En Bucaramanga, el nombre de Oscar Javier Díaz Laytón no es otra cosa más que el sinónimo de todo lo podrido que aún queda en la política local. Es un político que no construye ciudad, sino que la corroe desde adentro. Por eso se vuelve tan importante decir las cosas con valor civil y mucha claridad: es un hombre que jamás debe volver a ocupar un cargo público. En 2024 denuncié públicamente unos audios vergonzosos que lo involucraban en un presunto pago de 80 millones de pesos para manipular la elección del personero municipal. ¿Cuál fue su respuesta? Ninguna. Calló. Como callan los cobardes cuando se enfrentan a la verdad. Óscar Díaz no tiene trayectoria. Tiene antecedentes. Lo único que tiene son favores que cobrar y lealtades que vender. Lo poco que ha hecho en el Concejo ha sido posar para la foto, hacer bulla sin argumentos y alardear de una representación que no honra. Es un político sin contenido, sin carácter, sin dignidad. Un parásito institucional que se aferra a su curul como único medio de validación ante la sociedad. La mejor muestra de esto fue la madrugada del 2 de junio de 2025, cuando, según diversos medios de comunicación, Díaz terminó herido con el pico de una botella en una riña dentro de su propia casa. No se trata de una simple gresca: es el reflejo de una vida desordenada, marcada por los escándalos, la vulgaridad, la oscuridad y las alianzas turbias. Pero lo que verdaderamente confirma su ruina moral no ocurrió en la calle, sino en los pasillos de la justicia: una mentira documentada que hoy reposa en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga, bajo la dirección del juez Fabián Andrés Rincón Herreño.
Un engaño a la justicia
La historia, por absurda que parezca, es la siguiente: después de disolver su vínculo conyugal al inicio de su periodo constitucional como concejal, Óscar Díaz hizo pública su relación sentimental con la abogada Ana Bibiana Hernández Bonilla. Desde entonces, Ana Bibiana no solo pasó a formar parte de su círculo íntimo, sino también de su estructura política: comenzó a recibir contratos en el Concejo, en la Dirección de Tránsito, en la Oficina de Valorización de la Alcaldía y en varias dependencias municipales tanto dentro como fuera de la ciudad. Lo curioso, es que aún siendo su pareja sentimental, Ana Bibiana acaba de demandarlo por una supuesta deuda de 50 millones de pesos, donde su apoderado judicial es el abogado Diego Jaimes Herrera, integrante de la unidad de apoyo del propio concejal, hombre de su absoluta confianza, quien junto con ella, comparten las mismas posibles certificaciones laborales falsas en sus hojas de vida, sobre quien pesa una posible falsedad en su libreta militar y resulta ser uno de los abogados en las inspecciones de policía de Bucaramanga. Sí, una unidad de apoyo procesando a su propio jefe político, en un caso donde la demandante comparte cama, casa y vida con el demandado. Si esto no es un montaje judicial, ¿entonces qué es? La situación se agrava aún más, si se tiene en cuenta que Ana Bibiana declaró bajo la gravedad de juramento en su hoja de vida, que sus bienes no superan los 3 millones de pesos. Aún así, hoy aparece en los registros judiciales como una poderosa acreedora que reclama cincuenta millones, sin que el juez conozca -hasta ahora- esta evidente colusión o burdo montaje procesal que podría configurar una falsedad procesal y un fraude a la administración de justicia. Utilizar una relación íntima y a un empleado de confianza para simular un litigio es una afrenta directa a la legalidad y una confirmación del patrón de cinismo, manipulación y desprecio por lo público con el que Díaz ha actuado desde su llegada al concejo de la ciudad. Muchos bumangueses están cansados de los que creen que pueden vivir del presupuesto sin rendir cuentas, sin dar explicaciones, sin mostrar un solo gesto de decencia. La carrera política de Óscar Díaz debe acabarse. No porque haya insultado a los respetables miembros de la Junta de Acción Comunal de Cabecera, quienes la decencia ya se la ganaron hace mucho, sino porque esta ciudad no puede seguir dando honores a quien convirtió el servicio público en una farsa personal, y el poder ciudadano en un arma para proteger sus miserias.
