Quienes recorren el Páramo de Santurbán, desconocen que gran parte de esa tierra le ha dado de comer a muchas familias en las ciudades de Toronto y Montreal en Canadá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Curitiva en Brasil, Dubái, Abu Dabi y Catar en los Emiratos Arabes, y a una que otra en Londres, New York, Lima y Bogotá.
Lo triste de todo esto es que no lo ha hecho en la misma medida para las familias de California, Charta, Suratá, Tona y Vetas, porque la fuerza de los campesinos aún no ha podido equipararse con la arrogancia de un presidente que comió a manteles con los árabes y con la estupidez de otro que le dio por nombrar en temas ambientales a un economista.
Familias empobrecidas
La discusión que se ha suscitado alrededor de las 80.000 mil hectáreas pertenecientes a la estrella fluvial de Santurbán, orbita alrededor de la defensa del agua con la cual se surten más de dos millones de personas, pero dentro de la indignación que produce el perder algo tan valioso como lo es ese recurso, a muchos se les ha olvidado la suerte de las familias que habitan ese territorio.
Nadie sabe en que momento los límites de la ciudad de Bucaramanga se extendieron hasta la Laguna La Pintada o la Cuchilla El Curro, y mucho menos cuál fue el acto administrativo por medio del cual los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga comenzaron a “negociar” el destino social de los habitantes de Vetas.
Nadie pone en duda la importancia que tiene este tema para la capital del departamento, pero lo mínimo que debe respetarse es la idiosincrasia y la autonomía territorial de los demás municipios afectados en el debate ambiental. El gran conglomerado urbano exige la inviolabilidad del Parque Regional de Santurbán y una extensa delimitación del páramo en beneficio de las futuras generaciones del área metropolitana, pero nadie le responde a las familias de “allá arriba” acerca de cuánto están dispuestos a pagar en servicios ambientales para hacer más equitativa sus reclamaciones.
¿Cuánto dinero estarán dispuestos a pagar los bumangueses en su recibo de agua para adquirir de sus propietarios esos ecosistemas de páramo? ¿Qué soluciones se les está brindando a las familias de ese territorio para que entreguen sus tierras al servicio de los municipios que de ellas se benefician y se las quiten a los intereses mineros internacionales? Hasta el día de hoy no he visto en ninguna marcha una pancarta que reclame por esta situación, y ya va siendo hora de que nos sentemos a pensarlo.
El papel del “Alto Comisionado”
El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función. Para defender los intereses de un pueblo no hace falta un título real y mucho menos resulta necesario tanto renombre en la tierra que vio nacer a Los Comuneros, que no eran otra cosa más que campesinos cultivadores de tabaco quienes con la sola fuerza de su espíritu terminaron obteniendo la independencia para este país.
Por lo tanto, defender los intereses de los bumangueses y los demás santandereanos no requiere una administración pública desgastándose políticamente por defender un cargo, aquí lo que se necesita es a un hombre o a una mujer que defienda con integridad por encima de sus aspiraciones económicas o intereses personales, los derechos de una comunidad que está viendo como atacan su futuro desde las mismas entrañas del gobierno nacional.
El papel que debe ejecutar quien aspire a llamarse “defensor del páramo”, debe comenzar por explicarle a la ciudadanía por qué hasta el día de hoy no se ha dicho nada del Programa de Trabajos y Obras (PTO) sobre las 380 hectáreas del título minero 0095-68 como parte esencial del Proyecto de Interés Nacional de la Agencia Nacional de Minería. De la misma forma es esencial que la ciudadanía conozca que Minesa tiene la obligación de presentar un plan de gestión social para la Zona Soto Norte, pero nada de ello se ha dicho en ninguna de las reuniones sobre el páramo.
Quien esté a cargo de representar los intereses del ecosistema, debe conocer con profundidad jurídica no solo el contrato de concesión, sino también, los otrosí en los que se deja por fuera de la ecuación economica en materia de tributación el hallazgo de metales como el cobre, el plomo, el estaño y el manganeso, porque en esos documentos solo se estipula el hallazgo del oro y la plata, lo cual beneficia enormemente a la minera dado que dentro de las exigencias de Ingeominas se encuentra la obligación de presentar la proyección de precios de los diferentes tipos de sustancia mineral y metales beneficiados, y al no estar estos consagrados dentro de la relación contractual, es el país quien tiene que sentarse a observar como le roban literalmente sus recursos. Quienes nos representan ¿han hablado de eso? Aquí lo que necesitamos son acciones técnicas y jurídicas serias en vez de videitos para instagram.
El oro que nunca se sacará
El fundamento de esta aseveración encuentra su razón de ser en que ninguna de ellas es una empresa de explotación, ya que no son otra cosa más que fondos de inversión cuyo objetivo principal es aumentar su fortuna. Si estas compañías mantienen la imagen de ser propietarias de una mina que a futuro producirá miles de millones de dolares, mantendrán en el tiempo una sólida garantía financiera para hacer negocios en cualquier parte del mundo, lo cual podría malograrse si al momento de entrar en la tierra la expectativa de obtener las ganancias anunciadas se disminuyen.
La explotación de oro en Santurbán requiere de un complejo proceso de ingeniería con unas especificaciones técnicas únicas en el mundo, que conducen indefectiblemente a pensar en la imposibilidad de llevarlo a cabo de forma efectiva. Asumir esta visión es calificar a Santurbán como uno de los posibles juegos financieros especulativos más macabros de Suramérica, donde la compañía canadiense GreyStar Resources (hoy Eco Oro), la compañía brasilera OgXm y ahora la Sociedad Minera de Santander de propiedad de la compañía arabe Mubadala Investment, han sido las más grandes beneficiadas.
Es el típico juego arábigo de hacerle creer a la gente que detrás de la puerta está el tesoro, y aquí la puerta se llama Páramo de Santurbán y el tesoro no es otra cosa más que los resultados de la normativa canadiense NI 43101, la cual le indica a los mercados internaciones la cantidad de oro que tenemos en esta tierra. Comenzar a explotar es un verdadero riesgo no solo para el medio ambiente de la región, sino también para los intereses económicos de Minesa.
Por eso siempre será mejor esperar la oferta de otro inversionista que les de el dinero que consideren conveniente por la vaca que día a día siguen engordando. Y si no lo creen así, analicen con tiempo la operación financiera por medio de la cual la empresa Canadiense Continental Gold le vendió el proyecto Buriticá (Antioquia) al refinador chino Zijin Mining Group Company Limited, un proyecto que tampoco ha comenzado a explotarse.
El ingles Edward Bulwer-Lytton escribió que “la pluma es más poderosa que la espada”, y es por eso que llama poderosamente la atención que desde hace algún tiempo varios funcionarios del Ministerio de Minas y Energía de la ciudad de Bogotá se encuentren adelantando especializaciones en la Universidad Industrial de Santander, lo cual les permite tener un valioso tiempo adicional en la región donde deben concentrar su trabajo institucional a través de la pluma con sus conceptos y escritos oficiales.
¡Que gran entrega por el servicio público! De ahí que no se sepa que es más peligroso: si la presencia de estos funcionarios en la ciudad, o las disidencias de las farc que en su papel de galafardos vienen extrayendo oro en las noches dentro las minas ya existentes sin que Minesa se haya pronunciado al respecto a pesar de existir denuncias sobre esto en la ciudad de Bogotá.
Actores armados en la zona
El principal error político que se cometió en la región fue haberle dado más importancia a la egolatría de un cargo, que al verdadero fin de una función.
Por todo lo anterior, los alcaldes de los municipios afectados y los funcionarios del área metropolitana involucrados en las actividades sociales y administrativas del Páramo de Santurbán deben comprender que la defensa del mismo no puede basarse en una campaña de redes sociales, sino en el trabajo serio y profesional de un equipo de personas que conozcan del tema para poder interrumpir jurídicamente los avances que viene logrando Minesa ante la Agencia Nacional de Mineria, el Ministerio de Minas y el Anla. Si no se buscan las personas más capacitadas para ello, la minera seguirá riéndose en la cara de todos los santandereanos.
