El 14 de marzo de 2024, la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán entregó un contrato para el apoyo de los procesos de cobro coactivo a la sociedad denominada Recuperadora y Normalizadora Integral de Cartera S.A.S. (REINCAR), por un valor de 3.200 millones de pesos en concepto de honorarios, bajo la modalidad de comisión de éxito en la recuperación de las deudas. Este contrato fue proyectado por Gloria Patricia Martínez Álvarez, una de las abogadas que, en mi concepto personal, representa uno de los mayores peligros que una administración pública pueda tener a su servicio.
Y no lo digo a la ligera: esta opinión la he sostenido en razón de sus actuaciones al interior del municipio de El Playón, donde fue acusada bajo gravedad de juramento por el empresario Eder Parada Carreño de ser la persona encargada de “cuadrar” los negocios del alcalde, según una queja presentada el 25 de febrero de 2020 ante la Procuraduría Regional de Santander. Este contrato volvió a repetirse el 29 de enero de 2025, pero esta vez por 4.000 millones de pesos. Y aquí vienen las curiosidades.
La primera es que la empresa REINCAR tuvo como socio fundador a Jorge Eliecer Uscátegui Espíndola, actual Inspector Urbano No. 10 de Bucaramanga, quien hasta el día de hoy no ha demostrado públicamente la venta legal de sus acciones, a pesar de que en los documentos de la Cámara de Comercio figure como nuevo accionista el señor Leandro Enrique Ramos Solano.
La segunda curiosidad es aún más inquietante: según las propias actas de la empresa, los socios se roban entre sí. El acta No. 12 del 25 de junio de 2018 pone en evidencia que el representante legal Diego Enrique González Ramírez y el mismo Leandro Ramos confrontaron a su socio Diego Rolando Bautista Flórez por haber cobrado unos títulos por más de 40 millones de pesos que nunca fueron reportados. Lo más irónico es que el propio Bautista reconoció el hurto, justificándose en la necesidad de dinero debido a múltiples deudas. Para evitar problemas mayores, sus socios lo conminaron a devolver el dinero para no denunciarlo por fraude y hurto.
Pues bien, aquí tenemos una situación digna de analizar: el cobro de más de 40.000 millones de pesos de deuda de los ciudadanos al municipio de Bucaramanga está en manos de una empresa cuyos propios miembros se han acusado mutuamente de robarse entre ellos. De ahí que valga la pena hacerse un par de preguntas respetuosas:
¿Qué clase de criterio se usó para entregarle el manejo de los recursos públicos de la ciudad a una sociedad de ladrones?
El descaro es monumental, y lo peor de todo es que aquí nadie rinde cuentas. Tal vez sea hora de que los organismos de control y los mismos concejales, se pregunten si esta es la transparencia que los ciudadanos merecen o si, una vez más, estamos frente a otro episodio bochornoso de una administración en la que nadie asume responsabilidades.