Foto de portada: Tomada de El Heraldo
Quien quiera conocer la historia no contada de Barranquilla siempre debe mirar hacia Puerto Colombia porque es allí donde han permanecido ocultos varios de los más grandes negocios de corrupción que se han orquestado en la región caribe. Muchos de los implicados en estos negocios pertenecen a lo más granado de la sociedad.
Han sido ellos quienes han pisoteado con su poder la dignidad de miles de atlanticenses que ven pasar por el frente de sus casas lo que el gobierno llama prosperidad, pero que a la luz de la verdad no es otra cosa más que la amalgama de los intereses económicos de unos bandidos que se disfrazan de empresarios para comprar con su dinero la conciencia de alcaldes y concejales que jamás debieron haber ostentado el honor de ser servidores públicos.
Las denuncias
Como abogado y como ciudadano conocí desde un principio los actos de corrupción que se estaban tejiendo para la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia, razón por la cual decidí ponerlos en conocimiento de Néstor Humberto Martínez Neira en su condición de Fiscal General de la Nación. Llevé mis denuncias a todos los medios de comunicación que me abrieron sus puertas en Barranquilla.
De la misma forma le escribí al Gobernador Eduardo Verano de La Rosa, al director de la Corporación Ambiental Regional, al director del Área Metropolitana, al Procurador Regional del Atlántico, al personero municipal de Puerto Colombia y a todos los demás funcionarios involucrados en el caso. ¿Y saben qué ha pasado? Nada, con lo cual se confirma que en este país denunciar es un acto de fe que exige enormes dosis de paciencia y esperanza en las instituciones públicas.
Ya han pasado tres años desde que puse en manos de la fiscalía las pruebas necesarias para que adelantaran la investigación en contra de los responsables, pero mientras los funcionarios deciden qué pasos van a dar, los corruptos se enriquecen gracias a la aprobación de planes parciales amañados, volteos de tierras, aumentos de densidades constructivas sin servicios públicos para ello, construcciones ilegales en zonas de protección ambiental y procesos de licenciamiento que van en contra del ordenamiento urbanístico del país.
Y todo eso gracias a la aprobación de un PBOT que sigue vigente gracias al silencio cómplice del gobierno departamental de Elsa Margarita Noguera de la Espriella. Es increíble observar la forma en que los gobernantes de la ciudad de la Guacherna se vuelven mudos ante la corrupción de sus amigos.
Los amigos del Country Club
El Country Club de Barranquilla es el club social más exclusivo de la ciudad y por ende uno de los más importantes del país. Su junta directiva termina siendo la representación más importante de esa sociedad barranquillera a la que muchos aspiran pertenecer con el transcurrir del tiempo.
Por eso no deja de ser relevante el hecho de que su presidente, Manuel Vives González, manifieste abiertamente que existió un acuerdo con Hernando Franco Carbonell, quien fungía como consultor del municipio de Puerto Colombia, para que gestionara al interior de la administración municipal los cambios necesarios en el PBOT para aumentar las densidades y usos del suelo en predios de su propiedad y de su compañía constructora.
El producto de ese reprochable pacto fue la obtención del acuerdo municipal por medio del cual el concejo de Puerto Colombia expidió la revisión excepcional del plan de ordenamiento, un acuerdo que luego fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Atlántico al encontrar graves irregularidades en su aprobación.
No obstante, fue un triunfo legal que no duró mucho porque el mismo Franco Carbonell terminó honrando sus compromisos con la expedición de una posterior revisión ordinaria, gracias a la cual se anexaron más predios de expansión urbana, respecto de los cuales hoy día él mismo asesora la realización de los planes parciales. Un negocio redondo para el consultor: contrata con los privados y luego como asesor externo del municipio aprueba los cambios de los terrenos de propiedad de quienes él mismo representa.
Puede que el señor Vives González no haya cometido ningún delito al contratar a Franco Carbonell para que valiéndose de su posición como consultor de la administración pública le mejorara en indebida forma sus terrenos, pero no es comprensible que quien convenga esta clase de negociaciones sea miembro principal de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, donde se supone que se encuentran reunidos los constructores que defienden la legalidad de la actividad constructora en Colombia.
Un reproche que también debería asumir como propio la actual directora de la Empresa Nacional de Desarrollo Territorial María Elia Abuchaibe, cuando desde su cargo como gerente de Camacol incidió abiertamente para que el municipio de Puerto Colombia asumiera en el PBOT la reconfiguración de los subsectores III y IV del sector Normativo 2 correspondiente al sector de Villa Campestre, zona de influencia donde se encuentran ubicados los terrenos del señor Vives González. ¡Qué extraña coincidencia!
Lo que se espera del nuevo alcalde
A partir de ahora, el alcalde actual de Puerto Colombia podrá entender con claridad que los intereses que se esconden detrás del Plan de Ordenamiento están sustentados en el poder del dinero y las relaciones sociales que tienen todos aquellos que se benefician de las maniobras corruptas que lograron ejecutar antes de su llegada al poder.
Si lo entiende, la ciudadanía le agradecerá ponerse del lado de la defensa de sus derechos, pero si no, más temprano que tarde podría acompañar al señor Franco Carbonell en la imputación de cargos que le prepara la Fiscalía, o al ex alcalde Mantilla Rolong en el pliego de cargos que le acaba de abrir la Procuraduría por vulnerar las normas urbanísticas del municipio. Desde la primera denuncia hasta el día de hoy las cosas no han cambiado: el plan de ordenamiento sigue siendo ilegal, los planes parciales no cumplen con los requisitos urbanísticos ni ambientales y cada uno de los funcionarios involucrados en esta situación tiene un nivel de responsabilidad muy alto que los entes de control sabrán encontrar para el beneficio de la sociedad.
Y si creen que esto se acabó, esperen a que la procuraduría ambiental conozca la ilegalidad que representa la hípica de Caujaral, las construcciones de la constructora Grama y la forma en que se benefició con este plan de ordenamiento el Grupo Argos.
