Esta columna es un llamado de atención para mostrar como en muchas ocasiones existe información que no se publica, y no por ello se tiene que acusar a las personas de haber solicitado dinero por reservársela, y mucho menos poner en entredicho su honorabilidad.

Los santandereanos nos acostumbramos a leer las noticias de corrupción que involucran a nuestros políticos y gobernantes, pero somos desconocedores de los actos bochornosos que cometen los integrantes de las familias más prestantes de nuestra sociedad. La explicación de eso radica en que algunos clanes se sienten a gusto cometiendo asesinatos morales de puertas para afuera, pero jamás sacrifican a uno de los suyos de puertas para adentro.

Por eso no me causó ninguna extrañeza que los medios locales (excepto Héctor Gómez Cabariq) no hubiesen reseñado la captura de Juan Pablo Montoya Prada en la ciudad de Bogotá, a quien señalan de hacer parte de una red de lavado de activos, según la fiscalía general de la nación.

El hecho es entendible si se tiene en cuenta que Juan Pablo es sobrino del ex rector de la UNAB Alberto Montoya Puyana, y primo de Juan Felipe Montoya Muñoz, socio fundador de una de las compañías transportadoras más grandes del país, la cual también se vio involucrada con su representante Javier Prada Sánchez en un confuso entramado judicial con la Sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta, donde se develó un presunto abuso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y corrupción privada, por amañar presuntamente licitaciones y servicios de transporte no prestados, situación que viene siendo aclarada en debida forma por parte de esta empresa, la cual resulta ser directa competidora en la prestación de sus servicios con la sociedad Copetran, dueña del terreno en Girón donde la Constructora Valderrama se apresta a construir las instalaciones administrativas de dicha compañía.

Foto de Juan Pablo Montoya solicitado por la fiscalía.

Esta incomoda situación también se suma a las relaciones societarias que mantienen las empresas de la familia del señor Montoya Muñoz con Eduardo Salazar Yusti, recordado en Barranquilla por haber hecho parte de la firma consultora The Breakthroung Group, acusada de manejos irregulares para el año 2013 en materia de contratación al interior de Bancoldex. Por eso en Barranquilla, donde muchas familias han tenido que sufrir el descalabro económico de Grama Construcciones y las consecuencias de la situación jurídica de Juan Pablo, no se explican el mutismo de los empresarios santandereanos ante la necesidad de responder por sus acciones.

La intención aquí no es poner en entredicho las relaciones comerciales de una familia, y mucho menos la forma en que lleguen a superar sus penosas dificultades. Pero si es un llamado de atención para mostrar cómo en muchas ocasiones existe información que no se publica, y no por ello se tiene que acusar a las personas de haber solicitado dinero por reservársela, y mucho menos poner en entredicho su honorabilidad. Aunque les cueste creerlo, es un derecho de todos los colombianos, y se conoce como libertad de opinión.

Próxima Columna: Me abstengo de mencionar el nombre para que no interfiera con su investigación. Los espero el próximo jueves con algo mucho peor que el PAE departamental.

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