Las Secretarías de Planeación municipal son uno de los mayores focos de corrupción en este país, pero todos esos despachos no tienen punto de comparación con lo que sucede en Barichara, el único pueblo en Colombia donde sus alcaldes, concejales y secretarios de despacho son los principales promotores del urbanismo ilegal y las construcciones piratas que por sus funciones constitucionales tendrían que combatir.
El tema sería un chiste si no fuera porque uno de ellos, el ex alcalde Israel Alonso Agón Pérez, está en casa por cárcel por culpa de ese mismo tema, sus demás funcionarios se encuentran vinculados al mismo proceso con más de siete delitos encima, los ex concejales viven escondiéndose de los periodistas si es que no deciden primero amenazarlos con revólver y el actual alcalde, Alfonso Rodríguez Patiño, tuvo que nombrar un alcalde Ad-hoc (ver prueba) para poder contestar una demanda de nulidad por parte de la procuraduría judicial para asuntos ambientales y la procuraduría judicial para asuntos administrativos por una posible ilegalidad en la licencia urbanística expedida a nombre de la Asociación Villa de Santiago S.A.S., empresa que fue creada por él mismo el 8 de noviembre de 2012 (ver prueba) y que hoy está inmersa en un serio problema por enormes irregularidades en el proyecto de urbanización “El Tejar Campestre” (ver prueba) ¡Y aún así salen a decir que allí no pasa nada!
La casa ilegal de un diseñador falso
Dentro de los colombianos que decidieron invertir su dinero en bienes raíces en el municipio de Barichara, se encuentra Luis Carlos Delgado Perea, un bogotano que aparte de hacerle la vida imposible a sus colindantes decidió construir una casa sin cumplir con las normas urbanísticas establecidas para ello, según quedó demostrado en el fallo de primera instancia expedido por el inspector de policía donde se le sancionó con una suma superior a los 57 millones de pesos (ver prueba).
A este personaje no se le ocurrió otra cosa más que construir una piscina que no se encuentra aprobada en los planos aprobados para su vivienda, montarse en los muros de la vecina, no respetar la servidumbre de vista y enviar las tuberías de sus desagües hacia los predios colindantes entre otras cosas (ver prueba). El problema que aquí se presenta, aparte de la arrogancia y el irrespeto que caracteriza a Delgado Perea en el trato con las personas afectadas, es la complicidad de la Secretaría de Planeación al aceptar que las notificaciones a vecinos se hagan a través de la emisora del pueblo sin agotar el requisito de la notificación por correo a los dueños de los predios colindantes, con lo cual no le permiten a los directos afectados con la obra hacerse parte del proceso constructivo (ver prueba).
Algo que resulta una nimiedad si se compara con la irresponsabilidad del municipio al aprobar los planos de las edificaciones con firmas de profesionales que no ostentan título alguno, tal cual sucede con el sujeto Ezequiel Alarcón Silva, quien para el caso de la vivienda del señor Delgado Perea firma los planos en calidad de diseñador sin tener ningún título profesional que lo acredite como tal ante la secretaría de planeación, donde sus funcionarios ni siquiera se sonrojan al momento de aprobarle a teguas y curanderos la construcción de casas en el pueblo (ver prueba).
Razón más que suficiente para que el Ministerio de Cultura envíe una delegación de profesionales que evalúen las ilegalidades que se vienen cometiendo en el pueblo más bello de Colombia construido con las mayores irregularidades del país.
Una Junta Local de Patrimonio “personal”
Barichara es un pueblo que tiene como precepto normativo un convenio interadministrativo con el Ministerio de Cultura para la conformación de una junta local de patrimonio con la cual se pretende evitar que las construcciones se salgan de control. Pero la realidad es otra, porque dentro de sus miembros se encuentra Leandro Johanne Sánchez Silva, un arquitecto que viene siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de Urbanización ilegal, Falsedad material e ideológica en documento público y Prevaricato entre otros detallitos.
Este mismo personaje, al que ningún aire de vergüenza lo acaricia, es una de las personas encargadas de “velar” por el patrimonio arquitectónico que representa el pueblo, pero lo que pocas personas saben es que este señor termina llevando a sus clientes a tener que afrontar procesos policivos por culpa de su pésima asesoría como profesional. Es por ello que no se entiende de qué forma una persona que involucra en problemas a quienes lo contratan, puede llegar a juzgar la forma en que los demás construyen sus propias casas. Eso es una buena pregunta para el Secretario de Cultura Reinaldo Andrés Pérez, a quien no le gusta mucho que lo nombren, pero bien puede estar tranquilo porque tampoco es mucho lo que hace.
El amparo que siente Sánchez Silva en el ejercicio de sus indebidas actuaciones como arquitecto radica en el hecho de tener a su hermana Yadira Sánchez Silva en la Secretaría de Planeación (ver prueba), quien desde el interior de la entidad le cubre las ilegalidades a su hermano. Algo que no resulta extraño si se tiene en cuenta que la señora Yadira Sánchez no es más que otra falsa profesional que falsificó su diploma como abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia para presentarlo en la hoja de vida que reposa en los archivos de la entidad (ver prueba)
Yadira Sánchez es la esposa del Registrador de Instrumentos Públicos de Barichara, cuñada del concejal de Floridablanca José Fernando Sánchez e hija del ex alcalde Luis Raúl Sánchez Angarita y la ex notaria municipal Ligia Silva de Sánchez quienes ahora se hacen pasar por desplazados por la violencia para reclamar beneficios del gobierno ¡Definitivamente para esta familia la vergüenza no existe!
Por ahora le hago una cordial invitación señor alcalde: ordene la revisión de todas las tarjetas profesionales de sus contratistas y empleados porque le aseguro que se va a llevar grandes sorpresas. ¡Usted decide¡ ¿Los saca usted o los demando yo? Próxima Columna: Barichara: Los amiguitos de Israel Agón
