a Jairo Humberto Espitia Parra, un antiguo miembro del consejo directivo de la caja de compensación familiar de Cartagena, removido de su cargo por la Superintendencia de Subsidio Familiar (Resolución 0211 del 17 de marzo de 2014) por los posibles actos de corrupción del director administrativo que tenía que vigilar, los cuales alcanzaron los 1.100 millones de pesos de la época, dineros que estaban destinados a los habitantes más pobres de Cartagena y de Bolívar.

Un miembro del club de pesca de la ciudad amurallada donde la alta sociedad lo distingue por haber sido uno de los ocupantes ilegales de las Islas del Rosario (Isla Suanoga), situación que fue regularizada por el ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias cuando decidió arrendarle la isla por la exorbitante suma mensual de $791.300 pesos.

Lo cual no lo exime de haberse visto incurso en un proceso de investigación administrativa por la presunta ocupación indebida de bienes de uso público (Expediente 15032012-031 del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General Marítima).

Junto con el se encuentran Juan Miguel Castellanos Segovia, Vilma Segovia Brid, Rafael Alejandro Espitia Román y Jorge Manuel Castellanos Segovia, quienes de diferentes formas tienen nexos directos con las juntas directivas de las termoeléctricas Termo Tayrona S.A. E.S.P., Termo Bonda S.A. E.S.P., Termo Gaira S.A. E.S.P. y Termo Costa S.A. E.S.P., sobre las cuales ronda también la figura de Jorge Manuel Castellanos Gómez, el representante legal de Colcco S.A. que viene presionando la entrega inmediata de la licencia ambiental para poder iniciar los trabajos de explotación carbonífera.

El procurador que se hace el ciego

Cualquier expresión que tenga Fernando Carrillo Flórez en su condición de Procurador General de la Nación frente a un acontecimiento de corrupción, protección del medio ambiente e invitación a cumplir con la ley en el departamento de Santander nunca dejará de ser un chiste. Un buen ejemplo de eso es el discurso que dio en el simposio internacional Pacto Mundial para el Medio Ambiente donde manifestó que “sin un ambiente sano, sin respeto a los derechos de las comunidades, este país no va a conseguir paz territorial”.

Y digo que es un buen ejemplo, porque mientras se dedica a posar de ambientalista en los grandes salones de Bogotá, su procuraduría delegada en lo ambiental presiona de forma soterrada ante la CAS la entrega de una licencia ambiental para explotar 1.949 hectáreas de Carbón en medio de una de las grandes despensas agrícolas de Santander.

A un funcionario como este al que tanto le gusta viajar a Madrid a visitar cariños, es necesario recordarle que Greenpeace presentó en esa misma ciudad el informe denominado “Las heridas del carbón”, el cual evidencia que donde existe la explotación carbonífera la acompañan los desplazamientos forzados, la contaminación, la restricción al agua, la persecución, la criminalización y la represión del derecho a la protesta.


El daño social es tan grande, que solo basta mirar como la minera Cerrejón en la Guajira se gasta 30 millones de litros de agua al día mientras la gente literalmente se muere de sed. Probablemente al rancio procurador esto no le interese, pero a los santandereanos ¡si que les importa!. Y es por eso que acompañaré a la población de El Carmen y de San Vicente de Chucurí en esta lucha por el respeto a su territorio, y espero que así como defendemos al Páramo de Santurbán, defendamos de la misma forma el futuro de una población que durante tantos años sufrió los estragos de la violencia y el abandono estatal. Santandereanos somos todos, y a nuestra tierra se le respeta.

Así como defendemos al Páramo de Santurbán, defendamos de la misma forma el futuro de una población que durante tantos años sufrió los estragos de la violencia y el abandono estatal. Santandereanos somos todos, y a nuestra tierra se le respeta.
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