En la ciudad de Bucaramanga existen varias instituciones públicas involucradas en escándalos de corrupción, clientelismo y politiquería, dentro de las cuales se encuentran la CDMB, la EMPAS, la ESANT y el Hospital Universitario de Santander, empresas que por sí mismas son toda una apología al delito desde el cubículo de la recepción hasta las oficinas de sus directivos. A este selecto grupo se le ha unido la Personería Municipal de la ciudad, un organismo donde prima la ineptitud de la mayoría de sus funcionarios gracias a la irresponsabilidad de muchos de los concejales que siempre votan a favor de quien les ayude a direccionar para sus amigos la contratación que allí existe.
La mejor muestra de eso fue la escogencia como personera de la abogada Katherine Martínez Fontecha, la misma que en menos de tres días suscribió 39 contratos por más de 1.280 millones de pesos al interior de una vivienda ubicada en la Calle 57 Nº 45-42 del Barrio Terrazas donde a los contratistas no se les permitió entrar con celulares y los obligaron a firmar los documentos sin siquiera leerlos (👉🏼 ver prueba).
Uno de ellos manifestó que pudo observar unas carpetas rotuladas con el nombre de una sociedad denominada “Burbano y Restrepo S.A.S.”, la cual resulta ser de propiedad del hermano de Mauricio Eduardo Burbano Ruales, ex jefe de la oficina financiera de la personería de Bucaramanga y hoy tesorero de la Clínica Guane de Floridablanca (👉🏼 ver prueba) “Burbano y Restrepo S.A.S.” es accionista de la sociedad Alianza Diagnóstica S.A., la cual tiene como socio a Eduardo León Wilches Rozo, uno de los propietarios de la EPS Salud Total (👉🏼 ver prueba). Fue en esa dirección donde se gestó la historia que se convertiría en uno de los escándalos más sonados de la ciudad.
¡La contratista que encendió las alertas!
El viernes 11 de junio de 2021, la mayoría de contratistas de la personería de Bucaramanga llegaron hasta el sitio conocido como La Puerta del Sol, lugar donde la diputada Claudia Lucía Ramírez y sus colaboradores estaban pintando el mural en conmemoración a la memoria de la joven Paula Andrea Martínez Rojas (👉🏼 ver prueba).
Su presencia no solo estuvo marcada por el irrespeto de llegar al lugar para tomarse selfies en medio del dolor de la familia y el acompañamiento de sus allegados, sino también, por el extraño comportamiento de la comunicadora social Laura Juliana Contreras Ramírez, contratista de la personería quien de forma irresponsable y con total falta de profesionalismo realizó una entrevista amañada y amarillista que generó el rechazo de su presencia por parte de los verdaderos organizadores del evento.
Esta periodista ostenta uno de los criticados contratos hechos por la ex personera Martínez por un valor de 55 millones de pesos (👉🏼 ver prueba), sin desconocer que su llegada a la entidad estuvo marcada por un contrato previo por más de 3 millones de pesos en el año 2020 donde aportó como prueba de sus actividades un video con un mensaje de navidad y año nuevo (👉🏼 ver prueba).
Lo que más sorprende de este contrato no es el video sino la experiencia que presentó como soporte para poderlo suscribir. Uno de esos documentos es la certificación expedida por su ex esposo Farid Jones Zarate, quien en su calidad de director ejecutivo de Fendipetróleo le certificó el 3 de mayo de 2017 una experiencia de cinco años como comunicadora social adscrita a la empresa desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016 (👉🏼 ver prueba), lo cual es una completa falsedad si se tiene en cuenta que Laura Juliana solo obtuvo su grado profesional el 9 de septiembre del 2016 (👉🏼 ver prueba).
Siendo así las cosas, es posible que esta periodista fuera contratada con documentación falsa tal y como lo corroboraron telefónicamente los directivos de Fendipetroleo a nivel nacional, a quienes la misma personería ya les solicitó la confirmación de esa extraña vinculación (👉🏼 ver prueba). Para esos directivos no es la primera vez que sucede esta clase de cosas y es por ello que al día de hoy vienen adelantando procesos de tipo penal en Santander por la posible comisión del delito de falsedad en documento público relacionado con sus actividades como distribuidores de derivados del petróleo (👉🏼 ver prueba).
Esta situación prendió las alertas sobre lo que podría estar pasando con los demás contratos, los cuales después de revisarse terminaron revelando que la mayoría de ellos fueron direccionados para los familiares y colaboradores de varios de los concejales de Floridablanca ¡La historia es la siguiente!
El famoso “yo con yo”
Alba Ruth Molina Saavedra, hermana del concejal Salvador Molina Saavedra, quien desde mi opinión personal representa lo más bajo que tiene la política regional en razón a la hipocresía que surge cuando se enfrentan sus acciones con el discurso veintejuliero y leguleyo que caracteriza a este sujeto, estuvo inscrita como persona natural ante la Cámara de Comercio desde el 18 de agosto de 2005 hasta el 8 de agosto de 2016 con un establecimiento comercial denominado SANA-MÉDICAS (👉🏼 ver prueba), tiempo durante el cual presentó 11 declaraciones anuales de renovación mercantil bajo la gravedad de juramento en las cuales no se observa la contratación de personal que permita encontrar obligaciones laborales a su cargo (👉🏼 ver declaraciones de los años 2006 al 2016), lo cual no es consecuente con la certificación que ella misma le expidió a su hijo Luis Andrés Gómez Molina en la cual manifiesta que lo tuvo como empleado desde el 5 de septiembre del 2010 hasta el 30 de julio de 2012, certificación que fue presentada ante la Personería Municipal en razón de su vinculación como contratista de la entidad (👉🏼 ver prueba).
Tiempo después Alba Ruth y su esposo Luis Fernando Gómez Posada, convirtieron el establecimiento SANA-MEDICAS en una S.A.S. que terminó expidiendo una certificación a su otro hijo Jorge Luis Gómez Molina, también contratista de la Personería (👉🏼 ver prueba) en la cual su propia cuñada Julieth Marcela Blanco Bayona, ex contratista del concejo municipal de Floridablanca, da cuenta de haberlo tenido empleado como comunicador social desde el 3 de julio de 2018 hasta el 7 de julio de 2020 (👉🏼 ver prueba), tiempo durante el cual ni siquiera se había graduado, ya que debe tenerse en cuenta que Jorge Luis recibió su diploma el 18 de diciembre de 2018 (👉🏼 ver prueba), 5 meses después de su supuesta vinculación como profesional a la empresa, la cual también declaró bajo la gravedad de juramento no haber tenido empleados registrados durante los años 2017 (👉🏼 ver prueba), 2018 (👉🏼 ver prueba), 2019 (👉🏼 ver prueba), 2020 (👉🏼 ver prueba) y 2021 (👉🏼 ver prueba) , una situación que los pone a todos en el siguiente dilema:
Si reconocen que los sobrinos del concejal Molina si trabajaron para la empresa, incurrieron en una falsedad ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga sancionable penalmente, y si se mantienen en la declaración juramentada de no haber tenido empleados durante los últimos 16 años, se configura una falsedad en documento privado el cual fue utilizado para hacer incurrir en errores a un servidor público.
Es por ello que la Fiscalía General de la Nación tendrá que entrar a indagar sobre los aportes a la seguridad social y los pagos parafiscales relacionados con las certificaciones de estos contratos, algo que se agrava aún más si se tiene en cuenta que esta misma empresa también le certificó experiencia laboral a Juan Daniel Molina Balaguera (👉🏼 ver prueba), hijo del concejal Molina, para contratar con el municipio de Piedecuesta, la EMPAS, la ESANT, la CDMB y la misma Personería de Bucaramanga (👉🏼 ver prueba) así como certificó a su otro hijo Jonathan Molina Balaguera, también contratista de la personería (👉🏼 ver prueba), como auxiliar del área de gestión documental en diciembre de 2018 (👉🏼 ver prueba)
Sin descontar que la Personería también contrató a la esposa del Concejal Salvador Luz Dary Rodríguez Rodríguez por un valor superior a los 38 millones de pesos para acabar de completar el descaro.
¡Y aún así se indignan y amenazan con demandas por calumnia e injuria!
¡Pero el circo es más grande!
Como si todo lo anterior no fuera poco, al interior de la Personería de Bucaramanga se tienen contratados a Juan Sevastian Tarazona Pilonieta (👉🏼 ver prueba) y Fredy Kovalsky Tarazona Pilonieta (👉🏼 ver prueba), hijos del concejal de Floridablanca Alfredo Tarazona Matamoros, así como también su allegada Patricia Hernández Tarazona (👉🏼 ver prueba), la novia de su hijo Luisa Fernanda Picón Rangel (👉🏼 ver prueba) ex contratista del concejo y la alcaldía de Floridablanca, la novia de su otro hijo Daniela Alejandra Alvarado Barrera (👉🏼 ver prueba) también ex contratista del concejo de Floridablanca y la empresa “Freseb Producciones” de propiedad del mismo hijo del concejal (👉🏼 ver prueba), De la misma forma está contratada Sandra Pilonieta Bueno, esposa del concejal (👉🏼 ver prueba),y como para completar la cuadrilla, también a su mano derecha de campaña Lina Mayerly Lopez Sandoval (👉🏼 ver prueba) quien es ex contratista del concejo de Floridablanca.
De la misma forma, el también concejal de Floridablanca Josemanuel Junior Sequeda Ortíz tiene a su sobrina Danna Juliana Gómez Sequeda trabajando como abogada de la personería (👉🏼 ver prueba), sin dejar de reconocerle que es la única que ostenta un título cum laude en medio de tanta mediocridad (👉🏼 ver prueba). El concejal Nestor Alexander Bohorquez Meza también tiene a su hijastro Nestor Julian Ortega Barrera (👉🏼 ver prueba) contratado en la Personería, quien según el SIGEP registra haber trabajado en el 2017 como auxiliar de la Corporación para el Desarrollo Regional Corbocas (👉🏼 ver prueba), cuando esta misma Corporación, al igual de la empresa de la hermana del concejal Salvador Molina, no registra ningún empleado a su cargo en el año 2017 (👉🏼 ver prueba).
A todas las anteriores excelencias se le unen Mayarith Nieves Tavera(👉🏼 ver prueba), la esposa del Contralor Provincial Sergio Antonio Rueda Sanabria, quien trabajó para una entidad sin ánimo de lucro relacionada con la ex candidata a la alcaldía de Bucaramanga Claudia Lucero López denominada Fundación Claridad de Colombia (👉🏼 ver prueba), donde se formaron varias personas de confianza del Senador Miguel Ángel Pinto como lo son Erica Jasmín Rojas Ramírez (👉🏼 ver prueba) y Yuli Zoraida Acuña Tavera. Pero ninguno de ellos ostenta la particularidad que si tienen dos contratistas muy especiales:
- José Gregorio Contreras Plata (👉🏼 ver prueba)
- Hermes Alexander Pacheco Viviescas (👉🏼 ver prueba).
El primero de ellos presenta como soporte para su contratación una certificación firmada por el propietario de la empresa “Burbano y Restrepo S.A.S.” Luis Fernando Burbano Ruales (👉🏼 ver prueba), el hermano del ex jefe financiero de la Personería Municipal. Este personaje fue contratado para prestar apoyo jurídico en la proyección y revisión de actos administrativos dentro de los procesos contractuales aún cuando no ostenta ninguna titulación como profesional del derecho ¡Otro bachiller más haciendo las veces de abogado!
El segundo resulta ser nada más y nada menos que el gerente de la empresa denominada Agrupación Médica Avanzada S.A.S. (hoja de vida Hermes Pacheco) la cual tiene registrado como lugar de domicilio la misma dirección donde se elaboraron a escondidas los contratos de la personería: Calle 57 No 45-42 del Barrio Terrazas (👉🏼 ver prueba), sin dejar de lado que uno de los accionistas de “Agrupación Médica” es la sociedad “Burbano Restrepo S.A.S.” (👉🏼 ver prueba). ¿Ahora si entienden lo delicado, abusivo y corrupto de todo este asunto?
“Aquí todavía queda mucha tela de donde cortar, comenzando por el nombramiento de la personera delegada para la vigilancia administrativa Ximena Moreno Mateus, la tía del alcalde de Floridablanca, algo que en vez de darle un cierre a este artículo, abre un capítulo más en la historia de corrupción de esa alcaldía”.
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