Santander eligió a un militar como gobernador del departamento, no a un oficinista. Por eso resulta absurdo pedirle a un hombre que libró mil batallas durante 35 años de servicio en el Ejército, que se siente detrás de un escritorio y se ponga a hacer TikToks. Puede que eso no le guste a muchos, así como tampoco le agrada a buena parte de los ciudadanos ver a políticos como el diputado Danovis Lozano o el senador Fabián Díaz bailando alrededor de banderas que exaltan la memoria de un grupo armado como el M-19, y después verlos posando en redes sociales con emprendedores que fueron víctimas de la violencia de esos asesinos, los mismos que ellos nunca se atreven a condenar. El diputado Danovis nunca criticó el uso del helicóptero por parte de Francia Márquez para ir de su casa al trabajo, pero utilizó toda la carga de indignidad que siempre carga encima para gritarle a los santandereanos que el gobernador se gastó 3.000 millones de pesos en vuelos helicoportados. Pero siempre ocultan la verdad, porque el show no da espacio para la razonabilidad. Aquí no importa si a usted le gusta o no que Juvenal recorra el departamento por el aire, y debo manifestar que, personalmente, preferiría que lo hiciera por carretera. Lo que sí debería importarnos a todos es si dicho proceso de contratación es legal o no. Porque si la intención es contaminar el debate público con prejuicios y actos de populismo, lo mínimo que deberíamos exigirle a personas como Danovis es claridad jurídica antes de levantar el dedo acusador.
Lo primero que hay que decir es que este proceso invitó a todas las personas y organizaciones a hacer control social del contrato, y ninguno de los que hoy se conduelen presentó observaciones ni se hizo presente en las diferentes etapas del proceso. Lo segundo que no cuentan, es que el valor de las horas de vuelo se estipuló de acuerdo a lo previsto en el sistema de contratación pública, y no a ojo de los funcionarios como pretenden mostrarlo. En tercer lugar, esos dineros no se los quitaron a los animalitos de Santander, ya que su existencia está contemplada dentro de los rubros destinados a las comunicaciones y al transporte de la entidad dentro de un presupuesto aprobado por la misma Asamblea. Otro punto que merece atención, es que a esos 3.000 millones sobre los que fundamentaron el escándalo, hay que restarle casi el 30% que se va en impuestos como lo son las estampillas Pro-Cultura, Pro-Uis, Pro-Desarrollo, Pro-Electrificación, Pro-Hospitales, Pro-Bienestar Adulto Mayor, Pro-Administración de Estampillas, sumándole un 5% del fondo de seguridad ciudadana, la retención en la fuente, el costo de las pólizas y los gastos CREE. Y por último, debieron ser honestos en las denuncias y reconocer que no se gastó la totalidad del presupuesto inicial.
¿Mintieron quienes denunciaron esto?
Sí, lo hicieron. Porque el trabajo de un diputado y un senador implica conocer los procesos de contratación que dicen vigilar. Y si no los conocen, entonces son ellos los que le están fallando al pueblo, porque para eso fueron elegidos y para eso se les paga.
¿Mintieron los periodistas?
No, no mintieron. Pero cometieron el mismo error de siempre: no contrastar la información con expertos en derecho contractual, no consultar a un abogado, no revisar los detalles técnicos del contrato. Prefirieron el escándalo al contexto.
Porque si hubiesen profundizado, se habrían dado cuenta de que durante el mandato del exgobernador Didier Tavera, el departamento le entregó más de 7.275 millones de pesos a la empresa Trair S.A.S. para transportar en helicóptero al mandatario durante tres años, antes de contratar a la Policía Nacional en el último. Y eso que estamos hablando de hace más de siete años. Por eso, un acto normal en el desarrollo de un gobierno no debe convertirse en un escándalo mediático sin fondo ni argumentos. Cuando vuelvan a pensar en los tres mil millones de pesos de los vuelos denunciados, acuérdense que esos dineros representan el 0,087% del presupuesto departamental, o en otras palabras, tengan en cuenta que por cada $1.000 pesos del presupuesto de Santander, ni siquiera se está destinando un solo peso a ese contrato. ¿Ese es el escándalo?
¡Analícenlo!
