Hace seis meses manifesté que una de las causas por las cuales el Departamento de Santander ocupaba el primer lugar en materia de corrupción, era la falta de compromiso del gobierno de Didier Tavera para evitar que los dineros públicos se quedaran en manos de los peores contratistas de Colombia.
Desde ese día hasta hoy, nada ha cambiado, y una muestra de ello son los más de 14 mil millones de pesos que pasaron por las arcas de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A. EMTEL E.S.P., para ir a parar a las cuentas de la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A.
La licitación pública que nunca fue
Durante los meses de febrero y marzo del año 2017, la Gobernación de Santander decidió celebrar un convenio de cooperación por un valor de 14.100 millones de pesos (No 883 del 5 de abril de 2017) para llevar a cabo su proyecto de innovación ciudadana, extendiéndole una invitación a cuatro empresas para que presentaran sus propuestas con fundamento en un presupuesto previamente establecido por el ente territorial.
Tres de las cuatro empresas invitadas (INFOTIC S.A.S., ERT E.S.P., ETB E.S.P. y EMTEL E.S.P.), fueron descartadas del proceso por sobrepasar el valor establecido en la invitación, y solo una de ellas, EMTEL E.S.P., cumplió con el presupuesto fijado gracias a que generosamente decidió no cobrar un solo peso por el manejo administrativo del proyecto. Lo que genera extrañeza no es el convenio en sí mismo, sino la contratación que EMTEL E.S.P. hace con la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A. a tan solo un mes de haberse firmado el convenio (Contrato 163 de 2017 del 2 de mayo de 2017), por un valor de 10.941 millones de pesos.
Y es aquí donde surge la primera pregunta: ¿Dónde están los más de 3.159 millones de pesos de diferencia entre el convenio y el contrato?
Si al final de este asunto la empresa EMTEL E.S.P. tuvo que contratar un tercero porque no podía cumplir con las obligaciones estipuladas en el convenio, entonces la cooperación entre entidades fue una mentira, y aquí lo único que se hizo fue firmar un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Gobernación de Santander, para evadir probablemente una licitación pública y permitir que los dineros del proyecto fueran a parar en manos de un particular como lo es Inversiones Tecnológicas de América S.A.
Y eso en cualquier parte de este país, no es otra cosa más que un posible delito de celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales, y un indebido interés en la celebración de contratos.
Dineros públicos en riesgo de perderse
Si los anteriores delitos mencionados, llegaron a cometerse por parte del gobierno departamental, serán las autoridades competentes las que así lo determinen, pero los dineros públicos destinados para este proyecto, son del interés propio de la ciudadanía en general, y por eso es que en conjunto con este escrito, he presentado una denuncia formal en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la Nación, porque si hay algo que haya aprendido en este último año, es que el Estado es a quien menos le importan los actos de corrupción que terminamos pagando los ciudadanos.
Después de haberse firmado el convenio con EMTEL E.S.P, la compañía de telecomunicaciones UNE EPM S.A., terminó de forma unilateral el contrato para la comercialización del servicio de televisión que tenía vigente con esa empresa, por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales, algo que ya se había repetido con la empresa Transmilenio en la capital de la República, en donde la instalación de unas cámaras de reconocimiento facial, condujeron a que la personería de Bogotá destituyera e inhabilitara por doce años a Ricardo Ramírez Moreno, exsubgerente técnico del fondo de vigilancia y seguridad del distrito capital.
La decisión señala que la sanción se dio “por suscribir un convenio (880 de 2014) para la instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para Transmilenio en diciembre de 2014, por más de $7.753 millones, que no se pudo activar”. ¡Y a que no adivinan cual fue la empresa que subcontrató EMTEL E.S.P para la ejecución del contrato en Bogota! Pues si, la misma: Inversiones Tecnológicas de América S.A.
Los tahúres de la Gobernación
El as bajo la manga del gobierno departamental en todo este juego pareciera llamarse Inversiones Tecnológicas de América S.A. Esta empresa, de la cual pocas personas se acuerdan, se ganó la licitación por más de 8.000 millones de pesos “para el fortalecimiento de la conectividad digital en las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander”, en compañía de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniería S.A.S., con quien conformó la Unión Temporal denominada Conexión Santander.
Haber participado en otra licitación en el departamento no hubiese sido de buen recibo, ya que sus integrantes fueron objeto de delicados señalamientos durante ese proceso contractual, y por eso debió resultarles mucho más grato el haber sido contratados por EMTEL E.S.P. de forma privada. En primer lugar, porque a pesar de ser un proceso de bienes y servicios, no tuvieron que licitar para quedarse al final con más del 77% de los dineros del convenio, y en segundo lugar, porque quien los contrataría sería un socio de vieja data.
Una muy buen jugada para una mano de naipes que solo podrá concluir cuando más de un funcionario termine preso, si es que la fiscalía se apresura a recopilar las pruebas en este entramado contractual.
La inexistente Contraloría de Santander
Diego Frank Ariza es quizás uno de los funcionarios más pusilánimes que ha tenido la Contraloría de Santander en toda su historia, y solo el tiempo será el que se encargue de demostrar que su paso por la institución no fue más que un saludo a la bandera.
Tan es así, que nadie en la Contraloría Departamental se ha pronunciado sobre las inconsistencias encontradas por la Auditoría efectuada por parte del ingeniero Julián Correa y Diana Milena Ospino, funcionarios adscritos a la Contraloría General de la República, quienes manifiestan que los 300 canales de banda ancha que debían contratarse por un valor superior a los 2.664 millones de pesos, se excluyeron del proyecto a cambio de instalar 84 kilómetros de fibra óptica que hasta el día de hoy nadie ha visto, y sobre los cuales el contratista tampoco ha sido capaz de mostrar los soportes de compra de dicho material, poniendo en riesgo la sostenibilidad a futuro del proyecto.
Pero lo más grave, es que la auditoría encontró que el plazo del convenio especial de cooperación No 883 de 2017, se encuentra vencido desde el día 16 de junio de 2019, sin que se encuentre un documento formal que dé cuenta de alguna prorroga para la entrega en operación de la plataforma tecnológica, motivo por el cual se logró determinar que la gestión en la ejecución del proyecto es ineficiente e ineficaz, consolidándose así una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por un valor superior a los 14.938 millones de pesos.
Una observación sobre la cual el señor Ariza hará lo que mejor sabe: guardar silencio.
Con el agua hasta el cuello
El señor Didier Tavera dejará la Gobernación de Santander con unos serios problemas por resolver, y será Mauricio Aguilar quien con su equipo de trabajo y un nuevo contralor departamental, tendrá que actuar en debida forma para proteger los recursos de los santandereanos involucrados en casos como este. Por ahora, lo único que esperan los ciudadanos, es que los medios de comunicación recuerden que los aplausos se reservan siempre hasta el final de la función.
Próxima columna: El niño de las uñas largas.
