"Alguarito”, como cariñosamente lo llaman sus amigos de “la hermandad”, es el actual director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, una entidad corrupta donde se roban descaradamente los dineros de los ciudadanos y se llevan a cabo los procesos contractuales más descarados del área metropolitana, ante los ojos de un contralor municipal al que solo le importa mantener organizado el esquema clientelista con el que complace el apetito burocrático de unos concejales codiciosos que solo piensan en sus propios intereses.
Después de 17 años de haber sido creada esta institución, el BIF es hoy en día una de las alcantarillas del municipio por donde se desaparecen miles de millones de pesos sin que nadie diga absolutamente nada.
La “Fortuner” de un piedecuestano
Álvaro Rueda comenzó su vida laboral en la Personería Municipal de Floridablanca y posteriormente en la Dirección de Tránsito de ese mismo municipio, dos momentos que marcan en su vida una gran contradicción personal si se tiene en cuenta que el joven Rueda se estrelló en estado de alicoramiento en el municipio de Piedecuesta sin que dicha situación trascendiera gracias a la intervención de Ricardo Ardíla Suárez, el secretario de movilidad de dicha localidad quien fue su ex compañero en las oficinas de la Personería.
Una grata coincidencia al igual que lo fue el haber conocido en su época de universidad al ex alcalde Héctor Mantilla y al actual alcalde Miguel Moreno, quienes en consideración a su origen y grado de amistad lo tienen hoy en día al frente de una institución descentralizada donde sus indebidas actuaciones administrativas tarde o temprano lo pondrán ante una autoridad judicial.
Rueda es otro muchacho más de esa “hermandad” que ha venido mostrando de forma ostentosa una condición de vida muy difícil de explicar si se observa que su declaración de renta marcó un patrimonio de 35 millones de pesos y al año siguiente terminó comprándole a la señora Katia Margarita Ricardo Salgado una camioneta Toyota Fortuner Diesel avaluada en más de 100 millones de pesos de conformidad con los precios del mercado.
Esa es la clase de cosas que están alimentando día a día el rechazo y el inconformismo de los florideños hacia un alcalde que solo llegó a favorecer los intereses de sus amigos y de su propia familia, porque no podrán negar que hasta al novio de la hermana del mandatario también lo contrataron en la administración. ¡Es que no hay derecho con el pueblo!
Como si la plata fuera de ellos
El solo hecho de que a Rueda lo están promocionando para ser el próximo alcalde es más que suficiente para demostrar la forma en que esta “hermandad” se burla de los florideños.
El director del BIF no tiene la más mínima idea de lo que significa la administración pública y lo único que sabe es hacer el papel de tonto útil para legalizar la desaparición de dineros públicos y la estructuración de contratos ilegales dirigidos al pago de favores políticos como la entrega gratuita durante un año del Polideportivo La Ronda a la Corporación Deportiva Gigiomanía de propiedad de Cecilio Alberto Vera Rojas, cuando lo más lógico era haberselo entregado a la misma comunidad.
Los problemas para Alvaro Rueda apenas comienzan, porque las contrataciones que se avecinan ya están totalmente direccionadas aprovechándose del abuso que vienen cometiendo con los constructores en materia de áreas de cesión, plusvalía y delineamientos, todo lo cual lo cobran en dinero para ejecutar obras de equipamiento urbano que en nada tienen que ver con el verdadero significado legal de espacio público, el cual literalmente se lo vienen robando desde hace más de cinco años. Y si lo que aquí se escribe no es verdad, entonces que el joven Rueda le explique a la ciudad de dónde salieron los dineros para construir el equipamiento deportivo de Ciudad Valencia y por qué esa construcción no se incluyó en el informe de gestión y de resultados del 2020.
Pero como la ilegalidad es tan grande y eso le impide contar la verdad, les voy a dar la respuesta: porque dicho polideportivo lo construyeron con dineros sin legalizar. O en otras palabras, no tienen cómo demostrar en el presupuesto que esa obra se hizo a través de gasto público.
¿Y la Fiscalía qué? ¡Bien, gracias!
En este punto la Fiscalía debería llamar de forma inmediata a la ex directora del BIF Laura Carolina Manrique Becerra y al contratista barramejo Fabian Enrique González Camargo, representante legal de la Constructora FGC como responsable de la obra para que le cuenten al municipio cómo es la forma en que se manejan más de 2.000 mil millones de pesos sin que nadie sepa de dónde salieron.
Y se menciona a la Fiscalía porque los que tenían la obligación de ejercer el control político de estas actuaciones estaban ocupados recibiendo por adelantando las coimas del contrato de alumbrado público del cual se hablará con posterioridad. Por ahora los florideños podrán sentarse a observar las triquiñuelas que esta administración tendrá que hacer para tapar las ilegalidades de la Unión Temporal que hizo el BIF con la Constructora Valú, porque no existe la más mínima forma de que puedan llegar a un cierre financiero en esa relación contractual.
El Banco Inmobiliario estableció en papeles el valor de una obra que en la realidad terminó costando más de diez veces lo que planearon y por eso es que se dedicaron a hacerle al proyecto obras complementarias que en nada tenían que ver con vivienda para poder inflar el valor de la construcción, papeles que tampoco han querido mirar la fiscalía y mucho menos la procuraduría, donde el procurador Erikh Otoniel Loza Cala, al igual que en el alumbrado público, tiene un papel verdaderamente importante. Al joven Rueda lo volveremos a encontrar al final de esta historia, porque esto es un camino al que le falta mucho por recorrer.
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