Mientras los bumangueses marchan por las avenidas de la capital reclamando el respeto por el Páramo de Santurbán, los habitantes de San Vicente de Chucurí hoy están condenados a la inminente explotación de Carbón en 1.949 hectáreas de tierra al interior de su territorio, sin la menor esperanza de que un “alto comisionado” abogue por sus derechos. Si bien es cierto que la comunidad venía reclamando desde el año 2011 la posibilidad de que dicha explotación no se diera, nada pudieron hacer ante ese poder del Estado que cree representar indefectiblemente los intereses de la sociedad.
Y si no, pregúntenselo a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tuvo el cinismo de proclamar en el encuentro de Neomundo que había escuchado en muchísimas mesas que los santandereanos queremos minería. Yo no se si el problema de la señora Ramírez sea de oído o de inteligencia, pero lo que si nos dejó claro a los santandereanos es que no tiene ni idea en dónde está parada.
La CAS al servicio de la destrucción
Durante la intensa discusión entre los Aguilar y los Tavera por el control de la Corporación Ambiental de Santander, gran parte de los periodistas y opinadores escribieron sobre lo importante que resultaba para dichos clanes los procesos de contratación de esa entidad, pero ninguno de ellos tuvo en cuenta lo importante que resultaría tener el control de la dirección al momento de conceder ciertas licencias ambientales que permanecen engavetadas por razones que la gente del común desconoce.
Una de esas licencias es la concerniente a la “explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles” en el municipio de San Vicente de Chucurí, dentro del contrato de concesión No FLL-082 celebrado en su momento entre el INGEOMINAS y David Enrique Moreno Comas, socio del abogado santandereano Fernando Gómez Franco (ex gerente de la empresa de energía de Bogotá), quienes le cedieron el cien por ciento (100%) de las acciones a la sociedad minera Keystone Minería Ltda, la cual terminó transfiriendo todos sus derechos y obligaciones a la sociedad Colcco S.A., la cual a través de Jorge Manuel Castellanos en su calidad de representante legal, logró que la Procuraduría Delegada Para Asuntos Ambientales en cabeza del procurador Diego Fernando Trujillo, interviniera ante la CAS para obtener en el menor tiempo posible la licencia ambiental que les permita el inicio de las obras de explotación en el municipio.
Una solicitud que encuentra sus fundamentos en los incumplimientos que la corporación ambiental ha cometido procesalmente en la expedición de esta licencia, lo cual resulta imperdonable, porque ese tiempo que se han tomado para retrasar la expedición del acto administrativo, debieron habérselo tomado para construir una defensa técnica que impidiera el daño ambiental que se va a cometer en la región.
Los habitantes de San Vicente se relajaron en su lucha pensando que podían enfrentar la situación con la viabilidad que el Tribunal Administrativo de Santander le otorgó a la consulta popular, pero se les olvidó que la sentencia 095 del 2018 de la Corte Constitucional desbarajustó el principio de autonomía territorial cuando escrituró que dicha consulta, no es el mecanismo de participación ciudadana para definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación del subsuelo o de recursos naturales.
La empresa Colcco S.A. está dispuesta a llevarse por delante a quien sea, y al primero que va a embestir se llama Alexcevith Acosta, el reciente director de la CAS que tendrá en sus manos la difícil decisión de permitirles iniciar la destrucción ambiental de San Vicente de Chucurí, con la venia de Eduardo José Amaya Lacouture, el vicepresidente de titulación de la Agencia Nacional de Minería que detestan en el Quindío por pretender destruir el paisaje cultural cafetero al permitir exploraciones de oro y plata. ¿Esperaban algo distinto del Gobierno de Duque en Santander?
16 Altos Comisionados en la Asamblea de Santander
Lo único que se necesita para defender el medio ambiente de una región es la voluntad política de sus gobernantes, porque al tenerla se ponen todos los recursos con los que se cuenta a disposición de esa lucha. Por eso mismo Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo, alcalde de San Vicente de Chucurí, está en mora de presentarse ante la CAS con sus abogados para solicitar copia del expediente 048 de 2012 y conocer de primera mano la solicitud efectuada por la Procuraduría General de la Nación en favor de la celeridad del trámite, y poder así comenzar a gestionar una nueva audiencia pública que les permita detener el desastre, o en el peor de los casos preparar a su pueblo para afrontarlo.
En esta tarea resulta importante la intervención de los 16 “Altos Comisionados para la defensa del medio ambiente” escogidos por los santandereanos a través del voto popular, porque es la duma departamental donde el pueblo espera que se defiendan sus intereses. En esta tarea es fundamental la vocería del diputado Chucureño Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez y los representantes del Magdalena Medio, ya que la Serranía de los Yariguíes será en últimas la gran afectada con esta explotación minera.
La comunidad de San Vicente los necesita, y es ahora cuando deben actuar de forma mancomunada con la misma gallardía con la que el día miércoles 19 de febrero de 2020 se defendieron de los ataques mediáticos a su dignidad. El departamento no necesita la creación de cargos burocráticos para defender de forma indistinta cada uno de sus recursos, lo único que necesita es que ustedes cumplan con sus obligaciones constitucionales y nos demuestren que verdaderamente les interesamos como sociedad.
El departamento no necesita la creación de cargos burocráticos para defender de forma indistinta cada uno de sus recursos, lo único que necesita es que los diputados nos demuestren que verdaderamente les interesamos como sociedad.
