La Gobernación de Santander de Mauricio Aguilar ha vivido cuatro años de aciertos, desaciertos, críticas, escándalos, acosos sexuales de algunos funcionarios, injerencias indebidas y una constante intervención en política que al día de hoy no se detiene.
Al interior de la Asamblea de Santander, la mayoría de diputados lo acompañaron en las decisiones en beneficio del departamento. Así como también algunos de ellos, solo algunos, tuvieron el carácter de enfrentarlo cuando las iniciativas eran para el beneficio propio, el de sus socios y el de sus amigos.
Una prueba de ello es lo que pasó en la Secretaría de Cultura, donde las acusaciones contra el accionar de la secretaria Mery Luz Hernández no dejan de sorprender a los santandereanos por la gravedad de las mismas. Sin embargo, a pesar de semejante escándalo, dejaron al frente de esa cartera al abogado Fernando Toloza Toloza, la persona que debía estar encargada de que no se robaran los recursos, dada su calidad de supervisor dentro de los contratos denunciados.
¿Y adivinen qué pasó? Pues lo obvio que tenía que pasar cuando se navega en un mar de corrupción: el señor Toloza, según lo manifiestan varios contratistas, siguió con las mismas prácticas expidiendo resoluciones administrativas que no soportan la más simple visita informal de la Fiscalía General de la Nación.
Y esto siempre sucede con los gobernantes cuando creen que están por encima de las instituciones y que su presencia en el gobierno es un acto de Dios, el cual deben agradecer los ciudadanos y postrarse ante ellos por el solo hecho de existir. Pero apenas se enfrentan a un juez de la república, su condición de humanos vuelve al puesto y se dan cuenta de todos los errores que en su egocentrismo cometieron.
Errores como el de poner a la coordinadora de juventudes departamental, Sharitz Daniela Mantilla Escobar, a trabajar por la campaña del candidato a la Asamblea Eduin Vargas Rojas, el ex alcalde del municipio de Sucre sancionado por la Procuraduría General de la Nación por falsedad ideológica en documento público.
Y aquí es donde la gente no sabe qué es peor, si tener a una persona de estas condiciones aspirando a un cargo público, o que esa misma persona tenga a su servicio los recursos públicos de la Gobernación.
Algo semejante viene ocurriendo con la utilización de la base de datos de las beneficiadas de los programas de la Secretaría de la Mujer, a quienes de forma ilegal las vienen contactando para que apoyen la candidatura de la ex secretaria de esa cartera, Lady Andrea Blanco Pimiento, acusada políticamente de haberle mentido a la misma asamblea departamental a la que hoy aspira llegar, por los delicados casos de corrupción de convenios sobre los cuales nunca pudo dar explicaciones claras y concretas.
Y a todo esto se le va a sumar otro escándalo cuando se demuestre el robo de más de 10 mil millones de pesos que nadie da cuenta del Fonpet. Lo dicho, ¡todo un sancocho!
