El negocio de “voltear” tierras para favorecer los intereses privados de unos pocos, es un mal que se ha venido enquistando en los diferentes municipios del país sin importar que tan grandes puedan ser estos mismos.
En el municipio de Floridablanca durante el gobierno del ex alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda, transformaron en el papel suelos rurales a urbanos sin que hasta el día de hoy, dos años después de esa ilegalidad, tales terrenos tengan la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Una situación que no le es ajena al municipio de Lebrija, en donde a través del decreto municipal 103 del 31 de octubre de 2019 pretendieron ajustar el Esquema de Ordenamiento Territorial para incorporar al perímetro urbano unos terrenos de propiedad de nada más y nada menos que del señor contralor provincial de la Contraloría General de la Nación Gerencia Santander Edgar Fernando Pérez Rodríguez (👉🏼 ver prueba).
Decreto que en buena hora fue declarado nulo en primera instancia por parte del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga al considerar que el alcalde no tenía la competencia para semejante bodrio (👉🏼 ver prueba). Pero como la ambición siempre rompe el saco y el saco del actual alcalde Luis Carlos Ayala Rueda no hay con que llenarlo, la administración municipal decidió contratar una consultoría por un valor superior a los 727 millones de pesos para ajustar ese mismo Esquema de Ordenamiento a las necesidad de hoy (👉🏼 ver prueba).
¡Y es así como la corrupción en materia de tierras vuelve a comenzar su ciclo inicial!
La empresa que está a cargo de lo que podría ser otro de los engaños del alcalde Ayala para beneficiar a sus amigos y patrocinadores de campaña es la Corporación para el Desarrollo Ambiental CORDEAM representada legalmente por Gildardo Meneses Viviescas, la misma que ha mostrado muy pobres resultados respecto al mismo tema en los municipios de Guadalupe y Valle de San José.
Esta corporación deberá ejecutar su contrato durante 18 meses y al final de ese tiempo podremos conocer a ciencia cierta de conformidad con la cartografía a presentarse, los terrenos que tendrán una nueva clasificación de usos de suelo para la satisfacción de sus propietarios, los cuales esperamos que no sean los mismos patrocinadores de la campaña del hombrecito de Dios que hoy funge como alcalde y que del proceso no resulte la compra de otra finca en la Mesa de Los Santos.
Los consultores tendrán que revisar nuevamente la viabilidad de los predios denominados “Don Pedro” (5.4 hectáreas), “La Chismosa” (15.5 hectáreas) y “Granadillo” (15 hectáreas) de propiedad de Jorge Enrique Pérez Rosales, Fabio Ignacio Peñaranda Parra, Reinaldo Pérez Rueda y el contralor Edgar Fernando Pérez Rodríguez (👉🏼 ver prueba) , de quien espero que no termine involucrado en un posible volteo de tierras teniendo en cuenta que el responsable de los diseños urbanísticos del proyecto integrado por estos predios es el arquitecto Oscar Hernándo Saboyá Patiño, a quien algunos veedores del municipio lo denominan el arquitecto de la corrupción. Por ahora sus propietarios cuentan con la licencia urbanística 236 de 2019 (👉🏼 ver prueba) para construir viviendas de interés social y prioritario dada la condición urbana que le terminó otorgando a esos predios el decreto que tumbó el tribunal, pero una vez nulo dicho acto administrativo municipal le queda imposible a la empresa de servicios públicos otorgarle las disponibilidades de agua necesarias para su desarrollo (👉🏼 ver prueba).
No será fácil el camino jurídico que tendrá que resolver la administración pública en este caso, pero el alcalde Ayala Rueda cuenta para eso con un super héroe del derecho, un abogado llamado Jairo Enrique Izquierdo García ¿O de qué otra forma se le podría explicar a un pueblo con tantas necesidades que a este abogado se le pague por sus servicios más de 25 millones de pesos al mes? (👉🏼 ver prueba). O es un superhéroe o detrás de él se encuentre alguien que no quiera ejercer las labores de vigilancia y control que le corresponden y este quizás sea el pago por su silencio, lo cual no tendría nada de raro ahora que se conoce la bajeza de sus acciones.
A la empresa de este abogado (👉🏼 ver prueba) el municipio le ha pagado más de 243 millones de pesos por tan solo 10 meses de trabajo en la alcaldía y dos meses en Empulebrija, que es en últimas la tercera parte de lo que costaron los 7.900 mercados que se entregaron como ayuda humanitaria en todo el municipio, es decir, a un solo abogado se le pagó el dinero que hubiera servido para ayudar a 2.633 hogares vulnerables en el municipio de Lebrija” ¡Ese es el hombre de Dios que eligieron como alcalde!
Señores concejales ¿Necesitarán de algo más para que comiencen de una buena vez por todas a defender los intereses de los ciudadanos? Recuerden que al alcalde Ayala aún le quedan dos años más para seguirle demostrando al pueblo que a él no le importa la suerte de los más humildes sino la de sus intereses personales.
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