El escándalo mediático que ha rodeado al cirujano Luis Fernando Reyes Meza, es un recordatorio brutal de cómo el rigor jurídico suele ser desplazado por la prisa del titular y la superficialidad del ejercicio periodístico en esta clase de casos. En tiempos donde la justicia busca corregir históricas desigualdades de género, preocupa ver cómo, en determinadas circunstancias, esa intención legítima termina desbalanceando la balanza: se escucha más el género de quien acusa que la verdad de quien se defiende. La sentencia de primera instancia en contra del doctor Reyes, es uno de esos casos en los que el derecho fue desplazado por la narrativa, donde la prueba fue reemplazada por la sospecha, y la verdad quedó sepultada bajo el peso de una versión malintencionada, promovida por una persona que ha hecho de la mentira su forma de vivir. Este proceso comenzó en el año 2018, siendo anulado por irregularidades en el escrito de acusación, razón por la cual tuvo que volver a iniciarse en el 2021 y a tan solo dos meses de proferirse la sentencia, quien llevaba el caso fue extrañamente reemplazada por la jueza Leidy Liceth Hernández Morales, quien lejos de actuar con imparcialidad, según se observa en el video de la audiencia, se dedicó a hacer gala de sus prejuicios.
¿Cómo es posible que un fallo de esta gravedad se sustente en una pieza audiovisual editada, no incorporada al juicio como prueba, y sin un solo dictamen técnico de Medicina Legal que acredite lesiones? ¿Cómo se puede aceptar como prueba una valoración psicológica basada en criterios clínicos ya derogados, mientras se desestima el testimonio de peritos expertos, psiquiatras forenses y profesionales con trayectoria verificable? Peritos de quienes la jueza, de forma absurda, se burló en la audiencia por el exceso de méritos académicos. Méritos que sí le concedió a la denunciante, tratándola de administradora de empresas, cuando hasta el día no ha podido demostrar la existencia de dicho título universitario. La respuesta es tan dolorosa como evidente: en este caso, la verdad no importó. Importaron las mentiras y el relato conveniente, que dejó como resultado un video en el que la impostura toma forma y la emoción forzada reemplaza a la evidencia real. La jueza le dio validez a la voz de una mujer cuya conducta ha sido cuestionada por falsificación documental, que fue retirada como contratista de una institución universitaria por presentar diplomas adulterados y que lleva en su haber más de 30 procesos judiciales con claras pretensiones económicas. Importó más su mentira mediática que la coherencia de su versión sin un solo elemento material probatorio. La jueza no solo ignoró a más de una docena de testigos de la defensa, incluyendo médicos, empleados, familiares y expertos en infancia. También desestimó las valoraciones que mostraban manipulación parental, pruebas de alienación, e incluso la declaración de los mismos padres de la denunciante que manifestaron no haber presenciado nunca alguna agresión contra su hija, al igual que el testimonio de un vecino que fue testigo directo de los maltratos que la denunciante ejercía sobre el doctor Reyes. ¿Y qué hizo la juez? Redujo todo a una interpretación subjetiva y eligió, sin pudor alguno, una narrativa ideológica por encima del análisis probatorio. Esta no es solo una columna de respaldo. Es una denuncia pública. Porque la justicia no puede seguir siendo el escenario de la venganza privada. Luis Fernando Reyes es un hombre inocente. Aún queda la segunda instancia. Aún queda el derecho. Lo que no debe quedar es el silencio.
