☀️ Buenos días florideños.
Lo que ustedes comienzan a leer hoy es otra historia más de la forma en que sus impuestos y los dineros que tendrían que servir para el bienestar general de todos, se quedan en los bolsillos de unos pocos. De unos pocos que ustedes mismos ayudaron a elegir creyendo que la renovación política del municipio estaba en las manos de un muchachito de 21 años.
El problema no está en que se lo hubieran creído, lo sorprendente es que cometieron el mismo error en el 2019 con Miguel Ángel Moreno Suárez y ya los están encaminando para que continúen con el desastre que significaría apoyar a otro integrante más de una “hermandad” bobalicona que demuestra cada día más su desconexión con los más pobres y su absoluta incapacidad para gobernar.
¡Son descarados y medio!
Durante los primeros días del mes de enero de 2020 se comenzaron a sentir los vientos de cambio al interior de la institución médica, donde con un total desconocimiento del manual de funciones (ver prueba) la junta directiva limitó la contratación de la entidad a cargo de la gerente a una suma no superior a los 20 salarios mínimos mensuales, con lo cual pusieron sobre la mesa sus verdaderas intenciones a partir de ese momento con la clínica: manejarla a su antojo.
La mejor muestra de eso es el contrato interadministrativo 1491 del 1 de octubre de 2020 entre el municipio de Floridablanca y la Clínica Guane (ver prueba), donde sin el más mínimo asomo de vergüenza condicionaron implícitamente dentro de las obligaciones específicas del contratista la realización de un contrato para realizar piezas audiovisuales que acrecentaran los shows de televisión, Facebook e Instagram que tanto le encantan a un gobierno que cada día se aleja más de los ciudadanos (ver prueba).
Gracias a esa imposición la Clínica Guane firmó el convenio 176 del 2020 con el Canal Tro por un valor de 240 millones de pesos que se gastaron en 1 mes y 20 días (ver prueba).
Lo indignante es que estos dineros venían desde el gobierno central para ser utilizados en actividades comunitarias en materia de salud a través de la participación social de las comunidades y no para hacer videitos en el computador de una casa para divulgarlos por Youtube, tal cual lo señala el contrato mismo.
El descaro de este contrato es tan grande que suscribieron 50 obligaciones para que el contratista las cumpliera del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, obligaciones como la realización de 6 actividades lúdico pedagógicas que se realizarían 6 veces en 11 Centros Vida en medio de una pandemia que lo primero que implica es el cuidado de los adultos mayores: de la misma forma contrataron la realización de campañas con estudiantes y padres de familia en instituciones educativas cuando todas ellas estaban cerradas; pero como la estupidez humana no tiene límites, decidieron contratar la realización de más de 230 videos para promocionarlos en 30 días dizque al municipio entero y a más de 4.000 empresarios.
Frente a este estado de cosas sería muy bueno que la señora Ingrid Paola Díaz Posada en su calidad de supervisora del contrato le contara a la fiscalía ¿En dónde están los resultados que dan cuenta del cumplimiento de este absurdo? (ver prueba) ¡Qué manera de robarse la plata! Y eso que falta por contarles la forma en que la gerente pasó de pagarle 2 millones de pesos mensuales a una persona para atender el Call Center de la entidad (ver prueba) a entregarle 202 millones de pesos a la empresa FiberGroup S.A.S. para hacer el mismo oficio (ver prueba).
¿Y de abogados cómo andan?
Dejando de lado a la abogada Erika Juliana Sandoval Campos, a quien el ex alcalde y el actual mandatario conocen muy bien, lo segundo que más llama la atención al interior de la institución médica son sus juridicos.
El primero de ellos es Juan Fernando Lamus Camacho, (ver prueba) hermano de la directora de Ideflorida e hijo del ex alcalde conservador Hernándo Lamus Quintero quien a su vez fue miembro del comité inscriptor de la candidatura de Moreno Suárez. El segundo es la sociedad Yara Abogados S.A.S. de propiedad de Jessica Raquel Quenza Gómez (ver prueba), una abogada que tiene detrás suyo a Luis Fernando Salazar Rosso, un fantasma que debió haber tenido el cuidado de no dejar impresa su huella en la constitución de las empresas Yara S.A.S. y Aclarar S.A.S. (ver prueba) ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga (ver prueba). Estas dos empresas de servicios jurídicos se han llevado de las arcas de las entidades del municipio de Floridablanca más de 2.000 millones de pesos desde el año 2016 hasta el día de hoy, sin que la Clínica Guane sea la excepción.
Junto con ellos se encuentra la cabeza visible de las actuaciones jurídicas de la entidad médica, el señor Jeyser Mauricio Rodríguez Balaguera (ver prueba). Este abogado es recordado en Floridablanca por haber sido el Asesor Jurídico del municipio y el Director de Tránsito al que se le perdieron los comparendos por alcoholemia en el mandato de Héctor Mantilla.
Jeyser Mauricio es el encargado de velar por la transparencia de los procesos contractuales de la Clínica Guane, lo cual es otra burla más para los florideños si se tiene en cuenta que este abogado es el yerno de María Patricia Quintero Villarreal, esposa del tío de Héctor Mantilla, la misma que se hizo pasar falsamente como profesional con títulos de Administradora Hotelera (ver prueba) y Especialista en Gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga (ver prueba) para suscribir en la alcaldía de Floridablanca los contratos 315 de 2016 (ver prueba), 1427 de 2016 (ver prueba), 078 de 2017 (ver prueba), 182 de 2018 (ver prueba) y 1571 del 2018 (ver prueba) por un valor superior a los 145 millones de pesos.
Una situación que todos se callaron convenientemente para no afectar a la familia del “Tio Nacho”, quienes están disfrutando de su riqueza en el municipio de Barichara hasta el punto de estar ofreciéndole en venta terrenos de su propiedad al gobierno de esa municipalidad. Hoy en día la señora Quintero Villarreal sigue contratando con Floridablanca gracias a la generosidad del alcalde Moreno, pero ahora en calidad de Administradora de Empresas de Uniciencia graduada en el año 2019 según los contratos 783 del 2020 (ver prueba) y 1981 del 2020 (ver prueba) .
Esas son las gracias que la vida le otorga a los familiares de quienes le prometieron al municipio cambiar las prácticas politiqueras de antaño. Y si no pregúntenle a William Enrique Mantilla Rueda, el hermano del ex alcalde que ya tiene en su haber los contratos de prestación de servicios 283 de 2021 (ver prueba) y 1179 de 2020 (ver prueba).
¿Y los del equipo Renace siguen creyendo que ellos son lo más importante para esa hermandad? ¿Si ve doctor Ángel Alirio? ¡A estos contratos también les puede sacar fotocopias para que se los meta debajo del brazo cuando salga a caminar por Bucaramanga!
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