¡Un Playón de irregularidades!

may. 20, 2020

Han pasado tan solo cinco meses desde que Wilmer Alexander Barrios Cote inició su mandato en el Municipio de El Playón, pero la cantidad de testimonios que dan cuenta de su extraño proceder en materia de contratación pública lo posicionan como uno de los alcaldes más proclives a ser objeto de investigación por parte de las entidades de control. Siendo enfermero de profesión cualquiera podría pensar que llegaba a cerrar la herida institucional que había dejado el mandatario anterior quien de forma cantinflesca invitaba en un video a que le dejaran botellas de trago con su asistente como regalo de navidad.

Pero el señor Barrios Cote, en vez de curar este malestar, llegó a causar el propio con unas dimensiones que nadie podría haberse imaginado.

Los negocios del alcalde

La primera extrañeza que generó el mandato de Barrios Cote fue la contratación con la Fundación Manuel Guillermo Corzo Moreno, la cual tiene como fundadora a la actual directora jurídica de la ESANT, Carol Viviana Murillo Lizarazo, la misma que sigue sin dar explicaciones sobre la contratación pública que favoreció de forma indebida a algunos miembros de “El Cartel de Ruitoque” en el mandato de Didier Tavera.

La representante legal de esa entidad es Gloria Patricia Martínez Álvarez, también abogada de la ESANT, quien tiene como supervisora de su contrato a su socia y amiga Carol Viviana. La doctora Gloria Patricia es conocida en la contratación pública de este departamento por ser una experta en hacer que los oferentes se retiren de los procesos licitatorios a través de un modus operandi que más temprano que tarde terminará metiéndola en un problema de carácter penal.

Esta misma abogada es la persona que bajo gravedad de juramento es mencionada por el señor Eder Parada Carreño, contratista del Municipio de El Playón (contrato 282 de 2019), como la persona encargada de “cuadrar” los negocios del alcalde. Según queja presentada por Parada Carreño el 25 de febrero de 2020 ante la Procuraduría Regional de Santander, el señor alcalde y su abogada le informaron en el Restaurante Viejo Chiflas que para poder reiniciar la obra que ellos mismos le habían suspendido, el personal de la obra y la maquinaria a contratar tenían que ser los que ordenará el alcalde.

Para comenzar con esta tarea el mandatario le recomendó vincular a sus amigos de campaña Helmer Hernando Gélvez Almeida y Fabián Gélvez Ortega, mientras la abogada Martínez se reunía con el contratista a negociar lo que ella misma denominó en una conversación de WhatsApp como “lo pertinente”. También denunció el contratista que el alcalde le exigió el pago del 10% del valor del contrato para poderle otorgar el anticipo, pero al no habérsele entregado el dinero la administración procedió a realizar la liquidación unilateral del contrato.

Ante semejante abuso de poder, hoy en día las investigaciones corren su curso mientras la fundación de las honorables abogadas ya firmó dos contratos por valor de $25.000.000 y $45.500.000 para representar jurídicamente al municipio y elaborar el Plan Anticorrupción respectivamente. Hágame el favor.

¿Contratación amañada?

La segunda extrañeza que se presenta en el mandato de Barrios es la suerte que ha tenido el señor Rubén Darío García Rodríguez, el ferretero del pueblo, quien en medio de la emergencia sanitaria ya registró en sus cuentas cuatro contratos por un valor superior a los 73 millones de pesos, dentro de los cuales facturó una cabina de desinfección hecha de palos por un valor de 4 millones de pesos.

El problema no radica en el valor de la contratación, sino en el evidente fraccionamiento de compra de materiales que se viene dando mes a mes en una total contradicción con el plan anual de adquisiciones. Aunado a lo anterior, se pagaron más de 12 millones de pesos por unos kits de cuidado personal en los que cobraron el galón de alcohol en $127.000 y el litro de hipoclorito a $6.226 pesos, cuando éste no cuesta más de $1.200 (360% más costoso), así como otros absurdos más. También le entregaron más de 190 millones de pesos a una entidad del Municipio de Río de Oro en Norte de Santander, para el cuidado y bienestar de adultos mayores, a pesar de que esa contratista no tiene sede alguna en El Playón.

Pero como si esto fuera poco, decidieron gastarse más de 52 millones con otra Fundación llamada “Vida Sana Unidos Para Servir” en la promoción y prevención del Covid-19, cuando en ayudas humanitarias solo se invirtieron 24 millones.

Muchos dirán que esto último no es problema gracias a las ayudas entregadas por la Gobernación de Santander, pero dichos mercados fueron entregados por el alcalde a los concejales para fueran estos quienes los entregaran, lo cual se puede ver en las mismas redes sociales del municipio. Un ahorro en tiempo de búsqueda de evidencias para los procuradores de la región.

El dulcecito que le faltaba al pueblo

El compromiso que adquirió el alcalde Barrios con la ciudadanía en general, pero especialmente con quienes confiaron en él cuando se mostró como la renovación de la política en El Playón, ha sido abiertamente defraudado gracias a su decepcionante comportamiento.

Las evidencias de su cercanía con el Coronel Aguilar (ver foto), quien representa el peor momento de la política en Santander, no guardan coherencia con los mandamientos anticorrupción que juró cumplir. Y la cereza que le faltaba a este pastel en medio de esta emergencia fue atreverse a licitar la compra de un celular Iphone de última tecnología cuando muchos ciudadanos en el pueblo no tienen ni con qué comer (Selección Abreviada No. sasi-ep-001-2020).

Ya es hora de que comience a cobrar nuevamente el sueldo señor alcalde, porque las defensas ante los organismos de control que va a tener que asumir por todo esto no son gratis.

Óscar Jahir Hernández

Un periodista de investigación indaga, descubre y destapa lo que funcionarios, empresarios o personas del común buscan ocultar con artimañas. Este es un ejercicio necesario en Santander.