Si hay algo que le gusta a Sandra Mireya Estupiñán Serrano, la ex alcaldesa del municipio de San Joaquín, en Santander, es violar la ley y meterse en problemas.
En el mes de octubre del año 2019 la policía la descubrió con publicidad política en un carro oficial y el chistecito le terminó costando la suspensión del cargo ante la Procuraduría entre los 11 casos disciplinarios que se le adelantan. Pero en la vida hay personas que no aprenden de sus errores y una de ellas es precisamente la señora Estupiñán, quien en plena época de confinamiento terminó volándose del pueblo para llegar hasta el municipio de San Gil a recibir unos mercados de parte del senador Jaime Durán Barrera.
Del congresista no hay nada que decir porque sigo considerando que estas muestras de generosidad deberían ser replicadas por todos los demás políticos de nuestra región, pero el acto de magia de la ex alcaldesa no tiene antecedentes en el país y por eso resulta importante revelar el secreto.
¡La palomita a San Gil!
El 10 de abril del presente año el encargado del comando de policía de San Joaquín le solicitó a la administración municipal 10 galones de combustible para la camioneta de placas BWY-252 de Bogotá, identificada con el número interno 32-0358, de propiedad de la policía nacional, con el fin de poderse trasladar hasta el municipio de San Gil a recoger combustible para los demás vehículos adscritos al comando, lo cual fue debidamente autorizado por la arquitecta Laura Milena Moreno Estupiñán, secretaria de planeación municipal de San Joaquín.
A las seis de la mañana del 11 de abril la patrulla salió del pueblo de la forma convenida, pero lo que nadie se imaginaba es que dentro de ella, con la complicidad de los agentes, iba escondida la ex alcaldesa. La sorpresa para el alcalde del municipio se dio a las 2:30 p.m. cuando las funcionarias encargadas del puesto de control de acceso al municipio, Sonia Aguilar y Dayana Saavedra, lo llamaron para decirle que la patrulla acababa de regresar con la ex mandataria a bordo y que la parte trasera de la camioneta estaba llena de bolsas de mercados con una consigna que no deja de ser irónica para el presente caso: “#Seamos Solidarios #Quédate en casa”.
Cualquiera podría llegar a pensar que a la ex funcionaria la recogieron en el camino para hacerle el favor de llevarla hasta su casa, pero esas buenas intenciones desparecieron cuando llegaron a la alcaldía las pruebas que daban cuenta de dónde estaban los policías con la señora Estupiñán.
¡#Quédate en Casa!
Una fotografía da cuenta de la señora Sandra Mireya montada en el platón de la patrulla descargando las bolsas de mercado de un camión de remesas de la empresa Cootrasangil con la compañía de Fabián Andrés Vargas Porras, ex precandidato a la alcaldía de San Gil y hoy en día secretario de vivienda departamental de Santander en el gobierno de Mauricio Aguilar.
Para quienes crean que una fotografía no dice nada, pueden mirar el video tomado de la cuenta de Twitter del Senador Durán donde la ex alcaldesa junto a la patrulla policial expresa con una amplia sonrisa y sus pulgares arriba la felicidad que le produjo utilizar los bienes de la policía para realizar sus diligencias personales, y mucho más si quienes la acompañan en las mismas son los secretarios de despacho del departamento, quienes en vez de propender por el cumplimiento de la ley, se llevan hasta sus propios padres a servir de coteros en las labores humanitarias, porque en ese mismo video aparece descargando los mercados el papá del señor Vargas Porras, quien tampoco tendría permiso para salir del confinamiento.
De aquí surgen tres preguntas que tendrán que respondérsele a la opinión pública y a los organismos de control:
- ¿Qué funcionario de la policía le va imponer un comparendo sancionatorio por vulnerar las normas de confinamiento a la ex alcaldesa si fue la misma policía la que mágicamente la sacó del pueblo?
- ¿Con qué autoridad moral el gobierno departamental le pide a los habitantes que se queden en casa cuando sus secretarios de despacho patrocinan estos actos contravencionales?
- ¿Por qué el alcalde de San Joaquín tiene que gobernar a su municipio con un grupo de policías que burlan y violan las decisiones administrativas que se toman para proteger a toda la comunidad?
¡La ley es para todos!
La ex alcaldesa y el padre del secretario de vivienda departamental tendrán que ser sancionados como corresponda según la ley, la policía deberá asumir la investigación interna en este caso y espero honestamente que su comportamiento solo haya obedecido a un acto de solidaridad que no les traiga como consecuencia la destitución de sus cargos. Sin embargo, estos hechos deben servirle al señor Coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, encargado de la policía de Santander, para entender que los alcaldes no pueden dirigir en buena forma un municipio con agentes de su institución al servicio de causas políticas.
Y usted señor Gobernador, ¿Va a permitir que la desobediencia y el engreimiento de un funcionario como el señor Vargas Porras esté por encima de los esfuerzos que usted ha hecho como mandatario de los santandereanos para hacernos cumplir la ley? Ya veremos qué pasa a continuación de esto.