El departamento de Santander se enfrenta a una amenaza creciente: la reaparición de grupos armados ilegales en su territorio. Las recientes advertencias sobre las disidencias de las FARC, que buscan retomar control en nuestras tierras, y la escalada de violencia por parte del ELN, evidencian que estos grupos buscan reinstaurar el terror en esta región. Estas organizaciones no solo pretenden desestabilizar el tejido social y económico, sino también socavar el progreso y la paz que tanto ha costado construir.
Los recientes informes sobre la presencia de campamentos del ELN en Soto Norte, revelados por el gobernador Juvenal Díaz, y las emboscadas a ganaderos y empresarios en García Rovira son alarmantes. Estas acciones violentas muestran un plan bien coordinado para recuperar el control de zonas estratégicas de Santander, una situación que requiere una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado y de la comunidad internacional.
La preocupación no radica solo en la presencia de estos grupos, sino también en la percepción de que el gobierno del presidente Gustavo Petro no está dispuesto a tomar las medidas necesarias para enfrentar esta amenaza. La falta de una postura firme por parte del gobierno nacional genera un ambiente propicio para que estos grupos prosperen, lo cual no puede ser permitido por los santandereanos.
Es inaceptable que el gobierno pretenda imponer una visión de seguridad que no responde a las necesidades de un departamento que ha sido un baluarte de la democracia y el orden, herencia que nadie está dispuesto a perder. La sociedad santandereana exige que el gobierno actúe con firmeza para proteger la región y garantizar que la paz y la seguridad prevalezcan sobre cualquier intento de regresión hacia los tiempos oscuros de la violencia armada.
Es imperativo que se tomen acciones concretas para expulsar a estos grupos y evitar que se apoderen de las áreas rurales. La comunidad, junto con las autoridades, debe mantenerse unida y vigilante, rechazando cualquier forma de violencia y apoyando a quienes defienden la paz y el progreso. El futuro de Santander y de Colombia depende de la capacidad que se tenga para resistir y superar estas amenazas.
Este llamado no solo es un rechazo a los grupos armados, sino también una denuncia contra cualquier intento de imponer en Santander un modelo de seguridad que no responda a las necesidades de la gente. No puede permitirse que esta región se convierta en un refugio para la violencia ni en un campo de batalla para los intereses ajenos de unos bandidos patrocinados por la ideología retrógrada de los integrantes de un movimiento al que le encanta hacer pactos con corruptos y delincuentes. Los santandereanos no dejarán de defender sus posturas, la paz y el futuro de la patria por darle gusto a los devaneos mentales de un gobierno que se abre al mundo por lo que ve en las series de Netflix y se niega a ver lo que pasa en las veredas de nuestro departamento.
