Más de 86 mil empresas son las que se encuentran inscritas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, pero ninguna de ellas sabe a ciencia cierta y con exactitud a dónde van a parar los considerables dineros que allí se recaudan. La modalidad de contratación que se maneja al interior de la entidad le permite celebrar convenios especiales de cooperación en los que la vigilancia de los recursos públicos queda en manos de su propia junta directiva, quienes en su gran mayoría son contratistas del Estado por vías diferentes, en el marco de las actividades que ejercen como comerciantes.

Por eso mismo resulta importante que todos los empresarios de esta ciudad reciban por parte de Juan Camilo Beltrán Domínguez, presidente ejecutivo de la Cámara, las debidas explicaciones antes de que su partida deje una estela de preguntas que ya nadie quiera o pueda contestar.


Una piñata de inversiones

Hace algunos días una parte de la dirigencia política en Santander celebró la expedición de la Ley 2062 de 2020 por medio de la cual la nación rinde homenaje a los 400 años de fundación de Bucaramanga, al punto de que, y dentro de esa efusividad, se comenzó a hablar de una inversión cercana a los diez billones de pesos.

La cifra es astronómica si se tiene en cuenta que corresponde a la cuarta parte de toda la inversión que tiene proyectada el gobierno nacional para el 2021, completamente absurda si se compara con los 2 billones que se le invirtieron al agro a nivel nacional durante el 2019 y totalmente ridícula si se advierte que el giro de los recursos quedó condicionado a que en el plazo de seis meses el municipio presente el plan de inversiones, cuando es evidente que el gobierno de Juan Carlos Cárdenas no ha sido capaz de diseñar un proyecto para construir al menos el bordillo de un andén.

Se puede celebrar la promulgación de la Ley, en cuanto norma de homenaje, pero hablar de la destinación de 10 billones de pesos como la gran piñata de este cumpleaños es demostrar un total desconocimiento del presupuesto nacional y una preocupante ceguera frente al artículo quinto que prevé que las inversiones que “logren ser aprobadas” deberán ajustarse a los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo.

En otras palabras, podrán inventarse los proyectos que quieran, pero quienes conocen de hacienda pública saben que durante y después de la pandemia ese marco fiscal es una barrera infranqueable. Por eso llama la atención que uno de los más entusiasmados en este juego de indios con espejos sea la Cámara de Comercio, cuyos miembros ya están llamando a la unidad y al trabajo en equipo para construir ese plan de inversión cuando a ellos mismos les quedó grande resolver internamente la inversión para las 80.000 pruebas Covid que le prometieron a la ciudad. La Cámara de Comercio aún se mantiene como una entidad respetable, pero los intereses privados de sus miembros se convierten en una pesada carga a la hora de pretender liderar los intereses de la sociedad santandereana.


Un camino por explicar

El fundamento de esta crítica está sustentado en la forma en que se han manejado las relaciones contractuales con el Estado y la manera en que los miembros de la junta directiva se han aprovechado de su posición para favorecer sus intereses particulares. Los convenios de cooperación son la muestra más clara para explicar la manera en que la entidad se ha prestado para triangular una parte de la contratación pública de los municipios y el departamento de Santander.

Uno de los mejores ejemplos de esta situación fue la conformación de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, figura jurídica a través de la cual se han despilfarrado en egos más de 150 mil millones de pesos correspondientes a las regalías del departamento. El apoyo de la Cámara fue clave en este proceso, pero su silencio ha sido aterrador ante las críticas.

Procesos como éste deben tener una explicación clara al igual que lo debe tener la contratación del Plan de Desarrollo del Embalse de Topocoro, los convenios con Ecopetrol, los acuerdos con la agencia de emprendimiento de innovación del gobierno nacional así como la forma en que se ha manejado el Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga, una entidad en donde los contadores de la Cámara tendrán que tratar con mucha delicadeza los libros contables para que se no se noten las enmendaduras. Comienza así este informe especial.


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