Uno de los más claros asesinatos morales por parte del periodismo en esta ciudad, fue el perpetrado contra Camilo Iván Rincón León, un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia. Desde el mismo día de su posesión, este funcionario decidió oponerse al facilismo que existe a la hora de contratar en el sector público, algo que en vez de consagrarlo como funcionario modelo, terminó contradictoriamente siendo el principal motivo de su crucifixión, por lo cual resulta cierto que en este país los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos.
Un abogado que ha tenido que invertir los últimos años de su vida en la demostración de su inocencia.
El inicio de esta historia
Cuando la Gobernación suscribió con el Indersantander el convenio de cooperación No 1512 de 2012 por un valor superior a los 2.087 millones de pesos, respecto de la participación del departamento en los juegos nacionales y paranacionales de ese mismo año en los departamentos de Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca, el señor Alexander Duarte Hernández, miembro de la cúpula de directivos beneficiados con los créditos del IDESAN, y cuota política de Luis Alberto Gil, celebró un convenio con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, para que se encargara de la inversión de gastos de los deportistas.Hasta ahí no hay ningún problema, pero los inconvenientes comenzaron cuando Rincón León asumió la dirección del instituto y se dio cuenta, gracias a los informes de interventoría de la secretaría de educación departamental, presentados por la señora Genny Rocío Gómez Guerrero, que dicha corporación en su calidad de contratista, no había soportado con la debida facturación más de 868 millones de pesos.
Una razón más que suficiente para que tomara la decisión de liquidar unilateralmente el convenio por el incumplimiento a las obligaciones pactadas. Esta situación no fue de buen recibo en algunos particulares dados sus propios intereses, pero Rincón León no se amilanó ante las presiones, y decidió mantenerse en su posición frente al asunto. Una posición que le terminarían cobrando tiempo después, cuando con ocasión de los juegos nacionales del 2015, fue acusado disciplinariamente de tres cargos a saberse: falta de competencia, detrimento patrimonial conforme al informe de la Contraloría General de Santander y la imposición de unas presuntas condiciones que limitaron la participación y la libre concurrencia de oferentes.
Un fusilamiento mediático
Para quienes son más periodistas que abogados, los cargos impuestos a Rincón León son demasiado útiles a la hora de promocionar titulares, pero lastimosamente son muy complejos para explicárselos al común de las personas, quienes al no asimilar la filosofía de la norma, terminan recriminando socialmente a los funcionarios señalados; y todas aquellas noticias mal estructuradas, acaban dando sus frutos en el escritorio del juzgador.
Rincón León logró demostrar fehacientemente dentro del proceso disciplinario que se le adelantó, que sí tenía competencia legal, que no hubo detrimento patrimonial alguno porque jamás se llevó a cabo la auditoria contable, presupuestal y financiera, así como también, que el proceso licitatorio no fue limitado en ninguna de sus etapas contractuales, lo cual es precisamente el motivo de la lucha que adelanta para demostrar que sus argumentos fueron intencionalmente omitidos en el procedimiento.
Cualquier abogado que lea el documento que contiene los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Regional de Santander y la delegada para la moralidad pública en contra de Camilo Rincón, encontrará fácilmente la falsa e indebida motivación, la falta e indebida valoración probatoria y la incoherencia jurídica con la que se juzgó este caso, sin dejar de lado la falta de técnica procesal que tuvieron los funcionarios responsables en este asunto. Una decisión que más temprano que tarde tendrá que ser revocada por la procuraduría, o en su defecto, anulada por la jurisdicción contenciosa.
El papel de la contraloría departamental
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, a Rincón León se le apareció en el camino el contralor departamental Diego Frank Ariza, quien en mi opinión es uno de los funcionarios públicos que mejor aplica el principio de la realidad invertida, o lo que algunos llaman: “el mundo al revés”.
Aparte de estar defendiéndose del proceso del año 2015, a Camilo Rincón le toca ahora defenderse de un proceso de responsabilidad fiscal con radicado 2016-123, abierto con ocasión de la denuncia que él mismo presentó en contra del convenio de cooperación celebrado con la Corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI, la cual tenía como fin salvaguardar el patrimonio del Indersantander en más de 868 millones de pesos de dineros públicos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin aparecer gracias a la inoperancia de funcionarios como Kelly Paola Restrepo Amaya y Diego Armando Aparicio Quiñonez, quienes al parecer extraviaron las llaves del cajón donde guardaron estas investigaciones, aún a pesar de que el periodista Carlos Julio Castellanos hizo pública esta situación en su segmento denominado “El Enjambre” hace ya cuatro años en el canal TRO.
El extraño comportamiento del contralor Ariza
Lo anterior es el colmo de la intrepidez de una contraloría que resulta muy efectiva a la hora de mirar por el retrovisor, pero que al momento de dirigir su mirada al frente, no le molesta encontrarse con un vidrio panorámico totalmente empañado que le impide ver lo que pasa en el actual gobierno, como en el caso de IDESAN, el PAE, los sobrecostos de los viajes en helicóptero, el CAI fluvial, y los sobrecostos en las obras de infraestructura por mencionar algunos temas que pareciera que no existieran para el señor Ariza.
De ahí que al contralor haya que recordársele que en vez de estar persiguiendo a los denunciantes, debería concentrarse en buscar a los ladrones, tarea que en el caso del convenio de los juegos nacionales del 2012, le podría ser muy útil la ayuda del director comercial del Idesan, Alexander Duarte Hernández.
¿Dónde está la plata?
Quienes conocen la trama contractual del departamento en materia deportiva, manifiestan que la corporación de Desarrollo Talentos Siglo XXI está muy ligada a los intereses profesionales del señor Jorge Enrique Gómez Celis, el cual aparece como apoderado judicial de esta persona jurídica en los trámites ante la procuraduría judicial, por la situación aquí enunciada.
De ahí que los santandereanos estemos esperando que con la ayuda de este ex representante a la cámara, se nos aclare en donde están los 868 millones de pesos que presuntamente se cobraron sin facturas, y que al día de hoy superan los más de 1.200 millones en razón de su indexación.
Por ahora, Camilo Rincón seguirá buscando demostrar su inocencia respecto de los hechos del 2015, mientras el contralor Ariza lo investiga por habérsele ocurrido denunciar los posibles hechos de corrupción del 2012 bajo la administración de uno de los directivos del IDESAN que ostenta préstamos a su favor con el dinero de todos los ciudadanos. Definitivamente este si es el mundo al revés.
Adenda: felicito a los más de73.788 florideños que le demostraron a Héctor Mantilla y a todos los partidos que avalaron a Miguel Moreno, el más claro y contundente rechazo a su politiquería. Comienza un nuevo gobierno con muy poca legitimidad.
Próxima Columna: Mauricio y los Aguilar.
