Pico y Placa en Bucaramanga: ni legal, ni justo, ni efectivo
Gracias a los miles de vehículos matriculados en otras ciudades, que transitan por Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de la ciudad ha decidido comenzar el 2025 con una joya normativa que promete caos, confusión y multas. Según la administración pública, el nuevo Pico y Placa busca solucionar el tráfico y proteger el medio ambiente. Pero no nos engañemos, esta medida parece diseñada más para inflar las arcas municipales que para ordenar la ciudad. En el fondo, es un nuevo tributo para los ciudadanos de a pie, mientras los problemas reales, como la inexistencia de un sistema de transporte público digno, siguen guardados en un cajón bajo llave. El verdadero problema de Bucaramanga no son los carros de Villa del Rosario; es la improvisación disfrazada de gestión. La ciudad necesita un sistema de transporte eficiente, una infraestructura planificada y un liderazgo que entienda que legislar no es jugar al Monopoly con las calles. Por eso hay que prepararse para un 2025 lleno de líos jurídicos y frustraciones diarias. Aunque es cierto que, desde hace 26 años, el país ha implementado esquemas de Pico y Placa, estas medidas suelen estar respaldadas por acuerdos metropolitanos claros. Tanto así, que desde el 16 de febrero de 2024 al día de hoy tenemos un Pico y Placa metropolitano. Entonces, la pregunta es obvia: ¿dónde está el acta del área metropolitana que respalde estas nuevas medidas? Porque, hasta ahora, todo suena como una jugada unilateral, de esas que se hacen pensando más en la portada de los periódicos que en los ciudadanos. No se trata de demonizar el Pico y Placa, sino de hacerlo bien. Bucaramanga no puede gobernar como si su jurisdicción se extendiera a los límites del planeta, tomando decisiones sin un respaldo normativo serio que evite una posible extralimitación de competencias.
¡Y ni hablar de los sábados!
¿Y qué me dicen del sistema rotativo de los sábados? Un esquema tan enrevesado que ni los alféreces con un calendario, álgebra y GPS en mano logran entenderlo. Pero no se preocupen, que tenemos tres meses de multas pedagógicas para aprender a las buenas, porque, en Bucaramanga, la educación vial viene con precio y letra pequeña: 15 salarios mínimos diarios para quien no lo aprenda rápido. Desde mi punto de vista, la nueva normativa, tal como está planteada, es jurídicamente inviable, porque su existencia no solo viola la ley con la clarísima ausencia de estudios técnicos, sino que también pone a prueba la paciencia de los habitantes del área metropolitana, quienes una vez más deben pagar el precio de un acto evidentemente discriminatorio que, sin lugar a dudas, terminará siendo demandado por los mismos ciudadanos ante las autoridades judiciales, quienes tendrán otro despropósito más para desmontar en los próximos meses.