El día que los santandereanos comprendamos que la explotación minera del Páramo de Santurbán no es un tema ambiental sino de negocios, le quitaremos los reflectores a la montaña y dejaremos de creer que un licenciado en literatura es la solución a un problema que ni siquiera él mismo entiende.
Gracias a la ineficacia de todos los gobernantes anteriores y actuales en la creación de un verdadero equipo técnico en lo jurídico, ambiental y de gestión social que asuma con determinación las acciones públicas y privadas en contra de la megaminería en nuestro principal ecosistema, el próximo 17 de agosto el ex gobernador Didier Alberto Tavera Amado celebrará con una amplia sonrisa su cumpleaños número 44, sin que ninguno de los defensores del agua se haya dado cuenta que es él quien hoy en día tiene a Minesa en sus manos.
¡El mico sabe a qué palo trepa!
Los analistas políticos de la ciudad llegaron al último día de las elecciones locales preguntándose a quién apoyaría Tavera para sucederlo, pero eso era lo que menos le importaba al ex mandatario ya que sus intereses estaban puestos en el manejo de las corporaciones ambientales. Quien se atreva a dudar que esto es cierto deberá observar con mucha atención el listado de funcionarios que se encuentran manejando a sus anchas la CDMB.
La mayor parte de ellos son ex servidores de la administración departamental y personas de su más absoluta confianza, quienes a pesar de no tener en algunos casos la más mínima idea del manejo de dicha entidad, tienen a su cargo el destino ambiental de nuestra región.
El interés clientelista de este grupo de personas es tan grande que no les importa que todas sus actuaciones administrativas en materia de protección ambiental tengan graves vicios de procedimiento. El mejor ejemplo de ello es el seguimiento que recientemente le vienen haciendo al “Sendero de los Caminantes”, una obra pública a la cual le impusieron un sellamiento por la construcción de una carretera que curiosamente la CDMB autorizó hace 23 años a través de una licencia ambiental soportada en la Resolución 00286 del 17 de marzo de 1997.
En manos de todos estos politiqueros, con excepción de algunos escasos técnicos, se encuentra el manejo del agua de más de un millón de habitantes, destacándose que su director, un veterinario zootecnista, acaba de aprobar el “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Lebrija”, el instrumento de planeación que le quita la autonomía territorial del suelo a 13 municipios de Santander y lleva la explotación minera del páramo a una mesa de negociación liderada por el verdadero dueño de la Corporación.
Alcaldes sin territorio
El instrumento ambiental aprobado por la CDMB a través de la Resolución 392 del 17 de julio de 2020 (Ver Resolución) se convierte, a la luz del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en un determinante ambiental para la región y, por ende, en una norma de superior jerarquía, inobjetable, al momento de revisar, formular o adoptar los planes de ordenamiento territorial.
Y si bien establece que no transforma los usos de suelo, lo cierto es que sí los condiciona en materia de riesgo y los exime de restricciones ambientales, que es en últimas el mismo cambio de uso de suelo pero de forma amañada. Un ejemplo de eso es que este POMCA transformó los suelos Tipo III donde estaban prohibidas las actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles, para pasarlos a Tipo IV donde más de 5.000 hectáreas quedan liberadas para que los planes de ordenamiento territorial las incorporen al suelo urbano reabriéndose con ello las negociaciones con los dueños de los predios durante los próximos cuatro años. ¿Están peleando por el cemento de un sendero? Pues ahí tienen 50 millones de metros cuadrados de protección ambiental para que sigan con la lucha.
El POMCA del Río Alto Lebrija (Ver informe) fue un contrato de consultoría por valor de 2.356 millones de pesos que fue descaradamente adjudicado a una unión temporal a la cual perteneció la Corporación Tecnológica Para el Manejo de Agua Potable y Saneamiento Básico (Nit 830508995-6), representada por el ex funcionario de la CDMB Ramiro Meneses González, socio del esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel en el crédito de 1.827 millones de pesos en el Idesan, y que tuvo como representante a Mary Andrea Pimentel Mendieta quien es miembro activo actual del consejo directivo de la CDMB, la misma que firmó un convenio de asociación por valor de 1.138 millones de pesos para “brindar apoyo a las familias afectadas por la declaratoria del parque natural regional Santurbán”, del cual muchos habitantes de la zona manifiestan no tener conocimiento alguno.
Esta consultoría arrojó como resultado un pésimo documento que tuvo la interventoría de una firma que aseguró a través de su representante legal que, no conoció el territorio, porque a excepción del geólogo que era santandereano, todos sus empleados no salieron de Bogotá. Este mismo representante el 10 de marzo de 2020 dejó como testimonio filmográfico que el POMCA no tuvo estudios de detalle, razón por la cual no se entiende la irresponsabilidad que tuvo el director de la CDMB al momento de adoptarlo. Si hubieran dejado que lo estudiara un comité la suerte hubiera sido otra, pero como estamos en manos de un veterinario, ahí están las consecuencias.
Un tinto con el alcalde de Bucaramanga
Una vez aprobado el POMCA, la multinacional minera ya tiene claro que los alcaldes de la provincia de Soto Norte no tienen la más mínima incidencia en las decisiones administrativas que necesita la compañía para explotar el páramo, porque a partir del 17 de julio las determinantes ambientales recién adoptadas están por encima de sus esquemas de ordenamiento territorial.
A partir de ahora Minesa tendrá que comenzar a realizar estudios de detalle en los predios de su propiedad para que sea la CDMB quien apruebe las acciones sobre los mismos, mientras los mandatarios de la región afectada se sientan a tomar un tinto con Juan Carlos Cárdenas en medio de sus buenos deseos plasmados en la cátedra del agua, la cual solo le servirá al señor Carlos Sotomonte para seguir presentando sus cuentas de cobro, porque en honor a la verdad dicho esfuerzo no sirve de mucho a la hora de enfrentar lo que se le viene encima al departamento.
Si lo que quieren los mandatarios es enfrentar a Minesa, tienen que entender que esa lucha no se emprende con matachitos en las páginas oficiales ni con declaraciones de prensa donde se invite a la unión de todos los santandereanos en contra de la megaminería. Hay que tener en cuenta lo que con sabiduría sostuvo un contratista de esa poderosa compañía: “ustedes no se han dado cuenta que lo que mejor lava las conciencias no es el agua, es el oro”. Si las palabras no van acompañadas de acciones jurídicas ciertas no van a servir de nada.
El POMCA recién aprobado es otro golpe más a la lucha por la defensa del páramo porque destruye el principio de autonomía territorial de 13 municipios sobre más de 217 millones de metros cuadrados, lo cual solo podrá atacarse con la debida asesoría jurídica y técnica que no tenga su nicho de ejecución en el Facebook sino en las instancias judiciales y administrativas del país. Mientras ese propósito de defensa no adquiera una solidez en la realidad del poder que manejan los alcaldes, solo me resta desearle un feliz cumpleaños al señor Didier Tavera quien gracias a la CDMB tiene el futuro del agua de esta región en sus manos.
